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RESOLUCIÓN 1250 DE 2022

(julio 21)

Diario Oficial No. 52.106 de 25 de julio de 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por la cual se subroga el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP),

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, el Decreto número 4473 de 2006 compilado en el DUR 1625 del 2016, el artículo 9° del Decreto número 575 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, estableció los parámetros normativos para la gestión del recaudo de la cartera de las entidades públicas, que de manera permanente tienen a su cargo el recaudo de rentas o caudales públicos;

Que el numeral 1 del artículo 2° de la mencionada Ley 1066 de 2006, señaló la obligación que tienen las entidades públicas con cartera a su favor, de establecer un reglamento interno de recaudo de cartera, el cual debe ser expedido mediante normatividad de carácter general por la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública;

Que el Gobierno nacional reglamentó la Ley 1066 de 2006 mediante el Decreto número 4473 de 2006, determinando en su artículo 2°, el contenido mínimo del Reglamento de Recaudo de Cartera de cada entidad;

Que así mismo, para hacer efectivas las obligaciones exigibles en favor de las entidades públicas, el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 ordena a las entidades públicas seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario Nacional;

Que el reglamento interno de cartera fue adoptado mediante la Resolución número 691 del 30 de septiembre de 2013 y ha sido objeto de modificación mediante las Resoluciones números 628 del 21 de abril de 2014, 293 del 8 de abril de 2015, 104 del 23 de enero de 2018, 825 del 31 de mayo de 2019 y 727 del 14 de agosto de 2020, por lo que se requiere contar con un instrumento que contenga todas las disposiciones internas sobre el recaudo de cartera, para facilitar su consulta y aplicación; e incorporar otros aspectos relativos a la venta de cartera a la Central de Inversiones S. A. (CISA) y el procedimiento a seguir, frente a los acuerdos de pago derivados de beneficios tributarios dispuestos por el Gobierno nacional;

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante la Resolución número 293 de 2015 modificó el artículo 11 de la Resolución número 691 de 2013, estableciendo cinco (5) meses, como el término para desarrollar la etapa de cobro persuasivo, contados a partir de la fecha en que se realice la primera acción persuasiva adelantada por la Subdirección de Cobranzas;

Que la gestión de cobro persuasivo tiene por objeto promover el pago voluntario de las obligaciones, por lo tanto, es un mecanismo idóneo para lograr la recuperación de la cartera del Sistema de la Protección Social, cuyo cobro adelanta esta Unidad, en virtud de las competencias atribuidas por la ley;

Que con el fin de contribuir con la cultura de cumplimiento en el pago y de desarrollar estrategias adecuadas de acercamiento a los deudores, incentivando el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y señalando los beneficios que se derivan de encontrarse al día en el pago de las mismas, se requiere ampliar el tiempo de gestión de las acciones persuasivas actualmente establecido teniendo en cuenta la naturaleza de las obligaciones, armonizando esta gestión con la posibilidad de movilizar la cartera y la probabilidad de enajenar las obligaciones con más de 180 días de vencida;

Que en cumplimiento del numeral 9 del artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, así como del artículo 2.1.2.1.23. Del Decreto número 1081 de 2015 y la Resolución número 609 de 2017, el proyecto de resolución se publicó en la página web de la UGPP para comentarios de la ciudadanía del primero (1°) al once (11) de julio de 2022;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y competencia funcional

ARTÍCULO 1°. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución tiene por objeto, actualizar el Reglamento Interno de Cartera de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y compilar las reglas, procedimientos, condiciones, competencia funcional, etapas del cobro, criterios de clasificación de cartera y demás actividades necesarias para el desarrollo del proceso administrativo de cobro, de conformidad con la Ley 1066 de 2006 y el Decreto número 4473 de 2006.

ARTÍCULO 2°. NORMATIVIDAD APLICABLE. El procedimiento de cobro administrativo en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se adelanta de conformidad con las facultades otorgadas por la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico vigente, en especial, aquellas señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto número 4473 de 2006, el Estatuto Tributario Nacional, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso.

ARTÍCULO 3°. COMPETENCIA FUNCIONAL. La competencia para adelantar el trámite del cobro administrativo corresponde a la Subdirección de Cobranzas, según lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto número 575 de 2013, para lo cual el Subdirector tendrá la calidad de Funcionario Ejecutor, encargado de dirigir y coordinar las acciones de cobro de competencia de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), atendiendo lo establecido en las disposiciones generales que regulan la materia, así como las dispuestas en el presente reglamento o disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPÍTULO II

Título Ejecutivo

ARTÍCULO 4°. TÍTULO EJECUTIVO. El título ejecutivo es el documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible consistente en pagar una suma líquida de dinero a favor del Sistema de la Protección Social, de la Dirección del Tesoro Nacional y de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

PARÁGRAFO. El título ejecutivo puede ser simple o complejo. Será simple cuando la obligación emane de un solo documento, y será complejo cuando la obligación se encuentra constituida en un conjunto de documentos, constituyéndose como una unidad jurídica.

ARTÍCULO 5°. TÍTULOS EJECUTIVOS POR COBRAR. Prestan mérito ejecutivo para el cobro administrativo coactivo por parte de la Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), los documentos mencionados en los artículos 828 del Estatuto Tributario Nacional, 99 de la Ley 1437 de 2011, 469 de la Ley 1564 de 2012, y demás disposiciones legales que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Entre otros, los siguientes:

- Actos administrativos que determinen o impongan las siguientes obligaciones:

-- Contribuciones parafiscales del Sistema de la Protección Social.

-- Cuotas Partes Pensionales

-- Sanciones del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 y del artículo 670 del Estatuto Tributario Nacional y sus modificaciones.

-- Sanciones disciplinarias impuestas por la UGPP.

-- Obligaciones a favor de la UGPP derivadas de la contratación estatal.

-- Valores adeudados a la Nación por trámites pensionales.

-- Aportes patronales territoriales.

-- Sentencias judiciales ejecutoriadas

-- Costas procesales.

-- Las demás obligaciones a favor de la Unidad que consten en títulos ejecutivos en firme.

