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ARTICULO 46. <Ver Notas del Editor> Los ingresos del seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales no podrán ser empleados por ningún concepto para cubrir gastos de las otras ramas del seguro social.

Tratándose de inversiones, se podrán autorizar colocaciones conjuntas de las reservas de este seguro con las de otras ramas del seguro social, cuando se trate de obras de interés común. Podrá asimismo disponerse la concurrencia de fondos de este seguro con los del seguro de invalidez de origen no profesional para el establecimiento y mantenimiento de servicios de prevención, rehabilitación y readaptación profesional.

Notas del Editor
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ARTICULO 47. Cada inversión que el Instituto o las Cajas Seccionales realicen en ejecución de sus presupuesto de inversión, necesitará de la aprobación del Consejo Directivo del Instituto.

Esta facultad podrá ser delegada por el Consejo Directivo, en las condiciones y hasta el límite que se determine, en las Juntas Directivas de las Cajas Seccionales o en una comisión de inversiones, cuyo funcionamiento determinarán los reglamentos del instituto de la cual necesariamente formará parte un miembro del mismo Consejo.

CAPITULO VII.

CONTROL FISCAL.

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ARTICULO 48. La vigilancia de la gestión fiscal del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y sus Cajas Seccionales, corresponde a la Contraloría General de la República, a través de un Auditor General, en el Instituto y de Auditores en las Cajas Seccionales y Oficinas Seccionales con arreglo a lo previsto en la Ley 151 de 1959, y demás normas que la adicionan.

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ARTICULO 49. Los funcionarios de la Contraloría General de la República que hayan ejercido el control fiscal del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y sus Cajas Seccionales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad no pueden ser nombrados ni prestar sus servicios en estas entidades, sino después de un año de producido su retiro.

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ARTICULO 50. De común acuerdo, el Instituto y la Contraloría General de la República procederán a elaborar el reglamento para el control fiscal de los Seguros Sociales, según las modalidades y fines propios del Instituto.

CAPITULO VIII.

INCOMPATIBILIDADES.

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ARTICULO 51. Los miembros del Consejo Directivo, el Director General, los miembros de las Juntas Directivas y los Gerentes de las Cajas Seccionales, no podrán, durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro, prestar sus servicios profesionales al respectivo organismo, ni hacer por sí no por interpuestas personas contrato alguno con el mismo, ni gestionar ante él negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen acciones por la entidad a la cual sirven o han servido o se trate de reclamos por el cobro de cotizaciones o sanciones a los mismos a su cónyuge o a sus hijos menores.

Tampoco podrán intervenir, por ningún motivo y en ningún tiempo en negocios que hubieren conocido o adelantado durante el desempeño de sus funciones y por razón de su cargo.

PARAGRAFO 1o. No queda cobijado por las incompatibilidades de que trata el presente artículo el uso que se haga de los bienes o servicios que el Instituto ofrezca al público bajo condiciones comunes a todos los que los soliciten.

PARAGRAFO 2o. Quienes como funcionarios o como miembros del Consejo Directivo o de las Juntas Directivas del Instituto y de las Cajas Seccionales admitieren la intervención de cualquier persona afectada por las incompatibilidades determinadas en este artículo, incurrirán en mala conducta y serán sancionados de acuerdo con la ley.

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ARTICULO 52. Los miembros del Consejo Directivo del Instituto y de las Juntas Directivas de las Cajas Seccionales, no podrán ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni socio a ningún título, excepto en sociedades anónimas, de los siguientes funcionarios:

1.- Del Director General o de los Gerentes de las Cajas Seccionales u Oficinas Seccionales.

2.- Del respectivo Auditor de la Contraloría General de la República.

3.- De las personas naturales, o de los Directores, Gerentes o representantes de las personas jurídicas con quienes la respectiva entidad celebre contratos, y

4.- De los mandatarios o comisionistas de tales personas.

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ARTICULO 53. Las incompatibilidades a que se refiere el artículo anterior, existen también con las siguientes personas:

a). Los Gerentes de las Cajas Seccionales y Oficinas Seccionales, por una parte, y los respectivos Auditores por la otra;

b). El Director General del Instituto, por una parte y los Gerentes de las Cajas Seccionales y Oficinas Seccionales, por otra, y

c). El Director General o los Auditores del Instituto, por una parte y las personas citadas en los tres últimos numerales del artículo anterior, por la otra.

