BúsquedaBUSCAR
ÍndiceÍNDICE

 República  de Colombia

 

 

 

 

 

Corte Suprema de Justicia

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación No. 28325

Acta No. 66

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil siete (2007).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ZORAIDA SABOGAL ALDANA, a través de apoderado judicial, en contra de la sentencia de fecha 5 de agosto de 2005, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso ordinario laboral promovido por la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO a la recurrente.

ANTECEDENTES

Mediante resolución 0496 de 26 de mayo de 2000 la Universidad demandante otorgó pensión convencional a la demandada, en cuantía de $870.606.oo, bajo los supuestos de 20 años de servicios y 50 de edad. Su retiro, voluntario, se produjo el 1 de julio de 2000; fungió como secretaria desde el 26 de marzo de 1973; al egresar del retiro activo tenía la condición de empleada pública; nació el 18 de marzo de 1950 y los veinte años de servicios los cumplió el 26 de marzo de 1993.

El ente educativo promovió la demanda, inicialmente ante el Tribunal Administrativo del Quindío, mas, como resultado de lo decidido por el Consejo Superior de la Judicatura dentro de conflicto negativo de competencia que se suscitó, el conocimiento fue adjudicado a esta jurisdicción (fl. 79).

En el libelo se expresa que la demandada era empleada pública y que su derecho jubilatorio solo se consolidaba el 18 de marzo de 2005 cuando cumpliera 55 años, por lo que, erróneamente, se  le había aplicado, en su favor,  la convención colectiva de trabajo al dispensarle aquella prestación, y, que, por lo tanto era necesario declarar la nulidad de aquel acto.

Recalcó que, como funcionaria pública que era, la demandada estaba sujeta a la aplicación de la ley en todo su rigor, y por no gozar de un régimen  excepcional o especial de pensiones, su derecho no podía ser reconocido con base en convenciones colectivas, pues no se ajustaban a las normas legales aplicables en esta materia y, por ello, se debería liquidar de acuerdo con la ley, al alcanzar su status el 18 de marzo de 2005.

La demandante pidió ser exonerada del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación desde el 1 de julio de 2000, y que se impusiera la obligación de reintegrar, indexados, los mayores valores pagados por concepto de mesadas pensionales recibidos desde aquella fecha.

Señaló, además, que, a pesar de la lesividad  que aquél causaba a la Universidad, no podía ser revocado directamente, por haberse reconocido una situación jurídica de carácter particular, y por ello correspondía a la autoridad competente pronunciarse sobre el particular.

En la demanda también se mencionaron los factores salariales tomados en cuenta para la liquidación pensional, reputándola como ilegal.

Es de señalar que, en forma incongruente y antinómica con las pretensiones señaladas, sin explicación alguna, se solicitó declarar, con fundamento en la Ley 33 de 1985, modificada por la 62 de 1985, que la pensión reconocida mediante la resolución de marras, pagadera a partir del 1 de julio de 2000, debía ser equivalente a una cuantía de $870.606, siendo que, en primer lugar, se solicita a renglón seguido exoneración de la misma y, de otro, que en esa cuantía era que se había reconocido. (fls. 83 a 91).

La demandada se opuso a las pretensiones; alego que el hecho de ser la Ley 100 de 1993 aplicable a ella, no implicaba que se debieran obviar los derechos o prerrogativas obtenidas por los trabajadores sindicalizados por intermedio de la convención colectiva de 1978, que eran ley para las partes; que, en el artículo 11 estaba previsto que los empleados se pensionarían con 20 años de servicios y 50 de edad en el caso de las mujeres.

Aseveró que la afiliación de los empleados al ISS había sido un gravísimo error que solo ahora se vislumbraba por los regímenes de transición de normas que no les son aplicables por las posibles convenciones colectivas suscritas por las partes.

Indicó que el litigio verdadero se encontraba en lo atinente a su edad de jubilación, situación que se extraía del registro civil de su nacimiento el cual reposaba en la hoja de vida. Reiteró, además, que la convención colectiva le permitía jubilarse a los 50 años.