ARTÍCULO 6°. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONFORMAR EL TÍTULO EJECUTIVO. El procedimiento para la conformación del título ejecutivo será el que conste en la respectiva caracterización del proceso del área que determine o imponga la obligación. Sin perjuicio de lo anterior, como mínimo deberá contar con los siguientes documentos para la conformación de este:

-- Acto administrativo y/o judicial por medio del cual se determine o imponga la obligación.

-- Acto administrativo por medio del cual se resuelven los recursos interpuestos en contra del acto administrativo principal.

-- Constancia de Notificación (gula correo y/o aviso o edicto con constancia de fijación y des fijación y/o certificado de notificación electrónica).

-- Constancia de ejecutoria.

ARTÍCULO 7°. ACTUACIONES. Las actuaciones en materia de cobro administrativo son realizadas mediante actos administrativos de trámite contenidos en resoluciones o autos; y contra estos no procederán recursos conforme lo dispone el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional, excepto los que en forma expresa disponga la ley.

CAPÍTULO III

Clasificación y gestión de la cartera

ARTÍCULO 8°. CLASIFICACIÓN DE CARTERA. Con el fin de orientar la gestión de cartera y garantizar la oportunidad en el proceso de cobro de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) la cartera se clasificará tomando en cuenta su antigüedad, cuantía, naturaleza jurídica del deudor y naturaleza jurídica de la obligación.

ARTÍCULO 9°. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE CARTERA. Con el fin de orientar la gestión de cartera, establecer el decreto de medidas cautelares y garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, la cartera sujeta a cobro se clasificará así:

1. Según su antigüedad. La cartera según su antigüedad, contada desde la fecha de exigibilidad del título ejecutivo, se clasifica en:

1.1. De 0 a 180 días calendario

1.2. De más de 180 días calendario.

El conteo se realiza a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo.

2. Según la cuantía de la obligación. La Cartera en atención a su monto se clasificará teniendo en cuenta el Modelo de Costos del proceso de cobro administrativo establecido para la Subdirección de Cobranzas.

3. Según la naturaleza jurídica del deudor. Las deudas de acuerdo con este criterio tendrán las siguientes categorías:

3.1. Cartera de personas naturales.

3.2. Cartera de personas jurídicas de derecho privado o asimiladas.

3.3. Cartera de personas jurídicas de derecho público.

4. Por la naturaleza jurídica de la obligación. Según de donde provenga la obligación, la cartera se denominará:

4.1. Cartera de Parafiscales: Corresponde a la cartera de las contribuciones parafiscales del Sistema de la Protección Social, determinada y cobrada por la UGPP.

4.2. Cartera de Pensiones: Aquella cuyo origen se encuentra en decisiones pensionales; está constituida por mayores valores pagados, cuotas partes pensionales y aportes patronales territoriales.

4.3. Cartera Administrativa: Aquella que tiene origen en actuaciones administrativas y/o sancionatorias de la entidad; está constituida por multas por incumplimientos contractuales y sanciones disciplinarias.

4.4. Cartera Sancionatoria: Es la cartera originada por la imposición de sanciones por parte de la UGPP mediante acto administrativo simple o complejo, facultad establecida en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 o sus modificaciones; está conformada por sanciones de inexactitud, omisión y/o mora en el cumplimiento de los deberes legales de los aportantes con el Sistema de la Protección Social, sanciones por no envío, envío incompleto y/o inexacto de información requerida para adelantar el proceso de determinación, sanción por incumplimiento a los estándares de cobro fijados por la UGPP mediante Resolución número 1702 de 2021 o la que la modifique, adicione o sustituya, la sanción a las asociaciones o agremiaciones y demás personas naturales o jurídicas que realicen afiliaciones colectivas de trabajadores independientes sin estar autorizadas por las autoridades competentes, sanción por improcedencia en las devoluciones previstas en el artículo 670 del Estatuto Tributario Nacional y las demás sanciones que imponga la UGPP de acuerdo con las facultades legales otorgadas.

4.5. Cartera Judicial: Aquella cuyo origen se encuentra en sentencias judiciales, conciliaciones o laudos arbitrales, costas procesales, indemnizaciones y/o perjuicios materiales, las cuales se imponen a favor de la UGPP.

4.6. Cartera de otras entidades: Aquella cuyo origen es de otra entidad, pero su cobro corresponde a la UGPP.

ARTÍCULO 10. CRITERIOS DE GESTIÓN DE COBRO. A fin de establecer las acciones de cobro, se definen como criterios de priorización de la gestión de cobro de acuerdo con el estado del proceso, los siguientes:

I. Término de Prescripción: Las obligaciones se cobrarán teniendo en cuenta la fecha de configuración de la prescripción.

II. Estado Jurídico del deudor: Aquella cartera en la que el deudor se encuentre en estado de disolución y/o liquidación, incluidas las obligaciones de naturaleza concursal y/o liquidatario, en las que existe un proceso administrativo o judicial en trámite, al que se deben presentar o se presentaron dichas obligaciones.

III. Cuantía de la obligación: Aquella cartera exigible que no hace parte de las obligaciones clasificadas como de imposible recaudo.

IV. Los demás criterios que se establezcan en las caracterizaciones de los subprocesos de gestión de cobro, aprobados por la Dirección de Parafiscales.

TÍTULO II

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO

CAPÍTULO I

Cobro Persuasivo

ARTÍCULO 11. COBRO PERSUASIVO. La gestión del cobro persuasivo se desarrolla en virtud del principio de economía y tiene por objeto promover el pago voluntario de las obligaciones, y evitar las acciones de cobro coactivo que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en virtud de las competencias atribuidas por la ley.

ARTÍCULO 12. MEDIOS UTILIZADOS. El cobro persuasivo podrá realizarse a través de llamada telefónica, correo electrónico, correo físico, mensaje de texto o cualquier otro mecanismo idóneo, con el cual se logre contactar al deudor.

De la utilización de cualquiera de estos medios deberá dejarse constancia en el respectivo expediente, con el objeto de salvaguardar el debido proceso.

ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO. Para efectos de una correcta gestión de cobro persuasivo, se deberá contactar al deudor por uno de los medios de que trata el artículo anterior con el fin de invitarlo a que realice el pago de la obligación, incluyendo intereses de mora y/o actualización de sanciones o el aseguramiento del cumplimiento del pago mediante el otorgamiento de una facilidad de pago.

