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ÍNDICE
VÍCTOR JULIO USME PEREA
Magistrado ponente
SL947-2026
Radicación n.° 05001-31-05-007-2023-00049-01
Acta 27
Nuquí, Chocó, veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por NATALIA ANDREA AGUDELO VILLA contra la sentencia proferida el 19 de febrero de 2025 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que promueve contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, CESANTÍAS Y DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE AHORRO INDIVIDUAL PORVENIR SA (PORVENIR SA).
Se reconoce personería al doctor Juan Francisco Hernández Roa, identificado con cédula de ciudadanía n.° 19.248.144, con tarjeta profesional n.° 35277 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe representando a Porvenir SA, conforme a la sustitución de poder allegada por correo electrónico el pasado 06 de noviembre de 2025.
I. ANTECEDENTES
Natalia Andrea Agudelo Villa instauró demanda ordinaria laboral en contra de Porvenir SA, con el fin de que le reconozca la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo Juan Felipe Castrillón Agudelo, acaecido el 14 de marzo de 2021, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios o la indexación, y las costas procesales.
Expuso que el causante estuvo afiliado al RAIS, a través de la administradora accionada, donde cotizó 35 semanas anteriores al deceso, hecho que ocurrió cuando tenía la edad de 20 años, era soltero y residía en la casa familiar, junto con sus hermanos menores, y sufragaba los gastos del hogar. Agregó que solicitó la pensión a la AFP demandada, la que fue negada por no acreditar las semanas de cotización requeridas.
Porvenir SA se opuso al éxito de las pretensiones y admitió la afiliación desde el 11 de mayo de 2020. Aclaró que el causante solo reunió 35,2 semanas en toda su vida laboral y para la fecha del óbito no había cumplido la edad de 20 años.
Propuso las excepciones que denominó: inexistencia del derecho, cobro de lo no debido, ausencia del derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda, afectación a la sostenibilidad financiera, prescripción, buena fe de la entidad demandada, compensación, cosa juzgada y la innominada o genérica.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo de 23 de mayo de 2024, absolvió a la demandada e impuso costas a la parte actora.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer el grado jurisdiccional de consulta a favor de la accionante, mediante fallo de 19 de febrero de 2025 (f.o 73 c. segunda instancia), confirmó la decisión de primer grado y se abstuvo de imponer costas.
Relacionó como hechos indiscutidos los siguientes: (i) Juan Felipe Castrillón Agudelo era hijo de la demandante y falleció el 14 de marzo de 2021; (ii) el causante estaba afiliado a la AFP Porvenir SA; (iii) el 16 de noviembre de 2021, la demandante reclamó la pensión de sobrevivientes, la que fue negada mediante comunicado del 14 de febrero de 2022.
Fijó como problema jurídico «si el afiliado fallecido dejó causada la pensión de sobrevivientes que dé lugar a su otorgamiento a quien la pretende en su calidad de madre, para en ese orden definir las condiciones en las que debe ser concedida, los intereses moratorios y las costas procesales».
Indicó que el causante reunió la densidad de 35,2 semanas, las cuales resultaban insuficientes, conforme a lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003. Consideró que no tenía cabida lo dispuesto en el artículo 1.o de la Ley 860 de 2003, modificatorio del 39 de la Ley 100 de 1993, por regular supuestos de hecho disímiles y no ser dable la analogía. Citó apartes de la sentencia CSJ SL2538-2021.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Mediante un cargo, replicado en tiempo, solicita la casación del fallo y, en instancia, revocar la decisión de primer grado y, en su lugar, acceder a las pretensiones.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia de violar directamente la ley sustancial:
[…] por infracción directa del parágrafo 1º del artículo 1º de la ley 860 de 2003, en armonía con los artículos 1, 2, 10, 11, 272 de la ley 100 de 1993 y los artículos 1, 4, 13, 42, 48, 53, 241 de la Constitución Política, así como de los artículos 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la ley 74 de 1968 y el artículo 19 del Protocolo de San Salvador aprobado por la ley 319 de 1996.
Sostiene que el Tribunal erró al descartar la aplicación del requisito especial para la población joven previsto en el parágrafo 1.o del artículo 1. o de la Ley 860 de 2003, esto es, 26 semanas en el último año, pese a que la sentencia CC C-020-2015, condicionó su exequibilidad para extenderlo a toda la población joven cuando resulte más favorable.
Afirma que el déficit de protección identificado por la Corte para los jóvenes afiliados es sustancialmente el mismo, tanto en invalidez como en muerte, pues en ambos, la dificultad radica en la imposibilidad estructural de acumular, a temprana edad, las 50 semanas en los tres años anteriores; por ello, a la luz de la sentencia CC T-331-2025, la aplicación literal del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 desconoce su mínimo vital y la seguridad social, lo que imponía al Tribunal acudir a la excepción de inconstitucionalidad.
Explica que la negativa a extender el estándar juvenil revela una omisión legislativa relativa, en la medida en que el Sistema no incorpora para la muerte la misma modulación protectora reconocida para la invalidez; de ahí que, al no corregir ese déficit, el Tribunal desconoció la protección integral de la familia, la universalidad y unidad del sistema de seguridad social, la favorabilidad y el bloque de constitucionalidad.
VII. RÉPLICA
La administradora sostiene que la analogía es improcedente, porque el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 regula de manera completa la pensión de sobrevivientes, de modo que no existe vacío normativo que permita extender la excepción prevista en el parágrafo 1.o del artículo 1.o de la Ley 860 de 2003 para la pensión de invalidez.
Además, el Tribunal estaba obligado a seguir la línea fijada por la Sala (CSJ SL2538-2021), en cuanto constituye doctrina probable y, en todo caso, si se acogiera la tesis del recurrente, la prestación tampoco sería procedente por falta de prueba de la dependencia económica de la demandante.
VIII. CONSIDERACIONES
Como se recuerda, para el Tribunal, Natalia Andrea Agudelo Villa no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo, Juan Felipe Castrillón Agudelo, porque no acumuló 50 semanas de cotización dentro del trienio que precedió su muerte. Agregó que no hay lugar a extender los efectos del parágrafo 1.o del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1.o de la Ley 860 de 2003, porque trata un riesgo disímil.
La recurrente asegura que el fallador erró al abstenerse de aplicar la última disposición, porque, si bien regula un riesgo distinto, coincide en la fuente de financiamiento y en la imposibilidad de reunir 50 semanas de cotización en una edad temprana. Además, la decisión censurada trasgrede el precedente constitucional que equipara la protección en caso de fallecimiento y de invalidez de personas jóvenes.
