Corte Constitucional - Revisión de Tutela

Imposición de barreras administrativas injustificadas para reconocer el subsidio por incapacidad laboral a cargo de las AFP vulnera el derecho fundamental al mínimo vital. "A pesar de tener conocimiento del estado de salud de la peticionaria y de la extensión de su situación de incapacidad, Colpensiones inició el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, pero no comenzó el proceso de estudio de reconocimiento del subsidio de incapacidad debido a que la accionante no había solicitado formalmente el reconocimiento de las referidas incapacidades siguiendo el trámite institucional establecido por la entidad para ese efecto. [A]doptó una posición pasiva…, imponiéndole a la accionante una carga administrativa que no está en capacidad de soportar solicitando información y documentación (i) que no está contemplada en la normativa que regula el reconocimiento del subsidio de incapacidad; (ii) que, de haber cumplido con su deber de comunicación entre los distintos actores de los subsistemas del Sistema General de Seguridad Social, hubiera podido recaudarla de manera directa con la EPS o el empleador de la accionante; y (iii) que, en todo caso, ya había obtenido de manera directa… [pues] para el momento de ejercer la acción de tutela… ya contaba con el reporte de medicina laboral, la historia clínica completa y actualizada …, el "Histórico de incapacidades" y el "Concepto de rehabilitación"…, su documento de identidad, e incluso con el "Formulario de Determinación de Pérdida de Capacidad Laboral"… [R]esultaba innecesario -para iniciar la revisión del caso- que la [accionante] acudiera a la AFP para adelantar un trámite administrativo que pretende recopilar información que ya reposaba en Colpensiones… [L]la Sala encuentra necesario advertir a Colpensiones que los trámites que impongan la presencia física de quienes se encuentran en estado de incapacidad deben ser los estrictamente necesarios para materializar su derecho a la seguridad social sin afectar otros derechos fundamentales"

Beneficiarios del régimen de transición pueden solicitar la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aun cuando no se encontraban afiliados al ISS al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. "[E]sta Corporación ha juzgado situaciones en las cuales las cotizaciones al ISS se han iniciado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En tales casos la Corte no ha encontrado obstáculo para reconocer la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 bajo la condición de que se hubiere estado afiliado al régimen de pensiones antes de ese momento [Sentencias T-521 de 2015, T-370 de 2016, T-547 de 2016, T-028 de 2017]… De acuerdo con lo expuesto y atendiendo el estado actual de la jurisprudencia constitucional es claro que el argumento ahora presentado por el representante de Colpensiones no puede abrirse paso. Su planteamiento se funda en una lectura fragmentada de la sentencia C-596 de 1997 que se ocupó de juzgar la expresión "al cual se encuentren afiliados" del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir de un cargo por violación de los derechos de quienes no se encontraran afiliados al sistema de pensiones. Ello implica que la Corte no se ocupó de analizar específicamente la situación que plantea el presente caso y, en esa dirección, la regla alegada por Colpensiones no se desprende de esta providencia. De hecho, tal y como lo evidencian las sentencias citadas en los fundamentos anteriores, la práctica de la jurisprudencia constitucional va justamente en el sentido opuesto al alegado por la entidad accionada…Por las razones expuestas, la Sala… ordenará a Colpensiones emitir un nuevo acto administrativo en el que disponga el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor del [accionante]

Los conflictos de competencia entre Colpensiones y la UGPP son trabas injustificadas para acceder a derechos pensionales como la pensión de vejez. La Corte Constitucional ha establecido que los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital se vulneran con la imposición de trabas administrativas injustificadas para acceder a las pensiones, como lo es la carga, para el titular del derecho, que conlleva los conflictos entre distintas Entidades pensionales, sobre cuál es la competente para asumir el reconocimiento y pago de la prestación, sobre todo cuando no está en duda la titularidad del derecho, se trata de un sujeto de especial protección constitucional y necesita del pago de la pensión para satisfacer su mínimo vital. En síntesis, esta Corporación ha establecido que cuando la UGPP y Colpensiones niegan el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, con fundamento en que ninguna autoridad tiene competencia para ello, esto se convierte en una carga administrativa para los afiliados que no tienen el deber de soportar, vulnerando así, los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, aún más, cuando el individuo cumple con los requisitos requeridos para el acceso a la prestación

¿Se vulnera el derecho al mínimo vital y a la seguridad social del accionado, con la negativa del ISS de tramitar el reconocimiento de su pensión de vejez aduciendo un traslado de régimen que no fue consolidado? La libre elección de afiliación, por parte de los usuarios a cualquiera de los regímenes pensionales legales, está limitada para quienes se hallen a 10 años o menos de cumplir la edad para obtener la pensión de vejez según la ley 797, art 2º. Debidamente negada la solicitud de traslado de régimen pensional, la institución administradora del régimen al que haya estado perteneciendo el ciudadano, será la obligada a reconocer y pagar la pensión de vejez en el momento en que reúnan los requisitos legalmente establecidos. Violación del derecho al mínimo vital por la negativa de tramitar el derecho pensional. Régimen de pensiones: libertad de escogencia del régimen de pensión y su limitación

¿Es procedente la acción de tutela frente a la supuesta vulneración del derecho fundamental a la seguridad social del accionante por parte de la entidad accionada debido a la forma en que contabilizó las semanas cotizadas durante los tres años anteriores a la estructuración de invalidez, forma que generó la negación del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez?. Negada. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. La procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la pensión de invalidez. La acción de tutela no procede, en principio, para ordenar el reconocimiento de prestaciones derivadas del derecho a la seguridad social. Sin embargo, la jurisprudencia constante de esta Corporación, con base en el artículo 86 de la Constitución, también ha indicado dos excepciones a la regla general de la improcedencia. Esta Sala considera que en esta oportunidad el mecanismo ordinario no es idóneo y eficaz según los factores valorados por esta Corte, razón por la cual la acción de tutela de la referencia es procedente de forma definitiva.

¿Es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales debido a un defecto factico ya que a una persona que solicitó la pensión de jubilación dentro del régimen de transición en virtud al Acto Legislativo 01 de 2005, y que no cumplía con los requisitos necesarios para pensionarse, se le fue otorgada la pensión especial aplicando el régimen para congresistas y magistrados de altas cortes?. Improcedente. ¿Es admisible que las personas que a 01 de abril de 1994 no tuvieran la expectativa de pensionarse con tales factores pensionales, posteriormente pretendan adquirir su pensión con base en los mismos?. La Sala encuentra en el presente caso una situación propicia para manifestar que se opone a que con fundamento en los beneficios que otorga el régimen de transición, se favorezca a personas que se acogen a regímenes pensionales diferentes a los que el régimen de transición preservó para ellos, en lo que configura una aplicación irracional del principio de favorabilidad con consecuencias atroces para la sostenibilidad fiscal. El propósito del legislador al establecer el régimen de transición fue garantizar el respeto por las expectativas que algunas personas tenían con relación a la adquisición de un status pensional al cotizar en un sistema o régimen distinto a los que se crearían con la Ley 100 de 1993. Para ser beneficiario del régimen establecido en el Decreto 1359 de 1993, se deben cumplir los requisitos consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, se debe hacer parte del denominado régimen de transición

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales del accionante por parte de la entidad accionada al negar el reconocimiento de la pensión de invalidez, luego de sufrir un accidente de trabajado el cual dejo graves secuelas en la salud del accionante, argumentando que el accidente había ocurrido en ejercicio de funciones no propias de su contrato de trabajo?. Concedida. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones económicas. Requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez. De acuerdo con las normas que han instituido el sistema general de pensiones y el de riesgos profesionales, la última instancia en materia de resolución de conflictos alrededor del origen de una invalidez está representada por las Juntas de Calificación de la Invalidez, Regionales y Nacionales, en primera y segunda instancia. Debido a que aún persiste un conflicto en relación con el origen de la invalidez, se procederá a conceder la tutela como amparo transitorio

