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BALANCE NORMATIVO JURISPRUDENCIAL No. 23

TEMA. Precedente judicial

SUBTEMA. Obligatoriedad del precedente para las autoridades administrativas y judiciales

NORMATIVA APLICABLE.

Constitución Política, Artículo 230.

ARTÍCULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-037/96, C-818/11]

¿Deben las autoridades públicas administrativas, en el ejercicio de sus funciones y para la adopción de sus decisiones, acatar el precedente judicial dictado por la Corte Constitucional? ¿Qué clase de interpretación hecha por la Corte Constitucional es vinculante? ¿De cuáles sentencias es obligatorio el precedente? (Sentencia C-539-11 / F2_SC539_11)

El nivel de obligatoriedad del precedente judicial es absoluto en el caso de las autoridades administrativas, porque no gozan de la autonomía que les corresponde a los jueces. Por lo tanto, el precedente constitucional sentado por la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Carta tiene fuerza vinculante no sólo para la interpretación de la Constitución, sino también para la interpretación de las leyes que obviamente debe hacerse de conformidad con la Carta. Por eso, las sentencias de la Corte Constitucional constituyen para las autoridades administrativas una fuente obligatoria de derecho, tanto en sus sentencias de control concreto y abstracto de constitucionalidad, como de amparo, que deben ser aplicadas a casos análogos, ya que en estas sentencias la Corte, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083/95, C-820/06]

Ninguna.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11, F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10, 102 ]

¿Es obligatorio el precedente fijado por las Altas Cortes? (Expediente No. 216-00(AC) de2011 Consejo de Estado / F1_11001-03-15-000-2011-00216-00(AC))

El respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa y constitucional) no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento, actuar en contravía de estos postulados constituye una violación constitucional de los derechos subjetivos de las personas y por ende a un resquebrajamiento del Estado de Derecho. No obstante, el respeto al precedente judicial no puede ser entendido de manera absoluta, ya que, tanto los jueces como los magistrados en virtud de su autonomía e independencia puedan apartarse del precedente siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Se refieran al precedente anterior y

2. Ofrezcan argumentos razonables suficientes para su abandono o cambio. Tratándose de jueces colegiados la garantía de autonomía e independencia les permite a los miembros discrepantes salvar su voto, pero cuando actúan como ponentes deben respetar los precedentes establecidos por la Corporación como órgano de decisión.

NORMATIVA APLICABLE.

Ley 1437 de 2011; artículo 10.

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-037/96, C-818/11]

Ninguna.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083}/95, C-820/06]

¿Deben las autoridades administrativas y judiciales, al tomar las decisiones de su competencia, acatar la jurisprudencia dictada por las Altas Cortes? (Sentencia C-634-11 / F1_SC634_11)

Sí, por cuanto el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, el mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas.

Ahora bien, ese deber de acatamiento del precedente cobra mayor intensidad cuando se trata de la jurisprudencia constitucional. Ello en el entendido que, las normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes de derecho, entonces las decisiones que determinan su contenido y alcance son ineludibles para la administración.

¿Deben las autoridades administrativas, en la adopción de decisiones de su competencia, acatar de manera prevalente el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional? (Sentencia C-634-11/F4_SC634_11)

Si, por cuanto las reglas fijadas por la Corte Constitucional en las decisiones que ejercen el control constitucional abstracto y concreto, son prevalentes en el ejercicio de las competencias adscritas a las autoridades administrativas. Lo anterior, en razón de la jerarquía del sistema de fuentes previsto en la Carta y la vigencia del principio de supremacía constitucional.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11, F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10, 102 ]

NORMATIVA APLICABLE.

Ley 1395 de 2010; artículo 114.

“Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”

ARTÍCULO 114. Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos.

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-037/96, C-818/11]

Ninguna.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083/95, C-820/06]

¿Deben las autoridades públicas administrativas, y judiciales en el ejercicio de sus funciones y en la adopción de sus decisiones, acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes? (Sentencia C-539-11 / F1_SC539_11)

Sí, puesto que las autoridades judiciales y administrativas están sujetas al imperio de la ley que debe comprenderse como referido a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales.

No obstante, las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces, quienes pueden eventualmente apartarse del precedente judicial de manera excepcional y justificada.