La Sala observa, con base en demanda y contestación, que la litis no se planteó bajo la óptica de contradicción o evaluación de la liquidación de la pensión, derivada de inclusión o exclusión de determinados factores, sino desde la de si había o no lugar a la concesión de la pensión.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, en sentencia del 13 de junio de 2005 (fol. 398 a 403), declaró que la universidad no debió haber reconocido la pensión de jubilación a la demandada con fundamento en la convención colectiva; la exoneró de seguir pagando la mencionada prestación; absolvió a la demandada de reintegrar las sumas de dinero; y condenó en costas en un 50%.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, mediante la sentencia recurrida, confirmó la de primer grado y condenó en costas a la impugnante.

Dijo textualmente el Tribunal:

“Las pretensiones de la Universidad del Quindío, apuntan a que se deje sin efecto la Resolución Nro. 0496 del 26 de mayo de 2000, mediante la cual dicho ente educativo le reconoció la pensión de jubilación a la señora Sabogal Aldana, pues consideró que para esa fecha no reunía los requisitos para ser beneficiaria de dicha prestación, asimismo estimó que la demandada debía reintegrar las mesadas que le habían sido pagadas con su correspondiente indexación”.

“Bien se observa en la Resolución Nro. 0496 mediante la cual la Universidad del Quindío le concedió la pensión de jubilación a la demandada a partir del 1° de julio del 2000, que aquélla prestó sus servicios a la entidad demandante a partir del 26 de marzo de 1973, asimismo se acepta en dicho acto que su fecha de nacimiento fue el 18 de marzo de 1950 y así lo informa el registro civil de nacimiento visible a fl. 15”.

“Plantea la apelante que las pretensiones de la demanda instaurada por la Universidad, están orientadas a establecer cuáles son los factores salariales a tener en cuenta para efectos de liquidarle la pensión de jubilación, y que lo analizado en la sentencia se erigió a establecer que debido a que la demandada era una empleada pública, no podía beneficiarse de una pensión de estirpe convencional, pero es pertinente anotar que para llegar al punto específico concerniente a los conceptos salariales a tener en cuenta para liquidar la pensión, resultaba ineludible analizar las condiciones de la señora Sabogal Aldana con respecto al ente educativo pagador de la pensión, es decir se tiene que conocer como punto de partida el tiempo de servicios, la edad y la condición de servidora pública, pues estos tópicos resultan ser determinantes para establecer el régimen pensional que la cobija”.

“En efecto, sin realizar fatigosas indagaciones es preciso extraer de la documentación allegada al proceso, más concretamente de la hoja de vida visible a folio 249 y ss del expediente, que la demandada laboró para la Universidad del Quindío desde el 26 de marzo de 1973 en el cargo de Secretaria Ejecutiva, circunstancia ésta que la ubica en el plano de los hechos como una empleada pública, razón por la cual no podía beneficiarse de la convención colectiva vigente para la época, es decir que la pensión no podía otorgarse con 50 años de edad. Ello es así dado que el artículo 122 del Decreto 080 de 1980 dispone que el personal administrativo de las instituciones oficiales de educación superior, está integrado por empleados públicos y trabajadores oficiales. Tienen la calidad de trabajadores oficiales los obreros que desempeñen funciones en construcción, preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de edificaciones o equipos. Los demás empleados administrativos tienen la calidad de empleados públicos”.

“Como se ha dejado establecido que la demandada no podía ser amparada por la convención colectiva que operaba para los trabajadores de la Universidad del Quindío, por cuanto no ostentaba la calidad de trabajadora oficial sino la de empleada pública, es pertinente entonces incursionar en el estudio de los conceptos salariales que debían colacionarse para obtener su pensión de jubilación, ello siempre y cuando reúna los requisitos exigidos legalmente para ello”.