En el presente caso se analiza la posible vulneración de derechos fundamentales por parte del Instituto de Seguros Sociales, al negarle al actor el reconocimiento de la pensión especial de vejez por alto riesgo, bajo el argumento de no existir certeza de que el asegurado ejerció alguna de las actividades las consideradas en la norma como riesgosas. La Sala analiza temática relacionada con el régimen de la pensión especial por alto riesgo y la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de pensiones. Se concluye que, el amparo solicitado no procede ni de manera transitoria, en razón a que no se evidenció un perjuicio irremediable, toda vez que el accionante esperó más de cinco años para que el ISS le diera respuesta a la solicitud que le fue negada, tiempo en el que debió iniciar un proceso judicial. Igualmente, porque se evidenció que el actor disfruta de una pensión de vejez que le cancela la entidad demandada, con lo cual se deduce que los derechos fundamentales invocados no se encuentran vulnerados

¿Son vulnerados los derechos de los beneficiarios del régimen de transición estipulado en la ley 100 de 1993 al no aceptar el traslado de régimen pensional por superar el requisito de edad para acceder a la pensión de vejez?. El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La afiliación a cualquiera de dichos sistemas es libre y, después de realizada la selección inicial, los usuarios pueden trasladarse de un régimen a otro, siempre que se acaten las condiciones establecidas en el literal e) del artículo 13 de la citada norma. El régimen de transición no acoge a todas las personas que cumplen los requisitos ya que se excluyen las que se acogen voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad y las que quieran cambiar de régimen pensional

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales del accionante por parte de la entidad accionada al negarle el reconocimiento a su pensión de invalidez debido a la calificación que le dio la junta médica a su problema de salud, sin ninguna revisión, y al suspender los servicios médicos prestados por el subsistema de salud de las fuerzas militares debido a su desvinculación de la institución?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela para solicitar la revisión de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral. El debido proceso en la expedición de los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral. La entidad accionada incurrió en una vía de hecho, al expedir un acto administrativo negando la pensión de invalidez, sin que el Tribunal Médico hubiese efectuado tal revisión. Las Fuerzas Militares tienen la obligación de prestar los servicios de salud a quienes han sido retirados del servicio por lesiones o afecciones adquiridas durante o con ocasión de la prestación del mismo, máxime cuando iniciaron un tratamiento médico para su enfermedad, estando activos en el servicio

¿Vulneró la entidad demandada los derechos del accionante al negarle el reconocimiento de la pensión de vejez, o en su defecto la indemnización sustitutiva, bajo el argumento que el deber de reconocimiento de estas ya no es suyo desde la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela en materia pensional a personas de la tercera edad. Evolución del reconocimiento de prestaciones sociales a los empleados territoriales. Movilidad de los recursos financieros en el caso del reconocimiento de la pensión de vejez o indemnización sustitutiva en el caso de regímenes anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. De lo anterior se concluye que la última entidad empleadora será la responsable del reconocimiento de las prestaciones de los empleados oficiales beneficiarios del régimen de transición que no fueron afiliados a ninguna entidad de previsión social

¿Son vulnerados los derechos de una persona, la cual tiene derecho a una sustitución pensional debido al fallecimiento de su compañero permanente, al serle negada la prestación por ser la conyugue la persona a la cual tiene derecho, sin tener en cuenta la exequibilidad de cierto artículo que determina que en caso de convivencia simultánea, la pensión deberá repartirse entre conyugue y compañera permanente?. Concedida. De ahí que la pensión será catalogada como fundamental si de su reconocimiento depende la materialización de garantías de los beneficiarios que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, ya sea por razones de tipo económico, físico o mental. En esos casos, se debe promover un trato diferencial positivo que asegure la subsistencia de quien perdió a su ser querido, sin que se altere la situación social y económica con que contaba en vida del asegurado. El derecho a la igualdad de las uniones maritales de hecho en materia pensional. Caso en que existe convivencia simultánea entre el cónyuge y el compañero(a) permanente. La finalidad de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional era servir como mecanismo de amparo de la familia ante la muerte de su ser querido, sin que importe la naturaleza del vínculo familiar, por lo que privilegiar a la pareja formada mediante vínculo matrimonial contraría su objeto y constituye un trato diferencial que no es constitucional. Por esta razón y con el fin de evitar un vacío legislativo, declaró la constitucionalidad condicionada de la expresión, "en el entendido que además de la esposa o esposo, también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el compañero o compañera permanente y dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido".

¿Es procedente la acción de tutela con el fin de enjuiciar la vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad en cuestión al negarle a la accionante la pensión solicitada debido al incumplimiento de un requisito de fidelidad?. Concedida. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones. Inconstitucionalidad del requisito de fidelidad consagrado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

¿Es la acción de tutela el mecanismo procede para cuestionar la legalidad de un acto administrativo que negó una reliquidación pensional a funcionarios de la rama ejecutiva del sector publico? Improcedente. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reajuste adecuado de la mesada pensional. Diferenciación entre el grupo de congresistas pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992 y el grupo de parlamentarios pensionados con posterioridad a la misma. Dentro del régimen prestacional de los miembros del Congreso de la República, es constitucionalmente admisible diferenciar, por los criterios temporal y objetivo explicados, dos grupos: de un lado, los parlamentarios que adquirieron su derecho o se pensionaron antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, y del otro, aquellos que estando activos se pensionen después del 18 de mayo de 1992. Con el ánimo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de los parlamentarios del primer grupo en mención y de zanjar la desproporción existente en materia pensional entre ambos grupos, a aquellos se les reconoció, por una sola vez, un reajuste especial de tal manera que sus pensiones alcancen el valor equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los congresistas en ejercicio en el año 1994. Para el segundo grupo de congresistas, se aplica el porcentaje del 75% que consagra la Ley 4ª de 1992

¿Se tiene derecho a la pensión de sobreviviente cuando el causante falleció con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a pesar de no cumplir con los 20 años de servicios para adquirir el derecho a la prestación que exigía la ley vigente en su momento, teniendo en cuenta que sí cumple con los requisitos establecidos en la Ley 100? Derecho a la pensión de sobrevivientes por aplicación retrospectiva de la ley cuando el causante falleció antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Imprescriptibilidad de los derechos pensionales. Concedida

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales del accionante por parte de la entidad demandada al negarle el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez? Concedida. La procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. Especial protección constitucional a las personas pertenecientes a la tercera edad. La indemnización sustitutiva y su reconocimiento cuando los aportes se hubiesen efectuado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993

¿Son vulnerados los derechos fundamentales de la accionante al dejarse sin efecto el acto administrativo que ordeno el reintegro de esta a su empleo como docente, luego de haber sido desvinculada, ya que así haya cumplido la edad de retiro forzoso no tenia otro ingreso y su pensión de jubilación estaba en trámite?. Concedida. La autoridad demandada, al desvincular a la accionante del cargo de docente por haber cumplido la edad de retiro forzoso, vulneró su derecho fundamental al mínimo vital, pues el salario era su única fuente de ingresos y su situación pensional no estaba resuelta por causas ajenas a su voluntad

¿Es la acción de tutela procedente contra sentencias judiciales por desconocer el precedente judicial frente al tema del requisito de fidelidad como requisito en la pensión de sobrevivientes, generando la vulneración de los derechos fundamentales del accionante?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente constitucional. La Corte ha considerado que una decisión judicial que desconozca los pronunciamientos que emite la Corte en el conocimiento de demandas de inconstitucionalidad, tanto en las decisiones de inexequibilidad como en la ratio decidendi de las decisiones de exequibilidad, adolece de un defecto sustantivo pues desconoce el derecho vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa la Corte Constitucional. Así, el desconocimiento del precedente puede derivar en un defecto sustantivo cuando se irrespeta la cosa juzgada constitucional establecida en sentencias con efectos erga omnes, o en la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Inconstitucionalidad del requisito de fidelidad consagrado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003