PARÁGRAFO. La gestión de cobro persuasivo será gestionada de acuerdo con los lineamientos establecidos en la caracterización del proceso de cobro.

ARTÍCULO 14. TÉRMINO DEL COBRO PERSUASIVO. El término para desarrollar el cobro persuasivo será de seis (6) meses, contados a partir del traslado del respectivo título a la Subdirección de Cobranzas.

Sin perjuicio de lo anterior para las obligaciones de naturaleza pensional la duración será de diez (10) meses, contados a partir del traslado del respectivo título a la Subdirección de Cobranzas.

PARÁGRAFO. La etapa de cobro persuasivo no es un requisito de obligatorio cumplimiento para el inicio del procedimiento de cobro coactivo, cuando:

I. Falte un (1) año o menos para que se configure la prescripción de la acción de cobro.

II. La entidad deudora se encuentre en disolución y/o liquidación, o en un proceso de naturaleza concursal, de liquidación, o en un proceso de sucesión para el caso de personas naturales.

III. Cuando el deudor manifieste de manera expresa su renuencia al pago.

IV. Cuando el deudor ya esté en curso de un proceso de cobro coactivo en su contra con ocasión de otra obligación.

CAPÍTULO II

Cobro Coactivo

ARTÍCULO 15. COBRO COACTIVO. El cobro coactivo se entenderá como el procedimiento especial por medio del cual se adelantarán las acciones con el fin de hacer efectivo el recaudo de las deudas a favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en virtud de las competencias atribuidas por la ley; siguiendo el procedimiento establecido para tal fin en el presente acto administrativo y demás normas legales y reglamentarias que lo establezcan.

ARTÍCULO 16. DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO. Para efectos de una correcta gestión del proceso administrativo de cobro coactivo, se seguirá la regulación establecida en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, y en lo no previsto, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código General del Proceso.

En el proceso administrativo de Cobro Coactivo se seguirán las siguientes etapas generales:

- Medias cautelares previas o concomitantes con el mandamiento de pago

- Mandamiento de pago

- Excepciones

- Orden de ejecución

- Liquidación de crédito

- Secuestro

- Avalúo

- Remate

ARTÍCULO 17. MANDAMIENTO DE PAGO. Es el acto administrativo con el cual se inicia el trámite del procedimiento administrativo de cobro coactivo, mediante el cual se ordena el pago de las obligaciones contenidas en el título ejecutivo cuyo cobro se pretende, incorporando la tasa a la que se deben liquidar los intereses que se hayan generado desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

En un solo mandamiento de pago se pueden incorporar varias obligaciones a cargo del deudor, las cuales deben ser individualizadas y cumplir con los siguientes requisitos:

I. Que se trate de obligaciones a favor o cuyo cobro corresponda a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

II. Que todas sean susceptibles de cobro coactivo.

PARÁGRAFO. La tasa de interés de mora aplicable a las obligaciones determinadas y cobradas, será la establecida en la regulación especial proferida frente a cada obligación, y en caso de que no esté reglamentada, se utilizará la tasa prevista en el Estatuto Tributario Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1066 de 2006. Para las obligaciones parafiscales en favor del Sistema de la Protección Social, los intereses de mora serán liquidados mediante la Planilla PILA.

Las sanciones no causan intereses de mora; no obstante, para su actualización, se aplicará lo dispuesto en el artículo 867-1 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO 18. TÉRMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES. El deudor, conforme lo establece el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del mandamiento de pago, deberá pagar el monto de la obligación con sus respectivos intereses o actualización, según corresponda. Dentro del mismo término, podrá proponer por escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional tal como se enumeran en el artículo 19 de la presente resolución.

PARÁGRAFO. El proceso administrativo de cobro coactivo es de naturaleza ejecutiva, por tanto, conforme con lo dispuesto en el artículo 829-1 del Estatuto Tributario Nacional, no es procedente debatir en el curso del proceso coactivo, temas que se debieron discutir en el momento de la determinación de la obligación dada la firmeza del título ejecutivo base de cobro.

ARTÍCULO 19. EXCEPCIONES. De acuerdo con lo establecido en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, contra el mandamiento de pago proceden las siguientes excepciones:

I. El pago efectivo.

II. La existencia de acuerdo de pago.

III. La falta de ejecutoria del título.

IV. La pérdida de fuerza ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

V. La interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

VI. La prescripción de la acción de cobro, y

VII. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

Así mismo, cuando el mandamiento de pago vincule a deudores solidarios procederán además las siguientes excepciones:

I. La calidad de deudor solidario.

II. La indebida tasación del monto de la deuda.

ARTÍCULO 20. TRÁMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito de excepciones contra el mandamiento de pago, el funcionario ejecutor decidirá sobre ellas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 832 del Estatuto Tributario Nacional. Para tal efecto de oficio o a solicitud de parte podrá practicar las pruebas que estime convenientes.

ARTÍCULO 21. EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario ejecutor así lo declarará y de inmediato ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas cautelares, en caso de que se hubieren decretado. En igual forma procederá si, en cualquier etapa del procedimiento, el deudor paga la totalidad de las obligaciones.

Cuando la excepción probada lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás.

ARTÍCULO 22. RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE LAS EXCEPCIONES. La decisión que resuelve las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, está sujeta únicamente a la interposición del recurso de reposición, el cual deberá ser presentado dentro del mes siguiente a su notificación y el funcionario ejecutor decidirá dentro del mes siguiente a su interposición.

ARTÍCULO 23. ORDEN DE EJECUCIÓN. Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones o el deudor no hubiere pagado, el funcionario ejecutor proferirá acto administrativo en el que ordene la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

PARÁGRAFO. Cuando previo a la orden de ejecución no se hubieren decretado medidas cautelares, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez identificados se proceda a su embargo y secuestro, y se continúe con el remate de estos.

ARTÍCULO 24. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y GASTOS. Ejecutoriado el acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución, se procederá a liquidar mediante acto administrativo motivado, el valor del crédito, el valor de los intereses moratorios y el valor de los gastos en que incurrió la administración, de conformidad con el artículo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional.

De la liquidación presentada se dará traslado al ejecutado por el término de tres (3) días hábiles, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas a la liquidación, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.

