Corte Constitucional - Unificación de Tutela

Precedente constitucional sobre la aplicación ultractiva del requisito mínimo de semanas de cotización previsto en el Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de la pensión de invalidez en virtud del principio de condición más beneficiosa, es aplicable a los afiliados del RAIS. Es constitucional y legalmente admisible imponer a los fondos de pensiones privados la obligación de reconocer y pagar la prestación. "[E]l reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, conforme a los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, no implica convertir a las AFP en administradoras de un fondo público. Esto es así, porque […] las AFP deben financiar esta prestación con los recursos que dispone el artículo 70 de la Ley 100 de 1993 […]. [D]ado que las AFP reciben un bono pensional por los periodos de cotización que efectuaron sus afiliados al ISS, en vigencia del régimen del Acuerdo 049 de 1990, el ISS -hoy Colpensiones- se liberó de cualquier obligación pensional. […] [E]l principio de la condición más beneficiosa permite la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990, en cuanto a las semanas de cotización necesarias para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, si se cumplen los siguientes tres requisitos: (i) Requisito 1. El afiliado se encuentra en una situación de vulnerabilidad, lo que debe constatarse conforme al test de procedencia. (ii) Requisito 2. El afiliado al sistema de pensiones es dictaminado con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 por ciento con fecha de estructuración en vigencia de la Ley 860 de 2003. (iii) Requisito 3. El afiliado acredita que, en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, reunía la densidad de semanas de cotización que el artículo 6, literal b, exigía para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Esto es, haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo. Este precedente constitucional es aplicable a los afiliados al RAIS. Esto, porque (i) en las sentencias SU-442 de 2016, SU-556 de 2019 y SU-299 de 2022 la Corte no limitó la regla de decisión al RPM, (ii) en la sentencia SU-038 de 2023 la Corte reconoció que este precedente era aplicable a las solicitudes pensionales de afiliados al RIAS y (iii) el principio de igualdad no permite que los afiliados al RAIS reciban un trato menos favorable, en comparación con los afiliados al RPM, en cuanto al acceso a la pensión de invalidez, en virtud del principio de condición más beneficiosa. Las AFP son las responsables de reconocer, financiar y pagar la pensión de invalidez de los afiliados al RAIS que acrediten tener derecho a la prestación en virtud de la aplicación ultractiva del requisito mínimo de semanas previsto en el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990."

Se precisa el precedente de unificación acerca del requisito de subsidiariedad de la tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. "[L]a acción de tutela objeto de estudio fue instaurada contra la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de casación, respecto de la cual no procede ningún recurso. Por ejemplo, la situación descrita por el actor en torno al reconocimiento de la pensión bajo las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, no se enmarca dentro de las causales taxativas previstas para el recurso extraordinario de revisión (artículos 354 y 355 del CGP). En este punto, la Sala Plena considera necesario precisar su jurisprudencia en relación con la aplicación del denominado test de procedencia cuando se promueven acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, corresponde reiterar que el requisito de subsidiariedad respecto de este tipo de decisiones supone el agotamiento de todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada. Bajo este entendimiento, cuando los accionantes no disponen de ningún otro mecanismo de protección judicial porque acudieron a las acciones y recursos previstos en el ordenamiento jurídico y culminaron las etapas procesales respectivas, se considera acreditada la exigencia de subsidiariedad. Por lo anterior, cuando se pretende el reconocimiento de una pensión de invalidez con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, la Sala Plena descarta la aplicación del test de procedencia adoptado en la Sentencia SU-556 de 2019 cuando los accionantes han agotado los medios de defensa judiciales disponibles. En esos casos, no es necesario que el juez constitucional valore nuevamente la subsidiariedad de conformidad con el test mencionado. En la Sentencia SU-299 de 2022, la Sala Plena se refirió al cumplimiento del test de procedencia cuando abordó el requisito de subsidiariedad. Sin embargo, en esa oportunidad, la Corte no se pronunció respecto de las razones que motivaron el análisis de dicha cuestión en esa sección de la decisión. En consecuencia, en esta ocasión, la Sala establece que no le corresponde analizar el test de procedencia de la Sentencia SU-556 de 2019 cuando se verifica el carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias judiciales y se agotaron los medios de defensa judiciales disponibles."