Consejo de Estado - Sección Segunda

No es nula la norma que fijó el tiempo de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro por parte de los soldados profesionales. "[A]l momento de expedición de la Ley Marco 923 de 2004, no existía norma anterior que estableciera los años de servicio exigidos para el reconocimiento de la asignación de retiro de los soldados profesionales, por ello el Ejecutivo, al reglamentar el acceso de estos miembros de la Fuerza Pública a ésta prerrogativa, únicamente debía atender a los parámetros dados por el legislador a través de la referida Ley Marco, esto es, entre 18 y 25 años de servicio. De tal forma que, al exigir, en el artículo 16 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004, 20 años de servicio para que los soldados profesionales adquieran el derecho a percibir la asignación de retiro, el Ejecutivo se movió, actuó, dentro de los límites fijados por el legislador. […] [P]ara resolver la segunda inconformidad planteada por el demandante, esto es, el supuesto desconocimiento del derecho a la igualdad de los soldados profesionales, por cuanto supuestamente se les confirió un trato diferencial y discriminatorio frente a los demás miembros de la Fuerza Pública […], la Sala destaca que en el presente caso, los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública en general, de un lado, y soldados profesionales del Ejército Nacional, de otro lado, no son grupos susceptibles de comparación, porque se encuentran en situaciones de hecho distintas en atención a las categorías de jerarquía militar, la naturaleza de sus funciones y al hecho de que cada personal realiza cotizaciones o aportes sobre diferentes partidas, sin que por ello exista un trato discriminatorio o diferenciado que se aparte de los postulados constitucionales o de los elementos básicos del régimen consagrado en la Ley Marco 923 de 2004. […] Lo anterior, aunado a que, de acuerdo con los antecedentes legislativos de la Ley Marco 923 de 2004, por medio de la cual se concretaron las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, según lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, el fundamento del régimen se encuentra en "el principio de redistribución de acuerdo al nivel jerárquico, grados, arma y especialidad, en la naturaleza de las funciones y sus responsabilidades de la Fuerza Pública" [Gaceta del Congreso 578 del 28 de septiembre de 2004] […]. Establecido entonces que en el presente caso no es posible identificar sujetos de la misma naturaleza susceptibles de comparación […], no es viable el test de igualdad […]."

La cesación del deber de cotizar no puede sujetarse a condiciones distintas a que el afiliado cumpla los requisitos para acceder a la pensión de vejez. "[L]a resolución demandada estableció una verificación previa para poder acudir al "subtipo de cotizante 4", consistente en que los potenciales beneficiarios de la exención de pagar el aporte a pensión debían aparecer en el archivo "Reporte de Información de Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión", lo cual se traduce en que los afiliados debían solicitar la pensión ante su administradora o fondo de pensiones. La Sala observa que la norma tuvo una finalidad legítima, pues buscó prevenir la omisión injustificada de efectuar aportes al sistema de pensiones, cuya naturaleza es parafiscal, […]; sin embargo, implementó un requisito adicional al previsto por el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 para que los afiliados cesaran sus cotizaciones al sistema de pensiones. En efecto, la Resolución 3559 de 2018 determinó que [a] los interesados […] no les bastaría con cumplir la edad, semanas y-o capital suficiente para acceder a la pensión de vejez, sino que también deberían solicitar la prestación a la entidad administradora o el fondo al cual se encontraran afiliados, pese a que el legislador no estableció una obligación en tal sentido. […] Además, el filtro implementado resulta insuficiente para alcanzar el objetivo que se propuso el ministerio, esto es, impedir la evasión en el pago de aportes, pues podía suceder que las personas solicitaran su pensión de vejez sin tener cumplidos los requisitos, es decir, que estar tramitando la prestación no era garantía de que tuvieran consolidada su situación jurídica. Igualmente, el mecanismo de validación desconoce que las administradoras y fondos de pensiones tienen la historia laboral de los afiliados, por ende, cuentan con importantes elementos para determinar si los interesados han cumplido con los requisitos para acceder a una pensión mínima de vejez y beneficiarse de la exclusión de aportar al sistema de pensiones. En tal sentido se resalta que el artículo 2.2.3.1.24 del Decreto 1833 de 2016, ordenó a las administradoras del sistema general de pensiones a "mantener para cada afiliado un archivo en donde se conservará la información relacionada con su historia laboral". Asimismo, a los fondos de pensiones se les conminó a abrir una cuenta de ahorro individual para sus vinculados, identificada con el número de su documento de identidad."

