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ÍNDICE
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada ponente
SL2991-2020
Radicación n.° 76937
Acta 28
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso BLANCA REINA GARIBELLO ALDANA contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira profirió el 1.° de noviembre de 2016 en el proceso ordinario que adelanta contra la ADMINISTRADORA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
Con la demanda inicial, la actora solicitó que se declare que es beneficiaria de la pensión de invalidez desde el 1.° de noviembre de 2007, fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, conforme lo preceptúa el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003. En consecuencia, pidió se condene a la accionada al reconocimiento y pago de tal prestación, así como las mesadas adeudadas, los intereses moratorios y las costas del proceso.
Narró que el 22 de octubre de 2008 se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 63% con fecha de estructuración 1.° de noviembre de 2007 y de origen común; que se encontraba afiliada al régimen de prima media administrado por Colpensiones en calidad de independiente; que el 14 de noviembre de 2008 elevó reclamación del derecho ante dicha entidad que fue resuelta de manera negativa, al considerar que no cumplía los requisitos contemplados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003; que cotizó un total de «153» semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral; que el 25 de noviembre de 2014 solicitó la revocatoria del acto administrativo a través del cual la administradora de pensiones negó la prestación pretendida, y que a la fecha de la demanda no ha sido resuelta (f.° 2 a 14).
Al dar respuesta al escrito inicial, Colpensiones se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos los aceptó e indicó que se atiene lo que resulte probado en el desarrollo del proceso. En su defensa, propuso las excepciones de mérito que denominó deber del demandante de demostrar los supuestos de hecho y prescripción (f.° 28 a 31).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
A través de sentencia de 11 de noviembre de 2015, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira resolvió (f.º 123 cd. n.º 3 del expediente):
PRIMERO: DECLARAR que la señora Blanca Reina Garibello Aldana tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del 1.° de noviembre de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora Blanca Reina Garibello Aldana la pensión mensual vitalicia de invalidez por 14 mesadas pensionales anuales en cuantía igual al salario mínimo legal mensual incluyéndola además en nómina de pensionados esa pensión deberá incrementarse cada año a partir del 1.° de enero del 2014 hacia futuro tal como lo establece el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a pagar a favor de la demandante (…) la suma de $33.590.295.20 por concepto del retroactivo pensional causado entre el 25 de noviembre del 2011 y el último día del mes de octubre del 2015. Para el pago de la suma correspondiente ese retroactivo previa inclusión de nómina de pensionados como consecuencia de la respectiva resolución se le concede a Colpensiones el término de dos meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.
CUARTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES para que del valor correspondiente al retroactivo ya reconocido descuente también lo correspondiente la suma cancelada por concepto de indemnización sustitutiva [de] la pensión de vejez que fue la suma de $1.353.278 valor que deberá ser actualizado a la fecha en que se realice el pago.
QUINTO: DECLARAR NO PROBADAS la excepción de mérito propuesta por Colpensiones que se denominó deber del demandante de demostrar los supuestos de hecho y probada parcialmente la de prescripción respecto de las mesadas causadas [entre] el 1.° de noviembre del 2007 y el 24 de noviembre de 2011 en los términos expuestos en la parte motiva.
SEXTO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 los cuales correrán una vez vencido el término otorgado para el reconocimiento y pago de la prestación e inclusión en nómina de la demandante.
SÉPTIMO: CONDENAR a COLPENSIONES al pago de costas procesales a favor de la demandante (…).
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación que interpuso la demandante, y surtir la consulta en favor de la accionada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira revocó la decisión del a quo y, en su lugar, absolvió a la convocada al proceso de todas las pretensiones que formuló la promotora del litigio, a quien gravó con costas (f.° 87 del C. del Tribunal CD. N.° 2).
Para esta decisión y en lo que al recurso extraordinario interesa, señaló que el problema jurídico a resolver consistía en establecer si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la prestación de invalidez que reclama, pese a que dicho estado ocurrió luego de que cumplió la edad para pensionarse por vejez.
