República de Colombia

     Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS

LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ

Referencia: Expediente No. 36022

Acta No. 06

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil nueve (2009).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO “CAJA AGRARIA”, en liquidación contra  la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, el  9  de noviembre  de 2007, en el proceso seguido por AMINTA CARMENZA SOLÍS URBANO Y JOSÉ DOLORES CANEO RAMOS contra la recurrente.

I-.  ANTECEDENTES    

A  efectos del recurso extraordinario, es preciso señalar que la parte demandante persigue que se condene a la Caja a la indexación de la primera mesada de las pensiones voluntarias que disfrutan, y al pago de las diferencias entre la pensión reconocida por la Caja y la que resulte de la condena.

           Para sustentar sus pretensiones, en el escrito de demanda se afirma que a los demandantes se les terminó el contrato de trabajo el día 27 de junio de 1999; que a la señora Aminta Carmenza Solís se le reconoció pensión convencional a partir del 10 de enero de 2005 y a José Coneo Ramos a partir del 10 de abril de 2005; que el salario base para la liquidación de la mesada pensional fue el promedio de los factores salariales devengados por los actores a la finalización del contrato, sin ser objeto de indexación.

La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en liquidación, se opone a todas las pretensiones, formulando las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, pago, inexistencia de morosidad, presunción de legalidad, falta de causa, prescripción y caducidad, compensación, buena fe, no configuración del derecho al pago del I.P.C., ni de indexación o reajuste alguno.

El 17 de agosto del 2007, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C. resuelve condenar a la  Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero a reajustar el valor de la primera mesada pensional reconocida a favor de los demandantes, reconocer y pagar las diferencias dinerarias existentes entre la mesada pensional primigenia que venia (sic) pagando la demandada y la reconocida a través del fallo y reconocer los interés moratorios sobre las sumas resultantes.

II-.  LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al destrabar el recurso interpuesto por la demandada, el Tribunal decide modificar la sentencia apelada, condenando a la indexación de la primera mesada pero modificando la fórmula de lo que resulta un valor inferior al ordenado por el a quo, además, impuso a la demandada, cancelar la diferencia que resultare entre la pensión reconocida en el fallo y la que se venía pagando. En todos los demás cargos, confirma la sentencia recurrida y concretamente la condena a cancelar intereses moratorios a la tasa establecida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993.

La determinación del superior emerge como conclusión de los razonamientos que en adelante se exponen:

“… si bien hasta hace poco se concebía la improcedencia de la indexación del ingreso base  de liquidación de las pensiones de jubilación, con la sentencia del 31 de julio de 2007, radicación 29.022, retomó el tema y permitió dicha indexación, basta entonces, seguir dichos lineamientos…”  

Por otra parte, el Tribunal modifica la fórmula utilizada por la primera instancia para indexar la primera mesada, partiendo del último salario promedio devengado por los demandantes…los cuales se deben indexar entre la fecha de terminación del contrato de trabajo… y la fecha a partir del disfrute de la pensión de jubilación. Se toma el salario promedio mensual devengado por el trabajador en el último año y – dejándolo constante- se actualiza, año por año, con la variación anual del IPC del DANE, para llevarlo al año de fecha de la pensión; luego se pondera dicho resultado, multiplicándolo por el número de días que tuvo cada salario y se divide por el total de días que se toman para el I.B.L. A esa sumatoria se le calcula el 75%, obtenido así el valor de la pensión. Fórmula que menciona ser la adoptada por la Sala Laboral, en varias sentencias.

Finalmente, en cuanto a la condena de intereses moratorios, el ad quem dispone “el reconocimiento de la pensión de jubilación se hizo bajo la vigencia de la ley 100 de 1993, por lo que es esta normatividad la aplicable al caso de la litis, y en el artículo 114 consagra…”. Al citar textualmente la mencionada norma en mención y basada en ella, confirma la condena sobre este punto.    

III-.  LA DEMANDA DE CASACIÓN

La demandada, al discrepar de la determinación del juez plural, pretende que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que en sede de instancia, revoque las condenas impuestas por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, en sus numerales 1º, 2º, 3º y, en su lugar, absuelva a la demandada y declare probadas todas las excepciones propuestas.  Con tal propósito formula dos cargos.