Niegan las pretensiones de nulidad de la norma que reglamentó el pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. "[E]l artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, se dirige a todos los trabajadores independientes con capacidad de pago y de ninguna manera excluye a las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios del deber Constitucional y legal que les asiste de hacer sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, pues la norma, simplemente, los diferencia, respecto de la oportunidad y la forma de hacer las cotizaciones. […] De la lectura integral de los artículos 1 y 2 del Decreto 1273 de 2018, se observa que el primero de estos reglamenta la oportunidad, el modo y el monto del pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de los trabajadores independientes, a los que hace referencia el inciso primero del artículo 135 de la Ley 1753 de 2018 […]. En este orden de ideas, la Sala considera que el artículo 1 del Decreto 1273 de 23 de julio de 2018, contrario a la interpretación que efectúa la demandante, de ninguna manera incluye destinatarios que hayan sido expresamente excluidos por la ley (artículo 135 de la Ley 1753 de 2015), pues como se advirtió anteriormente, el supuesto de hecho descrito en el precepto normativo acusado, reglamenta el deber que tienen: i) los trabajadores independientes por cuenta propia y ii) los independientes con contrato diferente a prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, de hacer los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de la figura de cotización, de conformidad con el inciso primero del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 […], por lo que no se puede entender que en el referido artículo 1 del Decreto 1273 de 2018, se incluye a los trabajadores independientes vinculados mediante contrato de prestación de servicios. Por otro lado, se reitera que, la obligación que tiene los trabajadores independientes vinculados mediante contrato de prestación de servicios personales, de hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, a través del sistema de retención, es un mandato legal establecido expresamente en el inciso tercero del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que se reglamentó en el artículo 2 del Decreto 1273 de 2018 […]."

Beneficiaros del régimen de transición del Decreto 2090 de 2003 pueden acceder a la pensión de jubilación de la Ley 32 de 1986 acreditando 500 semanas de cotización a su vigencia, sin que deban cumplir, adicionalmente, los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. "El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, consagró un régimen de transición […]. Esta norma ha sido analizada por la jurisprudencia de esta Corporación, para señalar que acreditar 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo para la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, concede el derecho a acceder a la prestación en los términos de la norma inmediatamente anterior y lo que debe entenderse del parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 es que la intención del legislador fue la de adicionar este requisito en armonía con el régimen general de pensiones [Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, Exp. 0391-14]. Igualmente, interpretó que exigir, adicionalmente, el estar cobijado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso cuando el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma anterior, por cuanto conllevan una situación más desventajosa en virtud del tránsito legislativo. Adicionalmente, destacó que la finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador defina un sistema de protección para que los cambios producidos por una reforma en la normativa no afecten a quienes, pese a no haber adquirido el derecho a la pensión porque les falta reunir todos los requisitos, sí tiene una expectativa legítima de adquirir el derecho. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con fundamento en el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política […]. De esta manera, cuando resulta más favorable, se ha optado por dar aplicación al primer inciso del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 cuando se acreditan 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003."

No es nula la norma que estableció el porcentaje del subsidio familiar percibido por soldados e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares que se incluye como partida computable para liquidar la asignación de retiro y la pensión de invalidez. "[E]l aparte acusado del artículo 1 del Decreto 1162 de 2014 no desconoce el artículo 13 de la Constitución Política por infracción del derecho a la igualdad de los soldados profesionales que reciben el subsidio familiar en los términos de los Decretos 1794 de 2000. Frente a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, porque los soldados profesionales no están en una situación fáctica de igualdad que permita comparar sus derechos prestacionales a efectos de equipararlos. Y en relación con los soldados que devengan el subsidio del Decreto 1161 de 2014, porque aunque se encuentren en una situación fáctica semejante, lo cierto es que a nivel normativo existen otras diferencias amparadas por la presunción de legalidad que impiden que las cuestiones objeto de análisis sean cotejables entre sí. […] El porcentaje consagrado en el artículo 1 del Decreto 1162 de 2014 para efectos del cómputo del subsidio familiar en las asignaciones de retiro y pensiones de los soldados profesionales no vulnera el artículo 2, literal a), de la Ley 4 de 1992, tampoco es regresivo para el grupo de servidores que se rigen por este decreto. […] [L]os soldados profesionales tuvieron derecho, por primera vez, al reconocimiento mensual de un subsidio familiar a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2000. Sin embargo, fue tan solo hasta la expedición de los Decretos 1161 y 1162 de 2014 que tal partida se consagró como computable para la asignación de retiro de los soldados profesionales. […] Lo anterior permite colegir que el aparte acusado no desconoció los derechos adquiridos de los soldados profesionales a quienes les resulta aplicable, pues no se vieron desmejorados en sus derechos. Contrario a ello, con el Decreto 1162 de 2014 vieron adicionadas las partidas computables para la liquidación de su asignación de retiro y pensión de invalidez. […] Bajo ese contexto, lejos de contener una medida regresiva, el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014 avanzó en la consagración de los derechos de los soldados profesionales frente a la asignación de retiro y a la pensión de invalidez al contemplar por primera vez la posibilidad de que el subsidio familiar se tomara como partida computable en la liquidación de aquellas prestaciones."