En este orden de ideas, la discusión jurídica legal exige examinar la relación entre dos reglas: La primera, contenida en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, que exige un registro de cotizaciones igual o superior a 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento del causante, para acceder a la pensión de sobrevivientes.
La segunda, incorporada en el parágrafo 1.o del artículo 1. o de la Ley 860 de 2003, el cual consagra un umbral especial para menores de veinte años, en tanto los excusa de acreditar las 50 semanas, sino solo 26, en el año inmediatamente anterior al hecho constitutivo de la estructuración de la prestación por invalidez.
Desde esta perspectiva, el análisis se orienta a fijar una interpretación sistemática y armónica del ordenamiento, que tenga en cuenta el desarrollo constitucional que precisó el alcance de una disposición legal vigente.
En efecto, en la sentencia CC C-020-2015, se declaró condicionalmente exequible el parágrafo 1.o del artículo 1.o de la Ley 860 de 2003, en el entendido de que esa regla se aplica cuando resulta más favorable a toda la población joven. A su vez, prescribe que, en los casos concretos y mientras evoluciona la jurisprudencia constitucional, el estándar especial debe extenderse favorablemente hasta los 26 años inclusive.
La cuestión jurídica parte de que el ordenamiento jurídico incorpora una normativa específica -el umbral juvenil atenuado-, validada por la jurisdicción constitucional, cuya proyección analógica a la pensión de sobrevivientes constituye un problema de interpretación y armonización del ordenamiento jurídico de la seguridad social. Por lo tanto, la tensión planteada exige definir el sentido y alcance uniforme de las disposiciones a la luz de la evolución jurídica que ha precisado su alcance operativo.
En ese horizonte, corresponde a la Corte determinar si el requisito de 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, previsto en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, opera como exigencia absoluta e indiferenciada para todo afiliado fallecido, o si, tratándose de causantes jóvenes, el Sistema admite una integración intrasistémica, con la densidad de 26 semanas en el último año, consagrada en el parágrafo 1. o del artículo 1.o de la Ley 860 de 2003.
Dada la senda escogida, se excluye del debate en sede de casación que Juan Felipe Castrillón Agudelo era hijo de la demandante, falleció el 14 de marzo de 2021, estaba afiliado a la AFP Porvenir SA, y cotizó 35,2 semanas en el año anterior al deceso.
Esta sala ha sostenido que no procede aplicar a la pensión de sobrevivientes, analógicamente, el umbral juvenil de 26 semanas (CSJ SL2538-2021 y CSJ SL2969-2021). La razón central de esa tesis radica en que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 regula de forma autónoma y suficiente la materia, de suerte que no hay vacío normativo que habilite la integración. A esto se añade el carácter exceptivo de la regla juvenil establecida en el artículo 1.o de la Ley 860 de 2003, en tanto se circunscribe a la invalidez y, además, se trata de riesgos técnica y teleológicamente diversos.
No obstante, la evolución constitucional y del derecho en general, la consolidación de la protección de la población joven y la constatación de barreras estructurales en el acceso temprano al empleo formal, advierten que esa hermenéutica resulta insuficiente para responder a las exigencias de igualdad material y de amparo efectivo al núcleo familiar.
Esto impone una actualización hermenéutica orientada a preservar la coherencia del Sistema y a remover un déficit de protección que ya no puede considerarse jurídicamente neutro. El desarrollo constitucional -en particular, la extensión del umbral juvenil a toda la población joven cuando resulte más favorable-, junto con la evidencia estructural del mercado laboral, muestran que exigir 50 semanas de cotización puede producir, frente a causantes jóvenes un déficit de protección que el Sistema no puede desatender.
En esa medida, se impone una interpretación que atienda las exigencias referidas, en los siguientes términos:
i) La distinción entre prestaciones por riesgo y por densidad en el sistema pensional.
El Sistema General de Pensiones distribuye sus prestaciones en el marco de una caracterización de riesgos dual, que deviene marcada por su naturaleza. En este sentido, la pensión de vejez responde a una lógica de densidad contributiva acumulada, en la que el afiliado consolida progresivamente, a lo largo de su vida laboral, un capital o un número de semanas que opera como sustrato económico de la prestación futura. Las semanas exigidas financian la prestación, puesto que determinan el acceso y, en el RSPMPD, también el monto (CSJ SL3696-2021).
En cambio, las pensiones de invalidez y sobrevivientes responden a una lógica aseguradora: la prestación se hace efectiva ante la materialización de un riesgo, esto es, la pérdida de capacidad laboral o la muerte (CSJ SL3485-2021). En estas prestaciones, las semanas exigidas no constituyen el sustrato económico directo de la prestación, aunque contribuyen indirectamente a su cobertura, pues el seguro previsional se sufraga con una fracción de la cotización; su función primordial es la de indicador de pertenencia activa al Sistema, en tanto sirven para verificar que el afiliado se encontraba vinculado al mercado laboral formal en el momento en que se materializó la contingencia (CSJ SL3869-2021).
En el RAIS, esta lógica se concreta a través del seguro previsional de invalidez y sobrevivientes, financiado con una porción de la cotización ordinaria. En el RSPMPD, la financiación opera por medio del fondo común de naturaleza pública. En ambos casos la cobertura del riesgo es anterior al evento, mutualizada y no depende del capital individual acumulado por el afiliado.
Esta distinción tiene consecuencias jurídicas que es necesario resaltar. En primer lugar, la modulación del umbral contributivo en las prestaciones por riesgo no compromete de manera directa la sostenibilidad financiera del Sistema, porque las semanas no constituyen el sustrato económico individual de la prestación, sin perjuicio de la función de cobertura que la cotización cumple a través del aseguramiento previsional.
Así pues, conforme a los límites de configuración legislativa examinados en la sentencia CC C-111-2006, las modificaciones a los parámetros del sistema de seguridad social trascienden la estricta dimensión contable, razón por la cual, la exigencia de períodos de fidelidad, la elevación de la edad de retiro o el incremento de las tasas de cotización operan como instrumentos normativos instituidos para materializar el bienestar general y el interés común.
En este sentido, la modulación de esos requisitos constituye un mecanismo jurídico diseñado para ordenar el Sistema, preservar la correspondencia entre la vinculación efectiva al régimen y el acceso a las prestaciones, y garantizar los principios de eficiencia, equidad demográfica y solidaridad en la cobertura universal de las contingencias sociales.
En segundo lugar, la razón por la cual el legislador y la jurisdicción constitucional han reducido el umbral para los jóvenes en materia de invalidez -su imposibilidad estructural de acumular semanas en una vida laboral apenas iniciada- se predica con la misma intensidad cuando la contingencia que se actualiza es la muerte.
