Corte Constitucional - Unificación de Tutela

El trabajo informal y el de cuidado deben ser considerados al momento de valorar la dependencia económica en las solicitudes de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. "[P]arece contradictorio que a la hora de definir el alcance de dependencia económica en las pensiones de sobrevivientes se indague sobre el trabajo desarrollado o bien por el afiliado fallecido o por el presunto beneficiario y que se utilice como argumento para la negativa aquel de que la persona o no estaba vinculada o no podía responder por su familia. Además, que no se comprenda que las mujeres al tener menos espacio en los trabajos formales se ven avocadas a la informalidad. Aunque es posible comprender que las entidades deban estudiar la dependencia económica para establecer los derechos pensionales, esta no debería excluirse si un afiliado no trabaja al momento de fallecer […] porque existen distintas formas de dependencia económica en las familias, por ejemplo, aunque el afiliado fallecido no esté laborando esto puede obedecer a que […] realiza trabajo informal que no solo es difícil de aceptar socialmente sino que no tiene trazabilidad probatoria más allá de algunos testimonios que pueden ser de oídas […], o porque ese mismo afiliado se ocupa de labores de cuidado que aun cuando no son remuneradas no por eso implica que carezcan de un valor en sí mismas. […] [E]s necesario que tanto las entidades que administran las pensiones, como los jueces atiendan a consideraciones de realidad a la hora de definir las peticiones de los potenciales beneficiarios. Esto pasa por comprender que las trayectorias laborales, debido a las dificultades de acceso al empleo formal implican salidas y entradas permanentes al mercado laboral que, de seguirse aplicando el estándar de dependencia económica ligada al trabajo formal, impliquen en el fondo hacer nugatorio el derecho social con mayor afectación a las mujeres. […] En relación con lo señalado por la sentencia C-111 de 2006 el juez de casación desatendió la jurisprudencia constitucional […] [D]esatendió que [la tutelante] carecía de autosuficiencia económica, pues no recibía remuneración por el trabajo de cuidado y ocupaba todo su tiempo en la casa y con sus padres. Así mismo desconoció el precedente horizontal de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, […] no es posible descartar la dependencia económica de un beneficiario frente a un afiliado fallecido, porque este al momento del deceso no se encontrara trabajando. Esto fue desatendido por la Sala de Descongestión No. 2 la cual, no solo valoró deficientemente las pruebas sino consideró que esta no pudo ayudar a [la tutelante] al encontrarse desempleada, pese a que laboraba en ventas informales."

Unifica la jurisprudencia constitucional acerca de la pensión de sobrevivientes reconocida con base en normas preconstitucionales, cuyo pago fue suspendido a beneficiarios que contrajeron nuevas nupcias o iniciaron nueva vida marital antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. "Todas(os) las(los) cónyuges y compañeras(os) permanentes supérstites beneficiarias(os) del derecho a la pensión de sobrevivientes, legalmente causado y percibido, a quienes se les haya suspendido el pago de las mesadas por haber contraído segundas nupcias o hecho nueva vida marital antes del 7 de julio de 1991, tienen derecho a que se les restablezca el derecho y se les reanude el pago inmediato de las mesadas. Las cláusulas resolutorias del derecho a la pensión de sobrevivientes por contraer nuevas nupcias o hacer nueva vida marital, contenidas en normas preconstitucionales, bajo ninguna circunstancia continuarán produciendo efectos en situaciones actualmente vigentes, que puedan derivar en un trato discriminatorio hacia las(los) cónyuges y compañeras(os) permanentes supérstites que contrajeron nupcias o hicieron vida marital antes del 7 de julio de 1991. En el caso hipotético de negativa al restablecimiento del derecho y el consecuente mantenimiento de la suspensión de pago de las mesadas pensionales, se configuraría una vulneración de los derechos fundamentales de quienes materialmente tienen derecho a la sustitución pensional, que debe ser reconocida por las propias administradoras de pensiones o por cualquier autoridad judicial que conozca del asunto. La protección constitucional definida requiere, en principio, que dichas cláusulas resolutorias, contenidas en normas preconstitucionales hayan sido declaradas inexequibles. En los demás eventos, procederá mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. La reclamación de la reactivación del pago de las mesadas pensionales operará de manera directa ante la entidad administradora de pensiones. En todos los casos, se aplicarán las reglas generales de imprescriptibilidad del derecho a solicitar la pensión y de prescripción trienal de las mesadas causadas i) a partir de la fecha de la primera reclamación de reactivación de pago de las mesadas formulada ante las administradoras de pensiones y ii) sin que sobrepase la fecha de notificación de la sentencia que haya declarado la inconstitucionalidad de las expresiones contenidas en las normas que sirvieron de sustento para la extinción del derecho pensional."