¿Es posible efectuar descuentos sobre las mesadas pensionales?. Concedida. Si es posible efectuar descuentos sobre las mesadas pensionales siempre que se cumplan los siguientes parámetros como lo son, el límite máximo de descuento permitido a las mesadas pensionales por todo concepto, corresponde al 50% de la misma previas deducciones. Como resultado de los descuentos un pensionado no podrá recibir una mesada inferior al salario mínimo, esto como garantía al mínimo vital de los pensionados y de sus familias, lo que les permite percibir los recursos necesarios para subsistir de acuerdo con sus condiciones sociales, económicas y personales, en tanto se ha visto disminuida su capacidad de trabajo, lo cual es una garantía que se encuentra en íntima relación con derechos como la dignidad humana, el trabajo y la seguridad social. Si por cualquier circunstancia el límite legal impide hacer los descuentos autorizados por el pensionado para cumplir sus compromisos patrimoniales, los acreedores estarán en posibilidad de acudir a las autoridades judiciales competentes y hacer valer sus derechos de acuerdo con las normas sustanciales y de procedimiento vigentes, de manera que aplicar los límites antes mencionados en protección de los derechos fundamentales del pensionado no alteran, modifican o extinguen las obligaciones por las que se hacen los descuentos, quedando a salvo los derechos de terceros

¿Cuándo procede la acción de tutela para el reconocimiento de un derecho pensional?. ¿Cuándo procede la acción de tutela contra actos administrativos en materia de pensiones como mecanismo definitivo?. ¿Cuándo procede la acción de tutela para la reliquidación de una mesada pensional?. ¿Cuándo se puede considerar garantizado el derecho de petición en materia pensional?

¿Qué se debe hacer cuando una entidad no cuenta con los archivos necesarios para suministrar la información que le es solicitada?

¿Cuándo procede la agencia oficiosa en la presentación de una acción de tutela?

¿Cuál es el límite a la autonomía del poder judicial en materia de decisiones judiciales?. ¿Cuándo procede la acción de tutela por violación del precedente horizontal?

¿Qué regla se debe seguir frente a la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, a quien se le ha determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma retroactiva?

¿Es imputable a un trabajo la mora del empleador en el pago de aporte al sistema de seguridad social?. ¿Qué deben tener en cuenta las entidades administradoras de pensiones, en el momento de responder peticiones sobre prestaciones económicas del sistema de seguridad social, para no violar el debido proceso administrativo en materia pensional?. ¿Qué deber tienen las entidades administradoras de pensiones con respecto a la información concerniente al Sistema de Seguridad Social?. ¿Qué consecuencia tiene la inexactitud de la historia laboral por parte la entidad administradora de pensiones?. ¿Qué elementos probatorios pueden tener en cuenta un juez para reconstruir la historia laboral?

¿Los efectos hacia el futuro, de la inexequiblidad del requisito de fidelidad al sistema (literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003) declarado por sentencia la C-556-09 de la Corte Constitucional, pueden aplicarse a situaciones existentes durante su vigencia pero que se materializaron luego de la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico?

¿Se puede desvincular a una persona solamente por el hecho de haber llegado a la edad de retiro forzoso? ¿En que circunstancias procede el reintegro?. Concedida. No, ya que el sólo hecho de la declaratoria de insubsistencia que desvincula del servicio a un trabajador público que ha llegado a la edad de retiro forzoso, no implica que surja automáticamente su derecho a la pensión, ya que el reconocimiento del mismo se encuentra sujeto al cumplimiento de requisitos de edad y tiempo de cotización exigidos por el respectivo régimen al cual se encuentre afiliado; y la verificación del cumplimiento de los mismos conlleva un tiempo. En consideración a lo anterior, procede el reintegro de funcionarios públicos que han sido desvinculados de su cargo por cumplir con la edad de retiro forzoso si: i) se presenta una vulneración del derecho fundamental al mínimo vital del funcionario; ii) que el no reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del accionante obedece a una conducta negligente de la entidad demandada; iii) y a que el actor es un sujeto de especial protección constitucional, motivo por el cual merece protección reforzada del Estado

¿Es posible acumular tiempos no cotizados al Instituto de Seguros Sociales para ser beneficiario de la pensión de vejez de que trata el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990? ¿Quiénes pueden hacerlo?. En aplicación del principio de favorabilidad, los beneficiarios del régimen de transición puedan acumular tiempos no cotizados al Instituto de Seguros Sociales para ser beneficiarios de la pensión de vejez que trata el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990

¿Cuándo procede la acción de tutela para reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes?. ¿Qué se debe tener en cuenta para determinar la fecha de la estructuración de la invalidez?. ¿En qué caso una persona puede acceder a la pensión de invalidez en aplicación al régimen anterior a la ley 100 de 1993?

¿Es posible que una persona obtenga la pensión establecida en la ley 33 de 1985 sumando el tiempo de servicio en entidades estatales el cual no fue no cotizado y posteriore aportes al Instituto de Seguros Sociales? ¿Pierde por ello el régimen de transición?. Sí es posible que obtenga la pensión, ya que en aplicación del principio de favorabilidad, tan sólo deben cumplirse 20 años de aportes sin perjuicio de la clase de entidad a la cual se haya realizado. Asimismo, la persona tiene derecho a que se le aplique lo establecido en el artículo 1o de la Ley 33 de 1985, sin que con ello pierda el derecho a pensionarse conforme a las reglas del régimen de transición

¿Cuándo procede la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez?. Concedida. En primer lugar, se debe considerar las situaciones fácticas del solicitante, debe tenerse en cuenta, que la mayor parte de quienes la solicitan son personas de avanzada edad, que se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta (artículo 13 de la Constitución). En segundo término, ha de demostrarse que el perjuicio sufrido afecta o coloca en inminente y grave riesgo derechos fundamentales de especial magnitud, como, para el caso, la salud, la vida, la seguridad social y el mínimo vital, a tal punto que la natural demora de los procedimientos ordinarios haría ineficaz, por tardío, el amparo específico. Sólo en tales eventos, la acción de tutela desplaza el mecanismo ordinario de defensa, por no resultar eficaz en tal medida y oportunidad, frente a las circunstancias particulares del actor en el caso concreto, por lo cual tampoco procederá como meramente transitoria, sino definitiva

¿En los casos ocurridos con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del requisito de fidelidad al sistema por parte de la Corte Constitucional, es posible que las administradoras de fondos de pensiones, no reconozcan pensiones de invalidez o de sobreviviente, por no cumplirse ese requisito?. Concedida. No es jurídicamente válido, debido a que el requisito siempre fue considerado inconstitucional por la Corte Constitucional y por ello fue inaplicado en varios casos de tutela, pues contrariaba ostensiblemente el principio de progresividad que rige todo el Sistema General de Seguridad Social. Por lo tanto, no pueden excusarse las administradoras de fondos de pensiones en que el hecho generador del derecho pensional sea anterior a esos fallos de constitucionalidad, pues el carácter vinculante de la ratio decidendi de las decisiones de tutela se los impide.

¿Cuál es momento que se debe consider que se estructuró la invalidez en el caso de personas con enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas?. Concedida. En casos de pensiones de invalidez causadas por enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, la fecha de estructuración de la invalidez debe ser la fecha en que por su estado de salud ya no pueda volver a trabajar, puesto que si se señalara como fecha de estructuración de la invalidez la fecha en que al paciente le apareció el primer síntoma, el no contarle las semanas que el accionante cotizó después le vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.

