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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Radicación: 25000-23-42-000-2016-03385-01 (2039-2018)

Demandante:       CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Demandada:         ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES1.

Tema: Reliquidación pensión de vejez. Ex detective del Departamento Administrativo de Seguridad2.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Carlos Arturo Hernández Hernández en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20113 formuló, en síntesis, las siguientes

Pretensiones

  1. Declarar la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos: i) Resolución GNR 312126 del 13 de octubre de 2015, por medio de la cual Colpensiones ordenó la reliquidación parcial de la pensión vitalicia de vejez del señor Hernández Hernández, por retiro definitivo del servicio oficial y; ii) Resolución VPB 14511 del 1.° de abril de 2016, por medio de la cual se resolvió un recurso de apelación y se modificó el acto inicial.
  2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar que el señor Hernández Hernández tiene derecho a que Colpensiones reconozca y respete en su integridad, el régimen de transición del artículo 4º del Decreto 1835 de 1994, en cuanto al monto de la pensión y que no fue tenido en cuenta al momento del reconocimiento de la prestación; ii) ordenar a Colpensiones reliquidar y pagar su pensión de jubilación con

1 En adelante Colpensiones.

2 En adelante DAS.

3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA.

el 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, por estricta remisión del artículo 1.° del Decreto Especial 1933 de 1989 a los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y 454 de 1994 y al principio de favorabilidad de la norma, con la inclusión de todos los factores devengados tales como: asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de riesgo en su 35% sobre la asignación básica mensual, prima de coordinación en un 20% sobra la asignación básica mensual y primas de servicios, navidad y vacaciones, efectiva a partir del 28 de junio de 2014; iii) realizar los ajustes de valor sobre las diferencias a que haya lugar; iv) dar cumplimiento al fallo de manera indexada, de conformidad con los términos del artículo 187 del CPACA y las sentencias C-188 de 1999, SU-400 de 1998 y C-862 de 2006, proferidas por la Corte Constitucional y; iv) pagar los intereses moratorios de conformidad con el artículo 192 ibidem.

Fundamentos fácticos relevantes

El señor Carlos Arturo Hernández Hernández laboró en el DAS desde el 7 de febrero de 1990 y hasta el 27 de junio de 2014, el último cargo que desempeñó fue como subdirector 118-23.

Cumplió los requisitos exigidos para obtener la pensión el 30 de junio de 2011, por tiempo de servicios, por cuanto tiene derecho a la pensión sin consideración a la edad.

Colpensiones, a través de la Resolución GNR 035651 del 3 de octubre de 2011, le reconoció una pensión mensual vitalicia de vejez, pero desconoció el régimen especial del DAS a que tenía derecho, pues si bien se tuvo en cuenta la edad y el tiempo de servicios y se incluyeron algunos factores de salario, también lo es que se excluyeron otros para el cálculo de la pensión tales como: la prima de riesgo, la prima de coordinación; y las doceavas partes de la prima de servicios; la prima de navidad y la prima de vacaciones, bajo el argumento de no estar expresamente consagrados en el Decreto 1158 de 1994.

Por Resolución GNR 312126 del 13 de octubre de 2015, Colpensiones reliquidó la prestación pensional por retiro definitivo del servicio, acto administrativo que se modificó en algunos de sus apartes, mediante la Resolución VPB 14511 del 1.° de abril de 2016, que resolvió el recurso de apelación, pero sin incluirse la totalidad de los factores devengados en el último año de servicio.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba.4

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

4 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las excepciones propuestas:

«[…] frente a las excepciones de “cobro de lo no debido”, “inexistencia del derecho reclamado” y “buena fe”, […] la Magistrada Ponente RESOLVIÓ que estas no constituyen propiamente excepciones que hagan improcedente la acción o imposibiliten a esta Corporación decidir la controversia, pues aquellas hacen referencia a argumentos que fundamentan la posición jurídica de la entidad frente al caso, por lo que las mismas serán analizadas y decididas al momento de resolver el fondo del asunto.

Con relación a la excepción de prescripción, DISPUSO que esta será resuelta por la Sala en el evento de que llegaren a prosperar las pretensiones de la demanda.»

