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  República  de Colombia

 

 

 

 

    Corte Suprema de Justicia

  

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RADICACIÓN NO.35467
ACTA NO. 29
MAGISTRADO PONENTE:FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ
FichaCSJ SCL 35467 de 2010
Convenciones
Color Azul aguaRatio Decidendi

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil diez (2010).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 13 de diciembre de 2007, en el juicio que le promovió JUAN EVANGELISTA SALAVARRIETA ALZATE.

ANTECEDENTES

JUAN EVANGELISTA SALAVARRIETA ALZATE demandó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con el fin de que fuera condenado a reconocerle y pagarle la pensión de vejez, a partir de 1º de febrero de 2004; las mesadas pensionales “especiales”; la indexación; los servicios médico, quirúrgico y farmacéutico; y las costas procesales.   

Fundamentó sus peticiones en que nació el 1º de junio de 1932; que laboró para varios empleadores, quienes cotizaron por los riesgos de IVM; que, posteriormente, aportó a éstos como trabajador independiente; que, según su historia laboral, cotizó 1013 semanas al instituto demandado, razón por la cual tiene derecho a la pensión de vejez; que, una vez solicitada la prestación y negada por aquél mediante Resolución No. 12549 de 2001, bajo el argumento de contar solo con 829 semanas, siguió aportando al sistema de pensiones hasta febrero de 2004; que por ello volvió a presentar escrito de reclamación, pero no le fue contestado; que, en vista de lo anterior, demandó al Instituto ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el cual absolvió a éste, por tener reportadas 996 semanas, con la observación de que faltaban las autoliquidaciones de junio de 1997, mayo de 2000 y marzo y abril de 2003; que, por ende, pagó dichos meses y solicitó la pensión el 19 de julio de 2005, pero no ha tenido respuesta alguna.

Al dar respuesta a la demanda (fls.130-133 del cuaderno principal), el Instituto demandado se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo no constarle ninguno y los remitió a prueba. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, ausencia del derecho sustantivo, improcedencia de la indexación de las condenas, “imposibilidad de condena en costas” y la genérica.

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 17 de octubre de 2006 (fls.140-144 del cuaderno principal), condenó al Instituto a pagar la pensión de jubilación del actor, a partir de 1º de febrero de 2004; las mesadas pensionales adeudadas en cuantía de $16.468.570.95; la indexación de las anteriores en $1.856.658.38; y “…a partir del mes de noviembre de 2006 mesada pensional por valor de $456.587.29, más las mesadas adicionales de junio y diciembre y los incrementos legales que se estipularen por el Gobierno”.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al conocer del proceso, por apelación interpuesta por el demandado, el Tribunal Superior de Medellín, mediante fallo de 13 de diciembre de 2007 (fls.156-159 del cuaderno principal), confirmó en su integridad el del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que el demandante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, toda vez que contaba con más de 40 años de edad, a la entrada en vigencia de la misma, aspecto que incluso no se discutía; que, por esta razón, los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto de la prestación se encontraban regulados por la normatividad anterior, esto es, el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año, el cual, dijo, establecía una edad de 60 años para hombres y 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimento de la mencionada edad o, en su defecto, 1000 semanas en todo el tiempo laborado.

Agregó que el actor había cumplido los 60 años de edad el 8 de junio de 1992, momento para el cual tenía cotizadas 829 semanas, tal como se consignó en la Resolución No. 12549 de 2001, que negó el derecho pensional; que “…el demandante, frente al rechazo de su petición ante la entidad demandada y el fracaso de la acción judicial inicial, decisiones que en ambos casos resultaron adversas a sus aspiraciones por la misma causa, deficiencia de las semanas aportadas, continuó cotizando al sistema, tal como se aprecia en los documentos de fs. 6 a 13, de donde se infiere que entre enero 1º de 1967 y 31 de diciembre de 1994 se cotizaron 538.28 semanas, fl. 6, entre enero de 1995 y marzo de 2004, cotizó el accionante un total de 458.57 semanas, fl. 11 al 13, en abril de 2004 4.2 semanas, fl. 7, mayo de 2003 4.2. semanas fl. 8, junio de 1997 4.2 semanas, fl. 9 y mayo de 2000 un total de 4.2. semanas, fl. 10, para un total de semanas cotizadas de 1013.14, densidad de semanas que alcanza el límite fijado por la disposición aplicable al afiliado, teniendo derecho a la pensión, como acertadamente lo dedujo el a- quo, debiéndose confirmar en consecuencia, la decisión en todas sus partes”.