(SUJ-030-CE-S2-2022) Se unifica la jurisprudencia acerca del reconocimiento de la pensión gracia a favor del personal docente. "[N]o es posible sostener que el reconocimiento de la pensión gracia se ató al límite temporal de la promulgación de la Ley 91 de 1989 -29 de diciembre de 1989-, pues se vaciaría de sentido la disposición que estableció dos momentos diferentes y alternativos para tal fin, uno expresado en pasado (tuviesen) y el otro en futuro (llegaren). […] La Sentencia C-489 de 2000 no analizó la situación de los docentes territoriales nacionales y nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumplieron los requisitos para acceder a la pensión gracia con posterioridad al 29 de diciembre de 1989; por el contrario, en la providencia se reflexionó exclusivamente sobre la situación de quienes habían consolidado el derecho antes de la última de las mencionadas fechas y en tal sentido se condicionó la exequibilidad de la norma a la protección de dicho grupo poblacional. Sin embargo, no puede concluirse que la salvaguarda del derecho consolidado se traduce en el desamparo de quienes cumplieron los requisitos con posterioridad, pues se estaría dando un alcance ajeno a los elementos fácticos estudiados en la aludida sentencia de constitucionalidad. En razón a que el referido supuesto no fue objeto de pronunciamiento, la Corte Constitucional tampoco sostuvo de manera expresa que los docentes vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 solo tenían hasta el 29 de diciembre de 1989 para alcanzar la edad y el tiempo de servicios propios de la pensión gracia […]. Con fundamento en los análisis precedentes, la Sección Segunda del Consejo de Estado fija la siguiente regla de unificación en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de jubilación: Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento."

Ordena estar a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la Sentencia de 17 de marzo de 2022, dentro del radicado No. 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019), providencia que declaró la nulidad de los apartes demandados de la Resolución 3559 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que establecieron un requisito adicional para que cese la obligación de cotizar al sistema pensional, consistente en que los potenciales beneficiarios de la exención de pagar el aporte a pensión debían aparecer en el archivo "Reporte de Información de Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión"

No es nula la norma que restringe el ámbito de aplicación del Decreto 723 de 2013 a las personas vinculadas a través de contratos con una duración superior a un (1) mes. A juicio de la Sala, "el artículo 2 del Decreto Reglamentario 723 de 2013 […] no excede o contraviene la norma legal reglamentada, que es la Ley 1562 de 2012, sino que, por el contrario, la reproduce casi que de manera exacta, pues, esta última señala en su artículo 2 -que modifica el artículo 13 del Decreto Ley 1295 de 1994-, que son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, en forma obligatoria, las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, con una duración superior a un mes". Por tal razón, "el Gobierno Nacional no se extralimitó en el uso de la facultad reglamentaria". En lo que respecta al cargo de nulidad relacionado con el desconocimiento de los derechos a la seguridad social y a la igualdad de los trabajadores que tengan contratos con una duración inferior a un mes, y de los independientes cuyos ingresos no les permitan cotizar al sistema un mes completo, porque les impide afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales, el Consejo de Estado resolvió tener en cuenta el carácter obligatorio y vinculante de la sentencia de constitucionalidad C-277 de 2021, razón por la cual consideró que "el déficit de protección en seguridad social e igualdad, advertido por las aquí accionantes, en estos momentos se encuentra superado o saldado por el Piso de Protección Social, creado en el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019". No obstante, como quiera que la sentencia de constitucionalidad C-276 de 2021 declaró la inexequibilidad con efectos diferidos de la citada disposición, la Sala resolvió exhortar al Congreso de la República para que expida la legislación que regule el Piso de Protección Social en los términos señalados por la Corte Constitucional en las sentencias C-276 y C-277 de 2021, y al Gobierno Nacional para que, "en desarrollo de la Ley 100 de 1993 y demás normas del Sistema de Seguridad Social Integral y, haciendo uso de su facultad o potestad reglamentaria, regule la materia, eso sí, respetando el marco de competencias constitucional y legal", en el evento que, "al 20 de junio de 2023, el Congreso de la República aún no haya expido la legislación que regule el Piso de Protección Social, en los términos señalados por la Corte Constitucional en las mencionadas sentencias"

