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Concepto 3998 de 2005 ISS

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CONCEPTO 3998 DE 2005

(marzo 18)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

D.J.N.

Bogotá D.C.

PARA: XXXXXXXXXXXXXXX

DE: Dirección Jurídica Nacional – Unidad de Seguros

ASUNTO: Oficio No. 062.2.11 No. 00217. Revocatoria Acto Administrativo Pensión de Sobrevivencia. Causante: XXXXX (+).

Mediante el oficio de referencia emanado de la Jefatura a su cargo, se consulta a esta Dirección sobre la procedencia para revocar el Acto Administrativo mediante el cual se concedió Pensión de Sobrevivientes por el fallecimiento del señor XXXXX (Q.E.P.D.) a la señora XXXXX identificada con c.c. No. XXXXX, quien de acuerdo con el examen realizado al expediente y conforme la investigación administrativa adelantada por parte de la Seccional Cundinamarca, no se encuentran plenamente establecidos los presupuestos legales para la obtención del derecho incoado por la endilgada.

Sobre el particular me permito hacer las siguientes precisiones tomando como referente metodológico, en primer lugar, el tema de la acreditación de la calidad de compañero (a) permanente para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en segundo término lo pertinente a la revocatoria directa de los actos administrativos conforme el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y por último, se establecerá la procedencia o no para revocar el acto administrativo en el caso bajo examen.

I. Unión Marital de Hecho: Acreditación de la calidad de compañero permanente.

Sea lo primero anotar que el artículo 42 de la Norma Superior, consagra a la familia como núcleo fundamental de la sociedad la cual se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

Es así como la unión marital de hecho, desde la vigencia de la Ley 54 de 1990, ha tenido un tratamiento distinto pero al mismo tiempo análogo y equivalente al del matrimonio dado que ambos devienen en negocios jurídicos creadores de derechos y obligaciones, premisa jurídica que se ve claramente reflejada en el régimen patrimonial aplicable, los efectos jurídicos sucesorales, la filiación, entre otros aspectos jurídicos del régimen personal de los compañeros permanentes, sin embargo, bajo la connotación de negocio jurídico y dentro del marco probatorio, la diferencia entre ambas instituciones radica principalmente en que el matrimonio como contrato se acredita con el Registro Civil que para el efecto sea expedido por autoridad competente, en tanto que la unión marital como negocio, se acredita con los diferentes medios de prueba permitidos por la Ley para el efecto.

En este orden de ideas, el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 modificatorio de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 establece lo siguiente: “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditare que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (..)”

De la norma transcrita conviene señalar que la acreditación de la calidad de compañero o compañera permanente, no se limita a un medio de prueba en particular sino que por el contrario, le permite a quien pretenda ser sustituto pensional hacer uso de las pruebas necesarias, pertinentes, conducentes y no menos importante, que hayan sido obtenidas por los medios legales, siendo condición necesaria que la prueba aportada brinde los elementos suficientes para determinar que el presunto beneficiario hizo vida marital con el causante hasta su muerte y que haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad al deceso.

Para el caso sub examine, observa el despacho que a folio 8 del expediente, obra declaración extrajuicio rendida ante el Notario 54 del Círculo de Bogotá por parte de la presunta beneficiaria XXXXX, en la cual manifiesta bajo la gravedad del juramento que “Convivió en unión libre en forma permanente y continua bajo el mismo techo durante 10 años con el señor XXXXX (Q.E.P.D.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 61968 de Bogotá, y quien falleció el día Diecinueve (19) de mayo de 2002, declara que realizó la convivencia con el occiso (Sic) bajo el mismo techo desde el año 1992 hasta el día de su fallecimiento, aclara que se dedica a las labores del hogar, dependía económicamente de su compañero y no recibe ingresos ni pensión alguna por parte de ninguna entidad pública o privada ni E.P.S.” (Subraya y negrilla por fuera del texto).