Finalmente, arguyó que la fecha de retiro del actor del sistema, esto es, el 1º de febrero de 2004, resultaba inmodificable en la medida en que no hubo nueva afiliación, sino que se cancelaron las semanas deficitarias que no permitían acceder al derecho deprecado; que, en este sentido, el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 disponía que los aportes, no consignados dentro de los plazos legales, generaban un interés moratorio a cargo del empleador, que en este caso fue el cotizante independiente, quedando en manos de las administradoras de pensiones las acciones de cobro respectivas; que “Ello significa que no puede reprocharse y menos desconocerse las cotizaciones efectuadas extemporáneamente, las que libres de esas acciones, cumplen su objeto legal, en la medida en que cubren el umbral necesario para la adquisición del derecho pensional”; y que sobre el punto, esta Sala se había pronunciado en la sentencia de 30 de agosto de 2000 (Rad. 13818).

EL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el Instituto demandado, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque en su integridad la de primer grado y, en su lugar, absuelva de todas las pretensiones.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados y enseguida se estudian.

PRIMER CARGO

Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 10, 13, 17, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993; 5º del Decreto 2633 de 1994; 14 del Decreto 656 de 1994; y 13 del Decreto 1161 de 1994; lo que condujo a la infracción directa de los artículos 17, 22, 32, 33 y 39 del Decreto 1406 de 1994.

En la demostración del cargo sostiene que no obstante tener conocimiento el Tribunal de que el actor incurrió en mora en el pago de las cotizaciones, condenó al demandado al pago de la prestación; que “Con sustento en la ley y en la jurisprudencia, se cree que debe ser el empleador moroso- en el presente caso, el demandante como independiente- quien debe asumir las consecuencias de dicha omisión”; que, a pesar de no mencionar el ad quem la aplicación de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 10 y 13 de la Ley 100 de 1993, se entiende que los aplicó para confirmar la decisión de primer grado, pero lo hizo de manera indebida, dado que excedió el alcance de los mismos, al afirmar que el demandado debía asumir la prestación de vejez; que tales normas disponen que el Sistema de Pensiones es contributivo y, en esa medida, las obligaciones de las administradoras del sistema quedan supeditadas al pago oportuno de las cotizaciones por parte de los empleadores; que el Tribunal pasó por alto los artículos 17, 22 y 32 de la Ley 100 de 1993, al considerar que el empleador o el trabajador independiente cumplen sus deberes con la afiliación al sistema.

Estima que las consecuencias para el no pago oportuno de las cotizaciones al Sistema de Pensiones se encuentran en el artículo 3º del Decreto 1406 de 1994; que en el caso presente el responsable por la no presentación de las autoliquidaciones de aportes es el trabajador independiente, es decir, el aportante; que “En cuanto a la consideración acerca de que las entidades de los fondos de pensiones deben adelantar las respectivas acciones de cobro, es necesario, mencionar que aunque la entidad de seguridad social está facultada para adelantar dichas acciones en contra de los empleadores incumplidos, ello no quiere decir que si no realiza las gestiones de cobro de las cotizaciones en mora, deba responder por la prestación. En ésta (sic) medida, el ad quem excedió el alcance del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, 5 del Decreto 2633 de 1994, literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994, por cuanto de la providencia se colige claramente que una de las razones expuestas para condenar a mi representada, fue el considerar que el I.S.S. incumplió con lo mencionado”; que esta Corporación se pronunció en el anterior sentido en la sentencia de 4 de marzo de 2003 (Rad. 19610).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Sobre el tema de los pagos extemporáneos de los aportes al Sistema General de Pensiones por los trabajadores independientes, esta Sala se pronunció el 5 de diciembre de 2006 (Rad. 26728), en los siguientes términos:

“Así las cosas, la discusión estriba en establecer si las cotizaciones efectuadas por los trabajadores independientes por fuera de los términos o períodos a que corresponden, resultan 'irregulares' y, por ende, están viciadas de nulidad o ineficacia, no debiendo ser contabilizadas para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez.

“Al respecto, sea necesario señalar delanteramente por la Corte que los trabajadores independientes se consideran afiliados 'obligatorios' al Sistema General de Pensiones, previsto como parte del Sistema de Seguridad Social Integral creado por la Ley 100 de 1993, sólo a partir de la vigencia de la Ley 797 de 2003 (29 de enero de 2003), pues, hasta ese momento, se les tenía como afiliados 'voluntarios', conforme al tenor del artículo 15 de la mentada Ley 100 de 1993. Tal diferencia se justificó por las restricciones iniciales que el legislador encontró necesario establecer al implementar el naciente sistema general integral de seguridad social y que, con el paso del tiempo, fueron superándose en beneficio de sectores de la población como el aquí tratado, en desarrollo indiscutible de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que lo gobiernan (artículo 2º ibídem).

“Tales afiliados, para acceder las prestaciones económicas previstas en el sistema, deben efectuar un número mínimo de cotizaciones, con fundamento en un ingreso base que guarde total correspondencia con los efectivamente percibidos, y por tiempos efectivamente cotizados, denominados más propiamente 'semanas de cotización', en los términos de que tratan los artículos 11, 13, 15, 18, 19 y 20 de la aludida Ley 100 de 1993, en la forma como fueron modificados por la citada Ley 797 de 2003. Disposiciones que, a su vez, han venido siendo profusamente reglamentadas, entre otros, por los Decretos 692 de 1994, 326 de 1996, 1818 del mismo año y 1406 de 1999, invocados por el Instituto recurrente.

“Por otra parte, es claro para la Corte que las cotizaciones realizadas al nuevo sistema pensional no solamente constituyen, desde un punto de vista meramente económico, la fuente de los recursos financieros que lo sostienen y lo hacen viable, sino, además, desde una óptica estrictamente jurídica, la obligación que ata al afiliado a la entidad de seguridad social y, de manera más amplia, al sistema cuya protección pretende alcanzar. De tal suerte que, sólo en la medida en que el afiliado, ya directamente, como ocurre en el presente caso, o por parte de su empleador, quien como es sabido en las relaciones de trabajo subordinadas es el responsable, o de un tercero, como lo permitió el literal e) del Parágrafo 1º, del artículo 3º de la mencionada Ley 797 de 2003, sufrague el número mínimo de cotizaciones previsto por el legislador, y cumpla las demás condiciones que particularmente la regulan, tendrá derecho él mismo o sus beneficiarios a la correspondiente pensión.      

“También lo es que el recaudo temporáneo de la cotización o, en otros términos, el cumplimiento oportuno de la obligación de cotizar, no genera mayor inconveniente al momento de establecer la obligación de protección por parte del sistema pensional, por supuesto, una vez cumplidas las demás condiciones que para la respectiva prestación ha contemplado la legislación.  

“El pago extemporáneo efectuado por el empleador, esto es, aquel que realiza por fuera del plazo ordinario establecido legalmente, y antes de que se produzca el siniestro, es decir, de que se concrete y materialice el riesgo, no es nulo ni tampoco ineficaz. En ese caso, se reitera, tratándose del empleador, sencillamente se producirán las consecuencias jurídicas previstas en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993.        