Finalmente, la diferencia subjetiva entre el titular del derecho en invalidez -afiliado- y en sobrevivientes -causahabientes-, no altera la naturaleza aseguradora compartida ni el dato objetivo de insuficiencia contributiva, es decir, la cobertura, en ambos casos, está diseñada para preservar el mínimo vital de quienes ven comprometida su subsistencia por la materialización del riesgo -invalidez o muerte-.
ii) Alcance constitucional del Sistema de Seguridad Social Integral en la población joven. La igualdad material y la discriminación indirecta.
La sentencia CC C-020-2015 examinó el parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 860 de 2003 en el marco específico del riesgo de invalidez. Analizó la interferencia en el derecho de los jóvenes a disfrutar sin discriminación de las prestaciones pensionales, y explicó por qué el legislador fijó un parámetro de edad inferior a los 20 años para la contingencia de invalidez. En este sentido, la Corte no se limitó a identificar un déficit de protección juvenil acotado a la invalidez, sino que vinculó el examen al dato estructural anterior y común a toda la población joven, que es la imposibilidad material de construir historiales contributivos extensos en las primeras etapas de la vida laboral.
Esta condición opera como dato objetivo previo a la materialización de cualquier contingencia y subsiste con independencia de cuál sea la que se actualice. De ahí que la razón de ser de esta sentencia pueda proyectarse a otras prestaciones del sistema, cuya estructura financiera y función protectora obedezcan a la misma lógica aseguradora.
Por ello, condicionó la exequibilidad de la norma y ordenó extender su aplicación a toda la población joven hasta los 26 años inclusive, cuando ello resulte más favorable. Los apartes pertinentes señalan:
La regulación demandada, en su versión legislativa actual, tiende sin embargo a sustraer del universo de coberturas por invalidez a quienes por haber transitado un periodo de formación, capacitación o adiestramiento después de la secundaria, tienen en relación con su edad una historia laboral limitada y un corto horizonte real de cotizaciones al sistema pensional, pues se les exige contar con 50 semanas de cotización en tres años consecutivos […] aunque realmente la satisfacción de este requisito resulte para ellos materialmente inatendible.
Razón por la cual señaló que la norma:
[…] desprotege sin justificación suficiente a la población joven con veinte años o más de edad, entendida esta última [...] como la que por su edad o periodo de formación [...] está en un periodo vital de tránsito hacia la inserción plena y relativamente estable en el mercado laboral u ocupacional, y que si ha previamente comenzado a laborar está en todo caso en un momento germinal y, por ende, cuenta con un historial incipiente e inestable de aportes al sistema general de pensiones.
Así las cosas, la fuerza vinculante de esta decisión reside en que proscribe la exigencia a la población joven de un umbral contributivo diseñado para afiliados con trayectorias laborales consolidadas, por resultar contrario a la igualdad material. Este fundamento no solo subsiste cuando la contingencia es la muerte, sino que, además, adquiere mayor intensidad, pues el fallecimiento temprano extingue de manera definitiva la posibilidad de completar la densidad contributiva general y proyecta el déficit de protección sobre el núcleo familiar del causante.
En este contexto, el debate jurídico no se agota en la exégesis del régimen de sobrevivencia, ni en el alcance literal del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. El fondo está en establecer si la razón constitucional que justificó la atenuación del umbral contributivo en materia de invalidez -la imposibilidad estructural de la población joven para consolidar tempranamente una trayectoria contributiva suficiente- concurre también cuando el afiliado fallece antes de desarrollar y consolidar su vida laboral. A juicio de la Sala, esa identidad material se configura.
En consecuencia, la regla de las 50 semanas, aplicada sin modulación, impone una misma carga contributiva a sujetos situados en condiciones estructuralmente distintas, frente al tiempo disponible para cotizar y frente a las oportunidades reales de acceso al trabajo formal. En efecto, no se encuentran en posición equivalente el que ha tenido una trayectoria laboral madura y el que fallece en la etapa inicial de su inserción productiva. De ahí que la uniformidad del requisito termina por producir una desigualdad material y, por esa vía, una discriminación indirecta, al trasladar a la juventud una exigencia pensada para trayectorias contributivas largas.
Dicho de otra manera, un afiliado adulto, con una década o más de vida productiva, se encuentra en una posición enteramente distinta a la de un joven de 19 o 20 años que apenas transita hacia el mercado laboral. Aplicar a estas dos poblaciones el mismo estándar de densidad contributiva no representa una neutralidad normativa y, por el contrario, constituye una igualdad aparente que desconoce la diferencia estructural del punto de partida.
La Sala ya ha advertido que las discriminaciones indirectas se presentan cuando un trato formalmente neutro produce efectos segregatorios indebidos (CSJ SL2393-2025). Por ello, aplicar el mismo parámetro contributivo a sujetos ubicados en condiciones fácticas disímiles desconoce la igualdad material (CSJ SL1801-2025), lo que impone una corrección interpretativa capaz de superar el déficit de protección y evitar que la ley se traduzca en una exclusión injustificada. Por ello, la jurisprudencia no puede permanecer atada a lecturas normativas que ignoren la realidad material, sino debe privilegiar la finalidad protectora de la seguridad social (CSJ SL4178-2020; CSJ SL2373-2024).
La flexibilización del requisito de densidad contributiva respecto de la población joven no rompe la lógica del Sistema, sino que constituye una medida legítima y necesaria, para hacer efectiva la igualdad material y preservar la función de la seguridad social frente a escenarios de desprotección (CSJ SL2373-2024; CSJ SL3275-2019).
Para corregir este desajuste, como el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, no incorpora una regla protectora del núcleo familiar dependiente de una persona joven, análoga a la prevista para la invalidez y que la jurisdicción constitucional extendió hasta los 26 años inclusive, esto configura un déficit de protección constitucional, en los términos de las sentencias CC C-020-2015 y CC T-331-2025.
La permanencia de ese déficit de protección produce un efecto incompatible con la finalidad del Sistema, pues transforma la regla general en una barrera para el acceso a la pensión de sobrevivientes de las familias de causantes jóvenes. En consecuencia, corresponde remover el déficit advertido y armonizar el ordenamiento con los mandatos de igualdad material.
iii) La unidad de razón normativa entre los riesgos de invalidez y sobrevivientes.
Establecida la distinción entre prestaciones por riesgo y prestaciones por densidad, corresponde precisar la relación específica entre los riesgos de invalidez y muerte. Téngase en cuenta que la analogía que se examina no descansa en una identidad de contingencias, sino en una identidad de la razón protectora que el ordenamiento jurídico ha reconocido para uno de los dos riesgos.
