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FICHA DE ANÁLISIS No. 163

IDENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

Tribunal de origen:Corte Constitucional Identificación de la sentencia:T-377/11
Ponente:HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Tipo de acción o recurso:Revisión de tutela Tipo de decisión:Concede
Norma demanda:No aplica.
Hechos relevantes:Varias personas, beneficiarias del régimen de transición, interpusieron acciones de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales por negarse acumular las semanas de cotización del sector público con las del sector privado.
Clase de interpretación:Interpretación del acto jurídico demandado a la luz de la ConstituciónSustentación normativa:Constitución Política, artículos 48, 53, 86;
Ley 100 de 1993, artículos 33 y 36;
Acuerdo 049 de 1990
Precedentes a Considerar:T-225-93, T-215-00, T-596-01, T-743-02, SU-713-06, T-436-07.
Decisiones posteriores a considerar:No aplica
Tema:Derecho a la pensión
Subtema 1:Perjuicio irremediable
Subtema 2:Procedencia de la acción de tutela

ANÁLISIS DEL CASO.

PROBLEMA JURÍDICO.

¿Cuándo procede la acción de tutela como mecanismo transitorio, debido a la existencia de un perjuicio irremediable?

REGLA.

Para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio debido a la existencia de un perjuicio irremediable se debe determinar:

1. La inminencia, que exige medidas inmediatas.

2. La urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente.

3. La gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.Estas condiciones se hacen más flexibles cuando la acción es promovida por un sujeto de especial protección o que se encuentre en situación de debilidad manifiesta, a saber, discapacitados, madres cabeza de familia o las personas de la tercera edad, es decir, que hayan cumplido, por lo menos 70 años de edad. Ahora bien, la sola condición de ser persona de la tercera edad mayor de 70 años, en principio hace presumir la presencia de un perjuicio irremediable por el no reconocimiento de la pensión; no obstante, esta presunción puede ser desvirtuada cuando se pruebe que quien reclama la protección posee recursos económicos que le garantizan llevar una vida digna.

RATIO DECIDENDI [TEXTUAL].

LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

“(…) Adicionalmente, es necesario aclarar aquellos eventos o factores que la jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: “la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados (…) Particularmente, la Corte ha señalado que los requisitos o condiciones para que se estructure tal perjuicio se hacen más flexibles cuando la acción es promovida por un sujeto de especial protección o que se encuentre en situación de debilidad manifiesta, a saber, discapacitados, madres cabeza de familia o las personas de la tercera edad, es decir, que hayan cumplido, por lo menos 70 años de edad. (…) “En cuanto a la noción de perjuicio irremediable en relación concreta con aquellas situaciones en que tal daño provendría de la falta de reconocimiento, reliquidación o reajuste de una pensión, la Corte ha afirmado que la sola condición de ser persona de la tercera edad mayor de 70 años, en principio hace presumir la presencia de un perjuicio irremediable por el no reconocimiento de la pensión; no obstante, también ha indicado que esta presunción puede ser desvirtuada cuando se pruebe que quien reclama la protección posee recursos económicos que le garantizan llevar una vida digna. (…)”

ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE.

“(…) Bajo tales parámetros, en la Sentencia T-225 de 1993 la Corte Constitucional definió y explicó los elementos configurativos del perjuicio irremediable, en el siguiente sentido:“Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:

A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan (sic) señalan la oportunidad de la urgencia.

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social. De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio.” Así mismo, en lo que se refiere a la determinación del perjuicio irremediable, se ha definido que es obligatorio sustentar o presentar los factores de hecho que configuran el daño o menoscabo cierto a los derechos fundamentales invocados. (…)”

PARTE RESOLUTIVA.

Primero. REVOCAR la sentencia del Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá que negó la tutela instaurada por el Señor Gilberto García Luna contra el Instituto de Seguros Sociales CONCEDER de manera transitoria el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del accionante.