Tutela como mecanismo para el reconocimiento de la pensión de vejez. La acción de tutela sólo procede excepcionalmente para ordenar el reconocimiento de prestaciones sociales o el pago de acreencias laborales, cuando en el caso concreto no existan otros medios de defensa judicial idóneos o sea necesario impedir la causación de un perjuicio irremediable, como cuando (i) el no pago de las prestaciones implique la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, (ii) se encuentren comprometidas personas de la tercera edad o (iii) se afecte el mínimo vital del accionante o el de su familia. Ahora bien, la acción de tutela procederá como mecanismo principal en el evento en que el medio judicial previsto para este tipo de controversias no resulte idóneo y eficaz en el caso concreto. En segundo lugar, procederá como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un perjuicio irremediable

¿Para que un hijo mayor de edad y menor de 25 años pueda ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia de su padre fallecido, debe acreditar la calidad de estudiante de manera continua?

¿Cuándo procede excepcionalmente la acción de tutela para reclamar el pago de prestaciones económicas pensionales?. ¿Es posible que una persona se pensione con el régimen establecido en el Decreto 758 de 1990, sin haber cotizado exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales 1000 semana? ¿Es posible que una persona se pensione con dicho decreto y a la vez se observe lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 33 de la ley 100 de 1993, en lo referido al computo de semanas?

¿Puede una entidad encargada de reconocer y pagar la pensión de invalidez negarle a una persona que sufre una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, el reconocimiento de dicha prestación, porque el afiliado no cotizó 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, pero que a pesar de los síntomas de su enfermedad, conservó su capacidad laboral y continuó aportando al Sistema hasta la fecha del dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral?

¿Es la negativa del Instituyo de los Seguros Sociales de aceptar las semanas cotizadas extemporáneamente a favor del actor, con los cuales alcanzaría los requisitos necesarios para acceder a la pensión de invalidez, constituye una vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social del tutelante? Concedida. Dado el estado de salud del accionante y las dificultades que ha tenido el trámite ordinario, reconoce la pensión de invalidez de manera definitiva

¿Se puede conceder una pensión de vejez aunque la persona no cumpla los requisitos para la misma, en consideración a que se trata de una persona de la tercera edad?

¿Se puede negar una solicitud de traslado del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, a una persona beneficiaria del régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993, por haber superado la edad mínima para acceder a la pensión en el Régimen de Prima Media?. Concedida.

¿El derecho a la Indemnización sustitutiva prescribe?. ¿En que eventos se configura una vía de hecho en el acto administrativo proferido con ocasión de la solicitud pensional?

¿Se puede negar el reconocimiento de una pensión de vejez, por haber existido mora por parte del empleador en el pago de las cotizaciones? ¿Qué sucede con los trabajadores independientes?

¿Se debe dar aplicación a lo establecido en la sentencia T- 818 de 2007, dónde se sostuvo que la permanencia en el régimen de transición era un derecho adquirido en cabeza de aquellas personas que cumplían al menos uno de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

¿Puede el Instituto de Seguros Sociales negarse a reconocer la pensión de sobrevivientes a parejas del mismo sexo, sin tener en cuenta el tiempo de convivencia entre ellos, y argumentando que antes de proferir una sentencia de la Corte Constitucional, estas parejas no tenían derecho a la sustitución pensional?. Concedida. La protección constitucional de los enfermos de VIH -SIDA. Respecto de los requisitos para que las parejas del mismo sexo accedan a la pensión de sobrevivientes. Reiteración de la Sentencia T-051 de 2010.

¿El ISS vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del actor, al desconocer el régimen de transición para el reconocimiento de su pensión de vejez? Concedida. El reconocimiento de la pensión de vejez, bajo el amparo del régimen de transición que contempla la ley 100 de 1993. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispuso que los requisitos como la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas de cotización y el monto de la pensión serían establecidos por el régimen anterior, cuando al momento de entrar en vigencia la norma, las mujeres acreditaran tener treinta y cinco (35) o más años de edad y los hombres cuarenta (40) o más años de edad o quince (15) o más años de servicios cotizados. la Corte ha sido enfática al descartar la interpretación del ISS de exigir que para aplicar el régimen de transición los aportes deben ser con exclusividad al ISS

¿En que circunstancias se puede ordenar el reintegro de funcionarios públicos que han sido desvinculados de su cargo por cumplir con la edad de retiro forzoso, pero que no cuentan aún con el reconocimiento por parte del ISS de su pensión de jubilación?

¿El ISS y la AFP accionada vulneraron el derecho a la seguridad social en lo que respecta a la libre escogencia del régimen pensional de la accionante, al negarse a autorizar el traslado del régimen de ahorro individual al de prima media, al considerar, que a la accionante, con base en literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, le faltaba menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, sin tener en cuenta que la solicitud de traslado fue radicada por la accionante cuando no se cumplía ese requisito? Concedida. El derecho a la libre escogencia del régimen pensional no es absoluto. El objetivo de la norma citada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y asegurar de este modo el pago futuro de las pensiones de los afiliados y el reajuste económico de las mismas. Las personas beneficiarias del régimen de transición podrán trasladarse de régimen pensional en cualquier tiempo. La mora injustificada por parte de las entidades encargadas de administrar el régimen pensional para resolver trámites administrativos en materia pensional no es una carga que deba soportar el afiliado

¿El ISS vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de un afiliado al sistema pensional, al negarle el reconocimiento de una pensión de invalidez aplicando la normatividad de la Ley 100 de 1993 y, no el régimen legal contenido en el Decreto 758 de 1990, dentro del cual sí cumple con los requisitos exigidos para obtener el reconocimiento y pago de la prestación económica solicitada? Concedida. Ausencia de un régimen de transición para la pensión de invalidez. Principio de solidaridad. Debe mirarse objetivamente la finalidad de dichos aportes cual es la posibilidad que tiene el peticionario de proveer un sustento económico a su familia ante cualquier imprevisto derivado, como en este evento, de la falta de capacidad laboral para seguir devengando un ingreso mensual y, asegurar el cubrimiento de las necesidades más básicas del núcleo familiar. Medidas regresivas. No es razonable que la negativa de dicha prestación se hubiere originado en la única consideración del régimen legal bajo el cual sobrevino el hecho de la discapacidad laboral

¿El ISS vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso de la actora, al negarle la pensión especial de vejez de madre o padre de hijo discapacitado? Concedida. Artículo 33 parágrafo 4 inciso 2 de la ley 100 de 1993. Vía de hecho por desconocimiento del régimen de transición. Principio de favorabilidad. Principio de especialidad del Sistema de Seguridad Social. Las normas sobre requisitos pensionales que siguen produciendo efectos jurídicos en virtud del régimen de transición, son plenamente aplicables al momento de establecer si el afiliado ya alcanzó el número de semanas necesarias para acceder a una pensión ordinaria de vejez, en orden a determinar si cumple con el requisito de cotización para hacerse acreedor de la pensión especial de vejez por hijo discapacitado

¿Las entidades demandadas y los jueces de instancia quebrantaron los derechos constitucionales fundamentales del accionante, en especial su derecho al debido proceso y su derecho de acceder a la pensión de sobrevivientes en igualdad de condiciones en que se reconoce este derecho a los compañeros permanentes heterosexuales al abstenerse de aplicar la sentencia C-336-2008 alegando que la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente fue anterior al fallo emitido por la Corte Constitucional? - ¿Las entidades demandadas y los jueces de instancia quebrantaron los derechos constitucionales fundamentales del accionante, en especial su derecho al debido proceso y su derecho de acceder a la pensión de sobrevivientes en igualdad de condiciones en que se reconoce este derecho a los compañeros permanentes heterosexuales al exigir el cumplimiento de exigencias no previstas en la legislación?. Concedida. En la sentencia de la Corte Constitucional C-366-2008 reiteró la importancia de garantizar el goce efectivo de los derechos a las parejas homosexuales y estableció que las normas demandadas que reconocían el derecho de las parejas heterosexuales a acceder al reconocimiento y pago de su pensión de sobrevivientes resultaban discriminatorias al privar de esa misma protección a las parejas homosexuales, por lo que es menester reconocer a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas del mismo sexo el derecho a acceder al reconocimiento y pago de la pensión ya que "no existe un fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar el trato desigual"