Como hechos no discutidos y debidamente acreditados determinó: (i) que la accionante tiene una pérdida de capacidad laboral del 63% con fecha de estructuración del 1.° de noviembre de 2007 y de origen común; (ii) que el dictamen diagnosticó «displacía y artrosis severa, cadera bilateral, hipotiroidismo, cardiopatía hipertensiva», (iii) que la demandante nació el 31 de enero de 1943, y (iv) que cotizó un total de «377.15» semanas al sistema pensional, entre el 1.° de septiembre de 2000 cuando se afilió y el 31 de enero de 2008, data de la última cotización.
A continuación, indicó que para la fecha de estructuración de la invalidez -1.° de noviembre de 2007- la normativa vigente era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003 que exige la cotización de 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración del estado de invalidez. Luego, afirmó que, en principio, la accionante reúne los requisitos allí contemplados para acceder al derecho pretendido.
Sin embargo, advirtió que al analizar «los pormenores que rodearon la contingencia, esto es, la discapacidad», colegía que esta se generó cuando la demandante tenía cumplidos «64 años de edad», y que fue producto de padecimientos propios de la vejez y no de una patología o enfermedad específica, tal como se deduce del dictamen obrante a folio 119 en el cual se consignó que tiene «displacía y artrosis severa, cadera bilateral, hipotiroidismo, cardiopatía hipertensiva».
Aunado, resaltó que la promotora del litigio se afilió al sistema de seguridad social en pensiones el 1.° de septiembre de 2000, fecha para la cual contaba con 57 años cumplidos, esto es, cuando ya tenía la edad mínima para pensionarse por vejez y, además, padecía de «astralgia progresiva de cadera», patología sobre la que recayó la calificación de la pérdida de la capacidad laboral.
Al respecto, adujo que tal Colegiatura se ha manifestado en el sentido de señalar que cuando la invalidez se estructura con posterioridad al cumplimiento de la edad requerida para pensionarse por vejez, no es posible reconocer la prestación de invalidez dado que la asegurabilidad fenece desde cuando se cumple la edad requerida para obtener la pensión de vejez.
Lo anterior, con sustento en el artículo 9.° del Acuerdo 049 de 1990 aplicable de conformidad con lo establecido en el inciso 2.° del artículo 31 de la Ley 100 de 1993 que expresamente tiene prevista una prestación diferente para estos eventos, cual es la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez por riesgo común.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la accionante que esta Sala case totalmente la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, «confirme de forma parcial» la del a quo y, «en ese sentido se revise la viabilidad de los intereses moratorios».
Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo que fue objeto de réplica.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea «los artículos 38 de la ley 100 de 1993 y el 39 numeral 1 de la misma norma, pero que fuera modificado por el artículo 1 de la ley 860 de 2003, en concordancia con el artículo 13 y 53 de la Constitución Política de Colombia».
Como sustento, refiere que el Tribunal acertó al aplicar al asunto el artículo 38 y 39 numeral 1.° de la Ley 100 de 1993, este último modificado por el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, pues es la norma vigente al momento de la estructuración de la pensión de invalidez; sin embargo, no sucede lo mismo en cuanto a la interpretación que le otorgó, en tanto, agregó unos requisitos que no están contenidos en su tenor literal, esto es, (i) que la persona que pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez, no debe estructurar tal estado después de cumplir la edad mínima para obtener la pensión de vejez y (ii) que al momento de afiliarse al sistema, no debe presentar ninguna patología que posiblemente se acreciente con el tiempo y pueda generarle una invalidez.
Así, aduce que no le está permitido al fallador de instancia efectuar una interpretación más allá de lo que ha determinado el legislador. Refiere que para acceder a la prestación reclamada solo se exigen los requisitos que consagra la norma, y que esta no hace distinción entre si la persona que reclama el derecho es mayor de 55 años, o si su estado de invalidez es producto de la vejez, pues únicamente exige 50 semanas en los últimos tres años a la estructuración de la invalidez y tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común, requerimientos que acredita la actora.