Así pues, lo determinante no es la naturaleza médica de la invalidez ni la biológica de la muerte, sino la insuficiencia estructural del historial contributivo derivada de la corta edad del afiliado, condición que es anterior a la materialización de cualquiera de las dos contingencias y opera con la misma intensidad en ambos supuestos.
La Sala estima que no se exige identidad absoluta entre contingencias, sino identidad de razón suficiente. Por lo tanto, lo relevante es determinar cuál fue la razón de fondo que justificó la reducción del umbral contributivo en favor de la juventud, cuya respuesta no se encuentra en la naturaleza médica de la invalidez, sino en la insuficiencia estructural del historial contributivo derivada de la corta edad del afiliado. Aquella también está presente cuando el joven fallece antes de consolidar una vida laboral extensa. En los dos supuestos, el Sistema enfrenta el mismo fenómeno: la interrupción de un proceso contributivo que apenas comenzaba.
Es importante precisar que la analogía que se examina no descansa en la mera traslación de una excepción legal hacia un supuesto de hecho no previsto, sino en la constatación de que el propio Sistema ya reconoce una razón protectora específica para la juventud, fundada en la imposibilidad estructural de consolidar tempranamente una densidad contributiva amplia. Si esa es la razón de ser que explica la reducción del umbral en materia de invalidez, y si esa misma insuficiencia concurre cuando el afiliado joven fallece, la irradiación de esa regla no aparece como un elemento añadido o extraño, sino como una integración intrasistémica destinada a preservar su coherencia material.
No se desconoce que el titular del derecho a la pensión de invalidez es el propio afiliado, mientras que en la pensión de sobrevivientes son terceros que dependen económicamente del causante. Esta diferencia subjetiva no debilita la aplicación analógica; por el contrario, la confirma. La finalidad protectora de ambas prestaciones es estructuralmente equivalente, esto es, preservar el mínimo vital de quienes ven comprometida su subsistencia por la materialización del riesgo, con la diferencia de que en la primera la persona protegida coincide con el afiliado, mientras que en la segunda es quien dependía económicamente de él.
A ello se agrega que el requisito cuya modulación se examina no se predica de los beneficiarios, sino del causante, ya que la densidad de cotizaciones se verifica sobre la historia laboral del afiliado. Por eso, la corta edad de este no es un dato indiferente en la pensión de sobrevivientes, es la condición que determina la imposibilidad estructural de satisfacer el umbral general de 50 semanas y la que explica que la carga de esa insuficiencia se traslade al núcleo familiar dependiente. La identidad que habilita la integración no se busca, entonces, en el titular del derecho, sino en el presupuesto de acceso que grava, en ambos riesgos, la historia contributiva de una persona joven.
Además, las pensiones de invalidez y sobrevivientes integran el núcleo de protección frente a contingencias no programadas del sistema pensional. A ello se suma que, en el RAIS, ambas están cubiertas por la misma lógica de seguro previsional.
Asimismo, las dos prestaciones se relacionan con la pérdida del ingreso: en la invalidez se protege al afiliado que ya no puede generarlo; en la muerte, a su familia que deja de recibirlo o de contar con la expectativa legítima de su consolidación. Esa cercanía estructural es lo que refuerza la razonabilidad de la solución integradora y demuestra que la tesis restrictiva ha sobreestimado la diferencia entre riesgos y subestimado la identidad de la razón protectora.
La Sala no ignora la importancia de tener en cuenta la sostenibilidad financiera, cuando se trata de una eventual flexibilización del umbral de acceso. En ese orden, se recuerda que, en el régimen de capitalización, una porción de la cotización financia el seguro previsional de invalidez y sobrevivientes. Por consiguiente, el reconocimiento de la prestación, en los términos señalados, no introduce un riesgo exógeno al Sistema, sino que opera dentro de una cobertura ya prevista.
Resulta necesario advertir que la regla que se propone es estrictamente limitada, pues solo aplica a causantes de hasta 26 años de edad que acrediten al menos 26 semanas en el último año, y siempre que existan beneficiarios que acrediten los presupuestos legales para el efecto.
Entonces, aunque la sostenibilidad es un principio medular, no puede tomarse como cláusula de restricción absoluta frente a toda corrección normativa. Su función es exigir que el ajuste interpretativo sea prudente, acotado y compatible con la lógica del sistema. En este sentido, la naturaleza de los elementos de aseguramiento que sustentan el sistema muestra que esa compatibilidad existe: la mutualización del riesgo previsional permite absorber contingencias de baja frecuencia relativa y alto impacto familiar, sin que ello desarticule el Sistema.
iv) Expansión de la protección a la población joven entre 2021 y 2026.
En el plano normativo y de política pública, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013, modificada por la Ley 1885 de 2018) ha sido objeto de un proceso de fortalecimiento institucional, mediante el desarrollo del Sistema Nacional de las Juventudes y la consolidación de los Consejos de Juventud. De otra parte, el CONPES 4040 de 2021 «Pacto Colombia con las Juventudes», estableció una estrategia para fortalecer el desarrollo de la población joven, con énfasis en el acceso al mercado laboral. Asimismo, la Ley 2294 de 2023, adoptó el Plan Nacional de Desarrollo y creó el Programa Nacional Jóvenes en Paz, dirigido a la población entre 14 y 28 años en condiciones de vulnerabilidad.
Además, la Ley 2466 de 2025 consolida la protección y formalización de la población joven a través de cuatro reformas: primera, la conversión del contrato de aprendizaje en un contrato laboral especial a término fijo que garantiza plenas prestaciones sociales y aportes obligatorios a pensión en su etapa práctica; segunda, el incremento desincentivador de la cuota de monetización a 1,5 SMMLV por cada aprendiz omitido con el fin de fomentar la contratación real; tercera, el incentivo económico del programa «crea empleo», que subsidia con el 25% de un SMMLV la nómina de nuevos trabajadores jóvenes por seis meses; y cuarta, la dignificación y cotización a la seguridad social del internado médico obligatorio remunerado con un salario mínimo a cargo de la ADRES.
Estas medidas indican el reconocimiento progresivo del Estado colombiano respecto de la condición estructural que enfrenta la juventud, y de la necesidad de mecanismos de protección reforzada.