De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme.

ARTÍCULO 25. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y GASTOS DEL PROCESO. Vencido el término del traslado, el funcionario ejecutor decidirá mediante acto administrativo motivado, las razones por las que acogen o rechaza las objeciones a la liquidación del crédito y procederá a su notificación. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 26. INTERVENCIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las resoluciones que deciden sobre las excepciones y ordenan seguir adelante la ejecución y la liquidación del crédito. La admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero en el evento de remate, este no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo por parte de dicha jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 835 del Estatuto Tributario Nacional.

CAPÍTULO III

De las medidas cautelares

ARTÍCULO 27. FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares tienen como finalidad la inmovilización comercial de los bienes del deudor para garantizar el pago de la obligación insoluta, mediante el embargo de bienes muebles e inmuebles, inclusive activos financieros.

ARTÍCULO 28. INVESTIGACIÓN DE BIENES. Con el fin de identificar los bienes del deudor que puedan ser objeto de medidas cautelares, el funcionario ejecutor podrá solicitar información a las oficinas de registro de instrumentos públicos, secretarías de movilidad, entidades bancarias y demás entidades públicas y privadas que considere pertinentes para que informen los bienes registrados a nombre del deudor.

La investigación de bienes se podrá realizar a partir del traslado del título ejecutivo a la Subdirección de Cobranzas y podrá ser concomitante con cualquier acción de cobro persuasivo o coactivo que se adelante.

PARÁGRAFO. Si contra el deudor se adelanta otro proceso administrativo de cobro coactivo, en el cual se identifiquen bienes a su nombre, estos podrán ser objeto de medidas cautelares en otros procesos en su contra.

ARTÍCULO 29. MEDIDAS CAUTELARES. Conforme con lo dispuesto en el artículo 837 del Estatuto Tributario Nacional y el artículo 599 y demás pertinentes del Código General del Proceso, en la etapa de cobro persuasivo y coactivo el funcionario competente podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor.

PARÁGRAFO. Para efectos de la práctica de medidas cautelares, el funcionario competente deberá además atender los criterios, que sobre el particular defina la Dirección de Parafiscales.

ARTÍCULO 30. LÍMITE Y REDUCCIÓN DE EMBARGOS. El valor de los bienes embargados no podrá exceder el doble de la deuda por concepto de capital, más los intereses o actualizaciones, según el caso y gastos del proceso. Si efectuado el avalúo de los bienes estos exceden de la suma indicada, deberá reducirse el monto del embargo, si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado.

Los embargos de cuentas de ahorro a personas naturales tendrán un límite de inembargabilidad, equivalente a quinientas diez (510) Unidades de Valor Tributario (UVT), depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el aportante, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto número 379 de 2007 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO 31. LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares se levantarán en los siguientes casos:

1. Cuando se haya verificado el pago total de la obligación.

2. Cuando producto del embargo, se obtengan activos patrimoniales o bienes que garanticen el 100% de la obligación, incluyendo los intereses y/o actualizaciones, cuando haya lugar y los gastos del proceso.

3. Cuando el deudor preste caución mediante póliza judicial que garantice el pago de la obligación, incluyendo los intereses, sanciones y/o actualizaciones, cuando haya lugar y los gastos del proceso.

4. Cuando se le otorgue al deudor plazo para el pago de la obligación (facilidad y/o acuerdo de pago) y esta se encuentre vigente.

5. Cuando el deudor del sector público se encuentre en conciliación de la obligación y/o mesa de negociación para el pago con la UGPP.

6. Cuando se revoque totalmente el título ejecutivo.

7. Cuando se haya admitido demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o jurisdicción laboral, según corresponda.

8. Cuando se haya admitido demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, siempre que el deudor preste garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado.

9. Por orden judicial de autoridad competente.

10. Cuando sobrevengan circunstancias de fuerza mayor que conlleven a la declaratoria de Estados de Excepción o Estados de Emergencia, podrá el subdirector de Cobranzas levantar las medidas cautelares decretadas en los procesos de cobro, mientras permanezcan vigentes las normas establecidas por el Gobierno nacional para mitigar dichos estados mediante decisión debidamente motivada.

PARÁGRAFO. Cuando medie una solicitud de beneficio tributario pendiente de resolver, la Subdirección de Cobranzas verificará el cumplimiento de los requisitos que lo habilitan para acceder al beneficio; en caso de cumplirlos, se levantarán las medidas cautelares decretadas a entidades financieras.

ARTÍCULO 32. SECUESTRO DE BIENES. Registrada la medida de embargo, se procederá a realizar el estudio costo-beneficio de los bienes, de conformidad con el artículo 839-4 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por artículo 265 de la Ley 1819 de 2016 con el fin de determinar la viabilidad del secuestro de estos; en caso de ser positivo, se ordenará este mediante auto proferido por el funcionario ejecutor. El secuestro de los bienes tiene como objetivo excluirlos del comercio y siempre será posterior o concomitante con el embargo.

Para el trámite del secuestro y oposición al mismo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 839-2 y 839-3 del Estatuto Tributario Nacional y el artículo 595 y 596 del Código General del Proceso, o disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

PARÁGRAFO. El secuestre será nombrado por el funcionario ejecutor de la lista de auxiliares de la justicia, según las reglas establecidas en el Código General del Proceso, y las normas que las sustituyan, modifiquen, adicionen o deroguen. La comunicación del nombramiento, aceptación y relevo del cargo se sujetará a lo dispuesto en el artículo 49 del Código General del Proceso.

ARTÍCULO 33. COMISIÓN EN LAS DILIGENCIAS DE SECUESTRO. Las diligencias de secuestro serán adelantadas por el funcionario ejecutor de la UGPP, sin perjuicio que este pueda comisionar la práctica de esta diligencia en funcionarios de la Subdirección de Cobranzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código General del Proceso.

ARTÍCULO 34. AVALÚO DE LOS BIENES. Una vez embargados y secuestrados los bienes se procederá al avalúo de estos, de conformidad con las reglas establecidas en el parágrafo del artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 264 de la Ley 1819 de 2016, o disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

PARÁGRAFO. Cuando no sea posible establecer el avalúo del bien de acuerdo con las reglas mencionadas en los literales a), b) y c) del artículo 838 citado, el avalúo estará a cargo de un funcionario de la entidad y si no lo hubiere del perito contratado por la entidad con el fin de que emita los informes técnicos de valuación y/o peritaje con el cumplimiento de la normatividad vigente.

