Corte Constitucional - Revisión de Tutela

Prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto creada con la Ley 418 de 1997 aplica a hechos victimizantes sucedidos con anterioridad a su expedición. La respuesta a la solicitud de reconocimiento en un término superior al indicado en el reglamento vulnera el derecho al debido proceso administrativo del peticionario. "[L]a prestación humanitaria para las víctimas del conflicto creada con la Ley 418 de 1997 no señala que sus beneficiarios sean aquellas víctimas que con posterioridad a su expedición sufran una pérdida de capacidad laboral superior al 50 por ciento con ocasión del conflicto armado interno. El Legislador no estableció un límite temporal en relación con la ocurrencia del hecho victimizante que generó la PCL. De modo que el hecho pudo haber ocurrido incluso con anterioridad a la expedición de la referida ley [Sentencias T-463 de 2012, T-921 de 2014, T-209A de 2018, T-005 de 2020]. […] El argumento de la no retroactividad de la ley, esgrimido por el Ministerio del Trabajo, desconoce que el legislador está facultado no solo para fijar el instante a partir del cual sus disposiciones serán aplicadas, sino también para cobijar incluso situaciones consolidadas con anterioridad a su promulgación. […] El Ministerio del Trabajo reforzó este argumento con el artículo 2.2.9.5.2 del Decreto 600 de 2017 […]. [L]a Sala procederá a aplicar la excepción de inconstitucionalidad en el caso concreto, ya que el artículo 2.2.9.5.2 del Decreto 600 de 2017 vulnera las garantías fundamentales del accionante al mínimo vital, al debido proceso administrativo y la igualdad. Primero, porque impone una barrera no consagrada por el legislador para acceder a la prestación humanitaria, restringiendo su acceso a las víctimas del conflicto por hechos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 418 de 1997. Segundo, contraviene la interpretación del artículo 46 ejusdem ya referida. Y, tercero, para garantizar el derecho a la igualdad del actor en relación con casos resueltos por la Corte Constitucional en decisiones anteriores, donde ha ordenado el reconocimiento del beneficio por estar debidamente acreditados los requisitos, sin valorar si la ocurrencia del hecho victimizante fue previa a 1997. […] [E]l Ministerio del Trabajo vulneró el derecho al debido proceso administrativo del accionante por cuanto desconoció el término reglamentario para resolver la solicitud, en abierta vulneración del principio de legalidad. La entidad accionada excedió de manera desproporcional el término de cuatro meses toda vez que resolvió el asunto dos años después de presentada la petición."

Posibilidad de eximir del pago de honorarios destinados a las Juntas de Calificación de Invalidez, a personas en situación de vulnerabilidad solicitantes de la prestación humanitaria periódica, a la luz de un enfoque diferencial y de género. "[E]n algunas oportunidades la Corte ha reconocido la posibilidad de eximir del pago de honorarios destinados a las Juntas de Calificación de Invalidez a personas en situación de vulnerabilidad, independientemente de que las prestaciones que reclaman se deriven o no del Sistema General de Seguridad Social [sentencias T-349 de 2015, T-322 de 2011 y T-400 de 2017]… Concluye la Sala que la exigencia del artículo 2.2.5.1.16 del Decreto 1072 de 2015, de pagar un salario mínimo para la práctica del dictamen de PCL, es idónea y necesaria, pero altamente desproporcional para la [tutelante], conforme a las circunstancias [en las cuales se encuentra], que le impiden a todas luces cumplir con ese requerimiento… En ese sentido, la Corte se apartará de las decisiones contenidas en las sentencias T-067 de 2019 y T-343 de 2020, donde se propendió por un arreglo de pago entre la junta de calificación y la víctima del conflicto armado…, toda vez que, si bien se puede predicar similitud entre las referidas decisiones y la que actualmente se profiere, pues se abordaron casos de personas víctimas del conflicto en difíciles circunstancias de salud y de bajos recursos económicos, lo cierto es que en el asunto que estudia la Sala en esta oportunidad existen circunstancias fácticas que ameritan adoptar una decisión diferente y particular de manera que se tenga en cuenta la completa situación que atraviesa la accionante. Nótese como la [tutelante]… es a una mujer, violentada sexualmente, madre cabeza de familia, diagnosticada con diferentes patologías de consideración y que actualmente vive de la caridad de sus allegados. Estas circunstancias necesariamente deben ser tenidas en cuenta para emitir un fallo con un enfoque diferencial y de género, a partir de una interpretación armónica con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales…, de acuerdo con los criterios pro-homine… Valga además hacer la aclaración que la presente solución es exclusiva para el objeto de estudio, en consideración de todas las circunstancias que se evidenciaron en la [tutelante]"