“Dado que la demandada nació el día 18 de marzo de 1950 (fl. 16) y que además laboró para la entidad demandante desde el 26 de marzo de 1973 hasta el 30 de junio de 2000 (fl. 17 y ss), resulta incuestionable que el status de pensionada lo adquirió en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero también debe indicarse que a su favor operaba el régimen de transición incorporado en la mencionada Ley, ello porque al entrar en vigencia dicho sistema para los servidores públicos del orden territorial, que fue el 30 de junio de 1995, aquélla contaba con más de treinta y cinco años de edad y superaba los quince años de servicios, y efectivamente así lo dispone el artículo 36 al decir:

“<<Artículo 36.- La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicio cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentran afiliados>>.

“En vista de que el régimen anterior al que se refiere la norma transcrita, para el presente caso sería la Ley 33 de 1985, toda vez que ésta consagra el tema referente a las pensiones de los servidores públicos de todos los niveles, a ella debió ceñirse la Universidad al conceder el derecho pensional, en cuyo artículo 10 se consagra:

“Artículo l. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.”

“Se extrae entonces de la norma transcrita que el legislador equiparó la edad tanto para hombres como para las mujeres, a los 55 años, pero la demandada únicamente cumplió este requisito el 18 de marzo de 2005, justamente cuando el ISS debía asumir la obligación de seguir pagando la pensión….”

“Por lo dicho, son incuestionables las razones que le asisten a la Universidad del Quindío, para que a través de este proceso pretenda dejar sin efecto el acto administrativo por medio del cual se reconoció la pensión, pero cabe mencionar que si bien el Consejo Superior de la Judicatura al dirimir el conflicto de jurisdicción que se suscitó entre el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío y el Juez Primero Laboral del Circuito de Armenia declaró competente para conocer de la controversia a este último, en criterio de la Sala la jurisdicción ordinaria laboral no es competente para anular actos administrativos y, por lo tanto, lo procedente en este caso es exonerar al Plantel Educativo demandante de continuar cancelando la pensión de jubilación reconocida a la señora Sabogal Aldana, y como a igual conclusión arribó la Juez Aquo, la sentencia impugnada será confirmada.”


EL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandada ZORAIDA SABOGAL ALDANA, admitido por la Corte y replicado.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Se presentó así:

“Con los cargos formulados en esta oportunidad, de la manera más respetuosa pretendo la casación de la sentencia de segunda instancia parcialmente, para que se case el numeral primero y tercero de la parte resolutiva en la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 5 de agosto de 2005.” (Resalta la Sala).

Sin embargo, presenta un solo cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado, y que se estudia a continuación.

CARGO ÚNICO

Expuesto en los siguientes términos:

CAUSAL DE CASACION. MOTIVOS DE LA CASACION
Se trata de una violación directa de la ley sustancial por parte de la sentencia expedida por la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito judicial de Armenia (Q) que resulta acusada en esta demanda, por APLICACIÓN INDEBIDA del artículo el artículo (sic) 1 de la Ley 33 de 1985, debiéndose haber aplicado el artículo 1 de la ley 62 de 1985 y que no regulaba el caso controvertido, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo”.

“DEMOSTRACION DEL CARGO. CONCEPTO DE LA
INFRACCION”.

“Aparece claramente demostrado en estas diligencias, la calidad de pensionada por parte de la Universidad del Quindío de la persona que aparece como mi representada en la sustentación de este recurso de casación y son tan claras las pretensiones de la demanda de la referencia, que esta parte recibe con extrañeza como Sala Laboral (sic) del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Q), aplicó de manera indebida el precepto legal llamado a ser aplicado en el caso controvertido”.