Personal que desarrollaba actividades de alto riesgo en el DAS cobijado por los regímenes de transición regulados en los decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la ley 860 de 2003, tiene derecho a que se liquide la pensión de jubilación con la inclusión de la prima de riesgo. "De conformidad con las reglas de unificación fijadas en sentencia SUJ-028- CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022 […], en el presente caso la parte demandante […] no tiene derecho a la reliquidación de su prestación con la totalidad de factores devengados en el año anterior a su retiro definitivo del servicio, toda vez que, como beneficiario del régimen de transición a que alude la Ley 860 de 2003, que remite al Decreto 1835 de 1994, este solo tiene derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto previstos en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, pero el IBL como los factores a reconocer se regulan por esta última, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003. En ese sentido, la pensión del [accionante], como ex detective del DAS, debe liquidarse con el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores a la adquisición del estatus pensional o, como en este caso, al retiro definitivo del servicio, como ocurrió con los actos administrativos de reconocimiento y reliquidación pensional citados. Ahora, en cuanto a los factores salariales, se precisa que en el caso de los ex detectives del DAS solo son computables, por regla general, aquellos regulados en el Decreto 1158 de 1994 y, adicionalmente, la prima de riesgo en los términos estipulados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003. En ese orden de ideas y conforme a lo probado en el plenario, la parte demandante solo tiene derecho a que se compute su pensión con la inclusión de la asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados en una doceava parte y la prima de riesgo. Con todo, de las pruebas obrantes solo se acreditó que se hicieron descuentos con destino a pensión sobre los dos primeros factores, sin que se observe la misma situación respecto de la prima de riesgo, razón suficiente para considerar procedente, tal como lo dispuso el a quo, en ordenar la reliquidación de la pensión de la parte demandante con la inclusión de este último por tratarse de un factor a incluir en el IBL pensional en los términos de la Ley 860 de 2003."

Niegan las pretensiones de nulidad de la norma que establece el IBC durante la incapacidad laboral, la licencia de maternidad, vacaciones y permisos remunerados. "[L]as incapacidades de origen común, las licencias de maternidad, las vacaciones y los permisos remunerados no corresponden a pagos de naturaleza salarial, ya que no remuneran directamente el servicio; por el contrario, el trabajador los percibe sin cumplir con sus labores […]. Ahora bien, la Ley 100 de 1993 escogió como parámetro para calcular las cotizaciones al sistema de seguridad social la relación de correspondencia entre el ingreso y el aporte. […] [L]a Sala considera que la fórmula escogida por el ejecutivo para liquidar el IBC al sistema de salud en caso de incapacidades y licencias de maternidad […] permite que la cotización se haga por la suma realmente devengada por el trabajador durante el período en que se encuentre incapacitado o en licencia de maternidad. De esta manera no se aporta más ni menos de lo percibido en esos lapsos, lo cual respeta el principio de solidaridad que orienta el sistema y la capacidad de pago de los aportantes. En lo que atañe a las vacaciones y permisos remunerados, el decreto enjuiciado precisó que para liquidar los aportes se tomaría el IBC reportado en el mes anterior al disfrute de dichos descansos […]. Se observa que el Gobierno nacional buscó una fórmula que le permitiera establecer el IBC para el sistema de salud en caso de vacaciones y permisos remunerados en los sectores público y privado, pues como lo anotó la parte demandada, las vacaciones no están enlistadas en el Decreto 1158 de 1994 para efectuar aportes al sistema en el caso de los servidores oficiales y no existía norma legal que regulara dicho aspecto. […] Dicha remisión no es una medida arbitraria, pues se trata del salario que el trabajador devengó durante el mes anterior al inicio del descanso remunerado, es decir, que ante el vacío legal se acudió a un criterio consecuente con la situación laboral del empleado durante el período en que sí percibió un salario por la prestación efectiva del servicio. La demandante aseguró que durante las vacaciones el IBC para el sistema de salud debía determinarse sobre las sumas devengadas por los trabajadores particulares en esa época; sin embargo, la interesada no aportó mayores elementos de juicio para concluir que la fórmula por ella propuesta sea más correcta que la escogida por el Gobierno nacional."

