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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
Radicación No. 31142
Acta No. 05
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil nueve (2009).
Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de casación interpuesto por LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, a través de apoderado judicial, con el que recurre la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil – Familia – Laboral, el 18 de agosto de 2006, dentro del proceso ordinario laboral que promovió MILDRED CERCHAR DE LA ROSA en contra de la recurrente y de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. “COLFONDOS S.A.”.
ANTECEDENTES
La recurrente, condenada –el 2 de marzo de 2006- por el a quo, Juez Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, a pagar a MILDRED CERCHAR DE LA ROSA, cónyuge supérstite de José Daza Caldera, y a dos hijos menores de ambos, pensión de sobrevivientes desde el 18 de diciembre de 2001, en cuantía de salario mínimo legal vigente, más intereses moratorios y costas, derivada de accidente de trabajo, cuestiona la sentencia de segunda instancia de fecha y origen antecitados, confirmatoria de tal decisión.
El causante, conductor de buseta de servicio público, murió a tiros, el 17 de diciembre de 2001, como consecuencia del enfrentamiento personal que tuvo, mientras conducía su vehículo, con otro conductor de vehículo similar con el que se disputaba los pasajeros en la vía, dentro de la llamada “guerra del centavo”.
Ante la solicitud de prestaciones hecha por la cónyuge supérstite, ambas denegaron la petición: Colfondos (AFP) estimó que se trataba de un accidente de trabajo, y La Equidad (organismo cooperativo que administraba los riesgos laborales del de cujus) consideró que era un suceso común.
Posturas que mantuvieron al contestar la demanda inicial con que la accionante los convocó al plenario laboral.
Colfondos, en resumen, dijo que, mediante la objeción DBP -0154-03 de 22 de enero de 2003, había negado la prestación basado en que las causas que originaron el deceso del señor Daza Caldera eran consecuencia de un accidente de trabajo, riesgo no cubierto por esa entidad.
La Equidad, a su vez, arguyó que el incidente había sucedido en la vía pública y no dentro del vehículo conducido por la víctima, ni por consecuencia de realizar su trabajo como conductor, sino por un hecho aislado a sus labores cotidianas y por haberse involucrado en esa riña, por lo que no podía considerarse como accidente de trabajo; que había existido culpa exclusiva de la propia víctima y no existía nexo causal entre las lesiones del trabajador y su trabajo. Propuso las excepciones de prescripción, buena fe, inexistencia de los derechos y acciones pretendidos con la demanda, culpa exclusiva de la propia víctima y la de conducta extralaboral del trabajador.
Las instancias culminaron conforme a lo atrás reseñado.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Tribunal conoció del asunto por apelación de las partes, con el resultado ya mencionado.
El ad quem, de entrada, controvirtió la tesis de La Equidad sobre el origen común del percance en que perdió la vida el señor Daza Caldera y, por el contrario, estimó que la circunstancia de la riña entre los conductores, fruto de la guerra del centavo, no desvirtuaba el que el suceso sobreviniera por causa o con ocasión del trabajo, ya que estaba al servicio de la empresa empleadora cuando prestaba sus servicios como conductor, lo cual implicaba relación con la labor al haberse producido durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad al desplazarse por las rutas asignadas, cumpliendo la labor de transporte de pasajeros y al derivarse la gresca de la actividad subordinada que cumplía, evento que el ad quem calificó como un suceso repentino que sobrevino por causa o con ocasión del trabajo.
Asentó, además, el Colegiado, la imposibilidad de predicar culpa grave de la víctima, por no estar dicho ingrediente contemplado legalmente como eximente de responsabilidad de la ARP en el pago de la pensión de sobrevivientes.
Señaló la ausencia de causal alguna de exculpación de responsabilidad en cabeza de La Equidad y, además, consideró que el aviso de accidente de trabajo no tenía porque darse por escrito, por lo que otorgó validez al reportado por la jefe de personal de Cootraupar, Saida Vargas. Indicó, por otra parte, que la extemporaneidad del reporte de accidente no es eximente de responsabilidad de la aseguradora.
Así argumentó el ad quem:
“No comparte esta corporación la hipótesis planteada por el jurista que defiende los intereses de LA EQUIDAD, en cuanto se le absuelva del pago de la prestación económica que se impuso en la sentencia, al abrigo de que el percance en que perdió la vida el señor DAZA CALDERA, se presume de origen común y por su propia culpa y no por un accidente de trabajo, (…)”
“ El que el insuceso hubiera sido fruto de la riña que se produjo entre los transportistas por ruta de la guerra del centavo que es de gran ocurrencia entre los dependientes de las empresas que prestan dicho servicio y que a la postre éstas son sus beneficiarias, no desvirtúa que el suceso sobrevino por causa o con ocasión del trabajo que ejecutaba el señor DAZA CALDERA cuando estaba al servicio de la empresa empleadora; lo que quiere decir que el accidente ocurrió por causa o con ocasión del trabajo, es decir, cuando el asalariado prestaba sus servicios de conductor y lo cual implica que el accidente sí tuvo relación con el trabajo, razón para que no le sea opuesto a ello los riesgos comunes o ajenos al trabajo a que se refiere el apoderado de la recurrente.”