No es procedente negar el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica, con fundamento en que el dictamen no evidencia la existencia del nexo causal entre la invalidez y el hecho victimizante. "[E]l Ministerio del Trabajo… no valoró las pruebas aportadas y tampoco aplicó la presunción de veracidad que opera sobre estas [historia clínica, certificación de la UARIV que acredita el registro del peticionario en el RUV, declaración extrajuicio rendida por este, y testimonios rendidos por habitantes del sector]… A juicio de la Sala, el Ministerio no ejerció las facultades previstas en los artículos 2.2.9.5.6. y 2.2.9.5.8. del Decreto 600 de 2017, para verificar el nexo causal… En tal perspectiva, contrario a lo sostenido por la entidad en sede de revisión, no es deber del juez constitucional esclarecer los hechos… [S]i bien el dictamen de pérdida de capacidad laboral es la prueba más idónea para acreditar el nexo causal, corresponde al Ministerio del Trabajo subsanar las eventuales falencias de ese documento. En esa medida, es inadmisible que niegue el reconocimiento de la prestación por irregularidades en la actuación de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, en tanto sus omisiones no son imputables a los administrados. Por consiguiente, debe valorar integralmente los elementos de juicio aportados por los aspirantes y aplicar la presunción de veracidad o, dado el caso, requerir oficiosamente a las entidades concernidas para recaudar información sobre los hechos… A pesar de que las pruebas permitían inferir de manera diáfana el nexo causal, el Ministerio del Trabajo impuso una tarifa probatoria no prevista en la regulación. En efecto, esa norma no exige que el vínculo sea determinado exclusivamente por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. Además, la interpretación de la entidad desconoce la especial protección que merecen las víctimas en virtud del artículo 13 de la Constitución, y también la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes pretenden el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica. Sumado a lo anterior, la lectura del Ministerio ignora la jurisprudencia constitucional relativa a la finalidad de este auxilio y a la valoración del nexo causal… [L]a Sentencia T-005 de 2020 señaló que el requisito mencionado "no puede estar sometido a una verificación rígida y absoluta, en la que se ignore la integralidad de hechos que rodean la situación del [peticionario]"

¿Vulnera la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de Caldas los derechos fundamentales del accionante al exigir el cumplimiento de dos requisitos contenidos en el Decreto 600 de 2017: pagar los honorarios de la junta y adjuntar la historia clínica que de cuenta de la conexidad entre la invalidez y el conflicto armado, con el fin de calificar su pérdida de capacidad laboral, necesaria para acceder a la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto? Sin que sea posible extender a otros asuntos similares, para el caso analizado en la presente sentencia, se vulnera el derecho al mínimo vital y la vida digna con relación a la reparación integral para una víctima del conflicto cuando, en el marco del procedimiento para acceder a la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado, en razón a su estado extremo de vulnerabilidad física, económica y condición de padre cabeza de familia: (i) se exige en un solo contado el pago de los honorarios de la junta de calificación, pues ello comporta una carga de difícil cumplimiento, teniendo en cuenta que sus ingresos son sustancialmente inferiores a un smmlv, por lo que debe llegarse a un acuerdo de pago; y (ii) no es posible allegar la historia clínica del momento en que ocurrió el perjuicio en el contexto del conflicto armado porque el centro hospitalario se liquidó sin que se conservara dicha información, así debe permitirse a través de otros medios probatorios acreditar dicho nexo causa