Teniendo en cuenta lo dicho por la persona quien pretende ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, conviene advertir que las manifestaciones y declaraciones efectuadas de forma libre y espontánea para efectos extraprocesales, tienen el carácter de pruebas sumarias, lo cual no es óbice para que se haga uso de las mismas pruebas dentro de procesos judiciales o investigaciones administrativas, cuya principal implicación jurídica será la que corresponda al momento de valorar la prueba en virtud del principio de contradicción probatoria como elemento cardinal del debido proceso, y en ese mismo sentido, se traducirá en la consecuencia legal que acarrea el falso testimonio como conducta punible si se evidencia su tipificación.

Se colige, pues, que la declaración efectuada por la señora XXXXX se encuentra amparada por la presunción legal que reviste a los documentos públicos además que fue obtenida por los medios legales previstos para el efecto, no obstante, como la carga de la prueba ahora corresponde a la Administración, se hace necesario analizar el sustrato material de dicha manifestación y su finalidad de conforme las demás pruebas allegadas al plenario, con el fin de determinar si existe o no mérito suficiente para dar lugar a la revocación directa del acto administrativo que reconoció la prestación por sobrevivencia a la pluricitada y en consecuencia, proceder a la acción penal correspondiente si existe mérito para incoarla.

II. Revocatoria Directa de los Actos Administrativos sin consentimiento del titular del derecho: Aplicación del artículo 19 de la Ley 797 de 2003

Sobre el particular, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 contempla lo siguiente: “Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes.1(Negrilla por fuera del texto).

En tratándose de la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular sin consentimiento del titular del derecho, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia de amparo y en consonancia con el criterio esgrimido por el Consejo de Estado en Sentencia de 18 de Julio de 19941, señaló: “(...) los únicos actos de carácter particular que son susceptibles de revocación, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, son lo que resultan del silencio administrativo positivo, ya que tanto las causales establecidas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, a las que remite el 73 ibídem, como la de haberse perfeccionado el acto por medios ilegales, tienen por presupuesto que el acto objeto de revocación tenga el carácter de ficto, es decir, que pertenezca a la categoría indicada.

Contrario sensu, - esto es, si no se produjo en virtud del silencio administrativo positivo-, la revocación unilateral no procede, a menos que se trate de una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada, cuya persistencia implique grave y actual quebranto al orden jurídico.(V. Sent. T-639 de 22 de Nov./96 M. P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-376 de 21 Ago/96 M. P. Hernando Herrera Vergara ).

De conformidad con lo en la Sentencia T-336 de 1997, no se trata de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca. Debe darse una evidencia de ello y, en consecuencia, la motivación del acto revocatorio dejará constancia expresa acerca de los elementos de juicio que llevaron al ente administrativo a concluirlo así (...)"2 (Subraya y negrilla por fuera del texto).

Ahora bien, la misma H. Corporación en sentencia C-835 de 2003 estudió la constitucionalidad de la figura de la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular sin el consentimiento del particular con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad de la norma transcrita en líneas precedentes, señalando principalmente lo siguiente: “Por lo tanto, los motivos que dan lugar a la hipótesis revocatoria del artículo 19 no pueden entenderse de manera indeterminada, aislada, ni al margen del debido proceso. Antes bien, la manifiesta ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas como de los medios utilizados para acceder a la prestación económica que se cuestione, debe probarse en el procedimiento administrativo que contemplan las prenotadas disposiciones, para lo cual el titular del derecho prestacional o sus causahabientes deberán contar con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción; y por supuesto, imponiéndose el respeto y acatamiento que ameritan los términos preclusivos con que cuenta el funcionario competente para adelantar y resolver cada etapa o lapso procedimental. Así, la decisión revocatoria, en tanto acto reglado que es, deberá sustentarse en una ritualidad sin vicios y en una fundamentación probatoria real, objetiva y trascendente, en la cual confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio que llevaron al convencimiento del funcionario para resolver. En conclusión, entre la parte motiva y resolutiva del acto de revocatoria directa deben mediar relaciones de consonancia que estén acordes con los respectivos mandatos constitucionales y legales, particularmente con el debido proceso, la legalidad de los derechos adquiridos y la defensa del Tesoro Público (...)”