“No puede desconocerse que la muerte de DAZA CALDERA fue fruto de un accidente de trabajo por haberse producido durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, pues no otro sentido tiene el que el chofer se desplace por las rutas asignadas con el propósito de transportar los pasajeros que soliciten su servicio a cambio de una contraprestación. Situación por la cual no cabe decir que el asegurado no estuviera desarrollando actividades propias de su condición de trabajador dependiente y sin que importe que cuando ocurrió el percance estuviere dentro o fuera de la buseta que conducía, pues a la sazón la gresca que dio con su muerte se produjo como consecuencia del contrapunteo o regateo con su homólogo deviniendo ello del trabajó ejecutado y el cual se califica como un suceso repentino que sobrevino por causa o con ocasión del trabajo que desarrollaba dicho conductor.”
“ No cabe predicar que hubo culpa grave de la víctima en la ocurrencia del accidente para efectos de pretender que se exonere de responsabilidad pecuniaria a la aseguradora de riesgos profesionales, pues la culpa del trabajador en la ocurrencia del accidente no está contemplada como tal para liberar a la ARP, del pago de la pensión de sobreviviente, toda vez que por tratarse de un típico contrato de responsabilidad objetiva tal como lo precisó la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en sentencia del 19 de febrero de 2002, en que precisó que aunque medie el hecho del trabajador, el hecho de un tercero o la fuerza mayor, tales circunstancias en nada afectan la responsabilidad que actualmente corresponde a la entidad aseguradora de riesgos profesionales, razón para que resulte irrelevante que el accidente haya ocurrido por culpa del trabajador para los efectos de los derechos económicos que reclaman los demandantes.”
Lo anterior pone de presente que no se ha dado ningún caso de exculpación de responsabilidad en cabeza de la aseguradora de riesgos profesionales según la terminología del artículo 10 del Decreto 1295 de 1994, como cuando el accidente se produce en ejercicio de actividades diferentes aquéllas para las que fue contratado el trabajador. Es decir, las diferentes a las contratadas, igual que se contempla también corno segunda circunstancia excluyente de! accidente de trabajo el que se produzca en desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, lo mismo que se excluye también el accidente de trabajo que se produzca fuera de! lugar del trabajo durante los permisos concedidos al trabajador. Pero no éstos los casos sucedidos en autos, sino, que por el contrario, la muerte de DAZA CALDERA, tuvo ocurrencia en un suceso repentino que sobrevino por causa o con ocasión del trabajo.”
“El otro argumento que exhibe LA EQUIDAD, para efectos de obtener la revocación de la condena proferida en su contra, dice relación a que no se debe admitir el reporte del accidente que rindió el empleador por su extemporaneidad, habida cuenta que fue suministrado tres meses después de su ocurrencia, pues si bien el artículo 62, inciso 2, del Decreto 1295 de 1999 previene que todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad; no exige la misma disposición que deba ser por escrito y que no se tenga corno reportado el accidente que se suministre de manera verbal.”
“Entonces, como la Jefe de Personal de COOTRAUPAR L TDA, señora SAlDA YURLEY VARGAS QUINTERO (fl. 254 a 256), manifestó en el testimonio que rindió ante el instructor que inmediatamente ocurrió el accidente se informó a la aseguradora de riesgos profesionales y con lo cual se entiende avenido el comportamiento empresarial sobre el punto que exige la disposición acabada de mencionar; por manera que la extemporaneidad del reporte de accidente (fI. 197 a 200) no excluye de responsabilidad a la aseguradora por cuanto ello no está previsto en disposición legal alguna como sanción para el empleador que no suministre dicho informe, como sí lo están previstos las eventualidades excluyentes que se mencionaron enantes, razón para que carezca la argumentación esgrimida por el acucioso togado de la aseguradora condenada, de fundamento prohijante alguno, más cuanto que la circunstancia anotada no está erigida en pérdida de! derecho a la pensión de sobreviviente.”
“En punto a la alegación de la apoderada de los demandantes respecto a que se revoque la absolución proferida para que se imponga condena por concepto de perjuicios materiales y morales, hay que decir que ello no es procedente porque no se acreditó que el accidente de trabajo fuente de las pretensiones de la demanda se hubiera producido por culpa grave de! empleador o por su dolo, pues conforme al artículo 216 de Código Sustantivo del Trabajo, que tuvo como fuente normativa al artículo 2341 del Código Civil, al disponer que: “Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios” apuntalando la doctrina que para que opere la responsabilidad subjetiva se requieren la concurrencia de los cuatro elementos que se describen a continuación”.