“Cosa distinta ocurre cuando el aportante no es el empleador sino el trabajador, pues, sus cotizaciones “se entenderán hechas para cada período, de manera anticipada y no por mes vencido”, como lo anunciaba expresamente el artículo 20, inciso tercero, del Decreto 692 de 1994, así como que si no se especificaba el período de cotización debía tomarse “como período de cotización el mes siguiente al de la fecha de consignación del aporte”, disposición que, aun cuando fue expresamente derogada por el artículo 56 del Decreto 326 de 1996, posteriormente se insertó en el artículo 35 del Decreto 1406 de 28 de julio de 1999 en similares términos, así: 'Los trabajadores independientes deberán presentar la declaración de novedades y realizar el pago de las respectivas cotizaciones por períodos mensuales y en forma anticipada. Las novedades que ocurran y no se puedan reportar anticipadamente, se reportarán al mes siguiente'.

“Por manera que, siguiendo tal derrotero, y sobre el supuesto de por ser el trabajador independiente el aportante de sus cotizaciones e interesado directo ante el Sistema General de Pensiones por el cubrimiento de las contingencias que contempla, le corresponde asumir, conforme al criterio actual del legislador que se acaba de enunciar, las consecuencias del déficit, insuficiencia o precariedad en el número mínimo de cotizaciones requerido para acceder a las prestaciones contempladas por dicho sistema pensional.   

“Así las cosas, se impone concluir que las cotizaciones efectuadas por el trabajador independiente no dejan de serlo, ni pueden calificarse de nulas o ineficaces, como al parecer lo entiende el Instituto demandado, por efectuarse en un período que podría llamarse 'extemporáneo, dado que, de lo establecido por el legislador, se deduce, sin duda, que las cotizaciones realizadas por esta clase de afiliados no surten efectos retroactivos, por lo que, en consecuencia, no pueden ser tildadas de 'irregulares', habida consideración que siempre se harán para cada período 'en forma anticipada', y como dice la última norma citada, “si no se reportan anticipadamente, se reportarán al mes siguiente”.

“Lo anotado explica, además, que los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 no hayan previsto la aplicación de sanciones moratorias, ni la posibilidad de ejercer en su contra acciones de cobro por parte de las entidades administradoras del sistema. Así lo repite el artículo 28 del Decreto 692 de 1994 cuando dice: “ ... Tratándose de afiliados independientes, no habrá lugar a la liquidación de intereses de mora, toda vez que las cotizaciones se abonarán por mes anticipado y no por mes vencido”.  Es que, frente al criterio actual de legislador, el efectuar las cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de vejez constituye para el trabajador independiente un 'imperativo de su propio interés', de manera que, el retardo en la aportación del mínimo de las cotizaciones exigidas por el sistema pensional, lo que hace es dilatar en el tiempo el reconocimiento de la prestación perseguida y, en situaciones extremas, el dejar de aportar al sistema ese número mínimo, imposibilita el nacimiento del derecho perseguido.   

“Ante lo dicho, el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo no incurrió en el yerro jurídico de no advertir como nulas o ineficaces las cotizaciones efectuadas por Peña Motta como trabajador independiente, como lo alegó el demandado, pues a ellas les dio plenos efectos, no obstante haberse apoyado para su conclusión en consideraciones tangenciales al tema debatido, relativas a la buena fe del aportante, los deberes de control e información de la administradora de pensiones, los principios de la seguridad social y hasta el “sentido” de alguna sentencia de tutela de la Corte Constitucional, por cuanto el legislador expresamente define que esas cotizaciones surtirán efectos hacia el futuro y, particularmente, “por períodos mensuales y en forma anticipada” y, a falta de señalamiento del respectivo período, “se reportarán al mes siguiente”.     