Niegan las pretensiones de nulidad de las normas que establecieron, oficializaron y acogieron la tabla de SMN para el cálculo de Bonos y Títulos Pensiónales. "Las normas invocadas [del Decreto 1299 de 1994] regulan los requisitos para el reconocimiento del bono pensional por traslado al régimen de ahorro individual (art. 2) el valor del bono pensional (artículo 3) y el cálculo de la pensión de vejez de referencia para los vinculados con anterioridad al 30 de junio de 1992 (artículo 4). […] [E]l DANE mediante la Resolución 1588 de 1994 estableció la tabla de SMN en los precisos términos ordenados tanto en el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 como en el artículo 4 del Decreto 1299 de 1994. En consecuencia, es claro para la Sala que la Resolución 1588 de 1994 no reguló aspectos atinentes a los requisitos para el reconocimiento del bono pensional (art. 2) o el valor del bono pensional (art. 3), sino que […] se limitó a establecer la tabla de salarios medios nacionales según edad, como un insumo para determinar el cálculo de los bonos pensionales. En punto al tema, se debe resaltar que ninguno de los artículos invocados como transgredidos dispuso que la tabla de SMN que debía establecer el DANE debía contener todos los años y todas las edades, por consiguiente, el accionante no puede deprecar su vulneración, cuando no se observa dicho mandato legal en relación con el cual se pueda advertir la transgresión de las normas superiores […]. [E]l reproche contra el Decreto 2779 de 1994 es el mismo formulado contra la Resolución 1588 de 1994 […]. En ese orden de ideas, […] no se configura la vulneración alegada […], en tanto la tabla de SMN establecida por el DANE y adoptada por el Decreto 2779 de 1994 fue la consecuencia de los artículos 117 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994 que así lo determinaron. En otros términos, el Decreto 2779 de 1994 simplemente se limitó a acoger la tabla de SMN establecida por el DANE en la Resolución 1588 de 1994 en desarrollo de las normas referidas, y dado que al analizar la legalidad de esta última se encontró que el cargo no estaba llamado a prosperar, sucede lo mismo con este decreto que lo oficializó. […] En cuanto al artículo 26 del Decreto 1748 de 1995, la Sala evidencia que esta disposición acogió la tabla de SMN oficializada mediante el Decreto 2779 de 1994 y establecida por la Resolución 1588 de 1994 expedida por el DANE, en consecuencia, al ser una reproducción de las normas cuya legalidad ya fue analizada en […] la presente providencia […], se concluye que la pretensión de nulidad en este aspecto tampoco está llamada a prosperar."

Consejo de Estado resuelve demanda de nulidad contra varias disposiciones del Decreto 1352 de 2013 que reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. La Sala resuelve: PRIMERO: DECLARAR LA LEGALIDAD condicionada del inciso segundo del artículo 46 del Decreto 1352 de 2013, en el sentido que la potestad allí contenida solo puede ejercerse si (i) la Procuraduría no ha iniciado una investigación previamente por los mismos hechos, o (ii) la Procuraduría General de la Nación no reclama su poder preferente para llevarla a término, a pesar de haber sido iniciada por el Ministerio del Trabajo, conforme lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-914 de 2013. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los artículos 5 (excluidos los parágrafos 3 y 4), 8, 9 (incluido el parágrafo), así como de los parágrafos 2 y 3 del artículo 6 y del parágrafo tercero del artículo 49 del Decreto 1352 de 2013