“(i) Una conducta humana, es decir, el referente a la circunstancia de que un hecho ilícito es imputable a una persona, sin tener en cuenta la intervención de su voluntad en la causación del hecho, (ii) que el autor del daño haya obrado con dolo o culpa (elemento subjetivo o de origen psicológico): (iii) un daño o perjuicio y (ív) un nexo causal entre el daño y la culpa. Lo que quiere decir que el régimen de reparación plena se aparta del sistema de reparación tarifado que obra en los casos en que no se discute la culpa patronal, pues según la Corte, cuando se produce un accidente de trabajo sin que medie culpa del empleador, al trabajador le corresponde probarlo, y una vez demostrado tiene derecho a la indemnización señalada. En cambio si el accidente se produce por culpa imputable al empleado, le corresponderá al trabajador demostrar el accidente de trabajo, la culpa de! patrono, la existencia de perjuicio y el valor de éste.”
“Ninguna actividad probatoria desarrollaron los demandantes con fines de acreditar, se repite la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo que sirve de báculo a la recabación de los perjuicios materiales y morales que se procuran por ruta vertical, puesto que se contentó este sector de la litis con el informe evaluativo del accidente rendido por Global Red Bogotá Ltda.,en el que dice que la muerte de DAZA CALDERA fue producto de una riña por cuestiones de la denominada guerra del centavo, y que mientras exista esta guerra no se podrá evitar roce entre los conductores de las diferentes empresas transportadoras (fls. 182 y 183). Lo que significa que los promotores del proceso no demostraron los presupuestos axiológicos para la operancia de la indemnización de perjuicios, cuestión diferente ocurrió con la responsabilidad objetiva que llevó al juzgador de instancia a condenar a LA EQUIDAD al pago de la pensión de sobreviviente sin importar que el insuceso hubiera tenido ocurrencia por culpa del trabajador ora del empleado. En consecuencia se confirmará la sentencia (…)”
EL RECURSO DE CASACIÓN
Fue interpuesto por LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y replicado.
Formula un cargo, por la causal primera de casación.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que la Corte case totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, aspira a que “modifique en su totalidad el fallo recurrido y por ende el de primera instancia como consecuencia de lo solicitado anteriormente, y consecuentemente, absuelva a mi representada (…) de las pretensiones de la demanda, de las condenas decretadas y provea en costas como corresponda.”.
CARGO ÚNICO
Lo presenta así:
“Acuso a la sentencia recurrida por la causal primera de Casación contemplada en el artículo 60 del Decreto Ley 528 de 1964, modificado por el artículo 7 de la ley 16 de 1969, esto es, de ser violatoria por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1°, 18 y19 del CST, art. 5° de la ley 57 de 1887, art. 8° de la Ley 153 de 1887, arts. 1, 11, 15, 41, 42, 43, 46, 47, 249 y 255 de la Ley 100 de 1993; arts. 1, 2, 8, 9, 10, 12 del Decreto 1295 de 1994, en relación con los artículos 1530, 1536, 1537, 1539, 1542, 1626 Y 1627 del Código Civil, así como con las siguientes disposiciones procesales infringidas de medio: Artículo 48, 49, 51, 60, 61, 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y con los artículos 175, 187 Y 194 del Código de Procedimiento Civil, arto 2° de la Ley 769 de 2002, CODIGO NACIONAL DE TRANSITO. “
“La violación de las anteriores disposiciones sustanciales se produjo en forma directa, como consecuencia de ostensibles errores de hecho que de modo manifiesto aparecen en autos y providencias que consistieron en:
“.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la muerte del Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, fue por un accidente de trabajo.”
.” - No dar por demostrado, estándolo, que la muerte del Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, fue por un hecho que se califica de origen común y no accidente de trabajo, porque las lesiones personales y hasta la muerte que se ocasionan en las riñas entre conductores de diferentes empresas de servicio público colectivo, originadas por la "guerra del centavo", no es un hecho "inherente a su labor" y por consiguiente no es un accidente de trabajo.”
.” - No dar por demostrado, estándolo, que la aseguradora obligada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes por causa de muerte a los demandantes, era la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. COLFONDOS, donde el causante estaba afiliado y cotizaba el riesgo de pensión para cubrir la contingencia de invalidez, vejez y muerte de origen común, puesto que se demostró que la muerte del Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, fue por un hecho que se califica de origen común y no accidente de trabajo.”
“. - No dar por demostrado, estándolo, que no se aplicó el procedimiento que establece el art. 12 del Decreto 1295 de 1994, en armonía con el art. 41 y subsiguientes de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, para calificar el origen real del hecho que le ocasionó la muerte al Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, ante las discrepancias en el origen de su muerte entre las aseguradoras LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA y COLFONDOS”
“Los errores de hecho antes mencionados se originaron en la falta de apreciación de las siguientes pruebas:
“6.- PRUEBAS NO APRECIADAS:
.- AVISO DE OBJECION DBP-0154-03 DEL 22 DE ENERO DE 2003, expedido por COLFONDOS con destino a la Sra. MILDRED EUGENIA CERCHAR DE {}LA ROSA..- OFICIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2003, que LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA remite a MILDRED CERCHAR DE LA ROSA, donde hace objeción a su reclamación hecha por vía de tutela, debidamente recibida por dicha Señora.”