Del basamento jurídico relacionado, se colige claramente que la decisión sobre la revocatoria o no de actos administrativos de carácter particular y concreto aun sin el consentimiento del titular del derecho, conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 en consonancia con la normatividad del CCA aplicable para el caso, debe obedecer necesariamente a un procedimiento reglado exento de vicios que garantice el derecho de contradicción y defensa del titular del derecho, el cual permita establecer de manera objetiva y diáfana que la prestación económica o pensión fueron reconocidas indebidamente por el incumplimiento de los requisitos para el efecto o con base en documentación falsa suministrada por el titular, siendo menester que dentro de la investigación se determine claramente que tales conductas constituyen delitos de acuerdo con la Ley Penal.

En este punto la Corte Constitucional ha sido clara al señalar que “basta con la tipificación de la conducta como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley (...)”, por lo cual el principio de la buena fe deberá operar es (...) en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias.” (Negrilla nuestra).

En este estado de cosas, corresponde a esta Dirección establecer los presupuestos necesarios para determinar si hay lugar a la revocatoria del acto administrativo que reconoció pensión de sobrevivientes a la señora XXXXX por el fallecimiento del señor XXXXX de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 con observancia de lo ordenado por la H. Corte Constitucional para el efecto, teniendo como fundamento del análisis la actuación adelantada por el Grupo de Investigaciones del Instituto, así como las pruebas recaudadas por el ente investigador y por la Seccional Cundinamarca.

III. Del caso bajo examen.

Como primera medida se observa que mediante resolución No. 025438 de 18 de octubre de 2002 (V. Fl 14), en atención una solicitud presentada el 14 de junio de 2002, el Instituto de Seguros Sociales Seccional Cundinamarca reconoció pensión de sobrevivientes a la señora XXXXX identificada con c.c. No. 20.155.738 por el fallecimiento del señor XXXXX hecho acaecido el 19 de mayo de 2002 (V. Fl 1), para lo cual se tuvo en cuenta una declaración extrajuicio rendida por la citada señora ante el Notario 54 del Círculo de Bogotá (V. Fl 8) en la cual manifestó bajo la gravedad del juramento lo siguiente: “Convivió en unión libre en forma permanente y continua bajo el mismo techo durante 10 años con el señor XXXXX (Q.E.P.D.), y agregó además que” (...) realizó la convivencia con el occiso (Sic) bajo el mismo techo desde el año 1992 hasta el día de su fallecimiento(...)” (Subraya y negrilla por fuera del texto).

De otra parte, obra a folio 24 certificación expedida por el Director del Hogar Geriátrico –SANAR VIDA- en donde consta que el señor XXXXX, identificado con c.c. No. 61.968 de Bogotá, ingresó a dicha institución desde el 19 de octubre de 2001 hasta el 19 de mayo de 2002 día del fallecimiento, afirmando además que sus hijas XXXXX y XXXXX solicitaron los servicios para los cuidados del causante y que las mismas estuvieron pendientes de su padre sin conocer personas diferentes a ellas.

Así mismo, a folios 16 a 23, 25 a 32 y 40 a 42 del plenario en cuestión, obran memoriales dirigidos al Instituto suscritos por XXXXX y XXXXX, quienes aducen ser hijas del causante de la referencia, en los cuales se indica que la sustituta pensional no ha sido compañera permanente del señor XXXXX (Q.E.P.D.) y por tanto se deprecó la correspondiente investigación administrativa, siendo iniciada y adelantada por el CAP Pensiones Seccional Cundinamarca en la cual se recaudó el material probatorio que se relaciona a continuación:

En la diligencia de inspección calendada 9 de febrero de 2004 (V. Fl 43 y 44) adelantada en la Cra 12 B No. 25-28 Sur de esta Ciudad, se recibió declaración de la señora XXXXX, quien asegura se hija del causante y quien afirmó que el señor XXXXX “(...) siempre vivió con mi mamá (XXXX) y después de su fallecimiento vivió conmigo, los vecinos comentan que mientras yo salía a trabajar mi papá salía y por la edad se juntaba con esa señora (XXXXX) (...) y los fines de semana no salía se la pasaba con nosotros (...) también les aseguro que señora jamás lo atendió en su enfermedad (...)”