¿La entidad demandada vulneró los derechos fundamentales de la accionante al no aprobar, en seis oportunidades, la reclamación que presentó con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente en su condición de víctima de la explosión un artefacto explosivo (mina antipersonal) que le ocasionó la amputación de sus miembros inferiores y, en consecuencia, le generó un grado de pérdida de la capacidad laboral del 79.2 por ciento? Se advierte que siendo X un sujeto de especial protección constitucional por su condición de víctima del conflicto armado interno y su discapacidad, la Unión Temporal Fosyga 2014 le impuso cargas desproporcionadas carentes de toda razonabilidad durante el trámite de su reclamación, a tal punto de someterla a más de cuatro años de incertidumbre; desplazamientos desde el municipio de Puerto Asís (Putumayo) hasta la ciudad de Bogotá D.C. donde se encuentra la sede de esa entidad; erogaciones económicas para asumir el costo de los documentos soporte de la reclamación, algunos de los cuales, valga resaltar, le eran exigidos en repetidas ocasiones a pesar de haberlos aportado previamente con cada subsanación; y, en general, a una serie de diligencias injustificadas que solo han obstaculizado y dilatado en el tiempo el acceso efectivo a su derecho a la reparación integral. Ello, sin la más mínima consideración con su estado de invalidez y respeto por su dignidad humana. Al ser las víctimas del conflicto armado interno en condición de discapacidad las beneficiarias de dicha prestación, el cumplimiento de los presupuestos formales debe evaluarse con particular atención a la compleja situación de vulnerabilidad en la que se encuentran , esto es, en consideración a la especial protección constitucional de que son destinatarias. Siguiendo esa pauta, en consecuencia, se ha debido dar aplicación al principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho y flexibilizar el trámite de auditoría de los documentos allegados como soporte de la reclamación, si cuando menos no existía duda acerca de la calidad de víctima de la solicitante y la pérdida de su capacidad laboral por efecto de la explosión de un artefacto explosivo, circunstancias que se encontraban plenamente acreditadas, puesto que no fueron objeto de cuestionamiento por parte de la demandada en ninguna de las etapas del procedimiento de reclamación

¿La E.P.S. accionada puede calificar la pérdida de capacidad laboral del accionante con el fin de acceder a la prestación humanitaria periódica a favor de las víctimas del conflicto armado? Falta de aptitud legal de las EPS para realizar calificación de pérdida de capacidad laboral. La Corte considera que previo a la expedición del Decreto 600 de 2017 había un vacío normativo en relación con la identificación de la entidad responsable de realizar la valoración requerida para acceder a la prestación humanitaria periódica para las víctimas de la violencia, por lo que era necesario aplicar las normas generales del sistema de seguridad social en materia pensional, según las cuales le correspondía a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Por su parte, las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, sólo actuaban frente a objeciones contra los dictámenes emitidos por las referidas entidades. En particular, respecto de las E.P.S. la Corte Constitucional advirtió que la obligación de calificar la pérdida de capacidad laboral a las víctimas del conflicto armado, no era solo para las del régimen contributivo, sino también para las del régimen subsidiado, en virtud del principio de igualdad . No obstante, con la expedición del Decreto 600 de 2017 se subsanó el vacío legal y, en consecuencia, no queda duda que la entidad llamada a realizar esta valoración es la Junta Regional de Calificación de Invalidez correspondiente al lugar del domicilio del actor

¿Colpensiones vulneró los derechos del accionante al dejar en suspenso su derecho a la prestación humanitaria periódica a pesar de que el actor considera cumplidos los requisitos legales, argumentando que es necesario primero determinar la entidad que debe asumir el pago de dicha prestación? Prestación humanitaria periódica para personas víctimas de la violencia.Al enlistar los requisitos no se menciona la entidad que debe expedir dicha calificación, pero posteriormente se restringe a que únicamente son las Juntas Regionales, lo cual permite concluir que se está haciendo más gravoso un requisito que ya existía en la antigua normativa (artículo 46 de la Ley 418 de 1997), el cual estaba vigente al momento de la solicitud de la prestación humanitaria que se analiza

¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales del actor por la falta de una respuesta de fondo a su petición de reconocimiento de la prestación humanitaria periódica a la que, en su sentir, tiene derecho en razón de su condición de víctima del conflicto armado con una pérdida de capacidad laboral del 74.80%? Pensión especial de invalidez para víctimas del conflicto armado. Colpensiones efectivamente vulneró el derecho fundamental de petición, por cuanto no respondió de fondo la petición que el señor presentó, relativa al reconocimiento y pago de la prestación humanitaria prevista en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, la Sala concluye que en esa fecha el accionante presentó ante Colpensiones su petición junto con otros documentos tales como el dictamen de la junta regional de calificación que acredita una pérdida de capacidad laboral del 74.80%, las certificaciones expedidas por la Personería Municipal y la Alcaldía del Municipio de Samaniego sobre la ocurrencia del atentado terrorista del que fue víctima y la declaración realizada bajo la gravedad del juramento acerca de su carencia de pensión o posibilidad de pensionarse y de atención en salud

¿Los derechos fundamentales del accionante fueron vulnerados por Colpensiones al negarle, con fundamento en el supuesto incumplimiento de los requisitos legales del parágrafo 4, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la pensión anticipada de vejez sin tener en cuenta que de las circunstancias alegadas, se desprende que la pretensión requerida por el actor es el reconocimiento de la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado? Aunque los hechos que le dieron origen a la pensión a favor de las víctimas de la violencia siguieron existiendo, solo a partir del 22 de octubre de 2014, día en que fue proferida la sentencia C-767 de 2014, existe certeza que dicha prestación sigue vigente en el ordenamiento jurídico. Por tal razón, se debe entender que, desde ese momento la pensión especial para víctimas de la violencia es exigible y las entidades están en la obligación de efectuar su reconocimiento(…) resultaría desproporcionado reclamar a los entes obligados cancelar sumas de dinero surgidas de un derecho que fue incierto por varios años(…)la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado interno recae en la categoría de subsidio, con el fin de mitigar los impactos producidos en el marco del conflicto armado interno. Por lo anterior, la entidad encargada del reconocimiento de esta pensión especial solo deberá verificar que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997

¿La pensión de carácter vitalicio consagrada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 que se otorga a víctimas de la violencia que con ocasión al conflicto armado interno sufran una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% continúa vigente en el ordenamiento jurídico nacional? La Corte Constitucional, desató la discusión en la Sentencia C-767 de 2014 , en donde declaró la exequibilidad de los artículos 1 de la Ley 1106 de 2006 y 1 de la Ley 1421 de 2010, en el entendido que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud

¿Se vulneran los derechos fundamentales del actor al negársele el derecho a la pensión especial de invalidez por ser víctima del conflicto armado, con fundamento en exigencias no contempladas en la Constitución, ni en la ley para hacerse acreedor a dicha prestación? esta Corporación en sentencias T-463 de 2012, T-469 de 2013 y más recientemente en la C-767 de 2014, se estudió la vigencia actual de la Ley anteriormente referenciada y concluyó que a pesar de que ésta tan solo fue prorrogada expresamente hasta el año 2006 y que si bien hasta el momento se había interpretado que la Ley 797 de 2003, al establecer en su artículo segundo que en ningún caso sería posible sustituir el requisito de semanas cotizadas o tiempo de servicios, con el cumplimiento de otros distintos a cotizaciones efectivamente realizadas, había derogado tácitamente la prestación en comento, era necesario entender que la pensión especial para víctimas del conflicto armado sigue vigente a la fecha(…) la finalidad con la que se creó la pensión especial de invalidez para las víctimas del conflicto armado está relacionada más con la posibilidad de mitigar los impactos que se generen en las personas con ocasión al conflicto armado interno, cuestión que dista en gran medida de la protección consagrada por el SGSSP en favor de los trabajadores que se ven afectados por alguna de las contingencias específicamente contempladas en la Ley y que efectuaron los aportes en ella contemplados (los cuales implican lógicamente la existencia de unos periodos previos de cotización y la consecuente afiliación al sistema)(…)la pensión contenida en el artículo 45 de la Ley 418 de 1997, al no ser parte del SGSSP no se ve afectada por la regla general implementada mediante la Ley 797 de 2003 y por tanto, no se vio derogada por lo contemplado en esta normatividad