“El EXPEDIENTE que contiene el PROCESO PENAL POR EL delito DE homicidio CONTRA EL Sr. JOSÉ ANTONIO CARRILLO MERCADO, por la muerte del señor JOSÉ ALBERTO DAZA CALDERA, el cual cursó en el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR (Cesar), por no.haberse solicitado no se apreció, donde se encuentra toda la investigación y eÍ juicio por la muerte violenta del Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, ya que el victimario fue condenado a 16 años de prisión y otras penas accesorias, y la SENTENCIA condenatoria se encuentra debidamente notificada y ejecutoriada.”.
“. - El INTERROGATORIO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE COLFONDOS, absuelto en la audiencia por el Sr. ALDO NIETO CALLE GUETE, quien no era el Representante Legal de COLFONDOS y así se confirmó, dejándose constancia de la aplicación del arto 210 del C.P.C. por disposición del art. 145 del C.P.L., por inasistencia injustificada del titular del cargo.”
“7.- DEMOSTRACION DEL CARGO:”
“.- Con el AVISO DE OBJECIÓN DBP-0154-03 DEL 22 DE ENERO DE 2003, expedido por COLFONDOS con destino a la Sra. MILDRED EUGENIA CERCHAR DE LA ROSA, esa compañía determina que la muerte del Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA se califica de accidente de trabajo, por consiguiente ella no es la llamada a reconocer y pagar la pensión por muerte a los reclamantes, sino la A. R.P. donde estaba afiliado el causante.”
“. - Con el OFICIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2003, que emite LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA y remite a MILDRED CERCHAR DE LA ROSA, objeta la reclamación hecha por vía de tutela por la muerte del Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, oficio que fue debidamente notificado a la reclamante, y donde se determina que la muerte del citado señor DAZA fue por un hecho calificado de origen común y no por un accidente de trabajo, lo que se demuestra con la investigación privada contratada por LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, con la empresa GLOBAL RED BOGOTA LTDA- Organización Internacional de Investigaciones y Seguridad, de fecha 30 de septiembre de 2003, para que investigara los hechos y motivos por los que perdió la vida el Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, donde se determina que la causa de la muerte de dicho señor fue por una riña callejera que el provocó, o sea se califica ese hecho de origen común y no de accidente de trabajo, por consiguiente la reclamación para el reconocimiento y pago de la pensión por causa de muerte, correspondía al Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS donde el causante se encontraba afiliado.”
“Con los documentos anteriores, había que dar por demostrado en el proceso, que no se aplicó el procedimiento que establece el art. 12 del Decreto 1295 de 1994, en armonía con el arto 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, para calificar el origen real del hecho que le ocasionó la muerte al Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar en primera instancia y en segunda instancia por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, dadas las ostensibles e irreconciliables discrepancias en el origen de su muerte por COLFONDOS y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, lo que necesariamente el Juzgado debía ordenar de oficio esa prueba pericial para determinar el verdadero origen de la muerte del Sr. DAZA CALDERA, ante la ausencia de petición de esa prueba por la parte demandante, que era la llamada a pedida y probar el cargo correspondiente.”
“. - No se allegó al proceso el EXPEDIENTE que contiene el PROCESO PENAL por el DELITO de HOMICIDIO contra el Sr. JOSE ANTONIO CARRILLO MERCADO, condenado a 16 años de prisión y otras penas accesorias, por la muerte del Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, proceso que cursó en el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE V ALLEDUPAR (Cesar), y por no haberse solicitado a pesar de pedirse de nuestra parte, no se apreció, y allí se encuentra toda la investigación y el juicio por la muerte violenta del Sr. DAZA CALDERA, Y la SENTENCIA condenatoria se encuentra debidamente notificada y ejecutoriada. Estas copias del expediente penal, le hubieran dado mucha claridad al fallador de éste proceso laboral para determinar las condenas contra la entidad que realmente tenía que reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a los demandantes por la muerte del Sr. DAZA CALDERA”.
“. - El 21 de febrero de 2006, al realizar la SEGUNDA AUDIENCIA DE TRAMITE, al proceder a recepcionarse el INTERROGATORIO DE PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE COLFONDOS, se presentó en la audiencia el Sr. ALDO NIETO CALLE GUETE, alegando que era el Representante Legal de dicha compañía para absolver el interrogatorio de parte ordenado en éste caso, pero en el desarrollo del interrogatorio se demostró que él no era el Representante Legal de COLFONDOS, y así se confirmó en la audiencia, por lo tanto el Sr. Juez deja constancia de la inasistencia injustificada del titular del cargo y darle aplicación al arto 210 del C.P.C. por disposición del arto 145 del C.P.L.,situación que no se observa por ninguna parte en elfillo de primera y menos en el fallo de segunda instancia, ahora recurrido en casación, a pesar que esa conducta se califica de confesión ficta o presunta, y se presumirán como ciertos los hechos de la demanda y las excepciones de mérito, o al menos es un indicio grave contra la parte citada que no comparece, tal como sucedió en éste caso y no se tuvo en cuenta al momento de fallar el proceso, para determinar que la causa de la muerte del causante fue por un hecho que se califica de origen común y no de accidente de trabajo, por consiguiente la condena por el reconocimiento y pago de la pensión por causa de muerte, correspondía al Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS donde el causante se encontraba afiliado.”