“La Universidad del Quindío solicitó desde el mismo momento de presentación de la demanda, como pretensiones las siguientes así:

“Por los trámites del proceso ordinario enunciado en el capitulo XIV del Código Procesal del Trabajo y en representación de la Universidad del Quindío, respetuosamente demando lo siguiente:
3.1. Declárese que, con fundamento en la ley 33 de 1985, modificada por la ley 62 de 1985, la pensión de jubilación de la Señora OLGA CADENA CORRALES, identificada con ala cédula de ciudadanía No. 24'468.808 expedida en Armenia, reconocida mediante la Resolución Número 0496 del 26 de mayo de 2000, debe ser equivalente a una cuantía de $ 870.006, pagadera a partir del 1 de julio de 2000”.

“Por lo tanto solicitaba únicamente la entidad demandante, la rebaja de la pensión de mi mandante, teniendo en cuenta que se le había liquidado en su valor, primas sobre las cuales no había aportado a la entidad de previsión social”.

“Si se observa el planteamiento expuesto por el la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Q) en la sentencia proferida el día 5 de agosto de 2005, se centra en establecer que: “En efecto, sin realizar fatigosas indagaciones es preciso extraer de la documentación allegada al proceso, más concretamente de la hoja de vida visible a folio 249 y ss del expediente, que la demandada laboró con la Universidad del Quindío desde el 26 de marzo de 1973 en el cargo de secretaria ejecutiva, circunstancia ésta que la ubica en el plano de los hechos corno empleada pública, razón por la cual no podía beneficiarse de la convención colectiva vigente para la época, es decir que la pensión no podía otorgarse con 50 años de edad. Ello es así dado que el artículo 122 del decreto 080 de 1980 dispone que el personal administrativo de las instituciones oficiales de educación superior, esta integrado por empleados públicos y trabajadores oficiales. Tienen la calidad de trabajadores oficiales los obreros que desempeñen funciones en construcción, preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, aseo, mantenimiento de edificaciones o equipos. Los demás empleados administrativos tienen la calidad de empleados públicos.”

“En estas circunstancias, existe una indebida aplicación de la ley en la sentencia acusada, pues no es necesario realizar demasiada elucubración mental, para darse cuenta que la solicitud realizada por parte de la Universidad del Quindío, consiste en la evaluación de la liquidación pensional y así lo plasmó en el libelo contentivo de la demanda de acuerdo a la Ley 62 de 1985, mientras que la sentencia acusada, se centró en expresar que al 29 de enero de 1985, fecha de expedición de la ley 33 de 1985, mi mandante no tenía 15 años de servicio, situación que NUNCA FUE MATERIA DE DEBATE JURIDICO, en las pretensiones de la demanda, aplicando de manera indebida una ley que no tenía ninguna relación de causalidad con las pretensiones de la demanda”.

“No existe congruencia entre lo solicitado y lo declarado por el Tribunal del Quindío en la sentencia acusada, lo que lo conllevó a realizar una aplicación indebida de la ley, al haber utilizado en el fallo, una disposición normativa que no regulaba el caso controvertido sobre los factores salariales que fueron tenido en cuenta para efectos de la liquidación de su pensión de jubilación”.

“En nada se apareja con la realidad procesal evidenciada en el expediente, el hecho de que no aparezca prueba de las labores oficiales de mi mandante con anterioridad al año de 1969, para que pudiera aplicarse la Ley 6ª  de 1945, pues esta circunstancia no fue debatida por la Universidad del Quindío, pero extrañamente el fallo acusado, retorna esta circunstancia, aplicando entonces una disposición normativa diversa de aquella que regula el caso concreto planteado ante esta jurisdicción”.

“Si mi mandante, tenía o no derecho, a la liquidación de las primas en la base para calcular la pensión, es una situación que debió evaluar el Tribunal en el momento de expedir la sentencia, pues fue la única circunstancia planteada por el demandante, para el debate jurídico, así mismo fue realizada la respectiva contestación a la demanda, pero aplicar de manera indebida una disposición normativa, que sustenta un planteamiento que pudiera de pronto resultar cierto, no apareja la legalidad que debe contener la sentencia que resulta acusada en esta oportunidad”.

