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Concepto 4435 de 2005 ISS

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CONCEPTO 4435 DE 2005

(marzo 30)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

D.J.N.

Bogotá D.C.

PARA: XXXXXXXXXXXXXXX

DE: Dirección Jurídica Nacional – Unidad de Seguros

ASUNTO: Oficio VPRL 6235 / 2004

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual solicita concepto respecto a la prescripción de Incapacidades Temporales y Reembolsos y en general de las prestaciones económicas a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, para lo cual nos plantea las siguientes situaciones.

1.- Que el interesado no realice solicitud por incapacidad temporal o reembolso estando en la posibilidad de hacerlo, dejando transcurrir más de un año.

2.- Que habiéndose realizado la solicitud y estando pendiente de resolver por parte de la ARP, la administración no se pronuncia al respecto y el reclamante así mismo no se presenta durante ese período para hacer valer su derecho e interrumpir la prescripción.

3.- En los casos de reembolso entre la ARP y la EPS, cuál es la aplicabilidad jurídica de la prescripción.

Sobre el particular esta Dirección, se permite dar respuesta a sus inquietudes en el orden en que éstas fueron planteadas:

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 776 de 2002, las prestaciones establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994 y en la Ley 776 de 2002, con excepción de las mesadas pensionales prescriben en el término de un (1) año, contado a partir del momento en que se definió el derecho al trabajador.

2.- En el evento de que por negligencia de la Administración no se resuelve dentro de los términos legales la solicitud del trabajador, no es viable aplicar la prescripción toda vez que ésta no puede alegar su propia culpa para desconocer los derechos de sus afiliados. Sobre el tema se ha pronunciado la Corte Constitucional en Sentencias T 013 de 1998, T. 033 de 1998 y T 332 de 1994, en las cuales manifestó:

“Para la Sala resulta clara la aplicación del principio universal NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS, según el cual, nadie puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa, y por tanto si la entidad accionada permitió que la actora realizará los pagos acogiéndose a la refinanciación de la deuda haciendo caso omiso de que existía en su contra sentencia judicial, no puede entonces posteriormente invocar su propia culpa o negligencia ”

Continúa la Corte:

“ Y de ese error, no puede ser desconocido un derecho que le asiste a la peticionaria; debe la entidad que lo originó o causó, proceder a subsanar. Los particulares no pueden asumir ni hacerse cargo de los errores de la administración, cuando estos se producen como consecuencia de un descuido de sus propios funcionarios, de la desorganización interna, ni mucho menos de sus actitudes negligentes y omisivas”

3.- Por último, respecto de los casos de reembolso entre las Administradoras de Riesgos Profesionales y las Empresas Promotoras de Salud el Artículo 2 del Decreto 1771 de 1994, determinó que las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán reembolsar los costos de la atención inicial de urgencias prestada a sus afiliados, y que tenga origen en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, de conformidad con los artículos 168 y 208 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos.

A su vez el artículo 3o de la norma en comento establece que las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán reembolsar los costos de la atención médico asistencial que hayan recibido sus afiliados, con ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, a las mismas tarifas convenidas entre la entidad promotora de salud y la institución prestadora de servicios, con independencia de la naturaleza del riesgo.

Y continúa la norma que la entidad promotora de salud, dentro del plazo fijado en los respectivos convenios, o en su defecto dentro del mes siguiente, deberá presentar la solicitud de reembolso respectiva, mediante el diligenciamiento de los formularios previstos o autorizados para el efecto por la Superintendencia Nacional de Salud.

Las empresas promotoras de salud deberán incluir en la respectiva historia clínica los diagnósticos y tratamientos relativos a los riesgos profesionales.

Agrega la norma, todo lo anterior sin perjuicio de que las Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, convengan el reembolso en virtud de cuentas globales elaboradas con base en estimativos técnicos. En relación con la entidad promotora de salud y la administradora de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales, la determinación respectiva podrá ser adoptada por el Consejo Directivo de dicho instituto. En estos casos no se requerirá diligenciar el formulario establecido por la Superintendencia Nacional de Salud.

Así las cosas precisamos que la prescripción está definida en el Código Civil como un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, bien por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derecho durante cierto lapso de tiempo, siempre que ocurran los demás requisitos de ley.

Así mismo, la Jurisprudencia ha establecido esta figura jurídica, como una institución de carácter legal creada como el modo o fuente de los derechos reales y como medio de extinguir derechos personales u obligaciones, por el transcurso del tiempo, términos especiales que de igual forma deben ser establecidos por la ley en forma taxativa y de ninguna manera admiten la analogía.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, la prescripción extintiva, como su nombre lo indica es una forma de extinguir las obligaciones, esta prescripción comienza a contarse desde el momento en que la obligación se haya hecho exigible o lo que es lo mismo desde el vencimiento del crédito.