“El Sr. Juez del conocimiento al fallar el caso, determina con la investigación privada contratada por LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, con la empresa GLOBAL RED BOGOTA LTDA.- Organización Internacional de Investigaciones y Seguridad, de fecha 30 de septiembre de 2003, que los motivos por los que perdió la vida el Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, fue por una riña callejera que el provocó como producto de la "guerra del centavo" entre los conductores de vehículos de servicio público colectivo en Valledupar, o sea que califica ese hecho ilegal y anormal en las Relaciones obrero patronales de la "guerra del centavo" entre conductores de diferentes empresas, como un hecho "inherente a su labor" (Ver último párrafo, hoja 7, sentencia de 1ª instancia), por consiguiente el fallador considera ese hecho ilegal y anormal entre las relaciones obrero patronales y entre conductores de diferentes empresas, como un hecho que puede originar un accidente de trabajo cuando dos (2) conductores de diferentes empresas se enganchan en una riña callejera y a tiros por esa "guerra del centavo", actividad que se encuentra totalmente prohibida por la Ley y las autoridades competentes para conocer del tráfico de vehículos de servicio público, puesto que en el art. 2°. de la Ley 769 de 2002, CODIGO NACIONAL DE TRANSITO, se define al CONDUCTOR así: "Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo". Ello nos indica por simple lógica, que el CONDUCTOR de un vehículo de servicio público que transporta pasajeros, no lo habilitaron y capacitaron técnica y teóricamente para salir a cazar riñas callejeras con otros conductores, y menos para agredirse a tiros en plena vía pública por la mal llamada "guerra del centavo". En éste caso el Sr. DAZA CALDERA y su victimario, por responsabilidad directa de las empresas que los contrataron como conductores, definitivamente no estaban habilitados ni capacitados técnica y teóricamente para operar un vehículo de servicio público colectivo para transporte de pasajeros..- No le es dable al Juzgador en sus providencias legalizar situaciones como la "guerra del centavo" entre conductores de diferentes empresas de servicio público colectivo, para determinarlo como un hecho "inherente a su labor" (Ver último párrafo, hoja 7, sentencia de P. instancia), por consiguiente el fallador traspasó los poderes que le otorga la ley como director del desarrollo del proceso, al reconocer en éste caso que la muerte del Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, fue por una riña callejera que el provocó como producto de la "guerra del centavo", y que esa riña callejera donde le segaron la vida a tiros, es un accidente de trabajo.”
“. - En igual yerro incurre el Ad Quem al confirmar en su totalidad la Sentencia del A QUO, dado que reconoce también como accidente de trabajo el insuceso donde perdió la vida el Sr. DAZA CALDERA, y al respecto de esa muerte manifiestan: "sobrevino por causa o con ocasión del trabajo que ejecutaba el señor DAZA CALDERA, cuando estaba al servicio de la empresa empleadora; lo que quiere decir que el accidente ocurrió por causa o con ocasión del trabajo" (...). (Ver segundo párrafo, hoja 9, Sentencia segunda instancia), y continúa expresando el Ad Quem, "pues a la sazón la gresca que dio con su muerte se produjo como consecuencia del contrapunteo o regateo con su homologo" (Ver primer párrafo, hoja 10, Sentencia segunda instancia”
“ Por lo reconocido y aceptado en el fallo de segunda instancia, el Tribunal entra a desconocer en forma directa la anormalidad e ilegalidad de una riña callejera que el Sr. DAZA CALDERA provocó por la "guerra del centavo" entre los conductores de vehículos de servicio público colectivo en Valledupar, por consiguiente el fallador no podía considerar ese hecho ilegal y anormal entre las relaciones obrero patronales y entre conductores de diferentes empresas, como un hecho que puede originar un accidente de trabajo, ya que las lesiones personales y hasta la muerte ocasionada en una riña callejera con intervención de armas de fuego entre los contrincantes por esa "guerra del centavo", es un hecho que se califica de origen común por estar esa actividad totalmente prohibida por la Ley y las autoridades competentes para conocer del tráfico de vehículos de servicio público.”.