En el plano jurisprudencial, merece particular consideración la sentencia CC T-331-2025. En esa oportunidad, la Corte al examinar un supuesto fáctico análogo al presente -pensión de sobrevivientes solicitada por la madre de un joven de 19 años que cotizó 40,71 semanas- por excepción de inconstitucionalidad dejó de lado el requisito de 50 semanas del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y, por analogía, aplicó el umbral juvenil de 26 semanas del parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 860 de 2003.
Fundamentó la decisión en que tanto las pensiones de invalidez como las de sobrevivientes se basan en un sistema de aseguramiento y no en la acumulación de un capital individual; de modo que en algunos casos relacionados con la pensión de sobrevivientes puede existir un déficit de protección en relación con los dependientes económicos de las personas jóvenes que fallecen y que, por su corta historia laboral y condiciones de inserción al mercado, no logran acreditar las 50 semanas previstas en la normativa vigente.
La Sala no invoca esa providencia como precedente de efectos generales, pues se trata de una decisión de tutela, con efectos inter partes y proferida frente a circunstancias particulares de la accionante. Su valor en esta sede es distinto, en tanto que constituye una expresión del desarrollo constitucional que evidencia la insuficiencia de la lectura restrictiva hasta ahora sostenida. La decisión que aquí se adopta descansa en las atribuciones propias de esta Corporación como tribunal de casación.
Estas transformaciones permiten concluir que la lectura adoptada por esta sala en las sentencias CSJ SL2538-2021 y CSJ SL2969-2021 ha sido superada por el desarrollo constitucional, normativo y estructural posterior. La actualización hermenéutica que se adopta no constituye un giro discrecional, sino la respuesta interpretativa que la evolución del ordenamiento exige.
v) Realidad del mercado laboral juvenil y función aseguradora del sistema pensional.
No se puede perder de vista que la realidad del mercado laboral colombiano impone restricciones objetivas a la consolidación temprana de trayectorias contributivas estables, particularmente, en la población joven.
En efecto, el DANE reportó que la informalidad laboral alcanzó el 55,3 % del total nacional en el trimestre móvil noviembre de 2025–enero de 202–https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHEISS-nov2025-ene2026.pdf, lo que significa que más de la mitad de la población ocupada desarrolla su actividad en condiciones que dificultan o impiden la cotización regular al Sistema General de Pensiones.
Así mismo, la tasa de desocupación juvenil se ubicó en 15,3 % en el trimestre móvil de noviembre de 2025 y enero de 202–https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLJ-nov2025-ene2026.pdf, y el DANE, para este mismo periodo registró 2.563.00–
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLJ-nov2025-ene2026.pdf jóvenes entre 15 y 28 años que no estudiaban, representando el 23,2% de las personas en edad de trabajar para este rango etario. En el mismo sentido, diversos estudios sintetizan esta realidad de jóvenes, al margen de los sistemas laborales y educativos, siendo más marcada esta situación en departamentos como el Chocó donde alcanzó el 81% en 202https://www.serviciodeempleo.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/Documento-Caracterizacion-de-Jovenes-NINIS-en-Colombia-Ago2022_1.pdf.
En ese contexto, exigir sin modulación el umbral general de densidad contributiva a un afiliado que fallece a edad temprana equivale, en la práctica, a trasladar a sus beneficiarios las consecuencias de fallas estructurales del mercado laboral, lo cual desnaturaliza la función de la seguridad social, como mecanismo de aseguramiento colectivo, frente a contingencias graves como la muerte prematura.
La desproporción se hace más evidente si se considera que la muerte temprana constituye, desde la lógica del aseguramiento, un evento de menor frecuencia relativa, pero de alto impacto para el ingreso familiar, cuya cobertura encuentra precisamente justificación en la mutualización propia del Sistema de Seguridad Social Integral.
La integración normativa de la seguridad social no puede desentenderse de ese dato estructural, de manera que, si nuestro ordenamiento jurídico reconoció que la juventud enfrenta una situación objetiva de insuficiencia contributiva derivada de su etapa vital, y de las barreras de acceso al empleo formal, no existe razón suficiente para negar que esas mismas condiciones estructurales inciden cuando el afiliado fallece antes de completar su proceso normal de incorporación laboral. Por tanto, la corrección del umbral responde a la necesidad de ajustar la exigencia legal a la realidad material del grupo sobre el cual recae, y evitar que un requisito aparentemente neutro se traduzca en una exclusión estructural.
En este sentido, el DANhttps://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/2026/20-mar-2026/bol-EEVV-IIsem2025pr.pdf dispone la información oficial de defunciones por edad y sexo, lo que permite caracterizar la mortalidad y constatar su distribución etaria; en términos generales, el análisis demográfico muestra que los grupos de mayor mortalidad se concentran en edades avanzadas, especialmente, concentrada en el grupo superior de 85 años, mientras que la muerte temprana opera como una contingencia menos frecuente.
Esa menor frecuencia no justifica su exclusión; por el contrario, es precisamente uno de los supuestos que explican la existencia de mecanismos de aseguramiento colectivo. En este sentido, los sistemas de seguridad social mutualizan riesgos que no ocurren con alta frecuencia, pero que, cuando sobrevienen, tienen la capacidad de devastar el ingreso familiar.
Bajo esta perspectiva, mantener incólume la exigencia uniforme de 50 semanas para sobrevivientes de causantes jóvenes, equivale a hacer recaer sobre la familia los costos de una estructura laboral que limita objetivamente la continuidad contributiva de la juventud. Por ello, el estándar correctivo de 26 semanas en el último año responde en forma prudente, proporcional y jurídicamente necesaria, a un mercado laboral que dificulta la acumulación sostenida de semanas de cotización en las primeras etapas de la vida productiva.
vi) Fundamento de apoyo al cambio de criterio.
Conviene precisar el alcance del análisis que sigue, en la medida que el fundamento de esta decisión es la actualización hermenéutica del régimen de pensión de sobrevivientes mediante la integración intrasistémica del umbral juvenil consagrado para la invalidez, conforme se expuso en los acápites precedentes.
Esta actualización opera como cambio de criterio jurisprudencial. Como tal, gobierna la decisión del presente asunto y rige para los supuestos análogos en que el causante hubiere fallecido teniendo hasta 26 años inclusive.
Los mandatos constitucionales que a continuación se examinan no se invocan para activar el mecanismo de inaplicación previsto en el artículo 4.º de la Constitución Política, sino como fundamento material de la interpretación que aquí se adopta. La Sala no inaplica el artículo 12 de la Ley 797 de 2003; determina su alcance frente a causantes jóvenes mediante su integración con el parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 860 de 2003.
Así las cosas, el artículo 4.º de la Constitución Política consagra el principio de supremacía constitucional, del cual deriva el deber de los jueces de preferir, entre las interpretaciones posibles de la ley, aquella que mejor realice los mandatos superiores.