Se notificó la decisión en estrados y no se propusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] el litigio se centra en determinar si los actos acusados fueron expedidos con infracción de las normas en que se fundaron, por cuanto, según manifiesta el actor, como beneficiario del régimen especial de pensión previsto para los detectives del DAS, este es, el contenido en el Decreto 1835 de 1994, tiene derecho a que su pensión se reliquide con la inclusión de todos los factores salariales devengados en su último año de servicios.

Se indica que, sin entrar a efectuar un prejuzgamiento, se propone fijar el litigio en los términos expuestos teniendo en cuenta que la entidad, en las Resoluciones demandadas, le aplicó al actor el régimen pensional previsto en el Decreto 1835 de 1994, pero con el IBL establecido en las normas reglamentarias de la Ley 100 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el art. 13 de tal Decreto, y es por tal razón que es en este último hecho donde radica los extremos de la Litis. Así, no está en discusión el régimen pensional aplicado, este es, el del Decreto 1835 de 1994, a fin de determinar si le asiste derecho al actor a que su pensión se reliquide tomando como base el promedio de todos los factores salariales devengados en su último año de servicios o de los establecidos en el Decreto 1158 de 1994 en sus últimos 10 años de servicios.»

La decisión fue notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron recursos.

SENTENCIA APELADA5

El a quo profirió sentencia el 10 de noviembre de 2017, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones:

5 Folios 172 a 191 vto.

El tribunal indicó que al demandante le son aplicables los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, pues se probó que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994 (4 de agosto de 1994) prestaba sus servicios como Detective Agente 208-06 y cuando entró a regir la Ley 860 de 2003 -29 de diciembre de 2003- ya había cotizado más de 500 semanas. Igualmente señaló que se probó que adquirió el estatus pensional el 17 de febrero de 2010, fecha para la cual cumplió los 20 años de servicio en el DAS.

En virtud de lo anterior, indicó que Colpensiones liquidó la pensión del demandante, tomando como base el promedio de salarios devengados durante los últimos 10 años de servicios e incluyó en su liquidación los factores salariales que percibió, previstos en el Decreto 1158 de 1994; empero, no incluyó en la liquidación de la pensión la prima de riesgo devengada en los últimos 10 años de servicio. Por tal motivo, concluyó que los actos administrativos demandados son parcialmente nulos ya que el libelista tiene derecho a que, en la liquidación de su pensión se incluya el factor de prima de riesgo y se cancelen las diferencias de forma actualizada.

Finalmente, dispuso que en el evento de que no se hayan efectuado las cotizaciones a pensión sobre el factor a incluir, la entidad proceda a realizar el descuento de dichos aportes.

RECURSO DE APELACIÓN6

Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia, el cual argumentó en los siguientes términos:

En primer lugar, indicó que la negativa en reliquidar la pensión del señor Hernández Hernández se ajustó al ordenamiento jurídico, toda vez que no es posible incluir la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, dado que los pensionados que se encuentren en transición se les debe respetar la edad, el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto referido solamente a la tasa de remplazo, comoquiera que el IBL no fue un aspecto sometido al régimen de transición y por lo tanto este se calculará conforme al artículo 21 o el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el caso, y los factores salariales a tener en cuenta son los contemplados en el Decreto 1158 de 1994, siempre y cuando se hayan efectuado los aportes al Sistema General de Pensiones.

Como sustento de ello hizo mención a las sentencias SU-230 de 2015, SU- 395 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional, posición que fue acogida por esa entidad a través de la Circular Interna 16 de 2015, en los numerales 1, 2 y 3 del literal A, del punto IV.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante7 se apartó de lo decidido en la sentencia del 28 de agosto de 2018 dado que no se tocó el principio de inescidibilidad de la norma, se desconoció el principio de favorabilidad, se omitieron los principios de

6 Folios 194 a 201.

7 Folios 228 a 233.

progresividad y no regresividad, además porque los descuentos no afectan el principio de sostenibilidad fiscal y desconoció por completo el régimen especial exceptuado del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En ese sentido, señaló que se está frente a un régimen especial, exceptuado de la Ley 100 de 1993, en virtud de su artículo 140, por lo que su derecho se rige por los Decretos 1047 de 1978, 1993 de 1989, 1835 de 1994, 3135 de

1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 que establecen con claridad la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión.

Finalmente, precisó que esta corporación en sentencia de unificación del 1.° de agosto de 2013 determinó que la prima de riesgo es factor salarial, por tratarse de un valor cancelado habitualmente y como contraprestación de sus servicios.