“. - Con el REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO sobre la muerte del Sr. DAZA CALDERA que sucedió el 17 de diciembre de 2001, remitido a LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA mediante el Oficio de fecha 18 de marzo de 2002, suscrito por la Jefe de Personal de COOTRAUPAR LTDA. como patrono del Sr. JOSE ALBERTO DAZA CALDERA, REPORTE que es totalmente extemporáneo y no acorde con la Ley, ya que ese REPORTE se pasó tres (3) meses después de ocurridos los hechos, queda igualmente verificado que la muerte del mencionado trabajador fue causa de una anormal e ilegal riña callejera que el Sr. DAZA CALDERA provocó por la "guerra del centavo",con el conductor de otro vehículo de servicio público colectivo en Valledupar, quien le segó la vida a tiros en forma injusta, pero no indica que esa muerte sea causa inherente a sus labores y menos que sea un accidente de trabajo, ya que no hubo origen directo en el riesgo generado por la actividad económica a la que se dedica su empleador, que es transportar pasajeros en vehículos de servicio público colectivo, actividad que se hace por medio de conductores idóneos, ya que como lo ordena el arto 2°. De la Ley 769 de 2002, CODIGO NACIONAL DE TRANSITO, se define al CONDUCTOR así: "Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo", pero en éste caso no existía esa idoneidad de parte del causante, y por ello su muerte en una riña callejera no es un accidente de trabajo, además que el empleador no lo reportó dentro del término de ley de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del hecho a LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, y la declaración de la ex jefe de Personal de COOTRAUPAR LTDA, Sra. SAlDA VARGAS QUINTERO, que ese reporte lo había hecho dentro del término en forma verbal a LA EQUIDAD, no se puede tomar en serio ni tiene valor probatorio alguno, porque en ninguna norma sobre la Seguridad Social Integral, sobre todo lo referente a Riesgos Profesionales, se ha determinado que los supuestos accidentes de trabajo se reportan verbalmente a las aseguradoras o A R.P., por consiguiente carece de valor probatorio la afirmación que hizo en su declaración la Sra. SAIDA V ARGAS QUINTERO, de haber reportado verbalmente la muerte del Sr. DAZA CALDERA a mi representada, y así, debió el Tribunal manifestarse en la providencia ahora recurrida. En los términos anteriormente expuestos, con todo respeto me permito dejar sustentado el RECURSO DE CASACION, interpuesto contra la SENTENCIA de segunda instancia, por lo que pido se le de trámite a la presente demanda.”
LA RÉPLICA.
La demandante se opuso al recurso. Pone de presente defectos de técnica y señala que no existen errores de hecho que atribuir al Tribunal.
Colfondos, por su parte, señala también defectos de técnica en la censura. Se pronuncia respecto de las pruebas reputadas como no apreciadas.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Como recurso extraordinario que es, que implica la posibilidad de extinguir trascendentes actos jurisdiccionales como lo son las sentencias, provenientes, por lo general, de un tribunal superior, las cuales están protegidas por presunciones de acierto y legalidad, el ejercicio de la casación está, de un lado, restringido, pues no todas las sentencias son susceptibles del mismo y, de otro, sometido a previsiones y requisitos legales y jurisprudenciales.
En desarrollo de tal marco, una vez más debe la Sala reiterar que la demanda de casación debe avenirse al rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen, acatando las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, pues un acto procesal de esta naturaleza y categoría está sometido en su formulación a una técnica lógico-jurídica especial y, hasta cierto punto, rigurosa, que al incumplirse conduce a que el recurso extraordinario resulte inestimable imposibilitando el estudio de fondo de los cargos o dando al traste con los mismos.
Ha de insistirse también en que éste medio extraordinario de impugnación no constituye una tercera instancia y, por ende, no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito con el objeto de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Corporación, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones, al proferirla, vulneró o no la ley sustancial de alcance nacional a la que debía recurrir para rectamente dirimir el conflicto.
El recurso de casación propende – como se dijo - por el imperio de la ley sustancial, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas “causales”): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª).
A su vez, la violación de la ley sustancial (o causal primera), puede darse a través de las llamadas vías directa o vía indirecta.
En la vía directa, el fallador quebranta aquella ley mediante tres posibilidades:
La inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta erróneamente (interpretación errónea), o la aplica indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.
La violación por la vía directa implica llegar el juzgador a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el sentenciador obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento o discusión todo lo relativo a las pruebas del proceso o a aspectos netamente fácticos.
A su turno, se violará la ley sustancial de alcance nacional, por la vía indirecta, cuando el tribunal estime erróneamente o deje de estimar algún medio de prueba. Tal proceder lo conducirá a cometer errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está o en no tener por probado lo que realmente sí lo está; el primero, (conocido como “de hecho”), es factible de cometerse –en la casación del trabajo- sólo respecto de la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, el segundo, (llamado “de derecho”), sobre las llamadas pruebas solemnes.
No es posible construir los cargos, con los cuales se acusa la sentencia, realizando la mezcla de las dos vías, pues, a cada una corresponde, estrictamente y, en sana lógica, una específica presentación argumentativa.
Dentro del marco sintéticamente bosquejado ha de dirigirse o enfocarse correctamente el ataque a la sentencia mediante el recurso de casación.
En desarrollo de lo anotado, al analizar el cargo presentado, se observa que no está llamado a ser estimado, ante la serie de deficiencias técnicas que, en conjunto, generan esa consecuencia.