Segundo. DEJAR SIN EFECTO las resoluciones 041211 del 15 de diciembre de 2005, 000405 del 22 de marzo de 2006, 053690 del 7 de noviembre de 2008, 0052088 del 25 de septiembre de 2009 y la resolución 021942 del 26 de julio de 2010, que negaron la pensión de vejez del accionado.

Tercero. ORDENAR, al Instituto de Seguros Sociales, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir un nuevo acto administrativo dando aplicación a lo consagrado en el régimen de transición previsto la Ley 100 de 1993, en concordancia con las disposiciones aplicables contenidas en el Decreto 758 de 1990, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de este fallo.

Cuarto. Advertir a las partes que deben acudir a la vía ordinaria y que los efectos de este fallo permanecerán vigentes durante todo el tiempo que la justicia ordinaria emplee para decidir de fondo las pretensiones del actor relativas al mismo asunto. PREVENIR en consecuencia al actor, sobre su obligación de actuar en el proceso de manera diligente, para disfrutar de la protección que se concede, en los términos del artículo 8o del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. REVOCAR la sentencia del Juez Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena que negó la tutela instaurada por el Señor Teobaldo Alcalá Acuña contra el Instituto de Seguros Sociales CONCEDER de manera transitoria el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del accionante.

Sexto. DEJAR SIN EFECTO las resoluciones 9601 del 28 de septiembre de 2006, 010611 del 17 de junio de 2008, 2203 del 29 de agosto de 2008, 20924 del 30 de septiembre de 2009 y la resolución 0124 del 25 de enero de 2010.

Séptimo. ORDENAR, al Instituto de Seguros Sociales, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir un nuevo acto administrativo dando aplicación a lo consagrado en el régimen de transición previsto la Ley 100 de 1993, en concordancia con las disposiciones aplicables contenidas en el Decreto 758 de 1990, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de este fallo.

Octavo. Advertir a las partes que deben acudir a la vía ordinaria y que los efectos de este fallo permanecerán vigentes durante todo el tiempo que la justicia ordinaria emplee para decidir de fondo las pretensiones del actor relativas al mismo asunto. PREVENIR en consecuencia al actor, sobre su obligación de actuar en el proceso de manera diligente, para disfrutar de la protección que se concede, en los términos del artículo 8o del Decreto 2591 de 1991.

Noveno. REVOCAR la sentencia del Juez Primero Civil del Circuito de Cúcuta que negó la tutela instaurada por el Señor Jesús Antonio Vera Jaimes contra el Instituto de Seguros Sociales CONCEDER de manera transitoria el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del accionante.

Décimo. DEJAR SIN EFECTO las resoluciones 004188 del 30 de mayo de 2006, 008645 del 28 de agosto de 2007, 7065 del 5 de agosto de 2008 y la resolución 2531 del 16 de septiembre de 2008.

Décimo primero. ORDENAR, al Instituto de Seguros Sociales, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir un nuevo acto administrativo dando aplicación a lo consagrado en el régimen de transición previsto la Ley 100 de 1993, en concordancia con las disposiciones aplicables contenidas en el Decreto 758 de 1990, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de este fallo.

Décimo segundo. Advertir a las partes que deben acudir a la vía ordinaria y que los efectos de este fallo permanecerán vigentes durante todo el tiempo que la justicia ordinaria emplee para decidir de fondo las pretensiones del actor relativas al mismo asunto. PREVENIR en consecuencia al actor, sobre su obligación de actuar en el proceso de manera diligente, para disfrutar de la protección que se concede, en los términos del artículo 8o del Decreto 2591 de 1991.

SALVAMENTO O ACLARACIÓN DE VOTO.

Ninguno.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

OBITER DICTA [TEXTUAL].

Ninguno.

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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Normograma - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones"
ISSN [2256-1633 (En linea)]
Última actualización: 31 de diciembre de 2020
Fecha de Diario Oficial: Diciembre 13 de 2020 (No. 51527)

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