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Casación Rad. N° 33135

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE  EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS  

Referencia: Expediente No. 33135

Acta No. 21

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil nueve (2009).

   

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de AMANDA VILLALOBOS VELÁSQUEZ, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 19 de abril de 2007, en el proceso ordinario laboral seguido por la recurrente contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL.  

I.- ANTECEDENTES.-

1.- La citada demandante cuestiona el fallo del Tribunal, en cuanto revocó la condena dispuesta en primera instancia a la indexación de la pensión que le fuera otorgada por el fallecimiento de su cónyuge, ocurrido el 30 de octubre de 1991.   

Los hechos del proceso muestran que mediante Resolución 2664 de 3 de marzo de 1997, Cajanal le reconoció a la actora pensión post-mortem equivalente al 75% de la asignación básica que su cónyuge Blas Ramón Plaza devengaba en el año de 1981, a partir del 1° de noviembre de 1991. El causante nació el 14 de abril de 1943 y prestó servicios al Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre el 14 de agosto de 1959 y el 12 de marzo de 1981; el último cargo desempeñado fue el de Recaudador de Impuestos. La forma de liquidación adoptada por la convocada a proceso se tradujo según la demanda inicial, en que se reconoció una prestación de salario mínimo, cuando se debió indexar el salario de 1981 a la fecha de causación, lo cual resultaría más equitativo habida cuenta de que el sueldo percibido por el causante era de más de tres veces el salario mínimo de la época.

2.- La demandada se opuso a las pretensiones, adujo en su defensa que el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, creó el Fondo de Pensiones Públicas que sustituyó a Cajanal en el pago de las pensiones como la reclamada. Adicionalmente, la pensión se calculó con inclusión de todos los factores salariales devengados por el fallecido.

3.- Mediante fallo de 30 de noviembre de 2005, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva condenó a la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del causante, con incidencia en el valor del derecho de la demandante; así mismo decretó la prescripción de los reajustes causados hasta el 7 de marzo de 1993.   

II.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL.-

En virtud de la apelación interpuesta por la entidad demandada conoció el Tribunal Superior de Neiva, que mediante fallo de 19 de abril de 2007, revocó el del Juzgado y absolvió a CAJANAL de todos los cargos.

  En lo que interesa al recurso extraordinario señaló el Juzgador de segundo grado que en este caso se trata de una pensión causada con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no era procedente la actualización suplicada y se apoyó en la sentencia de esta Sala de 28 de febrero de 2006, rad. N° 25509.  

III.- RECURSO DE CASACIÓN.-

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal, y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda de casación. No hubo réplica.  

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada y en sede de instancia, confirme la del Juzgado.

Con tal propósito formuló dos cargos, así:  

CARGO PRIMERO.- Acusa la sentencia por vía directa, por interpretación errónea de “los artículos 48 y 53 de }{{{{}{}{}}}{{{{}{}{}}la Constitución Política; 8° de la Ley 153 de 1887, 16 y 19 del C.S.T., en relación con los artículos 5, 44 y 45 del decreto 1045 de 1978; 27 del decreto 3135 de 1968, 73 del decreto 1848 de 1969 y 1° de la ley 33 de 1985, 21 y 36 de la ley 100 de 1993 ”.

En el desarrollo sostiene el censor que resulta equivocado sostener que por tratarse de una pensión legal reconocida antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no procede la indexación del salario base de liquidación, pues esta figura es viable a partir de la entrada en vigor de }{{{{}{}{}}}{{{{}{}{}}la Constitución Política de 1991, teniendo en cuenta que los artículos 48 y 53 prevén el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones legales.  

El cargo segundo es muy similar al anterior sólo que se invoca la modalidad de infracción directa de los artículos 48 y 53 superiores, razón por la cual la Corte procederá a su estudio en forma conjunta con el primero.  

IV.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE.-

Previamente se ha de anotar que la competencia en este proceso fue atribuida a la justicia ordinaria en la especialidad laboral por el Consejo Superior de la Judicatura, al dirimir el conflicto negativo de competencias presentado con la jurisdicción contencioso administrativa.       

La controversia jurídica del sub lite gira en torno a la procedencia de la indexación de una pensión legal, -concedida con fundamento en el artículo 1° de la Ley 12 de 1975- estructurada antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, pero con posterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 por cuanto el derecho se entendió consolidado el 30 de octubre de 1991, con la muerte del causante.

Sobre el tema de la indexación de las pensiones legales causadas en vigencia de la Constitución de 1991 y antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y que no se consideraban integradas a esta normatividad en virtud de la transición, esta Sala de la Corte en sentencia de 15 de mayo de 2007, rad. N° 28010 reiterada entre otras en las números 27667 y 27964 ambas de 27 de junio de 2007, varió su postura para acceder en eventos como el que aquí se plantea a la actualización de la primera mesada pensional. Los argumentos expuestos para justificar el giro doctrinario, fueron expuestos en la primera de las citadas providencias en los siguientes términos:  

“Recientemente, la Corte Constitucional, en las sentencias C-862 y C-891 A de 2006, refrendó el criterio de esta Corporación respecto al vacío normativo existente en torno a lo que se ha designado la indexación de la primera mesada, con anterioridad a la Ley 100 de 1993, que, estimó, contraría los mandatos 48 y 53 de la Constitución que ordenan mantener el poder adquisitivo constante de los recursos destinados a pensiones y su reajuste periódico, por lo que declaró la exequibilidad de los apartes concernientes al monto del derecho pensional consagrado en los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8° de la Ley 171 de 1961, 'en el entendido de que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor - IPC- certificado por el DANE'.