ARTÍCULO 35. TRASLADO DEL AVALÚO AL DEUDOR. De los avalúos determinados de conformidad con las reglas establecidas en el parágrafo del artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional, se correrá traslado por diez (10) días hábiles a los interesados mediante auto, con el fin de que presenten sus objeciones. Si no estuvieren de acuerdo, podrán allegar un avalúo diferente, caso en el cual el funcionario ejecutor resolverá la situación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Contra esta decisión no procede recurso.

Si el ejecutado no presta colaboración para el avalúo de los bienes, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 233 del Código General del Proceso.

Transcurrido el término de los diez (10) días hábiles de los que trata el inciso anterior sin que el deudor haya presentado objeción alguna, se proferirá el respectivo auto que deja en firme el avalúo. Contra este acto administrativo no procede recurso.

ARTÍCULO 36. REMATE DE BIENES. De conformidad con el artículo 840 del Estatuto Tributario Nacional, aplicable a la Unidad de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, en firme el avalúo, se efectuará el remate de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado.

En caso de declararse desierto el tercer remate, la UGPP adjudicará los bienes a favor de la Nación, de acuerdo con las normas del Código General del Proceso, en la forma y términos establecidos en la caracterización del proceso de cobro.

Los bienes adjudicados a favor de la Nación y aquellos recibidos en dación en pago por las obligaciones adeudas a la Unidad, se podrán entregar para su administración o venta a la Central de Inversiones S. A. (CISA) o a cualquier entidad que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la forma y términos que establezca este reglamento.

Los bienes adjudicados en favor de la UGPP serán objeto de venta y los recursos obtenidos se girarán al Sistema de la Protección Social o Tesoro Nacional según corresponda de acuerdo con la naturaleza de la obligación.

ARTÍCULO 37. FIJACIÓN DE FECHA DE REMATE. Ejecutoriada la orden de ejecución, mediante auto se fijará fecha para el remate. Para el efecto, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que el bien se encuentre debidamente embargado, secuestrado y avaluado.

2. Que estén resueltas las oposiciones o peticiones de levantamiento y/o reducción de medidas cautelares.

3. Que se hubieren notificado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios, a quienes puedan hacer valer sus créditos.

4. Se hubiere realizado control de legalidad para sanear irregularidades que puedan acarrear nulidad.

5. Comprobar que no hubieren sido demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito.

ARTÍCULO 38. PUBLICACIÓN DEL REMATE. El aviso de remate se publicará por una vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, en un periódico de amplia circulación de conformidad con el artículo 450 del Código General del Proceso o norma que lo adicione, modifique o sustituya.

ARTÍCULO 39. DILIGENCIA DE REMATE. El remate de bienes se llevará a cabo con sujeción a los artículos 448 y siguientes del Código General del Proceso, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 40. APROBACIÓN DEL REMATE Y ACTUACIONES POSTERIORES. El remate se aprobará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes mediante auto en el que se dispondrá:

1. La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios, y de la afectación a vivienda familiar y el patrimonio de familia, si fuere el caso, que afecten al bien objeto del remate.

2. La cancelación del embargo y el levantamiento del secuestro.

3. La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio, las cuales deberán entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición de este último. Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y protocolizará en la notaría correspondiente al lugar del proceso; copia de la escritura se agregará luego al expediente.

4. La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.

5. La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado tenga en su poder.

6. La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efecto público nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que quedan cancelados los extendidos con anterioridad al ejecutado.

7. La entrega del producto del remate al acreedor hasta la concurrencia de su crédito y las costas del proceso y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Sin embargo, del producto del remate el juez deberá reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios públicos, cuotas de administración y gastos de parqueo o depósito que se causen hasta la entrega del bien rematado. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del bien al rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenará entregar a las partes el dinero reservado.

TÍTULO III

FACILIDADES DE PAGO

CAPÍTULO I

Cobro Persuasivo

ARTÍCULO 41. COMPETENCIA. La Dirección de Parafiscales de la UGPP será la competente para aprobar y conceder compromisos de pago al deudor, hasta por doce (12) meses, contados a partir del inicio de la primera gestión persuasiva, para el pago de las obligaciones cuyo cobro corresponda a la Unidad, y la deuda con sanciones, intereses de mora y actualizaciones sea inferior a 3.000 UVT.

ARTÍCULO 42. REQUISITOS. El interesado deberá radicar la solicitud escrita dirigida a la Subdirección de Cobranzas que deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

a. Nombre o razón social del deudor.

b. Identificación del proceso y la cuantía.

c. Periodicidad de las cuotas y/o plan de pagos sin exceder los 12 meses.

d. Denuncia de los bienes de su propiedad o de un tercero que a su nombre garantice la deuda, con el correspondiente certificado que acredite la propiedad.

e. En caso de que los bienes denunciados no cubran el valor de la obligación principal, sanciones, intereses y actualizaciones en los casos a que haya lugar o de no contar con bienes muebles o inmuebles para denunciar, deberá realizar una declaración juramentada indicando que no cuenta con los mismos, la información proporcionada será cotejada con las bases de información con las que cuenta la UGPP, y en caso de detectar omisiones no se concederá el compromiso de pago.

La Subdirección de Cobranzas en el ámbito de sus competencias deberá estudiar, verificar y analizar los documentos, con el fin de presentar ante la Dirección de Parafiscales una recomendación para cada una de las solicitudes de compromiso de pago recibidas.

La Dirección de Parafiscales será quien evaluará cada caso en particular, y concederá el compromiso de pago mediante acto administrativo que se comunicará al deudor.

Cuando del análisis de la solicitud se concluya que no cumple con los requisitos para su otorgamiento, se requerirá al deudor para que la subsane. En caso de no hacerlo dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la respuesta de la solicitud, se entenderá que el deudor desiste de la misma; caso en el cual, podrá presentar una nueva solicitud siempre y cuando no haya finalizado el plazo de la gestión persuasiva.