Principio de favorabilidad no conduce a considerar que el requisito de edad para acceder a la pensión jubilatoria, estipulado en toda convención colectiva, corresponde a una mera condición de exigibilidad que puede cumplirse después del 31 de julio de 2010. "[L]a sentencia SL 4650 del 26 de noviembre de 2020, accionada dentro de este procedimiento, es inconsistente con la ratio decidendi del precedente constitucional establecido en la sentencia SU-555 de 2014. Mientras este último […] prevé que no es posible conceder una pensión, con base en la cláusula 18 de la Convención Colectiva del Banco de la República, a quienes no hubieran cumplido la edad y el tiempo de servicios para el 31 de julio de 2010, la sentencia SL 4650 del 26 de noviembre de 2020 sostiene -en contraste- que sí es posible reconocer esta pensión a quien hubiera reunido el tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010, pero la edad para pensionarse después de esa fecha. […] [L]a favorabilidad no es pertinente cuando no existe una duda objetiva sobre la aplicación o interpretación de una fuente de derecho. Al aplicar o interpretar convenciones colectivas, la jurisprudencia constitucional ha observado el principio de favorabilidad, cuando existen dudas acerca de si los requisitos de tiempo de servicios y edad se deben cumplir durante la relación laboral, o si pueden verificarse algunos de ellos después de que el trabajador se retira o se termina el vínculo de trabajo. En vista de que, en los casos examinados, no ha sido claro que las convenciones imponen una u otra interpretación, la Corte ha señalado que debe escogerse la más favorable; es decir, la que admite cumplir algunos de esos requisitos con posterioridad a la terminación de la relación laboral. Sin embargo, como precisó la sentencia SU-241 de 2015, se necesita que existan al menos dos entendimientos alternativos posibles de la convención […]. No es entonces posible sostener, como lo hizo la Sala de Descongestión No. 2 en la sentencia SL 4650 del 26 de noviembre de 2020, que siempre que una convención colectiva prevea requisitos de tiempo de servicios y edad, ha de entenderse por favorabilidad que esta última es una mera condición de exigibilidad y, en consecuencia, puede cumplirse después del 31 de julio de 2010. En realidad, es factible que existan convenciones colectivas que permitan esa interpretación […]. En un supuesto así, si esa es la interpretación más favorable, por favorabilidad debería admitirse que las personas se pensionen sobre la base de ese entendimiento. Pero esa es una cuestión que debe decidirse caso a caso, en atención a las características específicas de cada convención."

Se refrenda el cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema acerca de la causación de intereses por mora en el pago de mesadas pensionales. "La interpretación de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es adecuada a la jurisprudencia constitucional. […] [N]o es contraria al alcance que al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 le asignó la Corte Constitucional en la Sentencia C-601 de 2000; (ii) en las sentencias SU-065 de 2018, T-586 de 2012 y T-994 de 1995 la Corte Constitucional no estableció un precedente acerca de la "improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios para reliquidaciones o reajustes" […] y (iii) no existe un precedente constitucional que limite la actividad interpretativa de la Corte Suprema de Justicia en el alcance de la expresión "mesadas pensionales", contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. […] No se trata de una interpretación irrazonable porque no es contra legem […], puesto que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se refiere a las "mesadas pensionales" y no contempla una prohibición expresa ni tácita para que los intereses moratorios se causen en los eventos de reliquidación, reajustes y existencia de diferencias en el pago de dichas mesadas. Cuando el artículo utiliza la expresión "en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales" no hay ningún otro elemento en su literalidad que permita interpretar que se refiere únicamente a los casos de la "mesada completa" como interpreta Colpensiones. […] No se trata de una interpretación irrazonable porque no contraviene postulados constitucionales […] en tanto es conforme con los principios constitucionales de pago oportuno, mínimo vital y especial protección de las personas de la tercera edad. Además, es conforme con los principios que ha determinado la Corte Constitucional que fundamentan la figura de los intereses moratorios en materia pensional, esto es, la justicia, la equidad y la reparación con fundamento en la pérdida de la capacidad adquisitiva de la pensión […]. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia cumplió con la carga de transparencia para el cambio de precedente que tuvo lugar en la sentencia SL 3.130 del 19 de agosto de 2020 […], asimismo, con el requisito de suficiencia […]. En la sentencia cuestionada no se configuró un defecto por violación directa de la Constitución […] por desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que: (i) el caso no tenía relación con ninguna de las prohibiciones que se derivan del artículo 48 Superior […]; (ii) los argumentos propuestos por Colpensiones […] no le permitieron a la Sala establecer si la medida implicaba una verdadera amenaza para este […]."

