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FICHA DE ANÁLISIS No. 255

IDENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

Tribunal de origen:Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección SegundaIdentificación de la sentencia:25000-23-15-000-2009-00869-01.
Ponente:GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN
Tipo de acción o recurso:TutelaTipo de decisión:Confirma
Norma demanda:No aplica.
Hechos relevantes:Una persona que contaba con pensión de jubilación de Cajanal y una pensión convencional de la Empresa de Puertos de Colombia, le fue suspendida el pago de la pensión convencional por órdenes del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, sin haber recibido previamente ningún tipo de notificación.El no pago a la mesada se dio en razón de haberse detectado que la persona recibe simultáneamente pensión por el Instituto de Seguro Social y por la Empresa Puertos de Colombia, por lo que, en concepto de Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, era necesario suspender transitoriamente la mesada, mientras que se adoptan las medidas legales a que haya lugar. Lo anterior, puesto que en acatamiento del artículo 128 de la Constitución Política, que señala la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público se tomó la decisión administrativa de suspender la mesada pensional reconocida por la Empresa Puertos de Colombia con el propósito de prevenir el eventual e injusto menoscabo del erario, pagándose dos pensiones con cargo al presupuesto de la Nación.
Clase de interpretación:Interpretación del acto jurídico demandado a la luz de la ConstituciónNorma aplicable:Constitución Política, artículos 29, 42, 128; Código Contencioso Administrativo, artículos 14, 28, 35, 74;
Ley 797 de 2003, artículo 19.
Precedentes a Considerar:Corte Constitucional, C-823 de 2003.
Decisiones posteriores a considerar:No aplica
Tema:Revocatoria pensión irregular
Subtema:No aplica

ANÁLISIS DEL CASO.

PROBLEMA JURÍDICO.

¿La administración puede revocar pensiones reconocidas irregularmente, sin informar al titular del derecho?

REGLA.

Si bien de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, se consagró la potestad oficiosa para que la administración, pueda verificar las presuntas irregularidades que llevaron al reconocimiento de una pensión o una prestación económica, ello no indica, una facultad de la administración para no comunicar al titular del derecho, las actuaciones que se adelantan en torno a la legalidad del acto que reconoce el derecho.En este sentido, esa facultad oficiosa de revisión debe estar precedida de motivos reales, objetivos y trascendentes, es decir que para que la administración forme un criterio estructurado frente a las decisiones de la revocatoria es necesario, que previa a esta determinación de dejar sin validez el acto administrativo particular, se debe agotar como mínimo el procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo, es decir, que se debe comunicar al titular del derecho, el actuar de la administración en procura de materializar el ejercicio de defensa y contradicción de la prerrogativa fundamental del artículo 29 de la Constitución En conclusión, toda actuación previa a la revocatoria de un acto administrativo que reconoce una prestación, debe ser comunicada, con el propósito de asegurar al titular del derecho la garantía del debido proceso.

RATIO DECIDENDI [TEXTUAL].

REVOCATORIA PENSIÓN IRREGULAR.

“(…) El otorgamiento de un derecho pensional, se realiza a través de la declaración de la administración, mediante acto administrativo, que al tratar de una determinación singularizada, adquiere la calidad de acto administrativo de carácter particular. En este sentido cuando la administración decide oficiosamente o a petición de parte invalidar un acto administrativo que causa efectos a una persona en concreto, esta potestad, se encuentra reglada en el Código Contencioso Administrativo, artículos 74, 28 y 35; que dispone la obligación de comunicar y en algunos casos de contar con el consentimiento expreso del titular, para que la revocatoria pueda producir efectos. La exigencia reglamentaria, encuentra sentido a la luz del derecho al debido proceso, preceptuado en el artículo 29 de la Constitución Política, que rige para toda clase de actuaciones sean estas judiciales o administrativas sometiéndolas a los procedimientos y requisitos legal y reglamentariamente establecidos, para que en instancia de ellos los sujetos de derecho, puedan tramitar los asuntos sometidos a la decisión de las diferentes autoridades. (…) Se advierte entonces que el deber de comunicar, no es un requisito que se asimile a un “simple” acto de trámite, sino que, constituye en su esencia la oportunidad que le asiste al titular del derecho para pronunciarse sobre la actuación que desarrolla la administración y que puede causarle un efecto directo. El grado de exigencia y cumplimiento de la comunicación y notificación, valida el pronunciamiento definitivo de la administración, pues solo “Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que deberá ser motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares” (art. 35 C.C.A) (…) No obstante, pese a consagrarse la potestad oficiosa para que la administración, puedan verificar las presuntas irregularidades que llevaron al reconocimiento de una pensión o una prestación económica, esta Sala advierte, que no indica ello, una facultad de la administración para no comunicar al titular del derecho, las actuaciones que se adelantan en torno a la legalidad del acto que reconoce el derecho. En este sentido, es oportuno advertir que esa facultad oficiosa de revisión debe estar precedida de motivos reales, objetivos y trascendentes, es decir que para que la administración forme un criterio estructurado frente a las decisiones de la revocatoria es necesario, que previa a esta determinación de dejar sin validez el acto administrativo particular, se debe agotar como mínimo el procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo a los que se hizo alusión en párrafos precedentes, es decir, que se debe comunicar al titular del derecho, el actuar de la administración (art. 28 CCA) en procura de materializar el ejercicio de defensa y contradicción de la prerrogativa ius fundamental del artículo 29, constitucional. (…)”

PARTE RESOLUTIVA.

CONFÍRMASE la providencia de 9 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SALVAMENTO O ACLARACIÓN DE VOTO.

Ninguno.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

OBITER DICTA [TEXTUAL].

PENSIÓN. CARACTERÍSTICAS.

“(…) Al tratarse de una prestación económica reconocida a las personas de la tercera edad, la seguridad social en pensión, adquiere la calidad de derecho subjetivo, que a la vez, presenta una doble connotación, de una parte constituye un derecho irrenunciable en la medida en que con su vulneración se trasgreden o quebrantan, derechos de categoría fundamental; como la salud, mínimo vital, entre otros, y por otra parte es un “servicio público” (art. 42 CP), que puede ser prestado por entidades públicas o privadas pero con observancia de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad. (…)”

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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Normograma - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones"
ISSN [2256-1633 (En linea)]
Última actualización: 31 de diciembre de 2020
Fecha de Diario Oficial: Diciembre 13 de 2020 (No. 51527)

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