El actor solicitó la pensión especial de vejez, a la cual considera tener derecho debido a la labor de alto riesgo que desempeñaba en la empresa accionada, dicha pensión le fue negada al considerar que no se certificó que el actor ejerciera actividades de alto riesgo y que la empresa accionada no aportó el 6% adicional que le correspondía por ser una pensión especial, alega además que es una persona de tercera edad que padece de graves quebrantos de salud y no tiene otros medios para subsistir. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para reclamar la pensión especial de vejez, el derecho a la pensión especial de vejez, la mora en el pago de aportes y cotizaciones a pensión, se encuentra que el actor tiene derecho al reconocimiento de su pensión especial debido a que, en la convención colectiva de la empresa se especificaba que la labor del actor es de alto riesgo y respecto al pago adicional de aportes del 6%, la entidad encargada del pago de la pensión deberá realizar el cobro directamente a la empresa y el actor no debe verse perjudicado por la mora patronal. Concedida

¿La Secretaría de Educación del Municipio, en cuanto decidió retirar al actor del cargo de celador que venía desempeñando en la entidad, por haber alcanzado la edad del retiro forzoso, atentó contra los derechos fundamentales del trabajador al debido proceso, por no habérsele permitido continuar trabajando hasta los 70 años; afectación al mínimo vital y a la protección reforzada a la 3ª edad en conexión con el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital? Concedida. Al pertenecer a un grupo como el de la tercera edad, goza de especial protección constitucional, por la cual el Estado debe garantizar la percepción de un ingreso que satisfaga su mínimo vital, mientras le llegan las mesadas de la pensión de vejez a la cual tiene pleno derecho. Si bien la fijación de una edad de retiro como causal de desvinculación del servicio es constitucionalmente admisible, su aplicación debe ser razonable de tal manera que responda a una valoración de las especiales circunstancias de los trabajadores, toda vez que ella no puede producir una vulneración de sus derechos fundamentales, pues se trata de personas que merecen una especial protección constitucional. El artículo 14 de la Ley 490 fue declarado inexequible, por lo que perdió toda vigencia y no se puede aplicar ni siquiera para solicitar por vía tutelar que se reintegre al trabajador a su empleo y se lo conserve en él hasta los 70 años como indicaba la norma

¿La E.S.E accionada vulneró los derechos al trabajo, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social del actor, al retirarlo del servicio por haber sobrepasado la edad de retiro forzoso, sin que se hubiere decidido de fondo su solicitud de reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación? Concedida. Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reintegro de empleados públicos. La fijación legal de una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del servicio público, siempre que responda a criterios objetivos y razonables, constituye una medida constitucionalmente válida. Sin embargo, la aplicación de este tipo de normas debe ser razonable, de tal manera que sea el resultado de una valoración de las condiciones particulares del trabajador en cada caso concreto. Ello para garantizar el respeto de los derechos fundamentales del trabajador, toda vez que se trata de personas que han llegado a la tercera edad y que merecen especial protección por parte del Estado

¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos a la igualdad y al mínimo vital y móvil de los accionantes, debido a que están devengando un salario en el que unos de sus componentes está siendo liquidado bajo una norma legal que les supone un ingreso menor al de otros funcionarios de su misma categoría? Negada. Origen de la bonificación permanente mensual y la diferencia surgida con la bonificación contenida en el Decreto 4040 de 2004. Improcedencia de la acción de tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto. Ausencia de un perjuicio irremediable. Principio de inmediatez. Principio de subsidiariedad

¿Corresponde a esta Sala de Revisión establecer si el Fondo de Pensiones y Cesantías, ha vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad social, el debido proceso, la dignidad humana, el mínimo vital y a la igualdad al negarse a reconocer la pensión de invalidez, por considerar que no se da cumplimiento a las semanas cotizadas exigidas por la Ley 100 de 1993, en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez? Concedida. Para establecer el régimen aplicable para reconocer el derecho a la pensión de invalidez, se debe tener en cuenta no sólo la fecha de estructuración de la enfermedad, sino también la especial protección que se le debe a los enfermos de VIH, el carácter progresivo de los derechos sociales y el principio de favorabilidad ante la duda sobre la ley que debe regir el asunto. El Fondo de Pensiones efectuó una aplicación incorrecta de la ley al someter el caso del actor a las condiciones exigidas por el artículo 39 - original - de la Ley 100 de 1993, aunque estas resultaban más restrictivas y en esa línea determinaran la negación de su derecho a la pensión de invalidez, en vez de aplicar lo previsto en el artículo 1º, numeral 1º de la Ley 860 de 2003, que aunque exige más semanas de cotización (50), estas se pueden acumular durante un período mayor (3 años)

¿El ISS vulneró los derechos fundamentales a la salud, vida digna, debido proceso, seguridad social y mínimo vital de la actora y de su hijo, al no reconocerle la pensión especial de vejez, teniendo en cuenta que tiene un hijo con incapacidad que depende de ella? Concedida. La pensión especial de vejez debe ser otorgada si la madre o padre de familia de cuyo cuidado dependa el hijo discapacitado (menor o adulto), ha cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez; si la discapacidad de que se trate ha sido debidamente calificada; y si existe dependencia económica entre quien sufre la discapacidad y el afiliado al Sistema. Los requisitos para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez son dos: haber cumplido 55 años de edad si el afiliado al Sistema de Pensiones es mujer o 60 años si es hombre, y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo

¿Unas resoluciones expedidas por el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social mediante las cuales se negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez definida en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, vulneran los derechos fundamentales del actor al debido proceso y a la seguridad social, dado que desconocen su derecho a la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993? ¿El Instituto de Seguro Social incurrió en una vía de hecho administrativa y actuó de manera contraria al principio de favorabilidad, en tanto omitió dar aplicación a las normas correspondientes según los supuestos fácticos del caso? Concedida. Carácter fundamental del derecho a la seguridad social. Procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación se deriva del reconocimiento de una pensión. Vía de hecho por desconocimiento del régimen de transición. Principio de favorabilidad.

¿El ISS y CAJANAL vulneraron los derechos fundamentales de la actora, al negarle el reconocimiento de la pensión de vejez, presuntamente por no cumplir con los requisitos que exige la ley? Concedida. Procedencia excepcional de la tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales. Requisito de agotamiento de los recursos en sede administrativa y a la persistencia de la entidad en su decisión de no reconocer el derecho. Requisito de acudir a la jurisdicción respectiva, estar en tiempo de hacerlo o ser ello imposible por motivos ajenos al peticionario. Requisito para demostrar la amenaza de un perjuicio irremediable. Requisito de invocar fundamentos fácticos que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. Reconocimiento de la pensión de vejez, bajo el amparo del régimen de transición que contempla la Ley 100 de 1993. La accionante cumplió los 55 años el 19 de abril de 2000, época para la cual no cumplía con las semanas de cotización, pues las completó el 30 de junio de 2005. Sin embargo, de acuerdo con las consideraciones hechas respecto al régimen de transición, la demandante no perdía los beneficios que aquel le otorgó, sino que, por el contrario, dicho régimen le permitía que en el momento de cumplir con la totalidad de los requisitos pudiera acceder al reconocimiento de la pensión de vejez según la normatividad anterior.

