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CONCEPTO 9010 DE 2008

(julio 30)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

D.J.N.

Bogotá D.C.

PARA: Dra. ANA GEORGINA BETANCOURT URRUTIA

                          Jefe Departamento Nacional Desarrollo de Personal .

DE: Dirección Jurídica Nacional – Unidad de Seguros

ASUNTO: Su oficio 8232 – 08155 del 11 de julio de 2008

                           Pago costos procesos ejecutivos préstamos de vivienda

Respetada Doctora:

Acuso recibo de su comunicación de la referencia por medio de la cual solicita concepto jurídico encaminado a determinar a quién incumbe el pago de los costos judiciales correspondientes para el avalúo y la designación de secuestre al interior de los procesos ejecutivos hipotecarios que se están tramitando en la actualidad por parte del Seguro Social por préstamos especiales para vivienda que se encuentran en mora.

Sobre el particular es pertinente formular las siguientes consideraciones:

La Resolución 3696 del 16 de diciembre de 1997 que reglamenta el “Plan Especial de Préstamos para Vivienda en el Seguro Social”, establece en su artículo 49 que serán de cargo de los beneficiarios del préstamo de vivienda correspondiente, los gastos que ocasione el trámite del préstamo, tales como notariales, registro, timbre, seguros de vida, incendio, terremoto y desempleo.

Así mismo, el artículo 3o de la Resolución No. 3523 del 29 de octubre de 1999 que modifica el artículo 11 de la Resolución 3696 de 1997, consagró que “Todo adjudicatario de préstamo para vivienda deberá constituir a favor del Instituto los siguientes seguros: de vida por el valor total del préstamo, de incendio y de terremoto por el valor comercial del inmueble y los demás que la ley obligue con vigencia a partir del desembolso del préstamo.

Estas pólizas deberán constituirse con anterioridad al desembolso del préstamo”.

De acuerdo con las disposiciones anteriores se observa que los gastos a que aluden las respectivas resoluciones administrativas que reglamentan los préstamos de vivienda en el Seguro Social, se orientan a las expensas que se generan con ocasión del trámite del préstamo y no hacia el conjunto de los egresos a que haya lugar con ocasión de los trámites judiciales que se adelanten como consecuencia del incumplimiento en la amortización de los pagos correspondientes, los cuales deben regirse en todo momento por las normas que haya previsto el legislador sobre el particular.

En este punto es pertinente resaltar que como quiera que se trata de procedimientos judiciales cuyos preceptos son catalogados de orden público y por lo tanto de imperativo cumplimiento, sus mandatos no pueden ser objeto de transacción por los particulares, razón por la cual para efectos de determinar las directrices y pautas a seguir en tratándose de procesos judiciales debe acudirse a los cánones contenidos sobre el particular en cada cuerpo normativo, en este caso por tratarse de trámites propios del derecho civil, es pertinente la aplicación de las disposiciones contenidas en el código de procedimiento civil.

De esta manera, para el caso concreto, el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, establece estas reglas para el pago de expensas y honorarios distintos a los del abogado:

“Pago de expensas y honorarios. El pago de expensas y honorarios se sujetará a las reglas siguientes:

1. Cada parte deberá pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de las diligencias y pruebas que solicite, y contribuir a prorrata al pago de los que sean comunes. Los de las pruebas que se decreten de oficio se rigen por lo dispuesto en el artículo 180.

2. Los honorarios de los peritos serán de cargo de la parte que solicitó la prueba, pero si la otra adhirió a la solicitud o pidió que aquellos conceptuaran sobre puntos distintos, el juez señalará la proporción en que cada cual debe concurrir a su pago.

3. Cuando se practique una diligencia fuera del despacho judicial, en los gastos que ocasione se incluirán el transporte, la alimentación y el alojamiento del personal que intervenga en ella.

4. Las expensas por expedición de copias serán de cargo de quien las solicite; pero las agregaciones que otra parte exija serán pagadas por ésta dentro de la ejecutoria del auto que las decrete, y si así no lo hiciere el secretario prescindirá de la adición y dejará testimonio de ello en el expediente.

5. Cuando por culpa del juez no se pueda practicar una diligencia, los gastos que se hubieren causado serán de su cargo y se liquidarán al mismo tiempo que las costas.

6. Si una parte abona lo que otra debe pagar por concepto de gastos u honorarios, podrá solicitar que se ordene el correspondiente reembolso, y mientras éste no se efectúe se aplicará lo dispuesto en el artículo precedente”.

Por lo anterior, y dado que el interés jurídico en los procesos ejecutivos hipotecarios que se siguen ante la jurisdicción ordinaria se encuentra radicado en cabeza del Instituto, le corresponderá a ésta entidad asumir el pago de los gastos que se generen para dar impulso procesal a la actuación judicial y alcanzar la prosperidad de la pretensión de pago de la obligación que se encuentra insatisfecha.  No obstante ello, es pertinente resaltar que dichos valores en que incurra el Seguro Social serán objeto de inclusión en la respectiva liquidación definitiva que efectúe el fallador como quiera que fueron actuaciones útiles y autorizadas por ley para garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva, en concordancia con la preceptiva contenida en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, modificados por los artículos 42 y 43 de la Ley 794 de 2003, respectivamente, los cuales en sus acápites pertinentes consagran lo siguiente:

“Artículo 392. Modificado Ley 794/03 art. 42. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

(...)

9. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

“Artículo 393. Liquidación. Las costas serán liquidadas en el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que las imponga o la de obedecimiento a lo resuelto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

(...)

2. La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado.

(...)”

Con este propósito y como quiera que en el oficio de consulta se informa que se requiere contar con disponibilidad presupuestal en los rubros correspondientes para efectuar los pagos a que haya lugar, es pertinente señalar que dicha solicitud deberá adelantarse ante el respectivo Departamento Nacional de Presupuesto, de conformidad con las facultades que le fueron conferidas en el Decreto 1403 de 1994 en el artículo 48, literales h), e i) que consagran tanto la responsabilidad de asistir a las dependencias en los distintos niveles en materia de presupuesto así como la de realizar todas las modificaciones presupuestales requeridas y autorizadas para cada uno de los negocios.

De acuerdo con lo expuesto se establece que los costos judiciales para el avalúo y para la designación de secuestre se encuentran radicados en la actualidad en cabeza del Instituto de Seguro Social como quiera que le asiste el interés jurídico en la decisión final de las pretensiones de pago del proceso ejecutivo que se surte y para tal propósito deberá adelantar las gestiones que sean del caso ante la Dirección Nacional de Presupuesto de manera que se disponga la respectiva asignación de la partida presupuestal contra la cual se debitarán los valores pertinentes para satisfacer los pagos aludidos.

En los anteriores términos, se espera haber absuelto su consulta.

Cordialmente,

SERGIO HERNANDO COLMENARES PORRAS

Director Jurídico Nacional

Copia:

- Dra. Verónica Tatiana Urrutia Aguirre – Gerente Nacional de Recursos Humanos ISS

- Dr. Hugo Hernando Franco Amado – Vicepresidente Financiero ISS

- Dr. Adolfo Enrique Zúñiga Forero – Gerente Nacional de Gestión Financiera ISS

RAMG/jaac

Rad. 7179

Expensas judiciales – prestamos vivienda en mora

22 jul. 08

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"Normograma - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones"
ISSN [2256-1633]
Última actualización: 24 de septiembre de 2014