“Se aplica de manera indebida el artículo 1 de la ley 33 de 1985, debiéndose haber aplicado el artículo 1 de la ley 62 de 1985, que finalmente consiste en el fundamento principal de la demanda, y, en concordancia con la sentencia de primera instancia, aparece claramente demostrado que nunca se debatió la aplicación de esta circunstancia para mi mandante. Si se tratara en otra oportunidad procesal pertinente se hubiera anexado los tiempos de servicio estatal anteriores al año de 1969, pero esto nunca fue motivo de controversia por parte de la Universidad del Quindío, ni en la presentación de la demanda, ni en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia”.

“La claridad con que se vulnera el cargo por aplicación indebida del artículo 1 de la Ley 62 de 1985, al haber aplicado el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, resolviendo en la sentencia acusada el litigio de una manera diversa a lo planteado en el proceso, evidencia de manera directa la ilegalidad en la expedición del fallo que se acusa”.

“Si se hubiera planteado que mi mandante no tenía 15 años de servicio oficial al 29 de enero de 1985, pues el debate jurídico se hubiera centrado en el aporte del tiempo de servicio anterior o a desvirtuar que mi representada era o no trabajadora oficial, o si la convención colectiva si la cobijaba o no, pero fue una decisión incongruente frente a la pretensiones realizadas por la entidad demandante y en virtud d esto violatorio del derecho de defensa al desconocer los motivos de la declaratoria de esta manera por parte del Tribunal”.

“No es necesario extenderse en argumentos jurídicos para concluir que no resulta cierto que fueran evidentes las razones alegadas por el demandante para continuar con el pago de los mayores valores que ha recibido mi mandante, como lo expresó la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Q) en la sentencia acusada, significando lo anterior, de la manera más respetuosa, que el cargo formulado debe prosperar.”

LA RÉPLICA

Manifestó que la proposición jurídica es defectuosa porque omitió la denuncia de las normas consagratorias del derecho a la pensión de jubilación, prerrogativa sustancial pretendida, pues solo se remitió a la relacionada con los factores de liquidación de la misma, sin invocar tampoco las consagratorias de factores distintos a los denunciados por el sentenciador de segundo grado.

Señaló que el concepto de violación empleado por el impugnante es completamente equivocado, pues la lectura más desprevenida del fallo gravado demuestra que para llegar a la conclusión de los factores de liquidación pensional, el Tribunal se apoyó en la interpretación del Consejo de Estado, que transcribió. Que al fundamentarse el juzgador en exégesis jurídicas, sobre el sentido de la ley aplicable, inexorablemente cualquier censura al fallo debió intentarse reprochándole una interpretación errónea, pero no una simple aplicación indebida. Por lo que, pese a haber propuesto el submotivo denominado aplicación indebida, el propio impugnante en la demostración, contradictoriamente desarrolla una interpretación distinta a la del ad quem, lo que repugna con la coherencia lógica que debe guardar un ataque en este recurso extraordinario.

En cuanto a la vía seleccionada dice que aun cuando está dirigida por la vía directa, su pilar es eminentemente fáctico porque se apoya en sustentos probatorios y conclusiones de hecho que no dedujo el fallo acusado.

Entrando al fondo del asunto manifestó, que a partir de la vigencia de la Ley 62 de 1985, los factores de liquidación de la pensión de jubilación de los servidores públicos, son los previstos taxativa y claramente en su artículo primero. Luego trascribió apartes de la sentencia del 27 de marzo de 2004, radicación 21052.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

A través del recurso extraordinario de casación se busca, además de la unificación de la jurisprudencia,  preservar el imperio de la ley sustancial, puesto que ésta puede ser infringida, directa o indirectamente, o mediante la violación del principio de no reformatio in pejus, con las sentencias proferidas, por regla general, por los tribunales superiores, y, se persigue además, reparar el agravio infligido a las partes con aquellas decisiones.