Se precisa el precedente de unificación acerca del requisito de subsidiariedad de la tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. "[L]a acción de tutela objeto de estudio fue instaurada contra la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de casación, respecto de la cual no procede ningún recurso. Por ejemplo, la situación descrita por el actor en torno al reconocimiento de la pensión bajo las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, no se enmarca dentro de las causales taxativas previstas para el recurso extraordinario de revisión (artículos 354 y 355 del CGP). En este punto, la Sala Plena considera necesario precisar su jurisprudencia en relación con la aplicación del denominado test de procedencia cuando se promueven acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, corresponde reiterar que el requisito de subsidiariedad respecto de este tipo de decisiones supone el agotamiento de todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada. Bajo este entendimiento, cuando los accionantes no disponen de ningún otro mecanismo de protección judicial porque acudieron a las acciones y recursos previstos en el ordenamiento jurídico y culminaron las etapas procesales respectivas, se considera acreditada la exigencia de subsidiariedad. Por lo anterior, cuando se pretende el reconocimiento de una pensión de invalidez con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, la Sala Plena descarta la aplicación del test de procedencia adoptado en la Sentencia SU-556 de 2019 cuando los accionantes han agotado los medios de defensa judiciales disponibles. En esos casos, no es necesario que el juez constitucional valore nuevamente la subsidiariedad de conformidad con el test mencionado. En la Sentencia SU-299 de 2022, la Sala Plena se refirió al cumplimiento del test de procedencia cuando abordó el requisito de subsidiariedad. Sin embargo, en esa oportunidad, la Corte no se pronunció respecto de las razones que motivaron el análisis de dicha cuestión en esa sección de la decisión. En consecuencia, en esta ocasión, la Sala establece que no le corresponde analizar el test de procedencia de la Sentencia SU-556 de 2019 cuando se verifica el carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias judiciales y se agotaron los medios de defensa judiciales disponibles."

La afiliación al sistema de seguridad social en pensiones de los sacerdotes y miembros de las comunidades religiosas solo resulta exigible a partir del momento que el ordenamiento jurídico la erigió en obligatoria. "[L]a Constitución estableció la existencia de un derecho irrenunciable que, además, tiene una pretensión expansiva de universalidad y progresividad, pero respecto del cual se indica explícitamente que la prestación y los principios que rigen la seguridad social tendrán que ser desarrollados por la ley. Por lo cual, para definir el alcance de la intervención del juez constitucional y la determinación del mínimo que garantice la protección de los mandatos constitucionales y derechos superiores señalados, es necesario precisar que la Constitución le dio una gran preponderancia al Legislador, en virtud del margen de configuración normativo y del carácter prestacional de las coberturas derivadas de la seguridad social. […] Así, es claro que sólo hasta la expedición del Decreto 3615 de 2005 -según este ha sido modificado- se creó la obligación de afiliación a dichos miembros al Sistema General de Pensiones, como miembros o trabajadores independientes. Igualmente, de dicha disposición no es posible inferir que se presume la existencia de la relación laboral de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo. Por lo demás, debe señalarse que dicha disposición reglamentaria del año 2005 no es aplicable de forma retroactiva, ni se observa la existencia de una obligación de afiliación de los miembros de las confesiones religiosas e iglesias al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, de forma previa a la expedición del Decreto Reglamentario 3615 de 2005. […] Así, se reconoce la amplia potestad de configuración del legislador y, en particular, la materialización del inciso tercero del artículo 48 de la Constitución, el cual dispone que el Estado -con la participación de los particulares- ampliará de manera progresiva la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. Lo anterior, dado que la Constitución delegó la implementación del marco prestacional de la seguridad social al Legislador, por la necesidad de destinación de recursos de particulares y en consideración también a la certeza que debe existir sobre el sujeto obligado y el momento en el que la obligación de afiliación en favor de los religiosos se hizo exigible."