VII. RÉPLICA
Sostiene el opositor que el principal soporte de la decisión impugnada recayó en lo dispuesto en el artículo 9.° del Acuerdo 049 de 1990. Luego, era esta la preceptiva que el recurrente debió acusar y derruir. Por tanto, la sentencia goza de la doble presunción de acierto y legalidad.
VIII. CONSIDERACIONES
De acuerdo con los antecedentes, le corresponde a la Corte dilucidar: (i) si es válida la afiliación al sistema de seguridad social integral de una persona que cuenta con la edad para acceder a la pensión de vejez, y (ii) si la vejez es per se invalidez, asuntos de los que la Sala se ocupa a continuación.
¿La persona que tiene la edad exigida para la pensión de vejez, puede afiliarse válidamente al sistema?
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 1.° de la Ley 797 de 2003, el Sistema General de Pensiones se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, con exclusión de los sujetos que contempla el artículo 279 ibidem, quienes conservaran un régimen especial.
Igualmente, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 3.º de la Ley 797 de 2003 los afiliados al sistema general en pensiones son de dos categorías: (i) en forma obligatoria y (ii) voluntaria.
Los primeros corresponden a todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o que tengan una relación laboral legal o reglamentaria en calidad de servidores públicos, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra que adopten, los trabajadores independientes, los beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol a partir del 29 de enero de 2003.
Y los segundos, a todas las personas residentes en Colombia, lo colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y no se encuentren expresamente excluidos por la Ley 797 de 2003 y los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en Colombia, salvo las excepciones de carácter legal.
De manera que, a nivel normativo, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 no existe ninguna disposición que excluya la posibilidad de acceder al sistema a aquellas personas que lleguen a la edad mínima exigida para acceder a la pensión de vejez y, por tanto, su afiliación se predica válida.
Ahora bien, ha de advertirse que aunque el inciso 2.° del artículo 31 de la Ley 100 de 1993 permite la aplicación de algunos reglamentos del ISS, estos solo proceden en la medida: (i) que no sean contrarios a los postulados que aquella consagra, con las adiciones, modificaciones y excepciones que contempla; (ii) que se encuentren vigentes por no haber sido derogados o subrogados por la antedicha ley o por disposiciones posteriores y, (iii) que el potencial beneficiario hubiese estado afiliado al seguro social obligatorio con anterioridad al 1°. de abril de 1994. Ello, porque conforme a las reglas de aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, las situaciones que se configuren con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social, quedan reguladas por sus contenidos.
En ese orden, al analizar los supuestos del sub lite se tiene, de una parte, que la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez que preveía el artículo 9.° del Acuerdo 049 de 1990 fue subrogada por el artículo 45 de la Ley 100 de 1993 que estipuló la misma prestación en reemplazo de la anterior, y, de otra, que la afiliación y estructuración de la invalidez de la demandante se configuraron en los años 2000 y 2007, respectivamente, de modo que su situación se regula íntegramente al amparo de las disposiciones de la citada ley.
No sobra recordar que la derogatoria del inciso 2.º del artículo 9° del Acuerdo 49 de 1990 ya la había advertido esta Sala desde hace más de dos décadas en la sentencia CSJ SL, 12 sep. 1997. rad. 9860, en la que a propósito de ello adoctrinó que resultaba equivocado aseverar que una persona que reúne los requisitos para ser acreedora a la pensión de invalidez, pierda tal derecho por la circunstancia de tener 55 o 60 años de edad, según sea el caso, sin haber cumplido las exigencias para obtener la pensión de vejez, en tanto bajo tal entendido quedaría sin ninguna protección frente al riesgo de invalidez, inferencia que no consulta los fines de la seguridad social.
Conforme lo expuesto, erró el Tribunal al sustentar su decisión bajo los postulados subrogados del inciso 2°. del artículo 9°. del Acuerdo 049 de 1990, lo cual obliga también a recoger toda decisión que haya insinuado la vigencia de dicha disposición, tal como ocurrió en la sentencia CSJ SL1419-2018 que, en un caso distinto y en un obiter dicta, aludió a su contenido.