¿El artículo 70 de la Ley 975 de 2005 resulta aplicable a un caso en que la pena impuesta por sentencia ejecutoriada se haya originado en la comisión de hechos delictivos que no se cometieron con ocasión de la pertenencia a grupos armados organizados al margen de la ley; esto es, a los llamados delitos comunes? Acción de tutela contra providencias judiciales. Causales de procedibilidad y el requisito de configuración de un perjuicio iusfundamental. Causales de procedibilidad de la tutela contra sentencias y la configuración de la vulneración de la Constitución como requisito. La vigencia del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 y su declaratoria de inexequibilidad en la sentencia C-370 de 2006. Efectos de las sentencias de control de constitucionalidad dictadas por la Corte Constitucional. Efectos de las sentencias de control de constitucionalidad dictadas por la Corte Constitucional. Jurisprudencia sobre la procedencia del beneficio contenido en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 para delitos comunes y alcance de los requisitos exigidos para ello. Análisis de la posición de la Sala de Casación Penal sobre la pertinencia del uso de la figura de la excepción de inconstitucionalidad, para inaplicar una norma que vulnera el principio de unidad de materia.

¿La acción de tutela procede para proteger derechos fundamentales que se consideran vulnerados por la decisión de negar la pensión de vejez a una persona beneficiaria del régimen de transición a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, con base en él, del régimen pensional más favorable para los empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público, cuando cotizó en pensiones tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual y la rentabilidad de los ahorros depositados en el segundo es inferior a la que hubiese obtenido en el Seguro Social? Concedida. Requisito de agotamiento de los recursos en sede administrativa y a la persistencia de la entidad en su decisión de no reconocer el derecho. Requisito de acudir a la jurisdicción respectiva, estar en tiempo de hacerlo o ser ello imposible por motivos ajenos al peticionario. Requisito de demostrar la amenaza de un perjuicio irremediable. Requisito de invocar fundamentos fácticos que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. Línea jurisprudencial relativa al carácter del derecho a pensionarse según el llamado régimen de transición. Régimen de transición para empleados de la rama judicial.

¿El Instituto de Seguros Sociales y un fondo de pensiones y cesantías vulneraron el derecho fundamental a la seguridad social del peticionario al negarse a autorizar su traslado del régimen de ahorro individual al de prima media? Concedida. Seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. Aspectos generales de los regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993. Régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su relación con el derecho a la seguridad social. Jurisprudencia constitucional sobre el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima medida en el caso de los beneficiarios del régimen de transición.

¿El ISS vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social al negarse a reconocer su pensión de vejez? Concedida de manera transitoria. Seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. Procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la pensión de vejez. Principio de favorabilidad en la interpretación la ley laboral frente al reconocimiento de pensiones y la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social por su falta de aplicación. Posibilidad de acumular tiempo de servicio a entidades estatales y cotizaciones al ISS para reunir el número de semanas necesarias con el fin de obtener la pensión de vejez.

¿El Fondo de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora, al negar el reconocimiento y liquidación de su pensión de vejez, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, en lugar de proceder a su liquidación y pago de acuerdo con el Decreto 546 de 1971 que contempla el régimen especial para los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público? Concedida. Derecho a la Seguridad Social en materia pensional. Régimen de Transición, su falta de aplicación configura una vía de hecho administrativa. Decreto 546 de 1971, régimen pensional especial. Vigencia y aplicación.

¿Una Secretaría de Educación ha vulnerado los derechos fundamentales del actor al trabajo, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, al retirarlo del servicio por haber llegado a la edad de retiro forzoso, 65 años, sin que se hubiere decidido de fondo su solicitud de reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a la que afirma tener derecho? Concedida. Derecho fundamental al mínimo vital. Regla general de improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, específicamente para obtener el reintegro de empleados públicos a sus cargos. Edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de docentes al servicio del Estado.

¿El Instituto de Seguros Sociales ha vulnerado los derechos a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital del actor, al no reconocerle la pensión de invalidez, con fundamento en que presuntamente no cumple con el requisito de fidelidad al sistema general de pensiones? Negada. Procedencia excepcional de la acción de tutela para impetrar el reconocimiento de pensiones. Naturaleza de la indemnización sustitutiva e inoperancia de la prescripción para solicitar su reconocimiento.

¿La acción de tutela es el mecanismo idóneo para solicitar el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de una persona que tiene en la actualidad 73 años de edad? ¿Las personas que cotizaron para pensiones con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y nunca fueron afiliadas al Sistema General de Seguridad Social previsto en la misma, tienen derecho a que se les reconozca la mencionada indemnización? Concedida. Procedencia excepcional para el reconocimiento de derechos pensionales a través de la acción de tutela. El régimen aplicable a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez para personas que cotizaron con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y que no alcanzan a cumplir con los requisitos para acceder a esa prestación.

¿Vulneró la entidad accionada los derechos fundamentales del actor al negar el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada, con el argumento de no haber acreditado el número de semanas exigido en la ley aplicable? Concedida. Condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento y cobro de acreencias laborales y pensionales y su aplicación al caso concreto. 4. Mora en el pago de aportes y cotizaciones pensionales.

Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de acreencias laborales. La protección constitucional reforzada de los discapacitados y su relación con el servicio público de seguridad social. Régimen y características de la pensión de sobrevivientes. Naturaleza y régimen legal de los dictámenes proferidos por la Juntas de Calificación de la Invalidez. Aptitud de la acción de tutela para discutir sus conclusiones.

¿Vulneraron las entidades accionada los derechos fundamentales de petición, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital de la actora, al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez por no acreditar el requisito contemplado en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que exige una fidelidad al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que la persona cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez? Concedida. Condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y cobro de acreencias laborales y pensionales. Negativa al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con base en la aplicación de disposiciones contrarias al principio de progresividad de los derechos sociales.

¿La entidad accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la vida digna del actor (beneficiario del régimen de transición, quien cuenta con 57 años y ha cotizado más de 1300 semanas para los riesgos de invalidez, vejez y muerte), al considerar que no cumplía con el requisito de 60 años de edad que exige el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pese a que la Ley 33 de 1985 estableció un régimen más favorable que le permitiría gozar de dicha prestación desde los 55 años de edad? Concedida. Procedencia de la acción de tutela contra un acto administrativo que niega una pensión de jubilación, cuando se pruebe la existencia de una vía de hecho. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y cobro de acreencias laborales y pensionales. Aplicación del principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la Ley.

¿Vulnera el ISS los derechos fundamentales de la actora al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez por no cumplir con las semanas requeridas y, le otorgó en su lugar una indemnización sustitutiva? Procedencia excepcional de la acción de tutela para impetrar el reconocimiento de la pensión de invalidez. Efectos del tránsito legislativo en los requisitos para la pensión de invalidez. No hay razón para aplicar al caso, las disposiciones resultantes del tránsito normativo operado en virtud de la Ley 860 de 2003, dada la cercanía entre la fecha en que se estructuró su invalidez y la modificación normativa que impuso condiciones más estrictas para el reconocimiento y pago de la prestación por él solicitada.

¿La negativa de un fondo de pensiones de reconocer la pensión de invalidez a la peticionaria, con base en lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y, de forma particular, por no cumplir con el requisito de fidelidad al sistema establecido por la disposición mencionada, vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones en conexidad con el mínimo vital, a la vez que desconoce la especial protección debida a las personas discapacitadas? Concedida. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Tránsito normativo ocurrido entre la ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003. Principio de progresividad y la prohibición de adoptar medidas regresivas en materia de seguridad social.

¿El mecanismo de amparo constitucional resulta procedente para definir la titularidad del derecho a la pensión de invalidez que reclama el actor, frente a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial? Concedida. Procedencia de la acción de tutela frente a la existencia de otros medios de defensa judicial. Carácter progresivo del derecho a la seguridad social. Pensión de invalidez en el régimen de seguridad social.

