Corte Constitucional - Unificación de Tutela

El requisito de convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes no implica la cohabitación de los cónyuges o compañeros permanentes bajo el mismo techo, siempre y cuando exista una causa justificada para la separación de cuerpos. "[L]a CSJ incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente de los jueces ordinarios (en su vertiente horizontal), al no tener en cuenta la sentencia del 15 de octubre de 2008 (radicado No. 34466) adoptada por esa misma corporación judicial […]. Para la Sala Plena, la decisión de la CSJ con número de radicado 34466 (referente a la sentencia del 15 de octubre de 2008) constituía precedente aplicable, puesto que en aquella providencia la discusión versaba sobre el cumplimiento del requisito de convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes y se precisó que el mismo no se ve afectado por la sola ausencia física entre cónyuges o compañeros permanentes, en lo concerniente a su cohabitación bajo el mismo techo, cuando ello ocurre por motivos justificables. […] [L]a CSJ incurrió en un desconocimiento del precedente constitucional, al desatender las sentencias T-324 de 2014, T-245 de 2017 y SU-108 de 2020 […]. [E]n ellas la Corte resaltó que la interrupción de la cohabitación en un mismo lugar entre los cónyuges o compañeros permanentes puede estar justificada, a partir de los elementos fácticos que se presentan en cada caso (v.gr., las condiciones de salud, el trabajo o los acuerdos conyugales), con la carga de preservar el vínculo de apoyo, acompañamiento y afecto que sustenta la existencia de la unión. Esto último es relevante para el caso sometido a decisión, pues la cohabitación entre la señora María y el causante también se vio interrumpida […], motivo por el cual la parte actora refirió a la necesidad de aplicar el "precedente" sobre la materia, circunstancia que tornaba obligatorio tener en cuenta la regla de decisión establecida en las citadas sentencias de tutela, al compartir identidad fáctica y jurídica, más allá de las particularidades que, en cada caso, podían justificar la no convivencia bajo el mismo techo."

El trabajo informal y el de cuidado deben ser considerados al momento de valorar la dependencia económica en las solicitudes de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. "[P]arece contradictorio que a la hora de definir el alcance de dependencia económica en las pensiones de sobrevivientes se indague sobre el trabajo desarrollado o bien por el afiliado fallecido o por el presunto beneficiario y que se utilice como argumento para la negativa aquel de que la persona o no estaba vinculada o no podía responder por su familia. Además, que no se comprenda que las mujeres al tener menos espacio en los trabajos formales se ven avocadas a la informalidad. Aunque es posible comprender que las entidades deban estudiar la dependencia económica para establecer los derechos pensionales, esta no debería excluirse si un afiliado no trabaja al momento de fallecer […] porque existen distintas formas de dependencia económica en las familias, por ejemplo, aunque el afiliado fallecido no esté laborando esto puede obedecer a que […] realiza trabajo informal que no solo es difícil de aceptar socialmente sino que no tiene trazabilidad probatoria más allá de algunos testimonios que pueden ser de oídas […], o porque ese mismo afiliado se ocupa de labores de cuidado que aun cuando no son remuneradas no por eso implica que carezcan de un valor en sí mismas. […] [E]s necesario que tanto las entidades que administran las pensiones, como los jueces atiendan a consideraciones de realidad a la hora de definir las peticiones de los potenciales beneficiarios. Esto pasa por comprender que las trayectorias laborales, debido a las dificultades de acceso al empleo formal implican salidas y entradas permanentes al mercado laboral que, de seguirse aplicando el estándar de dependencia económica ligada al trabajo formal, impliquen en el fondo hacer nugatorio el derecho social con mayor afectación a las mujeres. […] En relación con lo señalado por la sentencia C-111 de 2006 el juez de casación desatendió la jurisprudencia constitucional […] [D]esatendió que [la tutelante] carecía de autosuficiencia económica, pues no recibía remuneración por el trabajo de cuidado y ocupaba todo su tiempo en la casa y con sus padres. Así mismo desconoció el precedente horizontal de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, […] no es posible descartar la dependencia económica de un beneficiario frente a un afiliado fallecido, porque este al momento del deceso no se encontrara trabajando. Esto fue desatendido por la Sala de Descongestión No. 2 la cual, no solo valoró deficientemente las pruebas sino consideró que esta no pudo ayudar a [la tutelante] al encontrarse desempleada, pese a que laboraba en ventas informales."