En efecto, aplicado sin modulación el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 al supuesto de un causante joven de hasta 26 años inclusive, cuyos beneficiarios reúnen los demás requisitos legales, el resultado es la denegación de la prestación, a pesar de que el déficit contributivo obedece a una causa estructural ajena al control del afiliado y del beneficiario.
Esa denegación resulta incompatible con el derecho a la igualdad material, porque impone una carga contributiva uniforme a sujetos en condiciones estructuralmente distintas, con la protección integral de la familia –artículo 42 de la CP–; desprotege al núcleo familiar dependiente con el derecho irrenunciable a la seguridad social –artículo 48 ibidem–, porque vacía el contenido asegurador de una prestación cuyo riesgo se ha materializado; y con la primacía de la realidad porque desconoce la condición material de quien apenas iniciaba su trayectoria laboral.
A una conclusión similar arribó la sentencia CC T-331-2025, si bien por la vía de la excepción de inconstitucionalidad y con los efectos inter partes que le son propios (CC SU-109-2022). Esta sala no acude a ese mecanismo, pues la solución que aquí se adopta deriva de la interpretación integrada de las disposiciones legales del Sistema General de Pensiones, por lo que no comporta una declaratoria de invalidez del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ni su exclusión del ordenamiento jurídico. La norma conserva su validez y vigencia, y su alcance frente a causantes jóvenes queda precisado en los términos de esta providencia.
En consecuencia, los efectos que esta decisión proyecta sobre los supuestos análogos derivan del cambio de criterio jurisprudencial sustentado en la integración intrasistémica, en los términos ya precisados. Su fuerza vinculante reposa en la función de unificación de la jurisprudencia nacional del trabajo que la Constitución y la ley asignan a esta Corporación, como tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad (artículos 235 de la Constitución Política y 86 del CPTSS).
Como consecuencia de lo expuesto, cuando un afiliado fallezca teniendo hasta 26 años inclusive y no alcance a reunir el umbral general de cotización, es decir, 50 semanas, pero acredite al menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior al deceso, el requisito de la densidad de semanas para la pensión de sobrevivientes se entiende satisfecho, siempre que se acrediten los restantes presupuestos legales de la prestación. En estos eventos, cuando la pensión de sobrevivientes sea reclamada por los padres del causante, la dependencia económica deberá acreditarse en los términos de la jurisprudencia de esta sala, conforme se desarrolla en la sentencia de instancia (CSJ SL14923-2014, CSJ SL2117-2022, CSJ SL1872-2025).
Ahora bien, la Sala delimita el alcance de la decisión y precisa que no actúa como legislador positivo ni crea una regla nueva, sino que armoniza el Sistema General de Pensiones mediante la integración intrasistémica de una disposición ya vigente –el parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 860 de 2003– con el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, a la luz del bloque de constitucionalidad y de los principios de la seguridad social.
No se desconoce que el tenor literal del parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 860 de 2003 se refiere a la pensión de invalidez, no obstante, la determinación del alcance de las disposiciones legales frente a supuestos específicos, mediante los criterios de interpretación admitidos en el ordenamiento –entre ellos, el sistemático y el de identidad de razón–, corresponde al ejercicio ordinario de la función de casación y de unificación de la jurisprudencia nacional del trabajo, y no a una actividad de producción normativa ni de control abstracto de constitucionalidad.
La Sala interpreta la ley y no la Constitución: el condicionamiento introducido por la sentencia CC C-020-2015, amparado por la cosa juzgada constitucional (artículo 243 de la CP), integra el contenido normativo del parágrafo y vincula a todas las autoridades, de ahí que la lectura sistemática de ese contenido con el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es, por tanto, una operación de hermenéutica legal que se desenvuelve dentro de las atribuciones de esta Corporación.
En ese marco, la sentencia CC C-020-2015 no se aplica por traslado mecánico de su parte resolutiva, sino por proyección de su razón de ser, esto es, la protección de la población joven frente a la imposibilidad estructural de consolidar densidades contributivas amplias en la etapa inicial de inserción laboral. Por ello, la diferencia entre el titular de la pensión de invalidez –el afiliado– y los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes no impide la integración, pues la identidad relevante no está en el sujeto ni en la contingencia, sino en la misma condición estructural de desprotección.
Asimismo, la Sala precisa que la presente decisión se adopta en ejercicio de la función de interpretación de la ley y de unificación de la jurisprudencia que le es propia como tribunal de casación, sin acudir a la excepción de inconstitucionalidad, ni por la inaplicación de disposición legal alguna. La constatación de que la aplicación irrestricta del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 a los causantes jóvenes produce resultados incompatibles con los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política opera como razón material que respalda la interpretación integrada que aquí se acoge.
La regla fijada es estrictamente acotada: solo procede cuando el causante fallece con hasta 26 años inclusive, acredita al menos 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior al deceso y se cumplen los demás requisitos legales, en especial la dependencia económica de los beneficiarios; quedan excluidos quienes superen esa edad o no satisfagan el umbral mínimo atenuado.
Conviene señalar que la modulación adoptada recae exclusivamente sobre el requisito de densidad de semanas, presupuesto que la ley predica del causante y no de quienes reclaman la prestación. No se trata, por tanto, de una solución de caso límite circunscrita a la progenitora que aquí demanda, ni de una regla que altere el régimen de beneficiarios. En este sentido, acreditada la densidad atenuada en cabeza del causante joven, la titularidad de la prestación se define íntegramente conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, de suerte que cada beneficiario deberá acreditar, según su condición, la convivencia, la dependencia económica o el estado de invalidez que la ley exige, sin atenuación alguna derivada de esta decisión. Restringir el efecto de la modulación a un solo beneficiario introduciría una distinción que la ley no contempla, pues el presupuesto que se modula es único y antecede a la determinación de los titulares.
vii) Conclusión.
La presente decisión modifica el criterio sostenido en las sentencias CSJ SL2538-2021 y CSJ SL2969-2021, en el sentido de admitir la integración al interior del sistema pensional del umbral juvenil de 26 semanas en la pensión de sobrevivientes, cuando el causante hubiere fallecido teniendo hasta 26 años de edad inclusive.
Por las razones expuestas, se casará la sentencia del Tribunal.
Se absolverá de las costas en casación, dada la prosperidad del cargo.
IX. SENTENCIA DE INSTANCIA
Constituida la Corte en sede de instancia, en el marco de lo que regula el artículo 69 del CPTSS, corresponde conocer del asunto en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la parte actora.