¿Qué reglas deben seguir las autoridades públicas administrativas, en el ejercicio de sus funciones y para la adopción de sus decisiones, cuando no existe un precedente único o existen varios precedentes dictados por las Altas Cortes en la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa o constitucional? (Sentencia C-539-11 / F3_SC539_11)

Las autoridades públicas administrativas, al no serles aplicable el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces deben:

1. En aquellas materias que eventualmente no hayan sido interpretados y definidos previamente por la jurisprudencia, o respecto de los cuales existan criterios jurisprudenciales disímiles, las autoridades administrativas se encuentran obligados a interpretar y aplicar las normas al caso en concreto de manera acorde y ajustada a la Constitución y a la ley, y ello de conformidad con el precedente judicial existente de las altas Cortes.

2. En caso de falta de precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde, prioritariamente, al alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia jurisprudencia. En caso de existencia de diversos criterios jurisprudenciales sobre una misma materia, corresponde igualmente a las autoridades públicas administrativas, evidenciar los diferentes criterios jurisprudenciales aplicables para fundamentar la mejor aplicación de los mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, y optar por la decisión que, de mejor manera interprete el imperio de la Constitución y de la ley, para el caso concreto.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11, F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10, 102 ]

Ninguna.

NORMATIVA APLICABLE.

Ley 599 de 2000; artículo 413.

“Por la cual se expide el Código Penal”

ARTÍCULO 413. PREVARICATO POR ACCIÓN. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-037/96, C-818/11]

Ninguna.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083/95, C-820/06]

¿Incurren en prevaricato por acción los funcionarios públicos, por desconocer la jurisprudencia sentada por las Altas Cortes? (Sentencia C-335-08 / F_SC335_08)

Un funcionario público sólo incurre en prevaricato por acción por desconocer jurisprudencia sentada por las Altas Cortes, sí:

1. La jurisprudencia es una simple subsunción de la Constitución o la ley. En este caso, los funcionarios públicos pueden estar incursos en un delito de prevaricato por acción, no por violar la jurisprudencia, sino la Constitución o la ley directamente.

2. Se trata de un fallo de control de constitucionalidad de las leyes o de la jurisprudencia sentada por aquéllas que comporte una infracción directa de preceptos constitucionales, legales o de un acto administrativo de carácter general.

En el caso de la Corte Constitucional resultará indicativo examinar si se está en presencia de un manifiesto alejamiento del operador jurídico de una subregla constitucional constante. Los fallos de reiteración se caracterizan por que la Corte (i) simplemente se limita a reafirmar la vigencia de una subregla constitucional perfectamente consolidada; (ii) su número resulta ser extremadamente elevado; y (iii) constituyen interpretaciones constantes y uniformes de la Constitución, la ley o un acto administrativo de carácter general, por parte del juez constitucional.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11, F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10, 102 ]

CONCLUSIONES.

Corte Constitucional

La Corte Constitucional ha establecido que:

1. Las autoridades administrativas y judiciales, al tomar las decisiones de su competencia, acatar la jurisprudencia dictada por las Altas Cortes en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas.

2. El nivel de obligatoriedad del precedente judicial es absoluto en el caso de las autoridades administrativas, porque no gozan de la autonomía que les corresponde a los jueces.

3. Las reglas fijadas por la Corte Constitucional, son prevalentes de las reglas de las otras Altas Cortes.

4. Un funcionario público sólo incurre en prevaricato por acción por desconocer jurisprudencia sentada por las Altas Cortes, sí: (i) La jurisprudencia es una simple subsunción de la Constitución o la ley. En este caso, los funcionarios públicos pueden estar incursos en un delito de prevaricato por acción, no por violar la jurisprudencia, sino la Constitución o la ley directamente; (ii) se trata de un fallo de control de constitucionalidad de las leyes o de la jurisprudencia sentada por aquéllas que comporte una infracción directa de preceptos constitucionales, legales o de un acto administrativo de carácter general.

Por otro lado, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia.

Corte Suprema de Justicia

No aplica.

Consejo de Estado

El Consejo de Estado ha establecido que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento, actuar en contravía de estos postulados constituye una violación constitucional de los derechos subjetivos de las personas y por ende a un resquebrajamiento del Estado de Derecho.

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"Normograma - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones"
ISSN [2256-1633 (En linea)]
Última actualización: 31 de diciembre de 2020
Fecha de Diario Oficial: Diciembre 13 de 2020 (No. 51527)

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