¿Se vulneraron los derechos fundamentales del accionante que presenta una discapacidad porque se le amputó su pierna izquierda y perdió capacidad auditiva, por el estallido de una mina anti persona que pisó, luego de haber sido detenido por las FARC, en un retén militar al negarle la pensión especial para víctimas del conflicto armado? La Sala encuentra que en el expediente obran pruebas que muestran que el accionante sufrió la mutilación de su miembro inferior izquierdo y la pérdida de audición por la explosión de una mina anti-persona, artefacto mundialmente reconocido como contrario al Derecho Internacional Humanitario . De este modo, no queda duda de que el peticionario resultó afectado con ocasión de la violación de las normas del derecho internacional, en el marco del conflicto armado y, por lo tanto, debe ser considerado como una víctima para los efectos que nos ocupan

Criterios para la aplicación de medidas regresivas en materia de derechos sociales. "[L]a prueba de que una norma es regresiva determina una presunción de invalidez o de inconstitucionalidad, transfiriendo al Estado la carga de argumentar a favor de la racionalidad de la legislación propuesta, es decir, que éste debe probar que, pese a que la medida es regresiva, la norma es justificable. En consecuencia, corresponde al Estado demostrar la estricta necesidad de la disposición regresiva. Esto supone la demostración por parte del Estado de: a) la existencia de un interés estatal permisible; b) el carácter imperioso de la medida; c) la inexistencia de cursos de acción alternativos o menos restrictivos del derecho en cuestión. Por otro lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, también estableció las condiciones y contenido de la posible justificación: la medida "deberá ser justificada plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se dispone" (OG No. 3, punto 9; OG No. 13, punto 45; OG No. 14, punto 329). Ello corresponde a que el Estado sólo puede justificar la regresividad de una medida demostrando: a) que la legislación que propone, pese a implicar retrocesos en algún derecho, implica un avance teniendo en cuenta la totalidad de los derechos previstos en el Pacto, y b) que ha empleado todos los recursos de los que dispone, y que, aun así, necesita acudir a ella para proteger los demás derechos del Pacto. Estas limitaciones resultan sumamente importantes, puesto que el Estado no puede utilizar argumentos generales de política pública, disciplina fiscal o referirse a otros logros financieros o económicos, sino que debe señalar concretamente que otros derechos previstos en el Pacto (es decir, derechos económicos, sociales y culturales, y no cualquier otro derecho) se vieron favorecidos por la medida. […] En conclusión, las medidas regresivas en materia de derechos sociales, están justificadas cuando se cumplen los presupuestos expuestos en este capítulo. Sólo de esa manera puede desvirtuarse la presunción de inconstitucionalidad que recae prima facie sobre esa clase de disposiciones legales. Sobre la base de lo expuesto, esta Sala evidencia que el legislador no expuso de manera clara y suficiente, por qué la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, no debía ser prorrogada, no se tuvo en cuenta los desarrollos jurisprudenciales de esta Corporación, los desarrollos sobre la materia de la doctrina especializada, ni la imposición de acatar los tratados de derecho internacional, como el PIDESC."

¿Vulneraren, el Ministerio de la Protección Social y El ISS, los derechos fundamentales al trabajo, a la vida digna, a la seguridad social y a la salud de un ciudadano que perdió el 51.44% de su capacidad laboral con ocasión de un atentado terrorista, y que fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, según los requerimientos exigidos por las normas vigentes, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión especial de invalidez de que trata el artículo 48 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002? La garantía de la pensión especial mínima de invalidez reconocida desde la Ley 418 de 1997, produjo sus efectos jurídicos hasta el 22 de diciembre de 2006. No les asiste razón a las entidades demandadas cuando alegan en su defensa que la Ley 782 de 2002, fue derogada tácitamente por la Ley 797 de 2003. Tampoco es de recibo el argumento de que el reconocimiento y pago de la pensión especial de invalidez carece de reglamentación en cuanto a quién corresponde asumirla. Es claro que el artículo 46 de la ley 418 de 1997, dio instrucciones precisas en cuanto a que la prestación reconocida por esta norma sería cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional creado por el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 y sería reconocida por el ISS o por la entidad oficial que el gobierno nacional determine