A más de lo anterior, la Sala considera que la seguridad social concebida como un instituto jurídico de naturaleza dual que tiene la condición tanto de derecho fundamenta, como de servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estad, surge como un instrumento a través del cual se garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que afecte su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo. De ahí que, el derecho al reconocimiento y pago de una prestación pensional como la de vejez, invalidez o muerte resulta ser el medio eficaz para solventar dichos riesgos.
Esa concepción permite entender que las personas de edad avanzada también tienen derecho a acceder a un trabajo dependiente o por cuenta propia, en cuyo caso, su afiliación al sistema de seguridad social es ineludible pese a que tengan la edad de pensión por vejez, -prestación que por tal razón no obtendrán-, y, en esa medida, sí tienen derecho, en el régimen de prima media con prestación definida, a estar amparadas para cubrir los eventuales riesgos de invalidez y muerte. (CSJ SL 16155-2014 y CSJ SL2159-2017).
Así, es abiertamente discriminatorio impedir que una persona acceda al sistema de seguridad social a partir de estereotipos negativos por pertenecer a una generación o tener una determinada edad, pues ello no solo desconoce sus capacidades productivas, útiles a la sociedad; también vulnera los tratados internacionales de derechos humanos que propenden por la igualdad de oportunidades de empleo para los mayores y, finalmente, en forma infundada, al asociar vejez e invalidez a un mismo riesgo, implica la negación del derecho protectorio frente a otras contingencias que ampara el sistema.
En conclusión, se equivocó el Tribunal al afirmar que, en este caso, no es posible reconocer la prestación por invalidez, en cuanto consideró que la cobertura de asegurabilidad cesó para la demandante, desde el momento en que arribó a la edad de 57 años, mínima exigida para la pensión de vejez.
2. ¿La vejez es per se invalidez?
Ha de recordarse que el Tribunal negó la prestación de invalidez en cuanto la pérdida de capacidad laboral que acreditó la demandante, se configuró cuando tenía 64 años de edad y, según dijo, fue producto de padecimientos propios de la vejez y no de una patología o enfermedad específica.
Dicha conclusión no la comparte la Sala, en cuanto la invalidez es una noción circunscrita al sistema colombiano de seguridad social integral. De acuerdo con los artículos 38 de la Ley 100 de 1993 y 9.º de la Ley 776 de 2002, una persona se considera inválida cuando por causa no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Si el origen de la pérdida de la capacidad laboral es común y cumple la densidad mínima de semanas requeridas por la ley, tiene derecho a una pensión de invalidez a cargo del sistema general de pensiones; si el origen es laboral, tiene derecho a la misma prestación a cargo del sistema de riesgos laborales.
La pérdida de capacidad laboral, la establecen los organismos descritos en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, a partir del referente científico establecido en el Manual Único de Calificación de Invalidez expedido por el gobierno nacional, de manera que no le es permitido al juez adicionar causas distintas basadas en prejuicios sociales cimentados en la edad de la persona, para determinar la estructuración de la invalidez por los desgastes que aquella acarrea, pese a que dicha condición bien puede presentarse en cualquier edad, temprana o avanzada, e incluso desde el nacimiento.
Por tanto, para la Corte no es posible considerar la edad como un parámetro valido de invalidez, pues es evidente que dicha condición puede surgir en diferentes etapas de la vida, sin que ello signifique que, es inválido quien, por el trascurso de los años, inevitablemente sufre desgaste físico, vital y psicológico. Además, en el sistema pensional, vejez e invalidez tienen claras diferencias: la edad en cuanto a la primera, y una causa patológica respecto a la segunda.
Desde esa perspectiva, tiene razón la censura, porque de conformidad con el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003 los únicos requisitos exigibles a fin de obtener la pensión de invalidez son 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y la pérdida de capacidad laboral superior al 50%, sin que tal disposición condicione el reconocimiento prestacional al cumplimiento de edad alguna al momento de la afiliación al sistema.