En este orden de ideas, el problema jurídico se circunscribe a determinar si Natalia Andrea Agudelo Villa, en calidad de madre de Juan Felipe Castrillón Agudelo, cumple los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, esto es: (i) si el causante satisfizo la densidad contributiva de semanas, conforme a lo dicho en sede de casación para causantes jóvenes; y (ii) si la demandante acreditó la dependencia económica respecto de su hijo fallecido.
Con relación al primer presupuesto, según el cual, cuando el causante era un afiliado que tenía hasta 26 años, inclusive, el requisito objetivo de densidad contributiva para la pensión de sobrevivientes se satisface cuando acredita al menos 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, aun cuando no alcance las 50 semanas dentro de los tres años precedentes.
En este asunto, está demostrado que Juan Felipe Castrillón Agudelo falleció el 14 de marzo de 2021, cuando tenía 20 años. Conforme a la regla fijada en la esfera casacional, la verificación se realiza sobre las cotizaciones registradas en el año inmediatamente anterior al deceso, esto es, entre el 14 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021. En ese intervalo el causante registró 35,2 semanas, número superior al umbral juvenil de 26 semanas, por lo que la densidad contributiva exigible se entiende satisfecha (f.os 20 a 28 C. Juzgado).
Ahora, el registro civil de defunción de Juan Felipe Castrillón Agudelo da cuenta de que falleció el 14 de marzo de 2021 en Medellín; y los registros civiles de nacimiento demuestran que Natalia Andrea Agudelo Villa era la madre del causante (f.os 20 a 22, 141, 143, 145 a 146 C. de Juzgado).
La verificación de la dependencia económica de los ascendientes no puede reducirse a apreciaciones intuitivas ni a fórmulas abstractas; debe someterse a un examen metodológico estricto y secuencial, que distinga entre necesidad y dependencia, nociones que no son sinónimas ni jurídicamente intercambiables (CSJ SL1462-2025, CSJ SL1340-2022, CSJ SL704-2021).
La necesidad constituye un estado material de carencia, esto es, la insuficiencia de ingresos o de condiciones económicas para procurarse autónomamente una subsistencia digna; la dependencia, en cambio, es un concepto relacional y dinámico, que supone la subordinación material del reclamante al auxilio que en vida le brindaba el causante. Superada la exigencia de una dependencia «total y absoluta» (CC C-111-2006), y consolidada la tesis de la dependencia parcial o relativa en función del mínimo vital cualitativo, el examen se desarrolla en tres fases sucesivas (CSJ SL14923-2014, CSJ SL2117-2022, CSJ SL1872-2025).
Con relación a la dependencia económica de Natalia Andrea Agudelo Villa respecto del causante, en su condición de madre, se debe corroborar: (i) la falta de autosuficiencia económica; (ii) la subordinación material significativa frente al aporte del causante; y (iii) la verificación de que dicho auxilio era cierto, regular y significativo, descartando que se tratara de una ayuda meramente ocasional o de simple liberalidad.
Este examen no exige ausencia total de ingresos, sino comprobar que los recursos propios de la reclamante no resultaban suficientes para asegurar la congrua subsistencia del hogar y que la contribución del hijo cumplía una función real dentro del presupuesto familiar (CSJ SL1218-2021, SL14923-2014, SL2800-2014 y SL1243-2019).
En la demanda, la actora enmarcó la discusión en términos de dependencia parcial o relativa y no de ausencia absoluta de ingresos. En la declaración extraproceso, Natalia Andrea Agudelo Villa manifestó que dependía económicamente de su hijo; y que él residía bajo el mismo techo, junto con sus dos hermanas y no percibía pensión (f. 29, C. Juzgado).
El contrato de arrendamiento da cuenta de un canon mensual de $650.000 y de la destinación del inmueble como vivienda familiar para cuatro personas (f.o 30, C. Juzgado), lo que acredita una carga fija mensual relevante coherente con el número de integrantes del hogar.
Las facturas de servicios públicos domiciliarios registran consumos y valores de energía, gas, acueducto y alcantarillado para febrero y marzo de 2021, asociados al inmueble familiar (f.os 34 a 41, C. Juzgado), lo que permite establecer gastos fijos mínimos adicionales al canon de arrendamiento. La factura de telecomunicaciones figura a nombre de la demandante, con saldo total de $220.890 y advertencia de mora de un mes (f.os 42 y 43, C. Juzgado), elemento que refuerza la existencia de cargas ordinarias del hogar y, además, evidencia tensión financiera.
En el formulario de reclamación ante Porvenir SA, la actora informó ingresos propios por $800.000, aporte mensual del causante por $600.000, total de ingresos del hogar por $1.400.000 y destinación del aporte a vivienda y salud; además declaró no ser pensionada ni tener bienes propios (f.os 133 y 134, C. Juzgado).
Finalmente, en la contestación, la AFP negó la dependencia, pero reconoció que la demandante trabajaba y percibía ingresos cercanos al salario mínimo y que la actora era propietaria de un inmueble (f.os 102, 103, 104, 112 y 113, C. Juzgado).
A partir de los medios de convicción reseñados, se advierte que el hogar tenía la siguiente estructura básica de ingresos:
| Concepto | Valor mensual |
Ingresos propios de Natalia Andrea Agudelo Villa | $800.000 |
Aporte mensual de Juan Felipe Castrillón Agudelo | $600.000 |
Total de ingresos del hogar | $1.400.000 |
Esto permite inferir que el aporte del causante representaba aproximadamente el 42,9 % del ingreso total mensual del hogar, proporción que descarta que se tratara de una ayuda marginal, ocasional o de simple liberalidad.
A su turno, los gastos fijos mínimamente acreditados son los siguientes:
Gasto fijo del hogar | Valor mensual |
| Arrendamiento | $650.000 |
| Energía | $52.372,46 |
| Gas | $25.043,60 |
| Acueducto | $25.650,36 |
| Alcantarillado | $20.149,49 |
| Telecomunicaciones (Claro) | $110.445 |
| Total mínimo de gastos fijos acreditados | $883.660,91 |
El resultado es contundente, pues el aporte del causante ($600.000) cubría aproximadamente el 68 % de las cargas fijas acreditadas del hogar. Y el ingreso propio de la madre ($800.000) no bastaba para cubrir, por sí solo, ni siquiera esos gastos mínimos, menos aún alimentación, transporte, salud no cubierta, vestuario y demás rubros ordinarios de subsistencia, los cuales resultan preponderantes, máxime que el hogar estaba conformado por dos menores de edad. Así, la discrepancia probatoria sobre la cuantía exacta de los ingresos propios de la demandante no desvirtúa la dependencia económica.