¿El ISS vulneró los derechos fundamentales del actor al acceso a la seguridad social en conexidad con el derecho al debido proceso y al mínimo vital, al reconocer su inclusión en el régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, pero negar su derecho a la jubilación por efecto de la aplicación de la Ley 71 de 1988, en lugar de la Ley 33 de 1985, la cual manifiesta el actor es la norma aplicable a su caso? Concedida. Procedibilidad de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones. Derecho a la Seguridad Social. Régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988. En el caso concreto no se aplica la Ley 71 de 1988, porque el actor no prestó sus servicios a empleadores del sector privado.

¿La decisión de la Corte Suprema de Justicia de casar la Sentencia que confirmó aquella que reconocía el derecho del actor a la pensión de invalidez, vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social, en conexidad con la vida digna, al debido proceso y a la interpretación favorable de las normas que regulan su situación pensional? Concedida. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, por configuración del error sustantivo. La sentencia objeto de debate se fundamentó en una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional, pero al momento de estructurarse el estado de invalidez, la norma se encontraba vigente. Al no existir, en el caso de la pensión de invalidez un régimen de transición, por regla general, la norma aplicable en cada caso es la vigente al momento del acaecimiento de la condición que hace exigible la prestación, es decir, la fecha de estructuración de la discapacidad, declarada por la junta de calificación correspondiente; no obstante, por mandato constitucional debe acogerse la norma más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, eso es, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y no el artículo 11 de la Ley 797 de 2003.

¿La negativa de un fondo de Pensiones y Cesantías a reconocerle al actor la pensión de invalidez que solicita con fundamento en que no cumple el requisito de semanas mínimas de cotización previsto en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, constituye una vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor? Concedida. Carácter progresivo del derecho a la seguridad social. Requisitos para obtener el derecho y efectos del tránsito legislativo. Estado de invalidez de origen no profesional. Modificación de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez causada por enfermedad no profesional. El caso de los enfermos de SIDA y la pensión por invalidez.

¿Existe vulneración de los derechos fundamentales del actor ante la negativa del Seguro Social a reconocer de la pensión de invalidez, por no cumplir los requisitos legales establecidos para tal fin? Concedida. Derecho a la pensión de invalidez como parte de la seguridad social. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones. Mora patronal en el pago de los aportes en seguridad social y su incidencia al momento de entrar a reconocer una pensión.

¿El actor hace parte del régimen de transición, y por tanto, la administradora de fondo de pensiones, al rechazar el traslado que el actor solicitaba al ISS, transgredió sus derechos a la igualdad, seguridad social y a la libre escogencia de régimen pensional? Concedida. Requisitos impuestos por el legislador para aplicar el régimen de transición, reiteración de jurisprudencia. Error de la AFP por no interpretar la norma de la forma más favorable para el trabajador y por desconocimiento de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales.

¿La negativa de reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS, fundamentada en que el actor no cumple con las semanas de cotización requeridas por la ley, vulnera a este sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que el actor alega que el ISS no cobró coactivamente los aportes a una empresa donde laboró? Concedida. Procedencia de la tutela para el caso concreto. El derecho a la seguridad social y a la pensión de vejez. La mora en el pago de aportes y cotizaciones pensionales. El trabajador no debe asumir la ineficiencia de las EAP en el cobro de los aportes para la pensión.

¿La acción de tutela procede para inaplicar el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y, en consecuencia, exigir que se reconozca la pensión de invalidez que solicitó el demandante a pesar de que no cumple con los requisitos legales para ello? Concedida. Procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez, reiteración de jurisprudencia. Inaplicación excepcional de los requisitos para obtener la pensión de invalidez cuando hay cambio de normativa que los regula. Excepción de incostitucionalidad.

¿La Sala Civil Familia de un Tribunal Superior vulneró el derecho fundamental del actor a la igualdad por haber aplicado en la sentencia que definió en segunda instancia el proceso hipotecario, un criterio distinto sobre exigibilidad y vencimiento de una obligación de tracto sucesivo cuando se hace uso de la cláusula aceleratoria, al que aplicó esa misma Corporación en la sentencia que definió el proceso hipotecario similar? Negada. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales. Autonomía interpretativa y precedentes judiciales. Precedente horizontal de los Tribunales.

¿Se debe reconstruir un expediente que ha sido extraviado o destruido y que contiene información para que una persona acceda a una pensión?

¿Resultan vulnerados los derechos fundamentales de un afiliado al sistema general de seguridad social cuando la administradora de pensiones, ante la petición de reconocimiento y pago de pensión de validez, niega la prestación fundada en una norma que si bien estaba vigente al momento de estructuración de invalidez, impone condiciones más gravosas que las contenidas en la legislación precedente?; y ¿Se vulneran los derechos fundamentales del afiliado al sistema cuando la entidad administradora niega la pensión de invalidez, fundada en norma vigente al momento de estructuración de la discapacidad, pero declarada posteriormente inexequible? Tránsito normativo que ha sufrido la regulación sobre pensión de invalidez - conflictos que dichas modificaciones legislativas generan frente a la eficacia de los principios de favorabilidad laboral y progresividad de los derechos sociales

¿Existe la posibilidad de extender los beneficios pactados entre un empleador y sus trabajadores mediante una convención colectiva a los pensionados de la empresa, teniendo en cuenta el establecimiento de un sistema de seguridad social integral obligatorio con la expedición de la Ley 100 de 1993? Vía de hecho. La autonomía judicial y la posibilidad del juez de modificar su jurisprudencia. Extensión de los beneficios extralegales. Cambio de jurisprudencia. La doctrina probable. Regla jurisprudencial. Negada

¿Ante la suspensión del pago de mesadas, que por sustitución pensional han sido reconocidas, en las que se extingue el derecho por contraer nuevas nupcias, en procedente el amparo constitucional? ¿Está obligada una empresa a aplicar la ratio decidendi de una sentencia de constitucionalidad que en abstracto declaró inexequibles normas legales que consagraban cláusulas extintivas de derechos pensionales por nuevas nupcias, por ser éstas contrarias a la Constitución de 1991? El carácter vinculante de la interpretación normativa efectuada por la Corte Constitucional en sus sentencias. Concepto y valor jurídico de la ratio decidendi y del precedente constitucional. La coherencia del orden jurídico colombiano y la preeminencia de la Constitución de 1991. El carácter vinculante de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional y el fundamento constitucional de su fuerza obligatoria. Elementos específicos de la parte motiva de las sentencias de control abstracto de la Corte Constitucional que son jurídicamente vinculantes para los operadores jurídicos y criterios. Tipos de sentencias que profiere la Corte Constitucional y su ratio decidendi. El precedente constitucional. Concedida

¿A una trabajadora con contratos sucesivos e ininterrumpidos de trabajo a término fijo inferiores a un año, que por causa de un cáncer pulmonar, el cual le genera una disminución en la capacidad laboral del 58.6%, es desvinculada de su trabajo y alega el pago de su pensión por invalidez o el reintegro a su trabajo, la tutela es el medio por el cual puede buscar la satisfacción de su pretensión? Excepción de inconstitucionalidad. Resulta contrario a la lógica propia de los derechos económicos y sociales que el legislador introduzca una medida regresiva que impone requisitos más exigentes a las personas para acceder a la pensión de invalidez. Concedida

¿Vulnera el Ministerio de Relaciones exteriores los derechos del actor al negarse a liquidar y girar al ISS los aportes para la pensión la liquidación de la pensión con base en la asignación correspondiente al cargo que efectivamente desempeñó y no al equivalente de la planta interna del Ministerio, por considerar la entidad que los efectos de los fallos de inexequibilidad de los Art. 66 del D. 274 de 2000, así como parcialmente el parágrafo 1º del Art. 7º de la L. 797 de 2003 y el Art. 57 del D. 10 de 1992, son hacia futuro? Línea jurisprudencial consolidada, en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse tomando como base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior. Previene al Ministerio sobre los efectos vinculantes, para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en casos semejantes