“Se aludió concretamente en tales sentencias a que las referidas normas omitían consagrar la indexación del salario base, para liquidar las pensiones de los trabajadores que se desvinculan de su empleador sin tener la edad para pensionarse, por lo que su salario necesariamente sufre la afectación derivada de la inflación.

“Con las decisiones de constitucionalidad de los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 171 de 1961, ciertamente se impone como consecuencia, la actualización de la base salarial de las pensiones legales para algunos sectores de la población, frente a los cuales no se consagró tal mecanismo, como sí se hizo respecto de otros (Ley 100 de 1993). Es decir, que dicho vacío legislativo requiere, en los términos de las reseñadas sentencias C- 862 y C-891 A, adoptar las pautas legales existentes, para asegurar la aludida corrección.

“En esas condiciones, esta Sala de la Corte modificó recientemente su posición frente al tema, para, tomando como fuente supralegal la Constitución de 1991, reconocer la actualización del ingreso base de liquidación de las pensiones legales causadas bajo la vigencia de la Carta, esto es, a partir del 7 de julio de 1991, en que entró en vigor, pues este es el fundamento jurídico que le sirvió a la Corte Constitucional sentencia de exequibilidad, bajo el entendido '…de que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor - IPC- certificado por el DANE'.

“Lo anterior, porque, al armonizar el nuevo pronunciamiento constitucional con la jurisprudencia de esta Sala en torno al tema, cabe reafirmar que, antes de la fecha indicada en que entró a regir la nueva Constitución, no existía el mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del ingreso de liquidación pensional, ni la fuente para elaborar un comparativo que cubriera el vacío legal, vale decir, con la Ley 100 de 1993”.

De conformidad con los anteriores razonamientos, que constituyen la nueva posición de la mayoría de la Sala en torno al tema, se ha de concluir que incurrió el Tribunal en los yerros jurídicos que se le endilgan y en consecuencia, los cargos prosperan y el fallo será casado en su integridad.

En sede de instancia, bastan las consideraciones expuestas como ocasión del recurso extraordinario para confirmar el fallo del Juzgado tal como fue solicitado en el alcance de la impugnación, declaración que se hace en el entendido de que el derecho se estructuró al momento de la muerte del causante y en cabeza de los beneficiarios, lo que en criterio de la Sala hace que participe de las características de una pensión de sobrevivientes, pero sin que por ello se afecte la denominación con la cual fue concedido por la demandada y se aceptó en las instancias, esto es, una “pensión post mortem”, en cuanto tal aspecto no se controvirtió por las partes.   

Se ha de precisar además, que en el recurso de apelación CAJANAL cuestionó que no se hubiera calculado el ingreso base de liquidación pensional de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero lo cierto es que esta norma no halla aplicación en el sub lite, por cuanto el derecho como se dejó establecido, fue estructurado antes de la vigencia de esa normatividad.

Referente a que CAJANAL no debía responder por las pretensiones de la demandante, en cuanto por disposición del artículo 130 de la Ley 100 de 1993 reglamentado por el Decreto 1132 de 1994, esa entidad fue sustituida por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, se ha de anotar que tal argumento del apelante no encuentra eco en la Sala, pues mientras tal entidad no desaparezca debe responder por sus obligaciones, y de todos modos ella es quien hace el reconocimiento de las prestaciones.

Así también lo ha entendido el Consejo de Estado que en sentencia de 7 de diciembre de 2006, rad. N° 238-06, Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo contencioso administrativo, sostuvo:  

“Aun cuando el inciso cuarto del artículo 130 de la Ley 100 de 1993 dispuso que a partir de 1995, todas las obligaciones por concepto de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivientes, reconocidas por la Caja Nacional de Previsión, serían pagadas por el Fondo de Pensiones Públicas, mientras Cajanal no desaparezca, sigue respondiendo por sus actos”.

Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad de los cargos; las de las instancias a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 19 de abril de 2007, en el proceso seguido por AMANDA VILLALOBOS VELÁSQUEZ contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL.  En sede de instancia CONFIRMA el fallo de 30 de noviembre de 2005, del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva.   

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

EDUARDO  LÓPEZ VILLEGAS

ELSY   DEL  PILAR  CUELLO  CALDERÓN     GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA         

Luis Javier Osorio López                 FRANCISCO  JAVIER  RICAURTE  GÓMEZ

CAMILO TARQUINO GALLEGO             ISAURA VARGAS DÍAZ

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