[T-067 1919 PR001] - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones

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Acorde con el Decreto Reglamentario 600 de 2017 por el cual se adiciona al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015 el capítulo 5, los interesados en obtener la prestación humanitaria periódica para las víctimas de la violencia, "deben acudir directamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez que corresponda según la jurisdicción de su lugar de domicilio, demostrando el interés jurídico y la historia clínica que reflejen los hechos de la fecha en que ocurrió el acto de violencia que causó la invalidez. En este caso las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como peritos"[108] (énfasis propio).

Según lo relatado por el accionante, la historia clínica del accidente que ocurrió al intentar huir de un combate, es imposible de obtener por tres razones: (i) porque el Centro de Salud del corregimiento de San Diego, en el municipio de Samaná – Caldas donde fue atendido de urgencia luego de la caída, es un "lugar a donde no puedo regresar por problemas de seguridad y donde no tiene registro de los procedimientos y atenciones de la época". (ii) Adicionalmente, la EPS a la cual se encontraba afiliado, se liquidó[109]. (iii) Finalmente, la IPS Flavio Restrepo S.A.S donde le realizaron la cirugía de cadera "desapareció hace ya varios años y de la que no se sabe quién conserva la información". Con ocasión de las pruebas solicitadas en sede de revisión, la Corte obtuvo información del centro de salud donde atendieron al señor Guillén Ríos para la fecha del accidente y de la IPS en la cual le realizaron la cirugía de cadera.

Respecto del Centro de Salud del corregimiento de San Diego, en el municipio de Samaná – Caldas, informó a la Corte Constitucional que continúan prestando sus servicios, que en sus archivos reposa historia clínica del señor José Uriel Guillén Ríos, la cual adjuntó, y que no cuentan con registro de solicitud alguna presentada por el accionante con relación a la entrega de su historia clínica.

Respecto de la IPS Flavio Restrepo S.A.S, al solicitársele información acerca de la historia clínica del accionante, informó que no tiene la historia clínica del señor José Uriel Guillén Ríos y que no recuerda los procedimientos practicados, "primero por el tiempo trascurrido y segundo ya que no se cuenta con el archivo de historias clínicas, debido a la inundación ocurrida hace varios años en la ciudad de Manizales y la destrucción total de los archivos, según consta en la declaración anexa hecho en la inspección de policía"[110].

Así las cosas, en el presente caso, resulta imposible para José Uriel Guillén Ríos entregar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas la totalidad de su historia clínica, entendiendo que parte de ella, por razones ajenas a él, desapareció. Sin embargo, no le asiste razón al accionante cuando asegura que el Centro de Salud del corregimiento de San Diego, en el municipio de Samaná – Caldas, "no tiene registro de los procedimientos y atenciones de la época", pues lo cierto es que, dicho centro de salud, entregó a la Corte Constitucional historia clínica de los años 2000 a 2002 donde se refiere la atención que recibió el accionante en razón a sus dolencias de cadera y señaló que el señor José Uriel Guillén Ríos no había solicitado copia de dicha historia clínica.

Encuentra la Sala de Revisión, falta de diligencia de José Uriel Guillén Ríos para acceder a la historia clínica solicitada por la junta de calificación accionada. Si bien puede ser cierto que el accionante no está en capacidad de dirigirse a dicho corregimiento por ser el lugar del cual fue desplazado y considerando que, según él, aún no tiene garantías para regresar, ha debido utilizar otros métodos para solicitar la historia clínica, correo certificado, correo electrónico, ponerse en contacto con la alcaldía municipal de Samaná – Caldas solicitando información para tal propósito, comunicarse vía telefónica con el centro de salud, entre otras. Si después de agotadas las vías para solicitar la historia clínica, definitivamente no era posible acceder a ella, dicha situación debió ser puesta en conocimiento de la junta de calificación, adjuntando las pruebas que demostraran la diligencia del solicitante.