“Importa a la Corte destacar que precisamente el artículo 21 del Decreto 1818 de 1996, que invoca la censura, pero que también fue derogado por el artículo 61 del Decreto 1406 de 1999, reiteraba lo antes señalado en el sentido de que las cotizaciones efectuadas por los trabajadores independientes, fuera de hacerse mensualmente, debían cumplirse anticipadamente, de suerte que, en suma, tanto antes como ahora, ninguna consignación podrá surtir efectos retroactivos, de donde se infiere que a la entidad administradora corresponde, en consecuencia, imputar siempre los pagos a mensualidades futuras en los términos y oportunidades de que trata hoy el Decreto 1406 de 1999, en el que se ha dicho se vuelve a reiterar el anterior criterio legal, pero imputación que para el presente asunto no es materia de debate, por tanto, extraña al estudio de la Corte.       

Ante la anterior doctrina, plenamente aplicable al caso y la inexistencia de motivos que obliguen a variarla, el cargo es infundado.

SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia recurrida de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“- No dar por demostrado, estándolo, que las cotizaciones realizadas por el señor Juan Evangelista Salavarrieta fueron efectuadas extemporáneamente”.

“- Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez desde el mes de febrero de 2004”.

“- No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no canceló los correspondientes intereses moratorios por las cotizaciones realizadas extemporáneamente”

Indica que el Tribunal incurrió en los anteriores yerros, por la errónea apreciación de las siguientes pruebas:

“1. Pago realizado por concepto de la cotización correspondiente al ciclo abril de 2003 (folio 7)”

“2. Pago realizado por concepto de la cotización correspondiente al ciclo marzo de 2003 (folio 8)”

“3. Pago realizado por concepto de la cotización correspondiente al ciclo junio de 1997 (folio 9)”

“4. Pago realizado por concepto de la cotización correspondiente al ciclo mayo de 2000 (folio 10)”

“5. Reporte de la historia laboral del señor Juan Evangelista Salavarieta (folio 11 a 13)”

En la demostración del cargo sostiene que con las pruebas erróneamente valoradas, se determina que existieron ciclos que fueron cancelados por el demandante de forma extemporánea, esto es, los meses de junio de 1997, mayo de 2000 y marzo y abril de 2003; que “El Tribunal considera que el I.S.S. debe reconocer la pensión de vejez desde el 1º de febrero de 2004, lo cual a todas luces resulta inestimable para mi representada, ya que al comprobarse el pago extemporáneo de las cotizaciones mencionadas, sin los correspondientes intereses moratorios, éstas no se deben tener en cuenta para el cómputo que realiza el fallador de segundo grado, conclusión que lo llevó al error de reconocerla a pensión sin el cumplimiento de los requisitos, observándose que a la mencionada fecha el demandante no debía ser acreedor de dicha pensión”; que, además, la historia laboral, obrante a folios 11 a 13, indica que el número de semanas cotizadas no era 458. 57, tal como lo determinó el ad quem.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

El Tribunal no desconoció en ningún momento que el actor había hecho un pago extemporáneo de algunas cotizaciones, sino que, a pesar de ello, consideró, éstas eran válidas y lo que quedaba a la administradora de pensiones, era adelantar las acciones tendientes al cobro de los respectivos intereses, lo que claramente se desprende en cuanto afirmó en sus consideraciones que “En este sentido el art. 23 de la Ley 100 de 1993 dispone que los aportes que no se consignaron dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador y ha de entenderse, en su caso, al cotizante independiente, quedando en manos, conforme al art. 24 ibídem., de las entidades administradoras de los fondos de pensiones de los distintos regímenes, las acciones de cobro con motivo de dicho incumplimiento. Ello significa que no puede reprocharse y menos desconocerse las cotizaciones efectuadas extemporáneamente, las que libres de esas acciones, cumplen su objeto legal, en la medida en que cubren el umbral necesario para la adquisición del derecho pensional”  

Tampoco puede decirse, conforme a lo anteriormente trascrito, que el Tribunal hubiere desconocido que el demandante no había pagado intereses moratorios, como se lo reprocha en el tercer error, sino que estimó que dicha falta de pago, no invalidaba las cotizaciones extemporáneas, sino que generaba las respectivas acciones para su cobro por las administraciones pensiones, inferencia que, por ser jurídica, no podía ser cuestionada por la demandada por la vía indirecta como lo hace.