PRIMER CARGO. Se  acusa la sentencia por violación de la ley sustancial por vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos:  11, 14, 21, 36, 50 y 142 de la ley 100 de 1993, 1º de la ley 33 de 1985, 1º y 2º de la ley 71 de 1988, 19 del C.S.T., 8º de la ley 153 de 1887, 1613 a 1616, 1627 y 1649 del C.C., 25, 48 y 53 de la Constitución Nacional, dentro de la normatividad contenida en el Artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.  

En el desarrollo de la demostración del cargo, afirma que: “Dentro del mismo lineamiento doctrinal debe entenderse que por muchos años ha sostenido esa H. Sala no opera en las pensiones extralegales la indexación a título de mera equidad…”  

LA RÉPLICA

Después de resumir los argumentos de la acusación, el  opositor del recurso expresa,  con relación al primer cargo que: “No existe la demostración de cual es la norma sustancial violada. Como se observa en los textos transcritos, el Casacionista, en la supuesta demostración del cargo, se limita a pedirle a la H. Corte que reexamine la posición sostenida en la sentencia 29022 del 31 julio de 2007 y, a condicionar que, sí (sic) después de tal revisión, la H. Corte opta por la posición de no permitir la indexación, entonces el tribunal habría incurrido en aplicación incorrecta de la norma.”

“…coadyuvo la solicitud de que la Honorable Corte CASE, de la sentencia del Tribunal, el punto específico de la modificación que hizo, en cuanto a la cuantía de la indexación de la primera mesada pensional de los demandantes, por cuanto con tal  decisión violo (sic) evidentes principios constitucionales, así como, claros, precisos y taxativos derechos fundamentales de los actores… y que la máxima Corporación, constituida en sede de instancia, confirme, ese punto, así como la totalidad  de la sentencia proferida por el juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá”.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

En primer lugar, el contradictor yerra al indicar que el recurrente no presenta demostración sobre la norma sustancial violada, toda vez que en el recurso se esbozan los alegatos jurídicos que fundamentan la acusación de las normas sustanciales violadas. De igual manera, la réplica se equivoca en el alcance y objeto que tiene la oposición, al pretender que con ocasión a su escrito,  la Corte case parcialmente la decisión del ad quem, y en sede de instancia se decida en sentido contrario al del petitum de la demanda de casación.

Entendido el ataque en términos de una violación normativa, por inferir que ellas disponen la indexación de las pensiones legales y voluntarias, hasta remitirnos a la jurisprudencia hoy vigente.

La controversia se orienta a determinar si el instituto de la pensión convencional o voluntaria, queda cobijado por las disposiciones constitucionales o legales que establecen  la actualización monetaria de la primera mesada pensional.

 El dilema planteado ha sido resuelto por esta Corporación a partir de sentencia de julio 31 de 2007 (rad. Nº 29.022)

En efecto, la Corte dijo:

“El actual criterio mayoritario, que admite la actualización de la base salarial tratándose de pensiones legales causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, impera también ahora para las extralegales, como sería el caso de las convencionales, según lo anotado.

“Lo anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna para diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno con arreglo a una convención, porque, valga agregar, el impacto del fenómeno económico de la inflación, lo padece tanto el uno como el otro, amén de que si la corrección monetaria no conduce a hacer más onerosa una obligación pensional, sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, su aplicación, respecto de pensiones extralegales, sean ellas convencionales o voluntarias, no altera de ninguna forma el acto inicial de reconocimiento,  porque simplemente lo que se presenta es una actualización del monto para mantener su valor constante.         

“Como conclusión de lo precisado, resulta obligado para la sala reconocer procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión convencional aquí demandada, dado que se causó en vigencia de la actual Constitución Política, y con apoyo, se repite, en los estudios de constitucionalidad efectuados en la sentencia D-6247 del 19 de octubre de 2006 y D-6246 del 1 de noviembre del mismo año, atrás referidos….”

En consecuencia, el cargo no prospera.

SEGUNDO CARGO. “Se acusa la sentencia de violar la ley sustancial por vía directa en la modalidad de aplicación indebida del articulo 141 de la ley 100 de 1993 en relación con el articulo 288 de la misma ley y los artículos 27 del decreto 3135 de 1968, 68 del decreto 1848 de 1969, 467, 468 y 476 del CST y el 12 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el artículo 1 del decreto 758 del mismo año, y los artículos  1613, 1614 y 1617del Código Civil dentro de la preceptiva del artículo 51 del decreto 2651 de 1991”.