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ARTICULO 54. Si algún miembro del Consejo Directivo o de las Juntas Directivas de las Cajas Seccionales, o el Director General, tuviere interés en algún asunto, por ser propio, de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o de sus socios en sociedades distintas de la anónima, estará impedido para actuar.

CAPITULO IX.

DE LAS BASES PARA REAJUSTE Y FIJACION DE LAS PENSIONES.

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ARTICULO 55.- El reajuste de las pensiones mensuales de vejez y de invalidez por causa natural o profesional, salvo las de incapacidad permanente parcial se efectuará de acuerdo con las siguientes normas:

a). Pensiones en curso de pago al momento de la vigencia del presente Decreto:

1.- Todas las pensiones se aumentarán en cien pesos ($ 100.00) mensuales, más un cinco por ciento (5%) de la pensión que estuviere en vigor a la fecha de vigencia del presente Decreto.

2.- La cuantía mínima de la pensión se fija en la suma de quinientos diez y nueve pesos ($ 519.oo) mensuales.

3.- Las pensiones de incapacidad permanente parcial se reajustarán en la misma proporción señalada en los numerales anteriores.

b). Revalorizaciones futuras. Para las revalorizaciones futuras, se procederá en la siguiente forma:

1.- Ninguna pensión mensual de vejez y de invalidez pro causa natural o profesional, salvo las de incapacidad permanente parcial, podrá ser inferior a las nueve décimas (9/10) partes del salario mínimo legal más alto vigente en el país; tampoco podrá ser mayor de las cuatro quintas (4/5) partes del salario máximo asegurable señalado en el artículo 60.

2.- Cuando se eleve el salario mínimo a que se refiere el numeral anterior, todas las pensiones vigentes de vejez y de invalidez que estuvieren en el caso señalado en dicho numeral, se revalorizarán en la proporción que represente la diferencia entre la cuantía de la antigua y de la nueva pensión mínima en relación con el salario de base de la categoría con que se liquidó la correspondiente pensión, pero sin que en ningún caso el aumento pro concepto de revalorización pueda ser inferior al cinco por ciento (5%) del salario mensual de base que sirvió para la liquidación de la respectiva pensión.

3.- Si transcurridos tres (3) años después de la última revalorización, no se elevare el salario mínimo legal por el gobierno, el Instituto procederá a elevar la cuantía mínima de las pensiones y las revalorizará en la forma indicada en el numeral anterior. En este último caso, el Instituto no quedará obligado a nuevas revalorizaciones de sus pensiones sino transcurridos tres (3) años a partir de la última revalorización, salvo que ésta llegare a ser inferior a la que resultare en relación con el nuevo salario mínimo legal que fije el gobierno con posterioridad a la revalorización ordenada por el instituto.

4.- Las pensiones por incapacidad permanente parcial se revalorizarán en forma tal que mantengan la misma proporción que tenían en el momento de su otorgamiento, en relación a la correspondiente pensión de incapacidad permanente total revalorizada.

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ARTICULO 56. El monto de las nuevas pensiones de invalidez y de vejez se mejorará en una cuantía igual a la dispuesta en el numeral 1) del literal a) del artículo anterior.

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ARTICULO 57. Cuando se reajusten o revalúen las pensiones de invalidez y de vejez según los artículos anteriores se revalorizarán igualmente las pensiones vigentes de sobrevivientes de modo que guarden las mismas proporciones con relación a las pensiones revaluadas de invalidez y de vejez. Las nuevas pensiones de sobrevivientes se calcularán sobre la base de las pensiones de invalidez y de vejez revaluadas.

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ARTICULO 58. Las revalorizaciones no tendrán efecto retroactivo respecto a las mensualidades vencidas antes de la fecha de vigencia de la respectiva revalorización.

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ARTICULO 59. El auxilio funerario no podrá ser inferior a dos veces el valor del salario mínimo legal, mensual más alto, vigente en el país al momento del fallecimiento del asegurado o del pensionado.