En primer lugar, en lo relativo al alcance de la impugnación, se observa que, aun cuando se depreca que se case totalmente el fallo recurrido, a continuación se pide que se le modifique totalmente, lo cual es un imposible, dado que, una vez casado íntegramente, el fallo deja de existir, se extingue en el universo jurídico y, por ende, ninguna operación se podrá ya ejecutar sobre el mismo por parte de la Corte.
En cuanto a la vulneración legal que se imputa, dice el recurrente que el ad quem transgredió, por vía directa, el catálogo normativo que enlista al presentar el cargo y, a renglón seguido, reitera - lo que no deja duda sobre la ausencia de lapsus al respecto - que tal violación se produjo “en forma directa”. Sin embargo, inmediatamente expresa que tal violación fue producto de ostensibles errores de hecho manifiestos que en número de cuatro suministra.
Lo anterior implica una inaceptable e incomprensible mixtura entre vías directa e indirecta que, de por sí, torna en inestimable el cargo. En efecto, como se reseñó al diagramar atrás el recurso extraordinario de casación, cuando se enrostra al juzgador el quebranto de la ley sustancial de alcance nacional por vía directa, ello implica, para el recurrente, conformidad absoluta con lo que el fallador tuvo o no por probado de acuerdo a la apreciación que dio a los medios de instrucción, por lo cual la argumentación del censor deberá desplazarse, totalmente, sobre aspectos netamente jurídicos; es decir, definir y concretar si el fallador transgredió la ley por dejar de aplicarla o por rebelarse contra la misma, por otorgarle una inteligencia o entendimiento erróneos, por aplicarla a un caso no gobernado por ella, o por darle un alcance que no tiene (infracción directa, interpretación errónea o aplicación indebida).
En cambio, cuando se predica que el sentenciador tuvo por probado algo que en realidad no lo está o, por el contrario, no tuvo por acreditado lo que sí lo está, por no haber apreciado un medio de prueba calificado (documento auténtico, inspección judicial o peritazgo), o uno solemne, o haberlo hecho pero en forma errónea, se estará en presencia de un error de hecho o de derecho. Es decir, cuando se alega que el juzgador vulneró la ley por vía directa, no es posible pregonar que ello se debió a error de hecho o a error de derecho ya que, conforme se explicó, estas son categorías de yerros propias, absolutamente, de la vía indirecta, o sea, del campo de las pruebas.
Mal podía, entonces, la censura, predicar violación directa de la ley sustancial y respaldar tal aserto en la comisión de presuntos errores de hecho por parte del Tribunal.
Con todo, si en flexible amplitud la Sala estimase que el quebranto normativo predicado respecto de aquél es por vía indirecta, tampoco tendría vocación de prosperidad la acusación.
En efecto, se observa que, en el primer presunto error de hecho, se endilga al colegiado el “Dar por demostrado, sin estarlo, que la muerte del Sr. JOSÉ ALBERTO DAZA CALDERA, fue por un accidente de trabajo”, cuando, en realidad, lo acontecido en el proceso no fue que el Tribunal diera por probado que la muerte de aquél fuera por un accidente de trabajo, sino que ESTIMÓ o CONSIDERÓ, mediante un raciocinio exclusivamente jurídico, con el lógico estribo en los supuestos fácticos no discutidos por las partes (riña con otro chofer de buseta por la llamada “guerra del centavo” mientras desempeñaba el cargo de conductor, con su muerte a bala derivada de tal reyerta), que aquel evento fatal sí encajaba en la figura del accidente de trabajo. Es decir, tal conclusión del sentenciador no fue producto de una falta de apreciación probatoria o de una errónea estimación de pruebas calificadas o solemnes sino de una ponderación de aspectos netos de derecho, atinentes a la estructuración de dicha institución propia del campo de los riesgos profesionales. Por tanto, mal podía endilgársele la comisión de dicho error de hecho. Es decir, se partió de un supuesto no correspondiente a la realidad del proceso, por lo que, de entrada, la Sala debe descartar tal presunto yerro.
En cuanto a los dos siguientes supuestos errores de hecho atribuidos al ad quem, es de señalar que los mismos, en realidad, no pueden considerarse como tales, porque el estimar –como lo hace el censor en el primero de ellos- que “(…) la muerte del Sr.(…) DAZA CALDERA, fue por un hecho que se califica de origen común y no accidente de trabajo, porque las lesiones personales y hasta la muerte que se ocasionan en las riñas entre conductores de diferentes empresas de servicio público colectivo, originadas por la “guerra del centavo”, no es un hecho “inherente a su labor” y por consiguiente no es un accidente de trabajo”, y, por otro lado, considerar que COLFONDOS era quien debía pagar la pensión por ser la muerte del señor Daza producto de un hecho que se califica como de origen común (siguiente error imputado), lo que configura es una serie de planteamientos jurídicos interdependientes, incompatibles con el sendero fáctico por el que se desplaza la acusación.