¿En el evento de AFP negar el reconocimiento de pensión de invalidez, argumentando que la persona no cumple con el mínimo de semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años conforme a la normatividad correspondiente a la materia, se vulneran lo derechos fundamentales de la peticionaria y los de su hija menor? La Solidaridad y la dualidad de regímenes. Progresividad, favorabilidad y reglas de transición. El concepto "expectativa legítima". La protección constitucional de los discapacitados. La pensión de invalidez. La protección constitucional a favor de las madres cabeza de familia. Los derechos de los niños a la seguridad social y a la familia

¿Incurre en vía de hecho el juez que decide no conceder la indexación de la primera mesada pensional? Mantener el poder adquisitivo de las pensiones, es excepcionalmente un derecho fundamental por conexidad. Improcedencia de la acción por no agotar el recurso extraordinario de casación. Negada

¿Se vulneraron los derechos a pensionados al efectuarse descuentos de sus mesadas pensionales hasta completar valor que según la entidad adeudaba el pensionado por error en la liquidación de la mesada pensional? Tutela concedida como mecanismo transitorio mientras se resuelve el proceso ante lo contencioso administrativo

Pensión convencional. ¿Entre dos interpretaciones razonables de la forma de contabilizar el requisito de los 28 años laborados para efectos de acceder a la pensión convencional, debía la Administración escoger la más favorable a los intereses del trabajador según el principio constitucional de favorabilidad laboral? ¿Dio trato discriminatorio la Administración al dar interpretación diferente con referencia a otro caso en las mismas condiciones? Doctrina constitucional sobre el contenido y alcance de la garantía de la favorabilidad y su relación con el derecho al debido proceso. "...Así como es posible que la administración varíe sus posiciones jurídicas en determinados eventos ... Sin embargo, ello no significa que exista una habilitación absoluta para que la administración decida en cada caso y según su parecer los asuntos sometidos a su competencia." Condiciones que deben cumplir los funcionarios avocados a esta eventualidad. Concedida como mecanismo transitorio

¿Es viable la tutela como mecanismo transitorio para obtener reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente por persona con incapacidad total? Concedida: Perjuicio irremediable

Tutela interpuesta por alcalde saliente, cargo vacante por enfermedad, contra gobernador por nombramiento de reemplazo de partido diferente. Partido sin personería jurídica. Interpretación sistemática del Artículo 314 de la Constitución con las normas sobre el voto programático y la revocatoria del mandato. Concedida como mecanismo transitorio. Reemplazo debe ser del mismo partido, grupo político o coalición para continuar con programa de gobierno

Reliquidación pensión de vejez. Servicio en el exterior - Ministerio relaciones exteriores. liquidación de aportes al sistema general de pensiones sobre un ingreso base de cotización inferior al realmente devengado. Concedida. Conversión de moneda. Pago de aportes no liquidados al ISS

Corte Constitucional, Sentencia de revisión de tutela T-1169/2003

La aplicación del precedente jurisprudencial por parte del juez de tutela está condicionada a la verificación de una plena identidad entre los hechos contenidos en la decisión anterior y los del caso en concreto. En caso de no existir esta correspondencia del supuesto de hecho en uno y otro evento, el fallador estaría facultado para apartarse de la decisión anterior y proferir sentencia en sentido distinto - Improcedencia de la acción de tutela para reliquidación de pensiones - Requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela en reliquidación de pensiones

Limitación al acceso a la información contenida en las bases de datos con información de los ciudadanos de carácter semi-privada, publicadas en Internet por entidades públicas. Catastro. Superintendencia de Salud. La Corte hace llamamiento para que se restrinja el acceso a estas bases de datos a las personas autorizadas

Régimen de transición - El ingreso base de liquidación sí hace parte del régimen de transición, en tanto que constituye el elemento que permite determinar el monto de la pensión del servidor público

Es posible identificar dos eventos en los cuales podrían configurarse vías de hecho en el acto administrativo proferido con ocasión de la solicitud pensional: i. Cuando en el acto administrativo por medio del cual se define el reconocimiento de una pensión de jubilación se declara que el peticionario cumple con los requisitos establecidos por la ley para acceder al status de pensionado pero se le niega el reconocimiento del derecho por razones de trámite administrativo, por ejemplo la expedición del bono pensional. ii. Cuando en el acto administrativo por medio del cual se define el reconocimiento de la pensión de jubilación se incurre en una omisión manifiesta al no aplicar las normas que corresponden al caso concreto o elige aplicar la norma menos favorable para el trabajador - Vía de hecho en materia pensional - Pensión de jubilación, término de seis meses para reconocerla

Régimen de transición en pensiones - A quienes se refirió la Ley 100 de 1993 - Circular 433 de 2001 ISS: "... Para ser beneficiario del Régimen de Transición del Seguro Social no se requiere que el afiliado acredite que se encontraba cotizando al 31 de marzo de 1994. \\ Para estos efectos, también se entenderán como afiliados al Régimen de Pensiones del ISS, quienes en virtud de una afiliación al Instituto, hayan efectuado cotizaciones en cualquier tiempo, pero con anterioridad al 1° de abril de 1994 y no se hubieren trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad." - Caso de persona persona que se encuentra en calidad de afiliado inactivo

Debido proceso. Reconocimiento de sustitución pensional. Conflicto entre cónyuge supérstite y compañera permanente. Convivencia efectiva. Necesidad de la prueba

Derecho a la seguridad social de persona de la tercera edad - Derecho a la pensión de jubilación régimen pensional de transición - Pensión de jubilación, equivalencia tiempo de servicios por publicación de libros - Derecho a la igualdad, discriminación por no aplicación de régimen pensional de transición - Pensión de jubilación, cotización conforme a la asignación correspondiente al cargo realmente desempeñado

Reliquidación pensión de vejez. Servicio en el exterior - Ministerio relaciones exteriores. liquidación de aportes al sistema general de pensiones sobre un ingreso base de cotización inferior al realmente devengado. Concedida. Conversión de moneda. Derogatoria tácita artículo 57 del Decreto 52 de 1992

Para obtener el derecho a la sustitución pensional lo que se requiere fundamentalmente es demostrar la convivencia afectiva con el pensionado en los años anteriores a su muerte se deriva, entonces, de dos premisas: por un lado, de la norma constitucional que define que la familia se puede crear por vínculos naturales o jurídicos y que sus dos modalidades de creación merecen idéntica protección, y, por el otro, del objetivo que persigue la pensión de sobreviviente, cual es el garantizarle al cónyuge o compañero supérstite los recursos necesarios para mantener un nivel de vida similar al que tenía antes de la muerte del conviviente que gozaba de una pensión - Derecho a la sustitución pensional - Personas legitimadas para recibirla

¿Las personas pensionadas antes de la entrada en vigencia de ley 100 de 1993, se encuentran incorporadas al sistema general de pensiones?. ¿Un patrimonio autónomo puede remplazar un fondo de pensiones?

El juez de tutela está obligado a fundamentar la calificación que haga de un perjuicio irremediable, con razones que consulten el sentido extraordinario de la protección temporal y su consecuente interpretación restrictiva, a la luz de la Constitución y según los hechos objeto de examen - Cuando se adelante la revisión de un caso seleccionado por la Corte, las personas que han solicitado la protección judicial de sus derechos no pueden desistir de sus pretensiones iniciales, pues en ese nivel no están disponiendo ya de su interés particular, concreto y específico, sino que está comprometido un interés público- Desistimiento de tutela - Perjuicio irremediable - Acción de tutela transitoria

El derecho a sustituir a la persona pensionada o con derecho a la pensión obedece a la misma finalidad de impedir que sobrevenida la muerte de uno de los miembros de la pareja el otro no se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales. El vínculo constitutivo de la familia - matrimonio o unión de hecho es indiferente para efectos del reconocimiento de este derecho - Derecho a la sustitución pensional - Principio de igualdad - Derechos de la compañera permanente