En la demostración del cargo, el recurrente afirma que “Es pertinente recordar que esa Ilustre Corporación de tiempo atrás ha venido sosteniendo que la condena por intereses moratorios consagrados en le artículo 141 de la ley 100 de 1993 sólo opera respecto de las pensiones normadas en su integridad  por el sistema de seguridad social y no en relación con aquellos que se otorgan con arreglo  a normas diferentes,   como en el caso sub judice cuando su origen es de carácter convencional.”

“En tales condiciones está demostrado que se incurrió en el desatino jurídico de sancionar  a  la Caja demandada al pago de  los intereses moratorios consagrados en el referido artículo 141 de la ley 100 de 1993…”.

RÉPLICA

El opositor aduce que se presenta contradicción entre el cargo y su demostración, sustentando su afirmación en que el recurrente acusa la sentencia por violación directa en el concepto de aplicación indebida debía exponer “cual es la ley o norma aplicable al caso... Por el contrario… toda la argumentación… apunta  a sostener que el sentenciador, le dio, al artículo 141 de la ley 100 de 1993, la inteligencia que este (sic) no tiene. Argumento, que en consecuencia con las reglas de Casación, solo hubiese servido para demostrar la violación directa de la ley, pero en la modalidad de INTERPRETACIÓN ERRONEA.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

El suplicante acusa al ad quem de violar directamente, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y expresa los alegatos jurídicos tendientes a demostrar que los intereses de mora contenidos en la norma citada sólo aplican para las pensiones reguladas por la Ley 100 de 1993 y no para las pensiones convencionales; dado que el juicio de pertinencia legal del ad quem sólo fue de la vigencia temporal de la ley que hace valer, se ha de admitir la acusación formulada.

Ahora bien, en cuanto el estudio de fondo del cargo, le asiste razón al recurrente. Al respecto,  esta Corte ha sostenido y reiterado, en numerosas sentencias pronunciadas en un período de  más de un lustro, idéntico criterio, desde la decisión del 28 de noviembre de 2002, radicado 18273, acogido, entre otras, en sentencias del 2 de diciembre de 2004, radicación 23725 y más recientemente en las del 18 de mayo, 26 de septiembre y 3 de octubre de 2006, radicaciones 28088, 27316 y 29116, respectivamente, donde concluyó que no proceden los intereses del artículo 141 para pensiones que no se rigen íntegramente por la Ley 100 de 1993. A partir de dicha fecha se ha dicho:

“(...)…..para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral.

“Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C- 601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos.

“Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante……., no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal Ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)”.

“Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma de ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”...”

Por lo anterior, prospera el cargo.

Ante la prosperidad del segundo cargo se casará en forma parcial la sentencia del Ad quem, en cuanto confirmó solamente la condena a cancelar intereses de mora y en sede de instancia se revocará la decisión del A quo, que condenó a la demandada a reconocer dichos  intereses, sobre las diferencias existentes entre la mesada pensional reconocida por la demandada y la que se concedió en el fallo, de conformidad con en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Lo demás no se casará.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA  PARCIALMENTE la sentencia de 9 de noviembre de  2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario de AMINTA CARMENZA SOLÍS URBANO Y JOSÉ DOLORES CANEO RAMOS contra la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, en liquidación, en cuanto condenó al accionado al pago de intereses moratorios. NO SE CASA en lo demás.

En sede de instancia, REVOCA PARCIALMENTE la decisión del Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar se ABSUELVE a la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, en lo referente a la pretensión de declaración y condena a intereses moratorios.

Costas a cargo de la demandada en primera y segunda instancia.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Eduardo  López Villegas

ELSY   DEL  PILAR  CUELLO  CALDERÓN                   Luis Javier Osorio López                  

FRANCISCO  JAVIER  RICAURTE  GÓMEZ               CAMILO TARQUINO GALLEGO

ISAURA VARGAS DÍAZ

marÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA

Secretaria

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Última actualización: 5 de febrero de 2021 - Diario Oficial No. 51567 - Enero 24 de 2021

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