De otro lado, en cuanto al pago de la pensión dijo el Tribunal “…por manera que el retiro del sistema operó el 1º de febrero de 2004 y esa fecha resulta inmodificable en la medida en que no hubo, posteriormente, una afiliación sino que se cancelaron las semanas deficitarias  que no permitían acceder al derecho deprecado.. Argumento éste que no controvierte la censura y que, por lo tanto, permanece incólume sosteniendo la decisión.

Por último, aunque es cierto que la suma de las semanas cotizadas acreditadas en la historia laboral del actor (fls. 11 – 13), no es la que dedujo el ad quem y que, además, éste sumó doblemente las correspondientes al ciclo de mayo de 2003, lo cierto es que, de todas maneras, el actor alcanzó a cotizar en total 1.001.2 semanas, suficientes para acceder al derecho, por lo que no se deriva de ello un error con trascendencia en la sentencia.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2007 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta JUAN EVANGELISTA SALAVARRIETA ALZATE al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.              

Sin costas en el recurso extraordinario.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN      GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS                       LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ

                                CAMILO TARQUINO GALLEGO          

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

Magistrado Ponente: Francisco Javier Ricaurte Gómez

Radicación No.  35467

Estoy de acuerdo con la decisión adoptada, pero debo aclarar que no comparto en su integridad el siguiente razonamiento, expuesto en la sentencia del 5 de diciembre de 2006, radicado 26728, a la que se acudió en el fallo: “Es que, frente al criterio actual del legislador, el efectuar las cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de vejez constituye para el trabajador independiente un 'imperativo de su propio interés', de manera que, el retardo en la aportación del mínimo de las cotizaciones exigidas por el sistema pensional, lo que hace es dilatar en el tiempo el reconocimiento de la prestación perseguida y, en situaciones extremas, el dejar de aportar al sistema ese número mínimo, imposibilita el nacimiento del derecho perseguido”.

Aunque no desconozco que la demora en el pago de las cotizaciones de un trabajador independiente repercute principalmente en la consolidación de su derecho a la prestación respectiva, al retrasar la obtención de la densidad de cotizaciones requerida, es mi criterio que esa situación en el régimen solidario de prima media con prestación definida también afecta al sistema de seguridad social y, por esa vía, a los restantes afiliados.

Pienso que ello es así porque, como es sabido, se trata de un sistema de reparto, fundado en la solidaridad, en el que las prestaciones se financian de un fondo común de naturaleza pública, conformado principalmente por los aportes de todos los afiliados, esto es, tanto los trabajadores dependientes como los independientes; de modo que la falta en pago de los aportes por parte de uno de ellos, sin duda, afecta la financiación de las prestaciones.

Ello se desprende, con claridad, de normas como el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, al que se alude en la referida sentencia de la Sala, en el que, al regular  la imputación de los pagos en los sistemas de salud y pensiones, se fija en el segundo lugar las obligaciones con los fondos de solidaridad. Y estimo que, con más veras se afecta el sistema por la mora en el pago de los aportes de un trabajador independiente, si se trata de un afiliado que, por razón del monto de sus ingresos, debe contribuir a la financiación del Fondo de Solidaridad Pensional.

Por lo tanto, es claro que en el señalado régimen de prima media con prestación definida los aportes de un trabajador independiente contribuyen a financiar las prestaciones de los afiliados a ese régimen, de tal suerte que en el pago de esos aportes no sólo hay un interés particular del afiliado cotizante, sino el de todos los afiliados.

Fecha ut supra.

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

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Última actualización: 5 de febrero de 2021 - Diario Oficial No. 51567 - Enero 24 de 2021

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