La entidad se abstendrá de celebrar compromisos de pago con deudores que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos del Estado por el incumplimiento de acuerdos de pago conforme el numeral 6 del artículo segundo de la Ley 1066 de 2006, salvo que el incumplimiento sea subsanado, para lo cual, se deberá aportar prueba idónea que de fe de ello.

ARTÍCULO 43. SEGUIMIENTO A LOS PAGOS. Una vez otorgado el compromiso de pago mediante acto administrativo, si se detecta el no pago de una (1) cuota, se conminará al deudor a que pague la obligación de manera inmediata y se trasladará el expediente a la etapa de cobro coactivo.

CAPÍTULO II

Cobro Coactivo

ARTÍCULO 44. COMPETENCIA. La Dirección de Parafiscales de la UGPP conforme el artículo 814 del Estatuto Tributario Nacional será la competente para aprobar y conceder facilidades de pago al deudor o a un tercero en su nombre, máximo hasta por cinco (5) años con garantía o para plazo igual o inferior a un (1) año con denuncia de bienes, para el pago de las obligaciones cuyo cobro corresponda a la UGPP.

PARÁGRAFO. La Dirección de Parafiscales de la UGPP a solicitud de parte, podrá aprobar la modificación de la facilidad de pago en ejecución, hasta dos veces durante toda su vigencia, siempre que versen sobre las siguientes condiciones:

1. Ampliación del plazo, cuando el otorgado inicialmente fuere inferior al máximo indicado en el presente artículo, acreditando los requisitos para el nuevo plazo solicitado.

2. Modificación de la periodicidad y/o plan de pagos.

3. Modificación de la garantía.

La solicitud de modificación de las condiciones de la facilidad de pago en ejecución deberá hacerse antes de cumplirse los requisitos para hacer efectiva la cláusula aceleradora por el incumplimiento de esta.

ARTÍCULO 45. REQUISITOS Y TRÁMITE. El deudor interesado en obtener una facilidad de pago en cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro coactivo deberá presentar la solicitud por escrito dirigida a la Subdirección de Cobranzas, la cual deberá contener como mínimo:

a. Nombre o razón social del deudor y NIT.

b. Plazo solicitado.

c. Identificación del proceso y la cuantía.

d. Periodicidad de las cuotas y/o plan de pagos.

e. Denuncia de los bienes de propiedad del deudor cuando el plazo sea igual o inferior a un (1) año, con los correspondientes certificados que acrediten la propiedad.

f. Garantía ofrecida con el debido avalúo, cuando el plazo sea superior a un (1) año.

g. Para entidades del sector público, el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, y el acuerdo y/u ordenanza mediante la cual se autorice al ordenador del gasto a comprometer vigencias futuras, según lo que corresponda, en caso de ser afectadas por el plazo de la facilidad.

h. Para personas jurídicas de derecho privado y naturales, los estados financieros legalmente soportados, los certificados de ingresos y retenciones o los certificados de propiedad y demás documentación que demuestre solvencia económica.

La Subdirección de Cobranzas en el ámbito de sus competencias deberá estudiar, verificar y analizar los documentos, con el fin de presentar ante la Dirección de Parafiscales una recomendación para cada una de las solicitudes de facilidad de pago recibidas. La Dirección de Parafiscales será quien evaluará cada caso en particular, concederá, aprobará o rechazará la solicitud.

En caso de que los requisitos no se encuentren debidamente cumplidos se concederá al deudor un plazo no mayor a quince (15) días hábiles para que adicione, aclare, modifique o complemente su solicitud. Vencido este término sin que hubiere respuesta por parte del interesado, se considerará que ha desistido de la solicitud de facilidad de pago.

La entidad se abstendrá de celebrar facilidades de pago con deudores que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos del Estado por el incumplimiento de acuerdos de pago conforme el numeral 6 del artículo segundoL1066006#2*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 1066 de 2006, salvo que el incumplimiento sea subsanado, para lo cual, se deberá aportar prueba idónea que de fe de ello. La facilidad de pago se otorgará mediante acto administrativo motivado que se comunicará al deudor. En los eventos en que no se otorgue la facilidad de pago, se informará de tal circunstancia al deudor y se le conminará a que pague las obligaciones de manera inmediata.

La facilidad de pago se otorgará mediante acto administrativo motivado que se comunicará al deudor. En los eventos en que no se otorgue la facilidad de pago, se informará de tal circunstancia al deudor y se le conminará a que pague las obligaciones de manera inmediata.

El contenido mínimo del acto administrativo que otorga una facilidad de pago, será el siguiente:

a. Identificación del proceso de cobro administrativo.

b. Motivación de la solicitud de facilidad de pago con relación a la documentación allegada.

c. Las condiciones de la facilidad otorgada.

d. La forma en que deberá realizar el pago.

e. La cláusula aceleratoria en caso de incumplimiento.

PARÁGRAFO. Para establecer las condiciones de la facilidad de pago, si el deudor no informa un plan de pagos, se fijará como cuota mínima, el resultado de la división del valor del capital entre el plazo solicitado. Tratándose de pagos de aportes parafiscales siempre debe fijarse un plan de pagos por periodos y subsistemas completos.

ARTÍCULO 46. GARANTÍAS. Para el otorgamiento de una facilidad de pago, se deberá exigir una garantía idónea y ejecutable conforme lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio, Estatuto Tributario Nacional y demás normas que regulen la materia.

Las garantías para cualquier plazo deberán ser identificadas plenamente, libres de gravámenes (embargos, hipotecas), y cubrir el valor de la obligación principal, sus intereses, gastos procesales y sanciones y actualizaciones en los casos a que haya lugar.

Los gastos que genere el otorgamiento de una garantía serán asumidos por el deudor o tercero que suscriba la facilidad de pago en su nombre.

Los títulos de depósito judicial que estén a disposición de la Unidad podrán constituirse como garantía en la proporción que le corresponda respecto del saldo de la obligación sujeta a la facilidad de pago, por lo tanto, no podrán ser entregados hasta que se pague el total de la obligación.