Entendiendo la importancia del requisito de allegar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez la historia clínica que refleja el nexo causal entre la invalidez y el conflicto armado, no basta con la afirmación del solicitante respecto de su imposibilidad para acceder a la historia clínica solicitada. Ahora bien, la Junta Regional de Calificación de Invalidez tiene el deber de evaluar la justificación para no allegar dicha historia clínica. De esta forma, una vez verificada tal imposibilidad, deberá acoger el uso de otros elementos probatorios: testimonios, documentos, declaración de parte, indicios etc. Superando así la satisfacción de un requisito que se verifique como imposible de cumplir, pero sin eximir al accionante de la obligación de demostrar el nexo causal entre su invalidez y los hechos violentos.

En el caso concreto, la Corte considera necesario ordenar a la Junta Regional de Calificación de Caldas que permita al accionante la demostración del acto de violencia que causó su invalidez, sin exigirle la historia clínica de la IPS Flavio Restrepo S.A.S, por ser un requisito imposible de cumplir, toda vez que se demostró que dicha IPS no cuenta con la historia clínica. Sin embargo, sí debe tener en cuenta la historia clínica allegada a la Corte Constitucional por parte del Centro de Salud del corregimiento de San Diego, en el municipio de Samaná – Caldas, y todos aquellos elementos probatorios que permitan demostrar el nexo causal entre la invalidez y el hecho violento.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

La Sala Cuarta conoció de la revisión de las sentencias de tutela proferidas respecto de la acción incoada por José Uriel Guillén Ríos, mediante la cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la reparación integral como víctima de la violencia, al mínimo vital y a la vida digna por parte de la Junta Regional de Calificación de Caldas ante la negativa de esa entidad de elaborarle el dictamen de PCL hasta tanto (i) pagara los honorarios establecidos en el Decreto 600 de 2017 por el cual se adiciona al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015 un capítulo 5, y (ii) la entrega la historia clínica de la fecha en la cual ocurrieron los hechos relacionados con el conflicto.

Debido a lo anterior, a la Sala le correspondió resolver si los requisitos exigidos por la Junta Regional de Calificación de Caldas, en calidad de perito, con fundamento en la regulación vigente para este tipo de subvenciones, se convertían en una afectación grave del mínimo vital y vida digna y a su vez en una barrera insuperable para el acceso al derecho a la reparación integral del accionante, como víctima del conflicto armado.

Respecto de la pretensión relativa a ser eximido del pago de los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Caldas, esta Sala consideró que, con el fin de hacer efectivo el acceso al derecho a la reparación integral como víctima del conflicto y debido a la condición de vulnerabilidad del accionante, por sus escasos recursos económicos, su calificación de PCL superior al 50%, y al estar a cargo de su menor hijo, resulta plausible que las partes suscriban un acuerdo de pago para que el accionante cancele los honorarios exigidos por la ley, sin que ello afecte su mínimo vital y el de su familia. También dispuso la Sala que la elaboración del dictamen no podía estar sujeto al cumplimiento del acuerdo y que en caso de incumplimiento por parte del accionante, la junta podría acudir a los recursos judiciales que considere pertinentes para hacer efectivo el acuerdo de pago.

Con relación al requisito de hacer entrega de la historia clínica del accionante que demostrara la situación fáctica entre la invalidez y los hechos violentos, la Corte encontró que era una exigencia de difícil cumplimiento, en tanto que, parte de la historia clínica desapareció, luego de que las instalaciones de la IPS, donde le realizaron la cirugía de cadera, fueron objeto de una inundación. Sin embargo, la Sala encontró posible que el señor José Uriel Guillén Ríos accediera a la historia clínica del lugar donde, según él, atendieron la urgencia al momento de sufrir el accidente. Por lo tanto, ordenó a la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de Caldas admitir la solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral, (i) sin exigir la historia clínica de la IPS Flavio Restrepo S.A.S, por ser imposible de allegar, y (ii) teniendo en cuenta la historia clínica remitida a la Corte Constitucional por parte del Centro de Salud del corregimiento de San Diego, en el municipio de Samaná – Caldas y todos aquellos elementos probatorios que permitan demostrar el nexo causal entre la invalidez y el hecho violento.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala decidió revocar las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales y por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales y, en su lugar, amparó el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto de José Uriel Guillén Ríos.