Colpensiones8 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa, de conformidad con lo dispuesto en la constancia secretarial visible a folio 244.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:

¿El señor Carlos Arturo Hernández Hernández, quien se desempeñó como detective del Departamento Administrativo de Seguridad, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con inclusión de la prima de riesgo percibida en los 10 años anteriores a su retiro del servicio?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022, de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la parte demandante tiene derecho a la reliquidación de su pensión con la inclusión de la prima de riesgo, como se explica a continuación:

Sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 20229. Del régimen especial de pensiones del DAS antes de la entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social

8 Folios 234 a 242.

9 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014), de Margenys del Socorro Enríquez Erazo contra la UGPP.

De conformidad con las reglas de unificación fijadas en sentencia SUJ-028- CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, el personal que desarrollaba actividades de alto riesgo en el DAS y que estuviera cobijado por los regímenes de transición regulados en los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003 se rige en materia pensional por lo siguiente:

Tendrán derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, este es:

Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:

En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.

En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.

Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.

De igual forma, las anteriores reglas son de aplicación retrospectiva en el entendido que resultan vinculantes para todos los casos pendientes de solución tanto en sede administrativa como judicial, salvo en aquellos procesos donde hubiere operado la cosa juzgada.

La parte demandante no tiene derecho a la reliquidación de su pensión con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios

En el presente caso se encuentra acreditado que el señor Carlos Arturo Hernández Hernández nació el 28 de febrero de 196910; y que laboró en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS entre el 7 de febrero de 1990 y el 27 de junio de 201411, para un total de 24 años, 4 meses y 9 días, lapso en el cual ocupo los siguientes cargos:

De igual forma, la subdirectora de Talento Humano (E) del DAS certificó que:

i) dicha entidad efectuó cotizaciones especiales por actividad de alto riesgo a los Fondos de Pensiones correspondientes, en porcentaje equivalente al 8,5% desde el 4 de agosto de 1994 hasta el 31 de julio de 2013 1; ii) que las cotizaciones a pensión se realizaron entre el 7 de febrero de 1990 al 30 de junio de 2009 a Cajanal EICE, entre el 1.° de julio de 2009 al 30 de septiembre de 2012 al ISS y que a partir del 1.° de octubre de 2012 al 27 de junio de 2014 se hicieron a Colpensiones; iii) que el DAS pagó en favor del demandante una prima de riesgo equivalente al 35% de la asignación básica entre el 29 de noviembre de 1994 y el 27 de julio de 2010, del 30% entre el 28 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2013 y del 15% entre el1.° de noviembre de 2013 y el 27 de junio de 201412.

Entre los años 2013 y 2014, el demandante percibió además de la asignación básica, los siguientes factores: bonificación por servicios y primas de coordinación, servicio, navidad, vacaciones y de riesgo13. De los cuales solo se cotizó sobre la asignación básica y la bonificación por servicios prestados14.

Mediante Resolución 35651 del 3 de octubre de 2011,15 el ISS reconoció de conformidad con los Decretos 1933 de 1989 y 1835 de 1994, la pensión de vejez en favor del demandante, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio. La liquidación se realizó con base en 1.065 semanas sobre un IBL de $1.1518.920 al cual se le aplicó el 75% y los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

10 Según copia del documento de identidad allegado a folio 51 y en cd contentivo de antecedentes administrativos.

11 Según certificación obrante a folios 44 y 45 de la actuación y en cd contentivo de antecedentes administrativos.

12 Según certificación obrante a folios 44.

13 Ver folios 49 y 50.

14 Ver Formatos No. 3 (B), Certificación de salario mes a mes a folios 47 y 48.

15 En cd contentivo de antecedentes administrativos.

A través de la Resolución GNR 312126 del 13 de octubre de 201516 se reliquidó la pensión vitalicia de vejez por retiro definitivo del servicio, pero negó lo relacionado con el reajuste de todo lo devengado en el último año. Esta decisión fue modificada en la Resolución VPB 14511 del 1.° de abril de 201617 por medio de la cual se desató el recurso de apelación interpuesto contra el acto de reliquidación, al evidenciar que la mesada que arrojó el nuevo es mayor al valor que percibe.