Debe reiterar la Sala, ante la precariedad  en el manejo del recurso dentro del presente caso, que la casación -dado su carácter de recurso extraordinario-  está sujeta  a requisitos de orden legal y de desarrollo jurisprudencial, los cuales es menester que sean cumplidos por quien opta por ejercerlo, ya que, el no satisfacerlos, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable imposibilitando el estudio de fondo de los cargos.

Tales requerimientos de técnica, se reitera, no constituyen un culto a la forma sino  que son ingredientes jurídico lógicos de la racionalidad del recurso; constituyen su debido proceso y son imprescindibles e insoslayables para que aquél no se desnaturalice y termine convertido en una tercera instancia no prevista en la ley.

Ha reiterado, además, la Corte, en numerosas ocasiones, que este recurso extraordinario no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, ya que la labor de ella, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Puesto de presente lo anterior, encuentra la Sala que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario presenta deficiencias de orden técnico, los cuales impiden adentrarse en el estudio del cargo orientado por la vía directa; defectos que la Corte no puede subsanar por virtud de la naturaleza dispositiva del recurso, como se pasa a señalar.

Uno de aquellos requisitos es la fijación del alcance de la impugnación, por parte del recurrente, previsto en el numeral 4 del artículo 90 del CPTSS.

Ha indicado la Corte en múltiples fallos que el alcance de la impugnación debe contener  la indicación de lo que se debe casar, es decir, la parte de la sentencia acusada que debe quebrarse, o la manifestación sobre la totalidad de la misma, conforme a las circunstancias del caso; y, además, se debe señalar la actividad de la Corte en sede de instancia, o sea, precisar si el fallo de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y, en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo.

Sabido es que el recurso de casación se desenvuelve en las fases de estudio  de la legalidad del fallo gravado y la de anulación -en su caso- del mismo, procediendo la Corte como tribunal de instancia a proveer sobre lo principal de la litis. Pero  esta segunda parte no puede realizarse si el recurrente no ha suministrado el alcance de la impugnación, o sea, no ha expuesto a la Corte  si se persigue confirmación, revocatoria o modificación de la sentencia de primera instancia, deviniendo entonces en incompleto o ineficaz tal alcance.

Dada la naturaleza dispositiva del recurso la Corte, salvo claras excepciones en las que resulta notorio el objeto del censor, no puede suplir el silencio del recurrente al respecto incurriendo en suposiciones o presunciones acomodaticias sobre la real voluntad de éste, distorsionando de paso el obligatorio principio de imparcialidad que su calidad de juez le apareja.

Acá, como se dijo, el recurrente, de manera escueta, manifiesta que con los cargos que formula (pero solo formula uno), pretende casación parcial de la sentencia de segunda instancia, para que se casen los numerales primero y tercero de la parte resolutiva de la misma, nada más.

En primer lugar, la parte resolutiva de dicha sentencia, no tiene tres sino dos numerales: el primero confirma el fallo de primera instancia y, el segundo, impone costas en la segunda. Se estaría, pues, admitiendo las costas, conducta denotativa de aceptación sobre el fracaso del recurso y de la sinrazón del mismo; pero, luego de casarse el numeral primero de la parte resolutiva, queda la Corte sin saber cuál es la aspiración del recurrente en lo concerniente a la sentencia de primera instancia, la cual contiene cuatro numerales, por lo que no puede la Sala, como se advirtió, entrar en suposiciones para, con abdicación de su carácter imparcial, reemplazar la voluntad del censor.

Tal omisión, de por sí, torna inestimable el cargo. Al respecto ha dicho la Corte:

“...Aunque prosperara el recurso, no podría hacerse modificación alguna sobre la sentencia de primera instancia, porque no se pidió de ella confirmación, ni revocatoria, ni modificación. Lo anterior hace que el alcance de la impugnación sea incompleto o ineficaz”.

Por lo demás, el alcance de la impugnación, también lo tiene explicado la jurisprudencia, es el petitum de la demanda de casación, por lo cual sin él es inestimable el recurso...” (CSJ, Sent. Mayo 17/73)

Sin embargo, además de lo anotado, es de señalar que ejercita el censor en la formulación del cargo una notable precariedad técnica.