Regla de decisión:

Sin que sea posible extender a otros asuntos similares, para el caso analizado en la presente sentencia, se vulnera el derecho al mínimo vital y la vida digna con relación a la reparación integral para una víctima del conflicto cuando, en el marco del procedimiento para acceder a la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado, en razón a su estado extremo de vulnerabilidad física, económica y condición de padre cabeza de familia: (i) se exige en un solo contado el pago de los honorarios de la junta de calificación, pues ello comporta una carga de difícil cumplimiento, teniendo en cuenta que sus ingresos son sustancialmente inferiores a un smmlv –supra numeral 53-, por lo que debe llegarse a un acuerdo de pago; y (ii) no es posible allegar la historia clínica del momento en que ocurrió el perjuicio en el contexto del conflicto armado porque el centro hospitalario se liquidó sin que se conservara dicha información, así debe permitirse a través de otros medios probatorios acreditar dicho nexo causal –supra numeral 66-.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero.- REVOCAR las sentencias de primera y de segunda instancia proferidas por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales y por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, de fechas 07 de diciembre de 2017 y 02 de febrero de 2018, respectivamente. En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos al mínimo vital y a la vida digna en relación con la reparación integral para víctimas del conflicto armado de José Uriel Guillén Ríos.

Segundo.- ORDENAR a la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de Caldas que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral de José Uriel Guillén Ríos. Previamente a la elaboración del dictamen, la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de Caldas y el accionante deberán suscribir un acuerdo de pago que regule la forma de cancelación de los honorarios de que trata el Decreto 600 de 2017 por el cual se adiciona al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015 el capítulo 5. Con el solo acuerdo basta para proceder con el inicio de la calificación, en los términos expuestos en esta sentencia.

Tercero.- ORDENAR que al momento de realizar la notificación de la presente decisión a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas y al accionante, se les entregue copia de la historia clínica del Centro de Salud del corregimiento de San Diego, en el municipio de Samaná – Caldas, que obra a folios 114 al 117, del cuaderno de Revisión del expediente T-6.727.220. Así, ADVERTIR a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas que al momento de realizar la calificación, tenga en cuenta las consideraciones esgrimidas en el numeral 66 de la presente sentencia.

Cuarto.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a través del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales –, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase.

ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

[1] De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía José Uriel Guillén Ríos nació el 11 de octubre de 1968 en Samaná, Caldas. Folio 3 del cuaderno de primera instancia de la acción de tutela.

[2] En el folio 45 del cuaderno de primera instancia reposa copia de la Resolución No. 2014-671019R del 21 de junio de 2016, por la cual se mantiene la inclusión del accionante en el Registro Único de Víctimas.

[3] Hecho referido en el escrito de tutela que obra en el folio 3 del cuaderno de primera instancia de la acción de tutela.

[4] Certificado en folio 13 del cuaderno de primera instancia.

[5] Solicitud visible a folio 15 del cuaderno de primera instancia.

[6] Por el cual se adiciona al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015 un capítulo 5° para reglamentar la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado de que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y su fuente de financiación.

[7] Resolución visible en los folios 17 al 19 del cuaderno de primera instancia.

[8] Respuesta emitida por el Ministerio del Trabajo, folio 21 del cuaderno de primera instancia.

[9] La solicitud presentada por José Uriel Guillén Ríos reposa en el folio 20 del cuaderno de primera instancia.

[10] Respuesta de la Junta Regional de Calificación en el folio 22.

[11] El oficio se encuentra en el folio 23 de cuaderno de primera instancia.

[12] Respuesta que reposa en el folio 24 del cuaderno de primera instancia.

[13] Folio 3 del cuaderno de primera instancia.

[14] Folio 4 del cuaderno de primera instancia.

[15] En el folio 5 del cuaderno de primera instancia reposa respuesta de la Unidad de Víctimas informando la inclusión del accionante en el RUV. Adicionalmente, en los folios 45 al 47 del mismo cuaderno obra copia de la resolución allegada por la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de Caldas en la respuesta a la acción de tutela.

[16] Ver folios 25 al 27 del cuaderno de primera instancia.

[17] Historias clínicas que reposan en los folios 7 al 11 del cuaderno de primera instancia.