Alcance del Acto Legislativo 01 de 2005, en relación los derechos adquiridos y el término inicialmente pactado por las partes en las convenciones colectivas de trabajo. "En la sentencia SL2798-2020 del 15 de julio de 2020 (rad, 61320), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia […] recordó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-555 de 2014 se refirió a la compatibilidad de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT, relativas a que el gobierno colombiano debía adoptar "las medidas necesarias a fin de que los convenios colectivos que contienen cláusulas sobre pensiones, cuya vigencia va más allá del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento", en los siguientes términos: "La primera recomendación que la OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se mantengan hasta su vencimiento los efectos de las convenciones y pactos colectivos cuyo término haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 2010. Esto es exactamente lo que establece la primera parte del parágrafo transitorio tercero cuando indica que "Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado". Lo anterior se traduce en que el Acto Legislativo no está desconociendo los derechos adquiridos en materia pensional derivados de pactos y convenciones colectivas. Y está siguiendo lo establecido en el artículo 58 Superior, así como en la jurisprudencia constitucional, especialmente lo señalado en la Sentencia C-314 de 2004 […]." […] En ese contexto, esta corporación concluye que la accionante tiene derecho a la pensión de jubilación […], pues cumplió con los postulados convencionales […], esto es, completar 20 años de servicios continuos o discontinuos al ISS y cumplir 50 años de edad si es mujer entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2016. En ese orden de ideas, esta corporación encuentra que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá desconoció la postura jurisprudencial de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, pues consideró insatisfecho el requisito de la edad pensional al 31 de julio de 2010. Lo anterior, sin tener en cuenta que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, su vigencia iba hasta el año 2017."

La Corte niega la solicitud de variar la jurisprudencia en relación con la contabilización de las semanas laboradas en el sector público con las cotizadas al ISS. Para la Corte "[l]a precariedad económica o no del solicitante no es un requisito del cual, en el ordenamiento jurídico colombiano, se haga depender la titularidad de una pensión de vejez. […] Por tanto, mal haría […] en admitir la sugerencia de la entidad, dirigida a crear o imponer requisitos adicionales -como el "test" propuesto-, para estudiar el acceso a una prestación a la que el accionante, legal y constitucionalmente, tiene derecho". Tampoco le da mérito al argumento según el cual, no era aplicable el precedente constitucional porque el actor haya empezado a cotizar en el ISS en el año 1996, y no antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Frente a la solicitud de estudiar la situación pensional del tutelante a la luz de la Ley 33 de 1985 y no del Decreto 758 de 1990, "teniendo en cuenta que presenta cotizaciones a entidades del sector público" o en razón a que "los tiempos anteriores al año 1994 fueron cotizados a varias entidades públicas", la Corte recuerde que, "[e]n la jurisprudencia constitucional, la vinculación con el sector público antes de 1994, y la realización de cotizaciones ante las entidades públicas respectivas, no ha impedido la acumulación de tales aportes con los realizados con posterioridad directamente ante el ISS, en el marco del Acuerdo 049 de 1993 y previa acreditación de los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición". Finalmente, respecto de la solicitud de "tenerse en cuenta el presunto impacto económico y afectación de la sostenibilidad financiera y fiscal", la Corte pone de presente que, en virtud del inciso 7 del artículo 48 superior, el Estado debe respetar los derechos adquiridos y asumir el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Además, recuerda que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 334 constitucional, "en el ámbito de operatividad [del criterio de sostenibilidad fiscal], "[e]n ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales", y como en la sentencia "han quedado suficientemente sustentadas las razones por las que se han visto trasgredidos los derechos fundamentales del actor, […] no encuentran asidero las afirmaciones de Colpensiones."