ARTÍCULO 47. FACILIDAD DE PAGO CONCEDIDA A TRAVÉS DE UN TERCERO. La facilidad de pago podrá ser solicitada por un tercero. En la solicitud deberá expresamente indicar que el tercero se compromete solidariamente al cumplimiento de las obligaciones objeto de la facilidad otorgada, por el monto total de la deuda incluidas sanciones, los intereses, actualizaciones, gastos procesales, y demás recargos a que hubiere lugar. La actuación del tercero no libera al deudor principal del pago de la obligación, ni impide la acción de cobro contra él y en caso de incumplimiento, se podrá perseguir a cualquiera de ellos o simultáneamente a los dos.

La facilidad de pago de que trata el presente artículo, una vez concedida, constará en acto administrativo motivado que le será comunicada al tercero solidario y al deudor principal.

ARTÍCULO 48. ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DEL DEUDOR. La capacidad de pago del deudor y sus garantes podrá evaluarse, entre otros, con la siguiente documentación:

1. En el caso de entidades públicas, con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal o con la autorización de vigencias futuras.

2. Para personas jurídicas de derecho privado, con base en los estados financieros legalmente soportados en la declaración de renta y certificados de tradición y libertad de bienes, los cuales deberán ser aportados por el interesado.

3. Las personas naturales podrán presentar su declaración de renta, el certificado de ingresos y retenciones o los certificados de tradición y libertad y demás documentación que demuestren solvencia económica.

ARTÍCULO 49. INCUMPLIMIENTO DE LA FACILIDAD DE PAGO Y COBRO DE GARANTÍAS. El acto administrativo que concede la facilidad de pago deberá consignar expresamente que en caso de incumplimiento de dos (2) cuotas consecutivas, se dará por terminada la facilidad y será exigible el monto total de la obligación.

Configurado el incumplimiento, la Subdirección de Cobranzas mediante aviso previo requerirá al deudor para que acredite el pago o remita los soportes de los pagos realizados en los plazos concedidos en la facilidad a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

Surtida la etapa previa sin respuesta satisfactoria, la Dirección de Parafiscales mediante acto administrativo dejará sin vigencia el plazo concedido y ordenará que se continúe el procedimiento administrativo de cobro coactivo, así mismo, ordenará hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la obligación garantizada, la práctica del embargo, secuestro y el remate de los bienes; la decisión se notificará al deudor y al garante, si los hubiere, advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, y deberá resolverse dentro del mes siguiente a su Interposición en debida forma, conforme lo previsto en el artículo 814-3 del Estatuto Tributarlo Nacional.

Se deberá informar al garante que está obligado a realizar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que declara el incumplimiento de la facilidad de pago y ordena hacer efectivas las garantías, si no lo hiciere, se deberá librar mandamiento de pago contra el garante, quien en ningún caso podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago efectivo, como lo dispone el artículo 814-2 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO 50. EFECTOS. El acto administrativo que concede la facilidad de pago y aprueba las garantías ofrecidas, suspende el proceso de cobro e interrumpe la prescripción. Podrá ordenarse levantar las medidas cautelares, siempre que las garantías respalden suficientemente la obligación.

ARTÍCULO 51. ACUERDOS DE PAGO CON OCASIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS. La Subdirección de Cobranzas estará a cargo de verificar los requisitos para la suscripción de acuerdos de pago en cumplimiento de los beneficios tributarios, y de recomendar a la Dirección de Parafiscales la suscripción del mismo. La Dirección de Parafiscales lo aprobará teniendo en cuenta las condiciones establecidas para las facilidades de pago.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

Procesos Especiales

ARTÍCULO 52. CLASES DE PROCESOS ESPECIALES. Se consideran procesos especiales, los siguientes:

- Reorganización Empresarial - Ley 1116 del 2006

- Reestructuración - Ley 550 de 1999

- Liquidación Judicial - Ley 1116 del 2006

- Liquidación Voluntaria - Código de Comercio

- Insolvencia de persona natural no comerciante - Código General del Proceso

- Liquidación forzosa administrativa - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

- Sucesiones - Código General del Proceso y Decreto número 902 de 1988

ARTÍCULO 53. COMPETENCIA. Corresponde a la Subdirección de Cobranzas Intervenir en los procesos especiales, para garantizar y obtener el pago de las obligaciones cuyo cobro sea competencia de la Unidad o respecto de las cuales haya suscrito convenios.

La intervención en los procesos especiales está a cargo de la Subdirección de Cobranzas y podrán ser comisionados los funcionarios asignados a esa área, para la representación oportuna de la entidad y lograr el reconocimiento y pago de las obligaciones.

TÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 54. NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES. Los actos administrativos proferidos en el proceso administrativo de cobro se notificarán de conformidad con los artículos 565 y subsiguientes, y el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y demás disposiciones legales que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 55. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. De conformidad con lo previsto en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 105 de la Ley 2010 de 2019 y la Resolución número 312 del 11 de marzo de 2020 expedida por la UGPP, la notificación electrónica es el mecanismo preferente de notificación de todos los actos administrativos expedidos en ejercicio de su competencia, incluidos los que se profieran en el proceso administrativo de cobro.

ARTÍCULO 56. EFECTO DE LAS NOTIFICACIONES. La falta de notificación o la notificación efectuada en forma indebida, podrá ser subsanada en los términos del artículo 567 del Estatuto Tributario Nacional, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales, antes de que se produzca la prescripción.

Cuando la irregularidad fuere de la notificación del mandamiento de pago, una vez declarada, toda la actuación procesal se retrotraerá a la diligencia de notificación. Las únicas actuaciones que no se afectan por la irregularidad procesal en cuestión son las medidas cautelares, las cuales se conservarán, pues se tomarán como previas.

ARTÍCULO 57. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO. Las irregularidades en el proceso administrativo de cobro deberán ser subsanadas de plano, en cualquier tiempo y en todo caso, antes de que se profiera la actuación que apruebe el remate de los bienes según el artículo 849-1 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO 58. NULIDADES. En el proceso de cobro coactivo son aplicables las nulidades previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, las cuales se podrán alegar hasta antes de que se profiera el auto que aprueba el remate.

ARTÍCULO 59. TÍTULOS DE DEPÓSITO JUDICIAL. Una vez constituidos títulos de depósito judicial en favor de la Unidad, originados por decreto de la medida cautelar, podrán ser aplicados en cualquier etapa del proceso de cobro previa autorización del deudor. Dicha autorización se hará por escrito y reposará en el expediente.