En consecuencia, no podía el Colegiado de instancia agregar excepciones que la ley no contempla, dado que la aplicación de la norma debe estar atada al principio de legalidad y no a la concepción de apreciaciones subjetivas y carentes de respaldo normativo, pues tal y como ya se dijo, la vejez y la invalidez son dos riesgos diferentes que tiene sus propias reglas concebidas en normativas distintas, y es desacertado concatenarlas con el fin de negar la prestación que se persigue.
En conclusión, no existe ninguna disposición que impida que una persona que arribe a la edad exigida para la pensión de vejez, acceda a la protección derivada de la invalidez, exceptuando aquellos casos en los que se encuentren demostradas prácticas fraudulentas que persigan exclusivamente un beneficio económico en perjuicio del Sistema General de Pensiones y en detrimento de sus fines, para obtener la pensión a través de artimañas o requisitos que no obedezcan a la realidad fáctica del afiliado, pues debe recordarse que una cosa es la legitimidad de una institución o un derecho y otra es su abuso o provecho ilícito, premisa que, sin embargo, no fue objeto de discusión en el sub lite.
En consecuencia, prospera el cargo.
Sin costas en casación.
VIV. SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia, y a fin de resolver en primer lugar la consulta a favor de Colpensiones -toda vez que la demanda se presentó el 5 de marzo de 2015, esto es, después de la entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2007-, basta con referir lo expuesto en la esfera extraordinaria para concluir que hay lugar a otorgar la prestación pensional de la actora, dado que como se advirtió tenía la condición de inválida y cotizó un total de 153 semanas en los tres últimos años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad para laborar.
Visto la anterior, procede la Corte a decidir el recurso de apelación que formuló la demandante, relacionado con la procedencia de los intereses moratorios, pero a partir de la fecha en la que solicitó la revocatoria del acto administrativo a través del cual la accionada negó la prestación de invalidez, esto es, del 25 de noviembre de 2014 y no como lo determinó el a quo desde la ejecutoria de la sentencia.
Para el efecto, basta con reiterar que el Decreto 656 de 1994, concede a las administradoras de pensiones un plazo gracia de 4 meses para decidir acerca de las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de las pensiones de invalidez, contados a partir de la radicación, por parte del interesado, de la petición y los documentos necesarios para ello.
En el caso concreto no se discute que la actora elevó la petición el 14 de noviembre 2008, la cual fue resuelta de manera negativa, al considerar que para la data en que la accionante solicitó su reconocimiento, se encontraba vigente el requisito se fidelidad exigido en el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, decisión contra la cual el 25 de noviembre de 2014 interpuso recurso de reposición que no fue objeto de pronunciamiento alguno por parte de la accionada, de suerte que los cuatro meses de gracia vencían el 25 de marzo de 2015.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien para la fecha de la primera reclamación la actuación de la convocada estuvo amparada en una preceptiva de orden legal vigente, lo cierto es que para la data en que se elevó el recurso de reposición -25 de noviembre de 2014- la norma que consagraba dicha exigencia ya estaba por fuera del ordenamiento jurídico -sentencia C-556 de 2009-y esta Sala la inaplicaba (CSJ SL1914-2019).
Por lo indicado, se condenará a Colpensiones a pagar en favor de la promotora del litigio los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 26 de marzo de 2015, esto es, 4 meses después de la data en la que interpuso el recurso de reposición contra el acto administrativo que negó el reconocimiento del derecho pensional hasta el momento en que se produzca el correspondiente reconocimiento del retroactivo pensional, tal como lo determinó esta Sala, entre otras, en sentencia CSJ SL14269-2014.
En consecuencia, se modificará el numeral sexto de la sentencia del a quo en el sentido de condenar a Colpensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 26 de marzo de 2015. Confirma en lo demás.
Las costas de las instancias serán de cargo de la demandada.
XI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira profirió el 1.° de noviembre de 2016, en el proceso ordinario que BLANCA REINA GARIBELLO ALDANA adelanta contra la ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES.
En sede de instancia, RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia de primera instancia de fecha 11 de noviembre de 2015 y, en su lugar, se ordena el reconocimiento y pago de los intereses moratorios incoados por la accionante a partir del 26 de marzo de 2015. Confirma en lo demás.
SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