En la misma fecha (V. Fl 48 y 49), en diligencia adelantada en la Calle 26 B No. 11-05 Sur se interrogó a la señora XXXXX, quien bajo la gravedad del juramento y ante las preguntas formuladas por el funcionario instructor, manifestó: “(...)4. P. Qué relación o vínculo tenía usted con el asegurado? R/ Una relación de amigos pero nunca vivimos permanentemente porque la sea vivía (Sic)” 5. P. Cuántos años de Unión Marital tuvo usted con el fallecido? Todos los días después que murió la esposa a veces se quedaba en mi casa y a veces en la que el vivía cerca (Sic). 6. P. Hasta cuándo fue esa unión marital? R/ Como 8 meses antes de morir se lo llevó la hija Teresa a Cedritos a la casa de ella. (...) 9. P. Diga cuál era la dirección donde usted convivía con el fallecido? R/ Cll 26 B No. 11-05 Sur y en la Cra 12 con 25. El casi siempre se quedaba en la casa de él. OBSERVACIONES: La señora asegura que con Don XXXXX no vivió permanentemente, pero que el era un amigo muy especial y que siempre se quiso organizar con ella pero las hijas no dejaron.(...)” (Subrayado nuestro).

En la diligencia de inspección judicial de 11 de febrero de 2004(V. Fl 45 a 47) se recibieron las declaraciones de las señoras XXXXX, XXXXX Y XXXXX, vecinas del causante quienes saben y les consta que entre la señora XXXXX y el señor XXXXX no existió vínculo marital alguno, que éste vivió con su esposa la señora XXXXX hasta el fallecimiento de ella, y que posteriormente vivió con su hija XXXXX.

De otra parte, a folios 4 y 50 del expediente obran sendas copias del carnet de afiliación al sistema de seguridad social en salud por parte del señor XXXXX (Q.E.P.D.) con fecha de afiliación 26 de marzo de 2001, siendo del caso anotar que el primero no reporta beneficiarios inscritos al sistema y en el segundo de la foliatura aparece la señora XXXXX (XXXXX) XXXXX identificada con c.c. No. XXXXX como beneficiaria del POS con igual fecha de afiliación -26 de marzo de 2001-, sin embargo, verificada la información por Cudecom aparece como fecha de afiliación de la susodicha el 1 de noviembre de 2002.

A folios 63 y 64 obran peticiones dirigidas al Departamento Nacional de Afiliación y Registro del Instituto, suscritas con huella digital por el Causante, fechadas 15 de mayo de 2002, solicitando la desafiliación de la señora XXXXX (Sic) XXXXX quien aparece como beneficiaria sin tener ningún parentesco con dicho causante, petitorios que fueron absueltos mediante oficio No. VA-DAYR No. 2002-2749 de 21 de mayo de 2002 en el cual la Jefa del Departamento Nacional de Afiliación y Registro solicitó el retiro de la pluricitada señora XXXXX por no acreditarse parentesco.

Por otra parte, la Jefa del Departamento de Atención al Pensionado del I.S.S. Seccional Cundinamarca y D.C. en respuesta a la acción de tutela adelantada ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá impetrada por la señora XXXXX, indicó que mediante oficio No. 15065 emanado de dicha jefatura se citó a la señora XXXXX (V. Fl 31 Refl.) quien a su vez en fecha 27 de octubre de 2004 rindió declaración ante ese despacho (V. Fl 32 a 34 Rfl), manifestando bajo la gravedad del juramento lo siguiente: “(..) PREGUNTADO: Durante cuánto tiempo vivió usted con el señor XXXXX. CONTESTÓ: Desde antes de morirse la señora empezamos nuestra relación, ya llevábamos como dos (2) años de relación (...). PREGUNTADO Sírvase informar si ustedes se encontraban afiliados a la misma EPS, antes del fallecimiento del señor XXXXX. (...) CONTESTÓ: Si él me llevó a la Diecinueve (19) con Caracas, y después me llevó a la Veintiséis (26) para certificar que me quería dejar como beneficiaria. (...)”.

Obra además declaración del señor XXXXX (V. Fl 36 a 38 Refl.) quien vivió en la casa de XXXXX (Q.E.P.D.) por 2 años y afirma conocer a la señora XXXXX hace 12 años, constándole que el Causante y la endilgada sostuvieron una relación sentimental y de convivencia durante 12 años, aseverando que no conoció a la esposa del señor XXXXX y que los citados convivieron por más de 12 años en el segundo piso de la misma casa donde también vivía la hija del causante señora XXXXX.