El funcionario ejecutor aplicará los títulos de depósito judicial a favor de la Entidad, una vez proferida la orden de seguir adelante con la ejecución, o a través de la resolución que resuelva las excepciones, previa aprobación de la liquidación del crédito.

La entrega de títulos de depósito judicial en el proceso administrativo de cobro será procedente en los siguientes casos:

- Por extinción de la obligación

- Por constitución de nueva garantía

- Por exceso de embargo

ARTÍCULO 60. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El Subdirector de Cobranzas decretará la suspensión del proceso de cobro, en los siguientes eventos:

i. Admisión de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa en contra del título ejecutivo o jurisdicción laboral, según corresponda.

ii. Por el otorgamiento de una Facilidad de Pago.

iii. Orden de autoridad competente.

iv. Cuando sobrevengan circunstancias de fuerza mayor que conlleven a la declaratoria de Estados de Excepción o Estados de Emergencia, que impliquen la suspensión de términos de los procesos coactivos.

v. Cuando se presente prejudicialidad, esto es, cuando exista uno o varios procesos que guardan íntima relación con la obligación que se ejecuta en el proceso coactivo que se pretende suspender. Será necesario suspender el proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 del Código General del Proceso, y esperar que los otros asuntos se decidan, para evitar decisiones contradictorias.

vi. De manera excepcional en procesos de naturaleza parafiscal cuando el deudor acredite la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa en contra del título ejecutivo, si ya se hubiesen decretado medidas cautelares, las mismas no podrán ser levantadas, ni podrán entregarse los títulos de depósito judicial que se hubieren constituido hasta que se conozca la admisión de la demanda.

ARTÍCULO 61. TERMINACIÓN DEL PROCESO COBRO. Son causales para la terminación de la etapa de cobro coactivo, las siguientes:

i. Pago total de la obligación.

ii. Por prosperar las excepciones en contra del mandamiento de pago.

iii. Por revocatoria o nulidad del título ejecutivo.

iv. Por aprobación de beneficio tributario.

v. Prescripción de la acción de cobro.

vi. Orden de autoridad competente.

vii. Por venta o cesión de la obligación a Central de Inversiones CISA o a un tercero autorizado por la ley.

viii. Por pago de la obligación a través de una facilidad o acuerdo de pago, caso en el cual se dictará auto que declarará cumplida la facilidad o el acuerdo de pago.

ix. Por costo-beneficio en caso de saldos iguales o inferiores a una (1) UVT por concepto de capital, y/o intereses de mora, y/o sanciones y actualizaciones cuando haya lugar.

La terminación del proceso deberá declararse por medio de acto administrativo motivado en el cual se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares, el archivo del expediente, la devolución de títulos de depósito judicial y/o pagos en exceso, si hay lugar a ello, y las demás decisiones con relación a la liberación de los respaldos y garantías que se hubieren constituido a favor de la UGPP, que se comunicará al deudor.

ARTÍCULO 62. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. Para establecer la prescripción de la acción de cobro se tendrá en cuenta la regulación especial proferida frente a cada obligación, y en caso de que no exista, se utilizará el término establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional.

PARÁGRAFO. La acción de cobro de las cuotas partes pensionales, prescribirá a los (3) tres años contados a partir del pago de la mesada pensional que la origina, conforme lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1066 de 2006.

ARTÍCULO 63. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. Conforme lo establece el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional, el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe por:

a. La notificación del mandamiento de pago.

b. La suscripción de una facilidad y/o acuerdo de pago.

c. La admisión de la solicitud del concordato, y

d. La declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Luego de haberse interrumpido la prescripción de la acción de cobro mediante las acciones descritas, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.

La suspensión del término de prescripción de la acción de cobro tiene lugar desde que se dicta el auto de suspensión de la diligencia del remate, hasta la ocurrencia de los siguientes hechos:

a. La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria.

b. La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto Tributario Nacional.

c. El pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso-administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario Nacional y el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 64. DEPURACIÓN DE CARTERA. La Subdirección de Cobranzas deberá identificar los procesos susceptibles de depuración contable, los cuales deberán ser objeto de análisis y levantamiento de información para poner en consideración ante el Comité de Cartera de la UGPP la ocurrencia de alguna de las causales descritas en el artículo 2.5.6.3 del Decreto número 445 de 2017 y/o los incisos 1° y 2° del artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional, o disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen, con la finalidad de recomendar al representante legal de la entidad la depuración contable de los registros de obligaciones en cobro coactivo administrativo que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a. Prescripción.

b. Caducidad de la acción.

c. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo que le dio origen.

d. Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro.

e. Cuando la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente.

f. Remisibilidad de obligaciones en los términos de los incisos 1° y 2° del artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO 65. TERCERIZACIÓN. Las acciones de cobro persuasivo podrán ejecutarse a través de terceros contratados para el efecto por la UGPP, siempre que la regulación, el control, la vigilancia y la orientación de la función administrativa siga en cabeza de la Subdirección de Cobranzas.

ARTÍCULO 66. VENTA DE CARTERA. La cartera en cobro administrativo con más de ciento ochenta (180) días de vencida, excepto la cartera de parafiscales podrá ser vendida al colector de activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA), en los términos de las normas que para su momento estén vigentes, a fin de que sea esta quien realice su gestión de cobro de conformidad artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, la Ley 1753 de 2015, Ley 1450 de 2011, Ley 1819 de 2016, Ley 1955 de 2019 y Ley 2159 de 2021 o aquellas que la sustituyan, modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 67. REPORTE AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO. En cumplimiento de lo ordenado en el numeral 6 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP) reportará a los deudores morosos a la Contaduría General de la Nación y a los deudores que hayan incumplido acuerdos de pago, con el fin de que dicha entidad los identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

TÍTULO VI

CAPÍTULO I

Disposiciones Finales

ARTÍCULO 68. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de su publicación y subroga las Resoluciones número 691 del 30 de septiembre de 2013, 628 del 21 de abril de 2014, 293 del 8 de abril de 2015, 104 del 23 de enero de 2018, 825 del 31 de mayo de 2019 y 727 del 14 de agosto de 2020.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2022.

La Directora General (e),

Ana María Cadena Ruiz.

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