La Corte Constitucional en Sentencia C-198/99, trató el tema de la prescripción extintiva de derechos patrimoniales. “3- Los derechos constitucionales como tales en general no prescriben, puesto que emanan del reconocimiento de la dignidad de la persona humana y configuran valores superiores del ordenamiento jurídico colombiano (CP arts 1o y 5o). Sin embargo, esto no significa que la prescripción extintiva como tal vulnere el orden constitucional, ya que ésta cumple funciones sociales y jurídicas invaluables, por cuanto contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social, al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones judiciales, tal y como esta Corte lo ha reconocido con claridad. Esta Corporación comparte entonces los criterios adelantados en su momento por la Corte Suprema de Justicia para justificar la existencia de la prescripción extintiva. Dijo entonces la Corte Suprema:

"El fundamento racional de la prescripción extintiva es análogo al de la prescripción adquisitiva, expresan los expositores Colín y Capitant. El orden público y la paz social están interesados en la consolidación de las situaciones adquiridas. Cuando el titular de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo, debe presumirse que su derecho se ha extinguido. La prescripción que interviene entonces evitará pleitos cuya solución será muy difícil en virtud del hecho mismo de que el derecho invocado se remonta a una fecha muy lejana".

En ese mismo orden de ideas, reclamaciones concretas que surjan del ejercicio de un derecho constitucional pueden estar sujetas a prescripciones legales, sin que por ello se vulnere el derecho constitucional.”

A su vez, la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, conceptuó en Marzo de 2004, sobre el tema así:

“PRESCRIPCIÓN

a) En el Sistema General de Riesgos Profesionales la prescripción de las prestaciones económicas se encuentra reglamentada en el artículo 18 de la Ley 776 de 2002, la cual se cuenta desde el momento en que se define el derecho al trabajador...”

“...c) En caso del reclamo de un derecho o prestación económica en el Sistema General de Riesgos Profesionales es la entidad Administradora de Riesgos Profesionales quien debe establecer desde que momento efectivamente se le definió la prestación al trabajador y contar para las mesadas pensionales tres (3) años y para las demás prestaciones un (1) año.

d) La controversia entre un asegurado y una institución de seguridad social sobre la aplicación vigencia y declaratoria o no de una prescripción es de competencia exclusiva de los Jueces Laborales con fundamento en el artículo 20 de la Ley 584 de 2000, por cuanto se esta declarando un derecho.”

Ahora bien, para efectos de la aplicabilidad de una norma de índole reglamentario estipulada para la presentación de un documento que tiene las características de una Factura Cambiaria y que se determina como tal; se hace necesario involucrar en primera instancia el registro contable de las operaciones, que tiene valor probatorio en los términos previstos para los libros y papeles comerciales, en el Código de Comercio, el Decreto 2649 de 1993, mediante el cual se establecen los criterios que deberán ser de recibo en la reglas particularmente dispuestas por la Contaduría General, de modo tal que las normas comerciales y contables aplicables de manera expresa y conforme con la remisión que a las mismas realiza la Ley 80 de 1993, permiten entender que la Contabilidad llevada en debida forma es acogida por la Ley a través del sistema procesal denominado de prueba legal, (Vale decir que ésta se asemeja a la tarifa legal en cuanto a su valoración, aunque en realidad signifique que solo existen unos medios autorizados legalmente para probar ciertos actos), como el medio para probar el estado de las obligaciones del comerciante.

De otra parte, la norma reglamentaria del proceso de pago de los servicios prestados por algunas instituciones de salud, debe observarse dentro del valor que adquiere su ubicación dentro de la pirámide normativa, de manera tal que sin realizar la excepción de ilegalidad o inconstitucionalidad en el juicio de aplicación, ésta ultima pueda hacerse sin perjuicio de otras normas con categoría materialmente legal, es decir, la ley en estricto sentido promulgada con el procedimiento legislativo inserto en nuestra Constitución.

Dentro de las normas con las cuales debe armonizarse la norma reglamentaria en comento, se encuentran no sólo la prescripción de la acción cambiaria, operante en la hipótesis en que el documento de cobro fuera en realidad un Titulo Valor, sino la aplicación de una categoría mayor consistente en el titulo ejecutivo y la posibilidad de iniciar un proceso judicial para el reconocimiento de la obligación.

Pero con categoría superior, dado el carácter hegemónico que la Corte Constitucional ha brindado a las normas que consagran principios o reglas general de derecho, se encuentra el postulado legal de la buena fe que implica no un estado sicológico, ni una cuestión meramente especulativa, sino una obligación de los extremos de la relación jurídica exigible en todo el recorrido del iter contractus o desarrollo del negocio jurídico, de tal manera, el principio de cumplir a cabalidad con el objeto y las prestaciones derivadas de la convención, resulta altamente probable y en sana lógica, que sólo se desvanezca ante la prescripción ordinaria de las obligaciones comerciales.

Así las cosas, entendemos que la existencia de normas reglamentarias que dispongan formalidades necesarias para el cobro o para el reconocimiento de servicios prestados por diversas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, no impiden la aplicación de las reglas generales de prescripción y caducidad señaladas en los códigos.

En los anteriores términos esperamos haber absuelto su consulta.

Cordialmente

JAIME EDUARDO RINCÓN CERÓN

Director Jurídico Nacional.

RAMG/MPCH

Rad: 16349

2005-02-09.

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