En ampliación de la declaración inicialmente rendida por la señora XXXXX (V. Fl 40 a 43 Refl.), se ratifica en las razones de su dicho y asegura que el causante siempre vivió con e hijas hasta seis meses antes de fallecer, en los cuales vivió en un hogar geriátrico en razón de su enfermedad, además que asegura no constarle que su padre haya convivido con alguien fuera de su señora madre.

Finalmente, obra declaración rendida por la señora XXXXX (Fl 45 a 49 Rfl.) quien asegura ser hija del causante y quien manifestó que el causante “(...) en el momento de su muerte) vivía en la casa donde vive mi hermana XXXXX con su esposo y sus hijos y antes vivía con mi mamá (XXXXX), toda la vida, ellos duraron cincuenta (50) años de casados y cuando murió mi mamá siguió viviendo ahí en la casa con mi hermana (...) y cuando se puso muy malito, lo llevamos a un hogar geriátrico que fue donde murió, allá duró como cuatro (4) meses no recuerdo bien (...)” reiterando además que “(...) en nuestra casa, en nuestro techo, nunca vivió con nadie diferente a mi mamá. Fuera de la casa de nosotros (...) nunca supe de que (Sic) mi papá hubiera tenido otra relación (...)”

Teniendo en cuenta las pruebas recaudadas en el plenario por la Seccional Cundinamarca, es oportuno señalar que, en cuanto corresponde al documento contentivo de la declaración extrajuicio rendida ante el Notario 54 del Círculo de Bogotá por la señora XXXXX, esta Dirección no encuentra reparo alguno como quiera que se efectuó con el lleno de las formalidades exigidas para el efecto, y el documento que la incorpora se encuentra revestido de la presunción de legalidad como quiera que constituye documento público.

Ahora bien, en cuanto al sustrato de la declaración rendida por la señora XXXXX, encuentra el Despacho serias y graves inconsistencias al instante de acreditar la convivencia de la sustituta pensional con el causante, dado que en dicho documento manifiesta que convivió en unión libre con el señor XXXXX durante 10 años en el mismo techo desde 1992 hasta el día de su fallecimiento, afirmación que no es de recibo toda vez que en declaraciones posteriores elevadas dentro del trámite administrativo correspondiente, se encuentra plenamente acreditado que el causante vivió con sus esposa XXXXX en el inmueble ubicado en la XXXXX, hasta el fallecimiento de la misma y posteriormente continuó viviendo en el mismo lugar con su hija XXXXX hasta el día 19 de octubre de 2001, fecha en la que fue remitido por sus hijas XXXXX Y XXXXX al Hogar Geriátrico SANAR VIDA- en donde vivió hasta el día de su fallecimiento, esto es, el 19 de mayo de 2002.

En ese mismo sentido se advierte que la endilgada XXXXX en declaraciones rendidas ante los funcionarios instructores, (V. Fl 48y 49, y 32 a 34 Rfl), contradice totalmente lo manifestado en la declaración extrajuicio inicialmente presentada obrante a folio 8 del expediente, toda vez que mientras en ésta afirma haber convivido con el causante por 10 años, en las testimoniales posteriores asegura de una parte que no vivió con el causante, porque la relación era de amigos y por otro lado asevera haber cuidado del afiliado fallecido por más de 12 años, no siendo clara al determinar si hubo convivencia o no de donde pueda acreditarse la unión marital de hecho para efectos de adquirir el derecho a la prestación económica reconocida por la Seccional.

Este hecho adquiere mayor vigor de acuerdo con los testimonios aportados dentro de la misma investigación administrativa, practicados a las señoras XXXXX XXXXX Y XXXXX, la declaración rendida por la señora XXXXX, así como de la constancia expedida por el Hogar Geriátrico SANAR VIDA-, pruebas de las que se hizo mención en líneas precedentes..

