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República de Colombia

         

Corte Suprema de Justicia

 

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE  JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

Referencia: Expediente No. 48837

             Recurso de Queja

Acta No. 4  

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil once (2011).

Decide la Corte el recurso de queja propuesto por el apoderado del BANCO POPULAR, contra el auto del 31 de agosto de 2010 dictado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, mediante el cual decidió no conceder el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 29 de abril de 2010, proferida por el mismo Tribunal, dentro del proceso ordinario seguido por HENRY GUARIN GOMEZ  contra el Banco recurrente.

I. ANTECEDENTES

Mediante auto del 31 de agosto de 2010, el Tribunal resolvió no conceder el recurso extraordinario de casación debido a que “Puestas así las cosas, delanteramente conviene advertir del peritaje decretado por el tribunal con fundamento en lo normado por el artículo 92 del C de P. Laboral,  leíble a los folios 122-125 del cuaderno de la segunda instancia, el cual no fue objetado dentro del término legal pertinente, que el quantum  de las pretensiones reclamadas en este proceso no alcanza a constituir al tenor de lo previsto por el art. 86 del estatuto procesal del trabajo el presupuesto necesario para acceder al recurso de casación, pues es evidente que el agravio que pudo inferirse al recurrente para la fecha en que se profirió la sentencia de segundo grado – 29 de abril de 2010- no supera la cuantía del interés para recurrir en casación, pues para entonces la misma se sitúa en sesenta y un millones ochocientos mil pesos $61.800.000,oo), suma a que asciende los ciento veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes a que se refiere el precepto en cita.”.  

Contra la anterior providencia la demandada interpuso en tiempo el recurso de reposición y solicitó, en subsidio, la expedición de copias de todo el expediente; mediante auto de 21 de septiembre de 2010 el tribunal resolvió no reponer el auto impugnado, visto a folios 219-225.

En el recurso de queja bajo estudio, la demandada expresa: “Las pretensiones de la demanda son el reconocimiento de la pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario devengado en el último año de servicios, junto con sus mesadas adicionales semestrales y anuales reajustada anualmente con el IPC, los auxilios convencionales para pensionados que disponía el demandado en su momento, indexando la base salarial para tasar la primera mesada pensional, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación establecido en el inciso 3º del artículo 356 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicando la variación del IPC  desde la fecha de terminación del contrato hasta cuando adquirió cabalmente los derechos a disfrutar la pensión de jubilación y los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Debe anotarse que la sentencia no solamente tiene efectos retroactivos, sino también hacia el futuro, y no solamente mientras viva el titular, sino también es susceptible de sustitución, según sea el caso.”

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Tiene definido la jurisprudencia de la Sala, que para la viabilidad del recurso de casación debe ser la Corte competente para conocer, lo que se cumple cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) Que el recurso haya sido interpuesto en tiempo; b) Que se trate de una sentencia proferida en proceso ordinario y c) Que se acredite el interés jurídico para recurrir.

Tratándose del demandado, esta sala de la Corte ha fijado como derrotero para determinar la viabilidad en la concesión y admisión del recurso de casación, el valor de las condenas impuestas en segunda instancia, a lo que se suma que cuando se trata de pensiones o reajuste de las mismas se debe mirar la incidencia futura, en este caso, el monto de las condenas lo constituye el valor de los intereses moratorios, sin que se deba tener en cuenta la expectativa de vida del actor, con todo habrá de decirse que para el año 2009 contaba con 60 años de edad.

Conforme con lo anterior, es claro que los intereses de mora reconocidos en la sentencia de segunda instancia corresponden al lapso comprendido entre el 9 de febrero de 2006 hasta el 26 de mayo de 2009 y, dado que no hay lugar a compartibilidad de dicha prestación económica con el ISS y, por lo mismo, no se tendrá en cuenta la expectativa de vida del actor.

Precisado lo anterior y efectuadas las operaciones aritméticas correspondientes, se obtuvo un total de $21'470.467.56, por tanto no se cumplen los requisitos exigidos por la ley, pues no supera los ciento veinte salarios mínimos exigidos para la concesión del recurso extraordinario con arreglo al artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, que para el mes de abril del año 2010 equivalía a la suma de $61'800.000.

Acertó entonces la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, al denegar el recurso de casación propuesto por la parte demandada, por lo que se declarará bien denegado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar BIEN DENEGADO el recurso de casación formulado por el apoderado de BANCO POPULAR S.A.,  contra la sentencia de 29 de abril de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil dentro del proceso instaurado por HENRY GUARIN GOMEZ  contra el el recurrente

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN     GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA

Luis  GABRIEL MIRANDA BUELVAS        CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

FRANCISCO  JAVIER  RICAURTE  GÓMEZ       CAMILO TARQUINO GALLEGO                            

         

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