En este contexto, el auxilio de Juan Felipe Castrillón Agudelo era cierto, porque fue declarado en sede administrativa y judicial; regular, porque se identificó como aporte mensual; y significativo, porque equivalía a casi la mitad del ingreso familiar y cubría más de la mitad de los gastos fijos mínimos acreditados. Por tanto, no correspondía a la figura del simple «buen hijo», sino a una contribución materialmente relevante para la estabilidad económica del hogar.
En conclusión, conforme al principio de libre formación del convencimiento, se establece que Natalia Andrea Agudelo Villa no era autosuficiente económicamente y que dependía de manera parcial, relativa y jurídicamente relevante del aporte de su hijo Juan Felipe Castrillón Agudelo. En consecuencia, se revocará la sentencia absolutoria de primer grado y se accederá a las pretensiones de la demanda.
Ahora, con relación a la excepción de prescripción, se memora que el derecho a la pensión de sobrevivientes, por su naturaleza vital y de tracto sucesivo, es imprescriptible; no obstante, lo sometido al término trienal del artículo 488 del CST, en concordancia con el artículo 151 CPTSS, son las mesadas pensionales causadas y no reclamadas. El simple reclamo escrito interrumpe la prescripción por una sola vez por un lapso igual (CSJ SL2061-2025, SL3250-2022).
En el presente asunto, las fechas relevantes son: el causante falleció el 14 de marzo de 2021, calenda a partir de la cual se causó el derecho a la prestación; la primera reclamación administrativa se presentó el 16 de noviembre de 2021 -interrupción de la prescripción-; la administradora notificó la negativa el 14 de febrero de 2022; y la demanda ordinaria laboral se presentó antes del 23 de mayo de 2024.
En consecuencia, como la reclamación administrativa se presentó el 16 de noviembre de 2021 y la presentación de la demanda se hizo antes de que transcurrieran nuevamente tres años, ninguna de las mesadas causadas desde el deceso del causante -14 de marzo de 2021- se vio afectada por el fenómeno extintivo, razón por la cual la excepción no prospera.
Como el causante realizó aportes con un SMLMV, la prestación debe reconocerse desde el 14 de marzo de 2021 por el monto mínimo legal vigente para ese año, esto es, $908.526, y reajustarse en cada anualidad conforme al salario mínimo correspondiente. De este modo, la mesada se paga por el salario mínimo legal en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y, para 2026, en la cuantía vigente a dicha anualidad:
Al declararse el derecho desde la fecha del siniestro (14 de marzo de 2021) hasta el 30 de junio de 2026 (fecha de corte de esta liquidación), el retroactivo corresponde al pago ininterrumpido de la mesada base, con inclusión de la mesada adicional de diciembre, que asciende a $83.594.049, así:
Tabla de retroactivo pensional
Año | Desde | Hasta | Mesada SMMLV | No. Pagos | Retroactivo |
2021 | 14/03/2021 | 31/12/2021 | $908.526 | 10,57 | $9.603.119 |
2022 | 1/01/2022 | 31/12/2022 | $1.000.000 | 13 | $13.000.000 |
2023 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | $1.160.000 | 13 | $15.080.000 |
2024 | 1/01/2024 | 31/12/2024 | $1.300.000 | 13 | $16.900.000 |
2025 | 1/01/2025 | 31/12/2025 | $1.423.500 | 13 | $18.505.500 |
| 2026 | 1/01/2026 | 30/06/2026 | $1.750.905 | 6 | $10.505.430 |
Valor retroactivo pensional $83.594.049
Para 2026 la mesada se liquida con fundamento en el salario mínimo mensual legal vigente fijado en $1.750.905, que representa un incremento del 23% respecto del correspondiente a 2025, conforme al Decreto 1469 de 2025 y al Decreto 0159 de 2026, que lo mantuvo de manera transitoria.
De dicho rubro, se autoriza a Porvenir SA a efectuar la deducción legal con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En adelante, desde el mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, corresponderá a la AFP Porvenir SA continuar con el pago de la pensión reconocida, en cuantía equivalente al SMMLV aplicable en cada anualidad, con inclusión de las mesadas adicionales de ley.
La Sala no impondrá intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la controversia se resolvió a partir de un cambio jurisprudencial relativo al estándar aplicable a causantes jóvenes. En su lugar y tal como fuera solicitado en la demanda, se concederá la indexación de las mesadas causadas y no pagadas, de acuerdo con la siguiente fórmula:
VA = VH x IPC Final / IPC Inicial
De donde:
VA = Valor actualizado
VH = Valor histórico que corresponde a la suma a indexar.
IPC Final = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes en que se materialice el pago.
IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes siguiente a la mesada pensional a indexar.
En ese orden, se concluye que las excepciones propuestas por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA no prosperan.
Costas en ambas instancias a cargo de la entidad demandada.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 19 de febrero de 2025, en el proceso que instauró NATALIA ANDREA AGUDELO VILLA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, CESANTÍAS Y DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE AHORRO INDIVIDUAL PORVENIR SA.
Se absuelve de las costas en sede de casación, como se indicó.
En sede de instancia, REVOCA la sentencia proferida el 23 de mayo de 2024 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario promovido por Natalia Andrea Agudelo Villa contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA.
En su lugar, dispone:
PRIMERO. DECLARAR que Natalia Andrea Agudelo Villa tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con ocasión del fallecimiento de su hijo, Juan Felipe Castrillón Agudelo, ocurrido el 14 de marzo de 2021.
SEGUNDO. CONDENAR a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA a reconocer y pagar a favor de Natalia Andrea Agudelo Villa la pensión de sobrevivientes, a partir del 14 de marzo de 2021, en cuantía inicial equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para dicha anualidad, esto es, $908.526, con sus reajustes legales anuales y mesadas adicionales de ley.
TERCERO. CONDENAR a Porvenir SA a pagar, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 14 de marzo de 2021 y el 30 de junio de 2026, la suma de ochenta y tres millones quinientos noventa y cuatro mil cuarenta y nueve pesos M/CTE ($83.594.049), suma a la que se adicionará el valor que se siga causando hasta que se incluya en nómina a la pensionada. De dicho rubro, se autoriza a Porvenir SA a efectuar la deducción legal del 4% con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
CUARTO. ABSOLVER de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y CONDENAR al pago de la indexación de las mesadas causadas, conforme se indicó en la parte motiva.
QUINTO. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA.
SEXTO. CONDENAR en costas a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA en ambas instancias.
Notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