Inclusión de la bonificación de servicios dentro de la base salarial para liquidar la pensión de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, corresponde a una doceava parte. [L]a inclusión de la bonificación por servicios prestados en el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del Decreto 546 de 1971, es un mandato legal para cuyo cumplimiento se debe tener en cuenta que al tratarse de un emolumento que se causa por cada año de servicio, debe ser fraccionado en una doceava parte si se devengó en el periodo de liquidación de la pensión… [L]as sentencias que el Tribunal Administrativo de Nariño invocó como referentes para la inclusión del 100% del emolumento en mención [Sección Segunda: Subsección A, 23-Mar-2006, Rad. 170012331000200201156 01(3984-2005); Subsección B, 7-Jun-2007, Rad. 17001-23-31-000-2003-01638-01(9348-2005)] no se centraron en este tópico, comoquiera que el recurso de apelación estuvo dirigido a cuestionar cuáles son las normas para efectos de definir el valor de la mesada pensional de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, pues en esos casos, la entidad apelante estimó que lo procedente era atender los factores enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985 y no la totalidad de los devengados, pero no se cuestionó el porcentaje de alguno de ellos, por lo cual no se comparte la apreciación del ad quem, en el sentido de señalar que tales pronunciamientos contienen un cambio de postura sobre el tema objeto de estudio

Los incrementos pensionales de vejez y de invalidez que consagran los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990 continúan vigentes, no forman parte de las prestaciones que reconoce la Ley 100 de 1993. A quienes les asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación o de invalidez antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, tienen derecho al incremento de las mismas, siempre que sus familiares, es decir sus hijos o su cónyuge o compañero o compañera permanente, se encuentren en las precisas condiciones que el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 determina, esto es, que se trate de hijos menores de 16 años, o de hijos de 18 años que se encuentren estudiando, o hijos de cualquier edad en condición de invalidez y que dependan económicamente del beneficiario de la pensión, o cónyuge o compañero o compañera permanente que dependa económicamente del jubilado y que además no disfrute de ninguna pensión"

Inclusión de la bonificación de servicios dentro de la base salarial para liquidar la pensión de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, corresponde a una doceava parte. [E]l interrogante orientado a establecer si [la bonificación por servicios] se debía incluir en su totalidad, es decir, en el 100% del valor reconocido o tan solo en una doceava parte de este… fue decidido jurisprudencialmente en el sentido antes descrito, el cual ha sido pacífico y reiterado, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado y de él se puede concluir, en últimas, que el monto total reconocido por ese concepto no remunera una mensualidad sino un año, es decir, doce meses de servicio, y ello justifica que su inclusión dentro de la base salarial para liquidar la pensión de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, tan solo sea en una doceava parte

Se declara con efectos ex tunc, la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 "por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional", expedido por el Gobierno Nacional. Con la expedición del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 el Gobierno Nacional desconoció las previsiones normativas contenidas en la Ley marco 923 de 2004 al exigirle al personal vinculado con el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional incorporado directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, requisitos más gravosos para acceder al derecho de la asignación de retiro, toda vez que al establecer como tiempos mínimos y máximos de retiro entre 20 y 25 años, según la causal, contravino los términos establecidos en la normativa superior que se restringen a los mínimos y máximos de 15 a 20 años de servicio. Es decir, los integrantes del nivel ejecutivo incorporados antes de al 31 de diciembre de 2004, no se les podrá exigir, como requisito para el reconocimiento de asignación de retiro, un tiempo de servicio superior a 20 años (cuando el retiro se produzca por solicitud propia) ni inferior a 15 años (cuando la desvinculación se provoque por cualquier otra causal)

Se anula norma que estableció el término de la prescripción de las pensiones y de las incapacidades y licencia de maternidad. Se declara la nulidad del artículo 50 del Acuerdo 49 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, que deviene en ilegal al constituirse en una rústica reproducción del artículo 36 de la Ley 90 de 1946 (derogado por el artículo 151 del Estatuto Procesal del Trabajo), que en lo pertinente señaló que la acción para el reconocimiento de las demás prestaciones y el derecho a cobrar cualquier subsidio o pensión ya reconocidos prescribe en un (1) año. Por su parte, el artículo 23 de la Resolución 2266 de 1998, preceptúa: De los términos para la transcripción y cobro de incapacidades o licencias por maternidad. El afiliado dispone de un año a partir de la fecha de ocurrencia del evento que originó la incapacidad o la licencia por maternidad para solicitar el pago. Dicho término de prescripción deviene en ilegal