En cuanto a la declaración rendida por el señor XXXXX, considera el despacho que tales manifestaciones adolecen de precisión y credibilidad, dado que el testigo afirma tener conocimiento sobre la relación del causante con la señora XXXXX desde hace doce años, dos de los cuales vivió en la misma casa matrimonial, de otra parte manifiesta conocer al causante desde hace 12 años y al mismo tiempo declara no haber conocido a quien fuera su esposa no obstante saber el estado civil del fallecido, testimonio que claramente escapa a toda lógica máxime si se tiene en cuenta que el causante gran parte de sus años en vida habitó en mismo el inmueble con su esposa, siendo un hecho notorio para los vecinos el fallecimiento de dicha señora, además que afirma constarle que el causante convivía con la señora XXXXX en el segundo nivel del inmueble, cuando de las demás testimoniales aportadas al plenario fluye con claridad que el señor XXXXX vivió únicamente con su esposa hasta el día del deceso de la misma y luego vivió con su hija XXXXX en el mismo inmueble hasta el día en que fue remitido al Hogar Geriátrico precitado, lugar, en donde ocurrió el deceso del afiliado conforme el material probatorio recaudado.

En cuanto las implicaciones penales que el falso testimonio conlleva, el artículo 442 del Código Penal vigente (Ley 599 de 2000) modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004,l establece lo siguiente: “El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años”

Teniendo como fundamento la norma transcrita, y de acuerdo con las pruebas recaudadas en el plenario, se observa que la declaración rendida por la señora ROJAS BARAJAS para obtener la prestación económica de sobrevivencia frente a las demás pruebas recaudadas, carece de toda veracidad lo cual permite tipificar la conducta de la endilgada como falso testimonio, dado que no obstante haberse efectuado ante autoridad competente en el mismo acto faltó a la verdad de manera palmar y evidente, habiendo utilizado tales afirmaciones para efecto de obtener de forma indebida la pensión de sobrevivientes mediante resolución administrativa, razón potísima para revocar el acto administrativo de marras sin el consentimiento de la titular del derecho de acuerdo con las normas invocadas para el efecto.

Con respecto al carnet de afiliación aportado en copia simple al plenario, llama la atención de esta Dirección el hecho de haber sido afiliada la señora XXXXX al Régimen Contributivo de Salud el 11 de noviembre de 2002, fecha posterior al del fallecimiento del causante (19 de mayo de 2002), lo cual no es congruente con las afirmaciones hechas por la misma señora dado que manifiesta haber sido afiliada por el causante en vida como beneficiaria en salud, sin embargo aporta un carnet con la misma fecha de afiliación del causante –26 de marzo de 2001- (V. Fl 4), por lo que esta Dirección no descarta la posible comisión de un delito de falsedad documental para lo cual deberá adelantarse la investigación penal correspondiente.

En virtud de lo expuesto es dable concluir que la conducta de la señora XXXXX se tipifica como falso testimonio, conforme lo dispuesto en el artículo 442 del Código Penal tal y como fluye del material recaudado dentro de la investigación administrativa adelantada por la Seccional Cundinamarca, trámite que garantizó en todo momento el derecho de contradicción y defensa de la querellada, razón por la cual esta Dirección encuentra mérito suficiente para que la Seccional Cundinamarca del I.S.S mediante acto administrativo debidamente motivado revoque la resolución No. 025438 de 18 de octubre de 2002 que reconoció indebidamente pensión de sobrevivientes a la señora XXXXX por el fallecimiento del señor XXXXX, siendo necesaria la remisión del expediente para que la Unidad de Procesos de la Dirección Jurídica Nacional inicie las acciones penales pertinentes por el delito de falso testimonio siendo evidente la comisión de dicha conducta, y por la presunta comisión del punible de falsedad documental si a ello hay lugar.

En estos términos espero haber absuelto su consulta., con el alcance conferido en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente

JAIME EDUARDO RINCÓN CERÓN

Director Jurídico Nacional

Seguro Social.

RAMG/odpm

Rad. 1061

Revocatoria Actos Administrativos

NOTAS AL FINAL:

1. Norma declarada exequible de manera condicionada, bajo el entendido que”(...) el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, se refiere a conductas que estén tipificadas como delito por la ley penal.”.

2. V. Sentencias T-276 de 2000 M. P. Alfredo Beltrán Sierra., y T-1067 de 2004. M. P. Humberto Sierra Porto

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