Acorde con los criterios de unificación expuestos, la Sala advierte que, como lo advirtió el a quo y no fue motivo de apelación, en el presente caso la parte demandante en efecto no tiene derecho a la reliquidación de su prestación con la totalidad de factores devengados en el año anterior a su retiro definitivo del servicio, toda vez que, como beneficiario del régimen de transición a que alude la Ley 860 de 2003, que remite al Decreto 1835 de 1994, este solo tiene derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto previstos en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, pero el IBL como los factores a reconocer se regulan por esta última, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003.

En ese sentido, la pensión del señor Carlos Arturo Hernández Hernández, como ex detective del DAS, debe liquidarse con el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores a la adquisición del estatus pensional o, como en este caso, al retiro definitivo del servicio, como ocurrió con los actos administrativos de reconocimiento y reliquidación pensional citados.

Ahora, en cuanto a los factores salariales, se precisa que en el caso de los ex detectives del DAS solo son computables, por regla general, aquellos regulados en el Decreto 1158 de 1994 y, adicionalmente, la prima de riesgo en los términos estipulados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

En ese orden de ideas y conforme a lo probado en el plenario, la parte demandante solo tiene derecho a que se compute su pensión con la inclusión de la asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados en una doceava parte y la prima de riesgo.

Con todo, de las pruebas obrantes solo se acreditó que se hicieron descuentos con destino a pensión sobre los dos primeros factores, sin que se observe la misma situación respecto de la prima de riesgo, razón suficiente para considerar procedente, tal como lo dispuso el a quo, en ordenar la reliquidación de la pensión de la parte demandante con la inclusión de este último por tratarse de un factor a incluir en el IBL pensional en los términos de la Ley 860 de 2003.

Finalmente, y en concordancia con lo dispuesto por la sala plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la tercera regla de unificación contenida en la sentencia del 28 de julio de 2022, no se ordenará efectuar descuento alguno a cargo del pensionado por concepto de los aportes no efectuados por el empleador. En ese sentido, corresponderá a la UGPP adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado de los aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el

16 Ver folios 11 a 15.

17 Ver folios 40 a 43 vto.

Departamento Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales obligaciones, luego de su supresión.

No obstante, se adicionará el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

«La prima de riesgo será computada con base en los porcentajes señalados por el parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.»

En conclusión: No es procedente la reliquidación de la pensión de vejez del demandante en los términos deprecados, esto es, con el promedio de todo lo devengado en el último año de servicios, pues el IBL aplicable para el caso concreto correspondía al 75% del promedio de los salarios o rentas que debían ser base de cotización durante los diez (10) años anteriores al disfrute efectivo de la pensión, con la inclusión de los siguientes factores salariales: asignación básica, bonificación por servicios prestados y la prima de riesgo, esta última por ser ex detective del DAS, en los términos definidos por la Ley 860 de 2003. La prima de riesgo deberá ser computada en los porcentajes señalados por el parágrafo 4.° del artículo 2 de la mencionada Ley 860 de 2003.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar parcialmente el ordinal 3 de la sentencia del 10 de noviembre de 2017, en cuanto ordenó a Colpensiones descontar el valor correspondiente por concepto de cotizaciones a pensión a la prima de riesgos que se ordenó incluir en la liquidación pensional, por cuanto será a esta entidad a la que le corresponde adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado de los aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el Departamento Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales obligaciones, luego de su supresión.

De igual forma se adicionará el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

«La prima de riesgo será computada con base en los porcentajes señalados por el parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.»

Se confirmará en todo lo demás la sentencia recurrida.

De la condena en costas

En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por esta subsección en providencias del 7 de abril de 201618, en esta oportunidad resulta necesario tener presente que la reclamación que se adelantó por la parte demandante tiene como sustento la posición jurisprudencial asumida por esta Corporación con anterioridad a la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022, razón por la cual se estima que, al haber actuado de buena fe y al amparo de la confianza legítima surgida con ocasión del planteamiento de las reglas que jurisprudencialmente se trazaron por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se debe imponer condena en

18 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

costas a la parte demandante, pues ello sería consecuencia del cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar parcialmente el ordinal 3 de la sentencia del 10 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en cuanto ordenó a Colpensiones descontar el valor correspondiente por concepto de cotizaciones a pensión sobre la prima de riesgo que se ordenó incluir en la liquidación pensional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo: Adicionar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

«La prima de riesgo será computada con base en los porcentajes señalados por el parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.»

Tercero: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia.

Cuarto: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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