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ARTICULO 60. Para el trabajador que devengare una remuneración inferior al salario mínimo legal vigente que le corresponda, las cotizaciones se computarán sobre la base de dicho salario mínimo. El salario máximo asegurable no podrá ser inferior a veintidós (22) veces el salario mínimo lega.

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ARTICULO 61. Para nivelar las cotizaciones en todo el territorio nacional sobre la base de los salarios reales, el Instituto revisará las tablas de categoría y de cotizaciones, ajustándose a las pautas de los artículos 55, 56 y 60 en lo que se refiere a los límites del salario asegurable y de acuerdo con las atribuciones conferidas en el artículo 32 del presente Decreto.

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ARTICULO 62. En caso de invalidez de origen no profesional, el asegurado que haya pagado las cotizaciones previas que el Instituto determine, tiene derecho, mientras dura aquella, a una pensión mensual no inferior a la pensión mínima que establece el artículo 55. Para los efectos del seguro de invalidez de origen no profesional, se reputará inválido al asegurado que por enfermedad no profesional o por lesión distinta de accidente de trabajo y no provocada intencionalmente, haya perdido la capacidad para procurarse, mediante un trabajo proporcionado a sus fuerzas, a su formación profesional y a su ocupación anterior, una remuneración equivalente a la mitad, por lo menos, de la remuneración habitual que en la misma región recibe un trabajador sano, de fuerzas, formación y ocupación análogas.

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ARTICULO 63. En el ramo del Seguro Social de riesgos profesionales se considera incapacitado en forma permanente total y por tanto, con derecho a pensión de invalidez, el asegurado que, por causa de enfermedad profesional o de accidente de trabajo, haya perdido en forma permanente o por un tiempo de duración no previsible, la capacidad para procurarse, mediante un trabajo proporcional a sus fuerzas, a su formación profesional y a su ocupación anterior, una remuneración equivalente a la mitad, por lo menos, de la remuneración habitual que en la misma región recibe un trabajador sano, de fuerzas, formación y ocupación análogas.

La incapacidad permanente total se considera como absoluta cuando impida al asegurado toda clase de trabajo remunerado y se entiende por invalidez el estado de incapacidad permanente que, además de impedir al asegurado toda clase de trabajo remunerado, lo coloque en condiciones tales que requiera el auxilio de otra persona para movilizarse o para realizar las funciones esenciales de la vida.

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ARTICULO 64. Unicamente habrá lugar a indemnizaciones o pensiones por incapacidad permanente parcial en el Seguro Social cuando la lesión ocasionada en accidente o por enfermedad disminuya, en forma permanente o por tiempo de duración no previsible, la capacidad de trabajo del asegurado, por lo menos en un cinco por ciento (5%), sin que exceda el porcentaje señalado en el artículo anterior para los efectos de la incapacidad total.

CAPITULO X.

DISPOSICIONES FINALES.

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ARTICULO 65. El Instituto procederá a elaborar sus nuevos estatutos y reglamentos generales, de conformidad con las normas del presente decreto.

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ARTICULO 66. El Director General del Instituto tomará posesión de su cargo ante el Presidente del Consejo Directivo. Los Gerentes de las Cajas Seccionales y oficinas Regionales y Oficinas Seccionales lo harán ante el Consejo Directivo del Instituto.

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ARTICULO 67. Deróganse los artículos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 80, 81, y 83 de la Ley 90 de 1946; 3o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 36 y 40 del Decreto ley 2324 de 1948; 2o, 3o, 5o, 6o, del Decreto legislativo 3850 de 1949; 2o, 3o, 7o del Decreto ley 320 de 1949; el Decreto ley 1695 de julio 18 de 1960; y todas las normas que sean contrarias a las disposiciones del presente Decreto.

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ARTICULO 68. Este Decreto rige a partir del 1o de abril de 1971.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.E. a 27 de marzo de 1971.

MISAEL PASTRANA BORRERO

JORGE MARIO EASTMAN,

Ministro de Trabajo y Seguridad Social

JOSÉ IGNACIO DÍAZ GRANADOS,

Ministro de Salud Pública.

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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Normograma - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones"
ISSN [2256-1633 (En linea)]
Última actualización: 5 de mayo de 2020

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