[18] Ver folio 56 del cuaderno de primera instancia.

[19] Ver folio 15 del cuaderno principal.

[20] Ver folios 17 al 19 de cuaderno principal.

[21] Ver folio 21 del cuaderno de primera instancia.

[22] Mediante Auto del 27 de noviembre de 2017, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales avocó conocimiento de la presente acción de tutela y ordenó la vinculación de la EPS Saludvida, Colpensiones, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Procuraduría General de la Nación. Ver folio 40 del cuaderno de primera instancia.

[23] Ver contestación en los folios 61 al 66 del cuaderno de primera instancia.

[24] Contestación de Colpensiones visible en los folios 78 al 81 del cuaderno de primera instancia.

[25] Contestación del Ministerio de Hacienda visible en los folios 97 al 99 del cuaderno de primera instancia.

[26] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, expediente STL6388-2016, radicación No. 66173, Acta No. 16 de 11 de mayo de 2016: "no desconoce la Sala la difícil situación a la que se ven abocadas las víctimas del conflicto armado y la necesidad de que por parte del legislador se adopten disposiciones tendientes a efectivizar sus derechos, como ocurren con la pensión de invalidez contemplada en la Ley 418 de 1997; sin embargo, ello no conduce a otorgar competencia al juez de tutela para estudiar y otorgar de forma directa la prestación, debido a que, proceder en tal sentido, desconocería la facultad de los jueces ordinarios para definir asuntos de esta naturaleza y, asimismo, afectaría la posibilidad de que las partes involucradas ejerzan plenamente el derecho a la defensa y contradicción".

[27] Contestación del Ministerio de Trabajo visible en los folios 102 y 103 del cuaderno de primera instancia.

[28] Contestación de la EPS Saludvida visible en el folio 107 del cuaderno de primera instancia.

[29] Sentencia de primera instancia visible en los folios 108 al 120 del cuaderno de primera instancia de la acción de tutela.

[30] Sentencia de segunda instancia visible en los folios 3 al 5 del cuaderno de segunda instancia de la acción de tutela.

[31] Los documentos recibidos por la Secretaría General de esta Corte fueron puestos a disposición de las partes y de los terceros con interés en el proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interno.

[32] De acuerdo con el Auto del veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), proferido por el Magistrado sustanciador visible a folios 19-21 del cuaderno de revisión de la acción de tutela.

[33] Ver folios 29 al 47 del cuaderno de Revisión.

[34] Ver folios 42 al 52 del cuaderno de Revisión.

[35] Ver folios 57 al 71 del cuaderno de Revisión.

[36] Ver folios 73 y 74 del cuaderno de Revisión.

[37] Ver folios 77 y 78 del cuaderno de Revisión.

[38] Ver folios 79 al 97 del cuaderno de Revisión. Adicionalmente, están pendientes dos giros cada uno por $266.000, a favor del accionante.

[39] La declaración fue realizada en el año 2011.

[40] Ver folio 109 del cuaderno de Revisión.

[41] Ver folios 114 al 117 del cuaderno de Revisión.

[42] Auto notificado el 7 de junio de 2018.

[43] Constitución Política, Artículo 86 "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública".

[44] De conformidad con el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, "La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley".

[45] Ver sentencias T-093 de 2016 y T-401 de 2017.

[46] Decreto 600 de 2017 por el cual se adiciona al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015 un capítulo 5°. para reglamentar la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado, de que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y su fuente de financiación. Artículo 2.2.9.5.11. "Presentación de solicitud para calificación de pérdida de capacidad laboral. Los interesados en obtener la prestación humanitaria periódica para las víctimas de la violencia, deben acudir directamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez que corresponda según la jurisdicción de su lugar de domicilio, demostrando el interés jurídico y la historia clínica que reflejen los hechos de la fecha en que ocurrió el acto de violencia que causó la invalidez. En este caso las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como peritos" (subraya fuera de texto).

[47] Ver también artículo 4º del Decreto 1352 de 2013 y artículo 2.2.5.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015.

[48] Reiterada en la sentencia C-914/13.

[49] Sentencia T-713/14.

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Última actualización: 31 de agosto de 2019

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