ANULADA. ¿Viola una autoridad judicial los derechos fundamentales de los accionantes al considerar que un derecho pensional, como el incremento del 14% por cónyuge a cargo, se pierde por completo a los tres años de no ser reclamado, en lugar de considerar que se perdieron sólo las mesadas no reclamadas, interpretación más favorable al trabajador? Unificación de jurisprudencia sobre imprescriptibilidad en materia pensional respecto al incremento del 14% por cónyuge o compañero a cargo. Las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial en materia de imprescriptibilidad de los incrementos pensionales, en tanto la Corte Constitucional hasta el momento no había proferido una posición uniforme en la materia. En virtud del mandato constitucional de in dubio pro operario, la interpretación que resulta más favorable a los intereses de los pensionados es aquella según la cual los incrementos pensionales no prescriben con el paso del tiempo. Las mesadas causadas y no reclamadas oportunamente sí prescriben conforme a la regla general de prescripción de las acreencias laborales contenidas en el artículo 488 del CST. Las accionadas incurrieron en violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, al desconocer el principio constitucional de in dubio pro operario. En virtud del principio de solidaridad, las demandadas debieron aplicar la interpretación más favorable de la norma teniendo en cuenta que las personas a cargo de los accionantes son en su mayoría sujetos de especial protección constitucional en razón a su edad y-o situación de discapacidad, y que los incrementos pensionales solicitados estaban encaminados a garantizarles una vida digna y un mínimo vital

Derecho a la indexación de la primera mesada pensional incluso de aquellas cuyo nacimiento se produjo bajo el amparo de la Constitución de 1886. Esta Sala considera que son varias las razones que permiten sostener que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional no sólo se predica de aquellas prestaciones reconocidas con posterioridad a la expedición de la nueva Carta, sino incluso aquellas cuyo nacimiento se produjo bajo el amparo de la Constitución de 1886. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN - Contabilización: Pese al carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que SÓLO A PARTIR DE ESTA DECISIÓN DE UNIFICACIÓN SE GENERE UN DERECHO CIERTO Y EXIGIBLE. - Las órdenes de pago retroactivo de indexación de la primera mesada pensional prosperan en aquellos casos en que se han agotado todos los medios de defensa judicial por la vía ordinaria

¿El ISS y El Fondo de Pensiones y Cesantías vulneraron el derecho fundamental a la seguridad social del peticionario al negarse a autorizar su traslado del régimen de ahorro individual al de prima media? Concedida. Algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993. Estas personas son las que cumplan los requisitos de: (i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados; (ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual; y (iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. Si no se cumple el último requisito, se debe ofrecer la posibilidad de aportar, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia existente entre ambos montos

¿Es procedente la acción de tutela para que en virtud del derecho fundamental a la igualdad se les reconozca y pague a unos magistrados de un tribunal administrativo una bonificación con carácter retroactivo? Improcedente. Del origen de la "bonificación permanente mensual" que da lugar a la presente acción de tutela. Naturaleza jurídica del Decreto 4040 de 2004. Improcedencia de la acción de tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto. Los actores cuentan con otros medios de defensa judicial para reclamar la defensa de sus derechos. Inexistencia de perjuicio irremediable.

Pensión de jubilación - Ex Consejeros de Estado, Magistrado(a)s de la Corte Suprema de Justicia o Magistrado(a)s del Consejo Superior de la Judicatura. Adquisición de derecho a la pensión mediante resoluciones anteriores a la vigencia de la Ley 4 de 1992. Nivelación pensional con base en los Decretos 1359 de 1993 y 104 de 1994. Concedida para los casos de vulneración por su avanzada edad, diferencia considerable de ingresos y actividad procedimental mínima previa a la interposición de la acción de tutela que permitiera tener certeza sobre la actuación omisiva de la autoridad pública demandada. Aplicación de doctrina para quienes se encuentren en situaciones similares y soliciten el reajuste especial de su mesada pensional

Acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por no casar la sentencia que revocó la decisión de primera instancia, que ordenaba reajustar mesada pensional

Empleador; responsabilidad en aportes aunque no hubiere efectuado descuentos

Requisitos para acceder al servicio de salud. Condiciones que debe atender un peticionario que reclama el medicamento o el tratamiento excluido del POS