En efecto, no obstante estar orientado el ataque por la senda de puro derecho, incurre el recurrente en el desatino de incluir argumentaciones de naturaleza fáctica y probatoria, que solo son posibles de planteamiento por la vía indirecta. Así, censura el que, a pesar –según él- de la claridad de las pretensiones de la demanda, en la que, asevera, la entidad demandante solo pedía la rebaja de la pensión de su mandante porque se le habían liquidado primas sobre las que no había aportado a la entidad de previsión, el ad quem se había centrado en expresar que al 29 de enero de 1985, fecha de expedición de la Ley 33 de 1985, la demandada no tenía 15 años de servicios, y que tal situación nunca había sido materia de debate jurídico en las pretensiones de la demanda, por lo que no existía congruencia entre lo solicitado y lo declarado por el tribunal, al haber utilizado en el fallo una disposición normativa que no regulaba el caso controvertido sobre los factores salariales que habían sido tenidos en cuenta para efectos de la liquidación de su pensión; todo lo cual implica que la Corte deba desplazarse fuera de la sentencia para verificar el texto de la demanda, y ubicar los factores salariales tomados en cuenta para liquidar la pensión de marras, a efectos de corroborar si eran o no previstos en la disposición normativa reputada como aplicada indebidamente, lo que es absolutamente incompatible con el sendero directo seleccionado para el ataque.

Además, es de advertir, que si los asertos mencionados fueran admisibles en la vía propia de los mismos, se encontraría la Corte con que la incongruencia pregonada por la censura existe realmente, pero no propiamente en el ad quem sino en las afirmaciones del censor; así, es evidente que la transcripción que se hace del punto 3.1 de la demanda no corresponde realmente al mismo, ya que en la cita hecha en el recurso aparece un nombre, con cédula, además, no correspondiente a la demandante de este proceso, cuyo nombre es Zoraida Sabogal, y el que se menciona allí es el de Olga Cadena Corrales; no es cierto, además, que la Universidad, en este proceso, a diferencia de otros, haya solicitado la evaluación de la liquidación de la pensión de la actora, sino que lo que se pidió fue la exoneración de la misma porque no cumplía los requisitos para pensionarse aún y no serle aplicable la convención colectiva en materia pensional por su carácter de empleada pública; como tampoco corresponde a la verdad el expresar que el Tribunal se hubiera centrado en manifestar que la demandada no tenía 15 años de servicios para cuando entró en vigencia la Ley 33 de 1985.

Y, de allí en adelante, el recurrente se precipita en un descalabro fáctico total al aludir a consideraciones no correspondientes al fallo del ad quem en este proceso, incongruencias y discordancias éstas que a lo que llevan es a preguntarse si en realidad correspondían a una sustentación del cargo anunciado para esta litis (fl. 10). Luego, ante imputaciones y supuestos no correspondientes a la sentencia cuestionada es obvio que ésta ninguna mengua sufre con la sui géneris censura, puesto que sus reales motivaciones, no atacadas, quedan incólumes.

Es de decir, además, que la réplica incurre también en la misma irregularidad procesal del censor, puesto que sus argumentaciones  hacen referencia, como las de aquél, a consideraciones que el Tribunal nunca hizo (fl. 23), ni que el recurrente realizó, (fl. 24). Al parecer, pues, hubo extravió de destino de parte y parte, ya que las motivaciones son propias, como se dijo, de circunstancias de otros procesos en donde actúa la misma entidad demandante en contra de pensionados por la misma pero con un objetivo litigioso diferente.

El cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 5 de agosto de 2005, en el proceso ordinario laboral promovido por la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO en contra de ZORAIDA SABOGAL ALDANA.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Sin costas en el recurso extraordinario.

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN   GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS                   LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ

CAMILO TARQUINO GALLEGO                  ISAURA VARGAS DÍAZ

                               MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA

                                                     Secretaria

2

 

×