Suspensión provisional de la Circular Interna 4 de 26 de julio de 2013 de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), al extender sus efectos de inexequibilidad al régimen especial previsto en el Decreto Ley 546 de 1971. Observa la Sala que Colpensiones en la Circular acusada al establecer unos criterios jurídicos básicos para el reconocimiento de las pensiones, reprodujo el contenido de la decisión de una instancia judicial, la impuso como criterio orientador para sus subalternos y se apartó de manera expresa del precedente vinculante del Consejo de Estado. En síntesis, estableció un carácter ordenador y unificador de las subreglas creadas por las altas Cortes, atribuyéndose funciones judiciales propias de un tribunal o de un órgano de cierre judicial. Las autoridades Administrativas no pueden a través de circulares fijar directrices de carácter general para apartarse de decisiones judiciales de obligatorio cumplimiento, ya que los funcionarios de la administración no cuentan con ninguna autonomía e independencia inherentes a la administración de justicia y al ejercicio de la función judicial

Se niega la pensión de jubilación a docente que prestó servicios a establecimientos educativos privados solicitada con fundamento en la ley 50 de 1886. Entidad encargada de reconocimiento de la pensión de jubilación en caso de empleados y obreros nacionales y en el sector privado. El reconocimiento de la recompensa o pensión de jubilación acorde con los parámetros de la Ley 50 de 1886, es posible para quienes adquieren el derecho bajo su vigencia. Pensión de jubilación. Entidad encargada de reconocimiento en caso de empleados y obreros nacionales o en el sector privado

¿La pensión de retiro por vejez sólo se reconoce a quienes al momento de cumplir los 65 años de edad estén vinculados al servicio? - No, porque es una interpretación literal que produce a todas luces un efecto injusto, violatorio del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, opuesta a los mandatos constitucionales de protección a la tercera edad y de aplicación favorable de las disposiciones legales en materia laboral

¿Puede otorgarse una pensión de sobrevivientes por el régimen general de pensiones a los empleados públicos del ministerio de defensa si no se cumplen los requisitos que contempla el régimen especial aplicable a los empleados públicos del Ministerio de defensa? - Si, puesto que si bien el régimen especial aplicable a los empleados públicos del Ministerio de Defensa y el régimen general de pensiones, son regímenes diversos, se ha admitido la posibilidad de que a los beneficiarios de un régimen especial le sean aplicables las disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas resulten más favorables a sus pretensiones. En consecuencia, excepcionalmente y cuando se demuestra que sin razón justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política

¿Es dable dar como justa causa para la terminación de un contrato de trabajo, el cumplir con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión en aplicación del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, cuando el funcionario público pertenece al régimen de transición? Si bien es cierto el reconocimiento pensional fue expedido con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, 29 de enero, también lo es que por ser el demandante beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su derecho pensional se reconoció con normas anteriores y por tal razón no le era aplicable la causal de retiro por pensión. En estos casos resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, que le permite al actor continuar laborando hasta cumplir la edad de retiro forzoso con el fin de obtener la reliquidación del ingreso base para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha de notificación de la resolución. Se ordena reintegro, pago de los salarios dejados de percibir, descontando de dicha suma las mesadas pensionales pagadas para reintegrarlas a la Caja que corresponda y las cotizaciones por pensión dejadas de efectuar

¿La bonificación de recreación constituye factor salarial para la liquidación de la pensión? -La bonificación por recreación no constituye factor salarial para efectos prestacionales, por cuanto el objeto de dicho reconocimiento no es remunerar directamente la prestación del servicio del empleado, sino, por el contrario, contribuir en el adecuado desarrollo de uno de los aspectos de la vida del mismo, como lo es la recreación

¿Es obligatorio despedir a un funcionario público por el cumplimiento de los requisitos pensionales? - No, si bien el cumplimiento de los requisitos pensionales constituyen una justa causa de retiro, no quiere decir, que la misma sea una obligación. Debe observarse igualmente que si el funcionario público se encuentra amparado con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 1993, igualmente le son aplicable las previsiones del parágrafo del artículo 150 ibídem, según el cual "no podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el sólo hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad de retiro forzoso"

¿Puede percibirse pensión de vejez y de jubilación cuando ambas son pagadas con recursos del Tesoro Público? -No, se puede percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a patronos particulares. No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el ISS incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del "tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado" y en tal sentido sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público

