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PENSION DE JUBILACIÓN – Docente. Solicitud negada por falta de requisitos, edad, tiempo, según Ley 33 de 1985 / DOCENTE NACIONALIZADO
Controvierte JAIME TRUJILLO PORTELA, la Resolución No. 439 del 15 de marzo de 2001 y la No. 533 del 2 de abril de 2001, por medio de las cuales el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó el reconocimiento y pago de la pensión mensual de jubilación. Observa la Sala que el actor funda sus pretensiones en que, dada su condición de docente lo ampara un régimen especial y en consecuencia le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con las previsiones de la Ley 6ª de 1945, es decir con veinte (20) años de servicio y cincuenta (50) años de edad. La Ley 91 de 1989, que sirve de fundamento a la demandante para reclamar la pensión ordinaria de jubilación, con base en la Ley 6ª de 1945, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de atender entre otras las prestaciones sociales de los docentes Nacionales y Nacionalizados. Esta Ley señaló la manera como la Nación y las entidades territoriales según el caso, asumirían esa clase de obligaciones prestacionales del personal docente. El señor JAIME TRUJILLO PORTELA, en su calidad de docente ha venido prestando sus servicios en el ramo de la educación, desde el mes de febrero de 1979, por ende se le aplica la disposición antes transcrita, en cuanto señala que a los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes. Es decir, el actor mantiene el régimen vigente en la entidad territorial en la fecha en que formuló la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, que lo fue el primero de marzo de 2001. En materia de pensión de jubilación en esa época se hallaba vigente la Ley 33 de 1985, "por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público." El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 dispuso que no quedaran sujetos a la regla antes transcrita, los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción, ni aquellos que por Ley disfruten de un régimen especial de pensiones. La ley 33 de 1985 se aplica a los empleados oficiales de cualquier orden, salvo los regímenes de excepción y los especiales, en los términos antes indicados. Se repite, el ordenamiento jurídico no prevé un régimen especial de pensión ordinaria de jubilación en favor de los docentes oficiales. El señor JAIME TRUJILLO PORTELA, en su calidad de docente ha venido prestando sus servicios en el ramo de la educación, desde el mes de febrero de 1979, por ende se le aplica la disposición antes transcrita, en cuanto señala que a los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
Consejero ponente: ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Bogotá D.C., enero veintisiete (27) de dos mil cinco (2005)
Radicación número: 73001-23-31-000-2001-02404-01(2225-03)
Actor: JAIME TRUJILLO PORTELA
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACION
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 11 de marzo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
A N T E C E D E N T E S
JAIME TRUJILLO PORTELA, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., demandó del Tribunal Administrativo del Tolima la nulidad de la Resolución No. 439 del 15 de marzo de 2001 y la No. 533 de abril 2 de 2001, por medio de las cuales la entidad demandada, negó el reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto acusado y a título de restablecimiento del derecho, pretende se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocerle y pagarle la pensión ordinaria de jubilación a partir del 24 de noviembre de 2000, fecha en que según el demandante cumplió con los requisitos de ley, con sus respectivos reajustes de Ley e intereses comerciales y moratorios.
Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, los hace consistir en que prestó sus servicios oficiales al Departamento del Tolima como docente nacionalizado por más de veinte años, en razón a que se vinculó a la docencia desde el 26 de febrero de 1979.
Además de lo anterior, manifiesta, que nació el 24 de noviembre de 1950, es decir, cumplió los 50 años de edad el día 24 de noviembre de 2000, por lo cual, considera que tiene derecho a la pensión vitalicia de jubilación.
Normas violadas. Invocó las siguientes:
Ley 6ª de 1945, art. 17 literal b).
Decreto 3135 de 1968. art. 27.
Decreto 1848 de 1969. art.68.
Decreto Ley 2277 de 1979, art. 36 literal f.
Ley 91 de 1989, art. 15 numeral 1°.
Ley 4ª de 1992. art. 2°.
Ley 115 de 1994. art. 115.
Ley 60 de 1993.
LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante la sentencia objeto del recurso de apelación negó las súplicas de la demanda, con base en las razones que a continuación se resumen:
Considera el a quo, que al actor le es aplicable la ley 33 de 1985 y no la ley 6 de 1945, por cuanto no reúne los requisitos exigidos por el parágrafo segundo del artículo primero de la referida ley 33.
Además, manifiesta el Tribunal , que en proceso bajo examen, es de claridad meridiana que si la demandante entró a laborar el día 26 de febrero de 1979, los 15 años fijados por la ley 33 para tener derecho al tratamiento excepcional, fueron cumplidos en febrero de 1994, es decir, tiempo después de la fecha de la ley 33 de 1985. Por tanto, el demandante no tiene derecho a pensionarse a la edad de los 50 años fijados en la ley 6 de 1945 para los empleados de las entidades territoriales, sino a los 55 años como lo estableció la ley 33 tantas veces mencionada.
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
En memorial visible a folios 93 y siguientes del expediente, obra la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de cuyas razones de inconformidad se destacan las siguientes:
Dice el apoderado del actor, que la ley 33 de 1985 establece en el artículo primero que el empleado oficial que sirva o que haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.