En cuanto al último error de hecho imputado al Tribunal, relativo a no haberse aplicado, ante las discrepancias de La Equidad y de Colfondos, el procedimiento establecido por el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, en armonía con el artículo 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, para calificar el origen real del hecho generador de la muerte del señor Daza Caldera, es patente que, de un lado, constituye un hecho nuevo en casación, ya que no fue alegado anteriormente en las instancias, en la demanda inicial ni al impugnarse la decisión del a quo, por lo que, al tomar por sorpresa al resto de intervinientes procesales quebranta el debido proceso y el derecho de contradicción, lo que, al no ser admisible legalmente implica el que se rechace por la Sala. Por otra parte, de admitirse, es ostensible que tampoco tiene, realmente, el carácter de yerro fáctico con que se le presenta, sino que constituye también un planteamiento jurídico relativo a que debió aplicarse una determinada preceptiva y no se hizo, lo cual sitúa el asunto en el campo del submotivo de la infracción directa y no en la vía fáctica.
Con todo, aun cuando, ante la circunstancia de ser inadmisibles los presuntos errores de hecho enrostrados al ad quem, el análisis de la argumentación referente a la demostración de aquéllos deviene en innecesaria, cabe decir que, de llevarse a cabo, encontraría la Sala que las pruebas que se señalan como no apreciadas no conllevarían a estructurar yerro fáctico alguno.
Así, los avisos de objeciones de ambas administradoras (La Equidad y Colfondos), en los que cada una lo que hace es plantear que la pensión la debe pagar es la otra, por considerar la primera que la muerte del causante no fue producto de un accidente de trabajo, a lo cual se opone la segunda por considerar lo contrario, los trae a colación el censor para aseverar que, con ellos, había que dar por demostrado que no se había aplicado el procedimiento establecido por el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, lo cual, como se advirtió, implica un medio nuevo en casación y, además, un planteamiento jurídico, incompatible con la vía indirecta seleccionada al invocar errores de hecho.
El aludir a que no se allegó al proceso el expediente penal contentivo del proceso en contra del homicida del señor Daza Caldera era cuestión a argüir y a remediar en las instancias, antes del cierre del debate o ante el ad quem, conforme a los supuestos procedimentales consagrados en el rito laboral. La Sala, de otro lado, en sede de casación, y en la vía indirecta, ejercita su actuar con el estudio de pruebas obrantes en el expediente y no en las preteridas, pues solo así es posible determinar si se dejaron de apreciar o si se hizo erróneamente.
En cuanto a una presunta confesión ficta que se debió haber tomado en cuenta ante la inasistencia del verdadero representante legal de Colfondos a la diligencia de interrogatorio de parte, es de manifestar, de un lado, que constituye también un medio nuevo en casación, ya que, al respecto, nada se alegó al apelar el fallo de primera instancia; de otro lado, tanto ley como jurisprudencia han sido claras en cuanto a que, para que se produzca válidamente la confesión ficta por el motivo indicado, el juez debe concretar, para el caso, cuáles son los hechos de la demanda que se tendrán por probados y en contra de quién, circunstancia que acá no ocurrió.
Es de advertir, por otra parte, que en su exposición para desarrollar la acusación, el censor arremete contra conceptos o actuaciones del juez de primera instancia, lo cual no es de recibo en el recurso extraordinario ya que no se trata de proceso en donde se haya producido casación “per saltum” sino una litis de dos instancias.
De otro lado, el plantear, en la vía indirecta, dentro del desarrollo tendiente a demostrar errores de hecho, asuntos jurídicos como el que el Tribunal no podía entrar a desconocer la anormalidad e ilegalidad de una riña callejera provocada por la víctima como producto de la guerra del centavo y, por el contrario, considerarla tan normal que pudiera sustentar sobre ella la consideración de la existencia de un accidente de trabajo, es, como se dijo inicialmente, totalmente improcedente.
Por último, se presenta el reporte de accidente de trabajo sobre la muerte del señor Daza Caldera como un documento no apreciado, cuando lo que surge del fallo del ad quem es que, por el contrario, sobre el mismo hubo pronunciamiento expreso del fallador. Obviamente que, si ninguno de los yerros enrostrados prospera, respecto de alguna prueba calificada, mucho menos, entonces podría entrar la Sala a analizar algún otro medio no calificado.
Por otra parte, la argumentación del recurrente, encuadra más dentro de la categoría de alegato de instancia que de la argumentación lógico-jurídica propia del recurso extraordinario de casación.
El cargo, por lo expuesto, no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario, ante la réplica, serán a cargo de la recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Justicia de Valledupar, Sala Civil Familia Laboral, el 18 de agosto de 2006, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MILDRED CERCHAR DE LA ROSA en contra de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA y de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. “COLFONDOS S.A.”.
Costas en el recurso extraordinario conforme a lo indicado en la parte motiva.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ
ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA
EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ
CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ
MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA
Secretaria
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