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Concepto 8978 de 2005 ISS

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CONCEPTO 8978 DE 2005

(junio 20)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

D.J.N.

Bogotá, D.C.

XXXXXXXXXXXXXXX

Mediante oficio remitido a esta Dirección, formula varios interrogantes en materia de pensiones, los cuales atenderemos dando respuesta a cada uno de ellos:

A.- Como cotizante de pensiones a CAJANAL, por ser funcionario de la Rama Judicial desde el 2 de febrero de 1992 hasta la fecha, la actualización hecha por la Universidad Libre el 19 de Agosto de 2002, afecta de alguna manera mis derechos del régimen de Transición por el presunto fenómeno de la cotización simultánea?

El artículo 6o del Decreto 546 de 1971, dispone que los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, tendrán derecho, al llegar a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si son hombres y de cincuenta (50) años de edad si son mujeres, y cumplir veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez (10) años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.

De otro lado, los artículos 1o y 2o del Decreto 691 de 1994 señalan que los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital así como de sus entidades descentralizadas, los servidores del Congreso de la República, de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación, de la organización electoral y los de la Controlaría General de la República, se incorporarán al Sistema General de Pensiones, de que trata la ley 100 de 1993.

Por su parte, el artículo 4o del Decreto 691 de 1994 en armonía con los artículos 1o, 2o y 3o del Decreto 813 de 1994, señala que los servidores públicos que seleccionen el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, estarán sujetos al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, siempre y cuando a 1o de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, cumplan con alguno de los siguientes requisitos: a) Haber cumplido cuarenta (40) años o más de edad si son hombres, o treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o, b) Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) o más años.

En lo que atañe a su inquietud y, en tratándose de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, que al ser incorporados al Sistema General de Pensiones de que trata la ley 100 de 1993 escogieron el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y son beneficiarios del Régimen de Transición, para efectos de obtener la pensión de jubilación, se les debe respetar la edad, el tiempo y el monto, previstos en el Decreto 546 de 1971.

B.- Al haber cotizado simultáneamente tanto en CAJANAL como en el SEGURO SOCIAL, conforme a la actualización hecha por la Universidad Libre como profesor de Cátedra, ante cuál de las dos entidades (ISS o CAJANAL) debo solicitar mi pensión, y qué derecho puedo reclamar ante la entidad que no la tramite?

El artículo 17 de la Ley 549 de 1999, al tratar sobre Bonos Pensionales, en el inciso 4o, señaló que sin perjuicio de los requisitos para acceder a la pensión en el régimen de transición, todos los tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al I.S.S., serán utilizados para financiar la pensión.

Agrega la norma, que cuando algún tiempo no se incluya para el reconocimiento de la pensión y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono, se entregará a quien reconozca la pensión, por parte de la entidad que recibió las cotizaciones o aquella en la cual prestó servicios sin aportes, el valor equivalente a las cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte del ISS, actualizados con el DTF pensional.

Por su parte, el artículo 2o del Decreto 2527 de 2000, dispone que de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, todos los tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la pensión, cuando algún tiempo no se tome en cuenta para el reconocimiento de la pensión, y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono o cuota parte, la Caja, Fondo o entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la pensión, según el artículo anterior, solicitará a las administradoras o entidades de los tiempos cotizados o servidos que no se tienen en cuenta para el reconocimiento de la pensión, el traslado del valor de las cotizaciones para la pensión de vejez y de la información que posea sobre el empleador, incluyendo su historia laboral. Dicho traslado se deberá efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la solicitud.

El monto a trasladar se determinará de conformidad con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999.

En este orden de ideas, debe elevar su petición de pensión a Cajanal, Entidad pagadora de pensiones en donde según escrito de consulta ha efectuado el mayor número de cotizaciones, quedando en manos del ISS el deber de trasladar el valor de las cotizaciones de pensión de vejez que ha realizado al Sistema de Pensiones incluídos aquellos que efectuó como trabajador del sector privado o independiente en los términos de la norma relacionada.

C.- Puedo tramitar dos pensiones: Una ante CAJANAL y otra ante al ISS, en virtud del régimen anterior a la Ley 100 de 1993?

Al efectuarse el trámite mencionado en los literales anteriores, es decir, conceder la pensión bajo el régimen especial para la Rama Judicial, y girar los aportes efectuados al ISS para financiar su pensión; no hay lugar a tramitar dos pensiones.

D.- Existe la posibilidad de una pensión especial compartida?

El artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de 1966), señala que los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto de Seguros Sociales, contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa, ingresarán al Seguro Social Obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo, podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, momento en el cual el Instituto procede a cubrir dicha pensión, quedando en cabeza del patrono, únicamente, el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.

De otro lado, el artículo 5o del Acuerdo 029 de 1985 (Decreto 2879 de 1985), en armonía con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990), señalaba que los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de su publicación, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y, en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.

Acorde con lo previsto en las normas anteriormente enunciadas, colegimos, que para efectos de surtir el fenómeno de la compartibilidad pensional, se hace necesario, por mandato legal, que el empleador continúe cotizando para el Sistema General de Pensiones, pues dada la naturaleza de tal figura y, con el propósito de que el empleador, precisamente, se libere de una obligación, la cual va a ser subrogada por el Instituto de Seguros Sociales, es que debe dar cumplimiento a lo ordenado por la ley, pues de lo contrario, aquél no se liberaría de tal obligación.

En consecuencia, acorde con el escrito de consulta, no se dan los presupuestos de las normas enunciadas, en cuanto a la compartibilidad pensional.

E.- Se daría la figura jurídica de la pensión conmutada?

El artículo 1o del Decreto 2677 de 1971 dispone que en casos excepcionales las empresas podrán conmutar las pensiones de jubilación legales y convencionales a través del Instituto de los Seguros Sociales, el cual sustituirá a la empresa obligada en el caso de la jubilación y de los demás derechos accesorios a ella.

Por su parte, el artículo 2o ibídem, establece que habrá lugar a la conmutación cuando una empresa nacional o extranjera con pensiones de jubilación pendientes, entre en proceso de cierre o liquidación o en notable estado de descapitalización, disminución de actividades o desmantelamiento que pueda hacer nugatorio el derecho de jubilación de los trabajadores.

De igual forma, el artículo 3o de la norma citada, reza, que para los efectos de la conmutación, las pensiones de jubilación pendientes a que se refiere el artículo anterior, son las causadas y las eventuales, entendiendo por éstas últimas, las que están en curso de adquisición por trabajadores que tengan más de diez (10) años de servicio en la respectiva empresa.

Teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas anteriormente enunciadas, colegimos, que la figura de la conmutación pensional fue instituída para aquellas empresas, de carácter privado, que estén bajo las condiciones taxativamente enunciadas en la norma, es decir, en proceso de cierre o liquidación, o en notable estado de descapitalización, disminución de actividades o desmantelamiento económico; premisas que en su caso, tampoco se configuran para dar lugar a la conmutación pensional.

El anterior concepto tiene los efectos determinados en el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

RUTH ALEYDA MINA GARCÍA

Jefe Unidad de Seguros

Dirección Jurídica Nacional

MNLP

Rad: 3933

2005.05.10

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