Dice además, que el Tribunal al negar las pretensiones de la demanda olvido conceptuar o interpretar el segundo inciso de la anterior ley que es aplicable a los docentes, por cuanto éstos no quedan sujetos a la regla general, pues los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justifique la excepción que la ley halla determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial, situación en la que se encuentra el actor.
Para resolver, se
C O N S I D E R A
Controvierte JAIME TRUJILLO PORTELA, la Resolución No. 439 del 15 de marzo de 2001 y la No. 533 del 2 de abril de 2001, por medio de las cuales el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó el reconocimiento y pago de la pensión mensual de jubilación.
Observa la Sala que el actor funda sus pretensiones en que, dada su condición de docente lo ampara un régimen especial y en consecuencia le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con las previsiones de la Ley 6ª de 1945, es decir con veinte (20) años de servicio y cincuenta (50) años de edad.
El problema jurídico se resuelve en el siguiente orden:
Por disposición del artículo 3° del Decreto 2277 de 1979, los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden Nacional, Departamental, Distrital, y Municipal, son empleados oficiales de régimen especial. La especialidad del régimen comprende aspectos de administración de personal y algunas regulaciones en materia salarial y prestacional.
Los docentes oficiales han disfrutado de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo ( Decreto 224 de 1972, artículo 5°), algunos gozan de la denominada pensión gracia (Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933), prestaciones que reiteran las Leyes 91 de 1989, 100 de 1993, artículo 279 y 115 de 1994, artículo 115.
La Ley 91 de 1989, que sirve de fundamento a la demandante para reclamar la pensión ordinaria de jubilación, con base en la Ley 6ª de 1945, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de atender entre otras las prestaciones sociales de los docentes Nacionales y Nacionalizados. Esta Ley señaló la manera como la Nación y las entidades territoriales según el caso, asumirían esa clase de obligaciones prestacionales del personal docente.
El artículo 15 numeral 1° de la Ley en mención indicó las disposiciones que se aplicarían a los docentes Nacionales y Nacionalizados y a los que se vincularan con posterioridad al 1° de enero de 1990. Para resolver el sub – lite en lo pertinente dispuso:
"...Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente Nacional y Nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
Los docentes Nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes...". (se subraya)
El señor JAIME TRUJILLO PORTELA, en su calidad de docente ha venido prestando sus servicios en el ramo de la educación, desde el mes de febrero de 1979, por ende se le aplica la disposición antes transcrita, en cuanto señala que a los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.
Es decir, el actor mantiene el régimen vigente en la entidad territorial en la fecha en que formuló la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, que lo fue el primero de marzo de 2001. En materia de pensión de jubilación en esa época se hallaba vigente la Ley 33 de 1985, "por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público." El artículo 1° de esta Ley dispuso:
"...El empleado oficial (son empleados oficiales los docentes que prestan sus servicios en el orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal) que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio..."
El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 dispuso que no quedaran sujetos a la regla antes transcrita, los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción, ni aquellos que por Ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
Además del régimen especial que se ha establecido en favor de los docentes oficiales referido a la posibilidad que tienen de percibir simultáneamente pensión de jubilación, sueldo y cuando haya lugar a ella, acceder a la pensión gracia; en materia de pensión ordinaria de jubilación el ordenamiento jurídico no ha previsto ninguna especialidad en su tratamiento. Así se desprende de la normatividad que se ha expedido a favor de los servidores del ramo de la docencia.
Lo anterior por cuanto el régimen especial de pensiones se caracteriza porque algunas de sus disposiciones contemplan de manera expresa, condiciones relacionadas con la edad, tiempo de servicio y cuantía de la mesada pensional distintos a los establecidos en la norma general.
La ley 33 de 1985 se aplica a los empleados oficiales de cualquier orden, salvo los regímenes de excepción y los especiales, en los términos antes indicados. Se repite, el ordenamiento jurídico no prevé un régimen especial de pensión ordinaria de jubilación en favor de los docentes oficiales.
No son pues de recibo los planteamientos de la demandante en cuanto insiste en afirmar que en su condición de docente nacionalizada, no le afecta la Ley 33 de 1985.
Ahora bien, esta Ley en el parágrafo 2° del artículo 1° dispuso:
"...Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley..."
El señor JAIME TRUJILLO PORTELA, tampoco cumplía con las exigencias señaladas en la anterior disposición pues para el 29 de enero de 1985 fecha de expedición de la ley 33 de 1985, solo tenía como tiempo de servicio cinco (5) años, once (11) meses y tres (3) días, debido a que entró a laborar el 26 de febrero de 1979.
Por las razones que anteceden, se confirmará el fallo apelado.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B" administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
CONFIRMASE la sentencia de 11 de marzo de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima por medio de la cual denegó las súplicas de la demanda, dentro del proceso promovido por JAIME TRUJILLO PORTELA.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
TARSICIO CÁCERES TORO JESÚS MARIA LEMOS BUSTAMANTE
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
ENEIDA WADNIPAR RAMOS
Secretaria
"Normograma - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones"
ISSN [2256-1633 (En linea)]
Última actualización: 5 de febrero de 2021 - Diario Oficial No. 51567 - Enero 24 de 2021
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