El derecho supletorio de los compañeros permanentes a la pensión de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990, supeditado a la falta de cónyuge supérstite, es violatorio de la Constitución. "[T]oda norma jurídica que excluye a la compañera o compañero permanente del derecho a la sustitución pensional viola la prohibición constitucional de no discriminación por razón del origen familiar y la igualdad de trato y protección que el orden superior confiere a las familias constituidas por vínculos naturales o jurídicos. Por esa razón, es inadmisible en vigencia de la Constitución de 1991 privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho a esta prestación, ya sea por excluir completamente del derecho a la compañera permanente o consagrarlo como un derecho supletorio, que solo es procedente en cuanto su reconocimiento por ausencia de la cónyuge. Esta última hipótesis es la prevista en el artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990. Por lo anterior, es claro que esta disposición contradice el mandato constitucional de igualdad de las familias con independencia de su origen en vínculos naturales y jurídicos y su protección integral, así como la prohibición de discriminación por origen familiar. Ante esa contradicción entre el artículo del Acuerdo 049 de 1990 y los artículos 5 y 42 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia optó por privilegiar la aplicación textual de la norma inferior, a pesar de que tenía la obligación de aplicar preferentemente los mandatos constitucionales. […] [L]a decisión de no casar la sentencia de segunda instancia en el proceso laboral que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente de su causante, por no cumplir lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990, contradijo la ratio decidendi de las sentencias de control abstracto C-1126 de 2004, C-1035 de 2008 y C-121 de 2010. […] [H]ay varios pronunciamientos de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela que son anteriores a la decisión que emitió la Corte Suprema de Justicia y que también constituyen precedentes vinculantes para el caso concreto [Sentencias T-286 de 2000, T-098 de 2010, T-1028 de 2010, T-110 de 2011, T-140 de 2012, T-884 de 2013, SU-574 de 2019 y SU-454 de 2020]. […] [E]n ninguno de los casos descritos se analizó la aplicación del artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, esta situación no obsta para que tales pronunciamientos constituyan precedentes obligatorios para el caso concreto, en tanto las normas que eran aplicables en esos eventos planteaban el mismo punto de derecho y la misma cuestión de garantías constitucionales respecto a la igualdad entre cónyuges y compañeras permanentes […]."

Unifica la jurisprudencia constitucional acerca de la pensión de sobrevivientes reconocida con base en normas preconstitucionales, cuyo pago fue suspendido a beneficiarios que contrajeron nuevas nupcias o iniciaron nueva vida marital antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. "Todas(os) las(los) cónyuges y compañeras(os) permanentes supérstites beneficiarias(os) del derecho a la pensión de sobrevivientes, legalmente causado y percibido, a quienes se les haya suspendido el pago de las mesadas por haber contraído segundas nupcias o hecho nueva vida marital antes del 7 de julio de 1991, tienen derecho a que se les restablezca el derecho y se les reanude el pago inmediato de las mesadas. Las cláusulas resolutorias del derecho a la pensión de sobrevivientes por contraer nuevas nupcias o hacer nueva vida marital, contenidas en normas preconstitucionales, bajo ninguna circunstancia continuarán produciendo efectos en situaciones actualmente vigentes, que puedan derivar en un trato discriminatorio hacia las(los) cónyuges y compañeras(os) permanentes supérstites que contrajeron nupcias o hicieron vida marital antes del 7 de julio de 1991. En el caso hipotético de negativa al restablecimiento del derecho y el consecuente mantenimiento de la suspensión de pago de las mesadas pensionales, se configuraría una vulneración de los derechos fundamentales de quienes materialmente tienen derecho a la sustitución pensional, que debe ser reconocida por las propias administradoras de pensiones o por cualquier autoridad judicial que conozca del asunto. La protección constitucional definida requiere, en principio, que dichas cláusulas resolutorias, contenidas en normas preconstitucionales hayan sido declaradas inexequibles. En los demás eventos, procederá mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. La reclamación de la reactivación del pago de las mesadas pensionales operará de manera directa ante la entidad administradora de pensiones. En todos los casos, se aplicarán las reglas generales de imprescriptibilidad del derecho a solicitar la pensión y de prescripción trienal de las mesadas causadas i) a partir de la fecha de la primera reclamación de reactivación de pago de las mesadas formulada ante las administradoras de pensiones y ii) sin que sobrepase la fecha de notificación de la sentencia que haya declarado la inconstitucionalidad de las expresiones contenidas en las normas que sirvieron de sustento para la extinción del derecho pensional."

Pensión de sobrevivientes en caso de convivencia simultánea debe ser distribuida en proporción al tiempo de convivencia con el causante, aun cuando se cause antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003. "[L]a prestación objeto de controversia fue causada en vigencia del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, la cual […] no incluía una cláusula de distribución proporcional en casos de convivencia sucesiva o simultánea entre cónyuge y compañera permanente […]. No obstante, la Sala considera que dicha restricción legal se encuentra sujeta a principios constitucionales superiores de imperativo cumplimiento, tales como "el de solidaridad, que irradia el derecho a la seguridad social acorde con el inciso primero del artículo 48; el de protección integral de la familia, contenido en el artículo 42, y el de proscripción de los tratos irrazonables, derivado del artículo 13 Superior" [Sentencia SU 337 de 2017]. Así, se tiene que, tanto [M.E.C.] como [S.A.R.H.] acreditaron haber convivido con el causante en períodos de tiempo distintos, por aproximadamente 30 y 12 años, respectivamente, y haber dependido económicamente de este hasta su fallecimiento; […] y el causante solicitó al Municipio de Medellín que, tras su fallecimiento, la pensión fuera distribuida entre [M.E.C.] e hijos y [S.A.R.H.]. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que "no se encuentran razones de orden constitucional [para privilegiar] a un tipo de núcleo familiar sobre el otro" [Sentencia SU 337 de 2017] y que, de otorgar la prestación exclusivamente a la cónyuge o a la compañera, se desconocería que la "sustitución pensional tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección" [Sentencia T-190 de 1993]. Por consiguiente, con el fin de garantizar los principios constitucionales expuestos, la prestación deberá ser distribuida de forma proporcional al tiempo convivido con el causante […]."