¿Cuál es la entidad encargada del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a los servidores públicos pertenecientes a entidades públicas que estuvieron afiliadas y sus servidores cotizaron durante su vinculación al Instituto de Seguros Sociales -sujetos al régimen de transición? Tales trabajadores cuando son sujetos del régimen de transición, son sujetos potenciales de dos regímenes de transición: el del sector público y el del Seguro Social. Y surge la duda acerca de cuál es la entidad que debe reconocer la pensión respectiva. Así aunque al momento de obtener el status pensional se encontraba afiliado y cotizando por más de 5 años al ISS no es procedente afirmar que sea esta la entidad obligada a reconocer el derecho pensional, por cuanto como se anotó bajo los preceptos del Decreto 2527 de 2000 y el régimen de transición de Seguro Social, era al Fondo Pensional Territorial al que se encontraba afiliado al momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales quien debía reconocer la pensión

¿Puede decretarse la nulidad de la resolución que concedió pensión de jubilación reconocida con anterioridad a la Ley 100, con base en la normativa convencional, por irregularidades en su adjudicación? La Ley 100 de 1993 en su artículo 146 protegió los derechos adquiridos de las personas que alcanzaron los requisitos para acceder a una pensión vitalicia de jubilación o se encontraran pensionados al momento de su vigencia, es por ello que la demandada se encuentra dentro de las personas que tienen un derecho adquirido con respecto al reconocimiento y pago de su pensión

¿Es constitucional que el Decreto de 4040 de 2004 haya creado una bonificación por gestión judicial para los magistrados de tribunales y otros funcionarios, equivalente al 70% que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, a pesar de que el Decreto 610 de 1998, establecía una bonificación equivalente al 80%, la cual todavía es aplicable a algunos funcionarios?

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 3819 de 2011 - Demanda de nulidad contra el artículo 18 del Decreto No. 1889 de 1994, mediante el cual el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993. Potestad reglamentaria. ¿Excedió la norma demandada la facultad reglamentaria consagrada en la Constitución Política y contraría los artículos 15, 51 y 86 de la ley 100 de 1993, porque al establecer como beneficiarios del auxilio funerario introdujo una nueva definición de afiliado y unificó este concepto con el de pensionado? Negada

¿Cuáles son los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar una pensión de jubilación de los empleados de la Contraloría General de la República?

¿Qué concepto debe tener prelación cuando existen conceptos médicos que discrepan en cuanto a la disminución de la capacidad laboral de un funcionario? ¿El emitido en el trámite administrativo o el de los peritos designados en el proceso?

El derecho a la sustitución pensional suspendido a la viuda por contraer nuevas nupcias en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se debe restablecer a partir de la notificación de la sentencia de inexequibilidad, en el caso en estudio, del artículo 180 del decreto 89 de 1984. Esta declaratoria de inexequibilidad la dispuso la Corte Constitucional en la sentencia C - 464 de 2004 con ponencia del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, y frente a sus efectos se dispuso, al igual que las restantes sentencias de constitucionalidad que estudiaron las normas que en materia pensional ordinaria y en los regímenes especiales consagraban la condición resolutoria del derecho pensional, que el derecho se restablece a partir de la notificación de la respectiva providencia

¿Cuál debe ser el ingreso base de liquidación de la pensión de sobreviviente de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores?

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 2069 de 2011 - Se niega nulidad parcial del artículo 5º del Decreto No. 2400 del 25 de octubre de 2002, expedido por el Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Salud, mediante el cual se modificó el artículo 22 del Decreto 1703 de 2002, por considerar que el Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad discrecional puede definir las condiciones y requisitos que deben cumplir quienes pretendan afiliarse en las diferentes formas en que se presta el servicio de seguridad social. Reglamentación de los periodos mínimos de pago y afiliación. Trabajador independiente y dependiente. Cobertura en salud familiar

El ingreso base de cotización como de liquidación de la pensión de vejez para el Sistema General de Pensiones de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores deben corresponder a lo efectivamente devengado y no atender equivalencias con cargos de la planta interna, que en la mayoría de los casos es inferior al percibido y por ello configura una evidente violación de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 1687_07 de 2011 - El inciso segundo del parágrafo del artículo 3º del Decreto Reglamentario 510 de 2003, demandado, al señalar que en caso de resultar diferente la base de cotización, los aportes que excedan los realizados al Sistema de Seguridad Social en Salud, no se tengan en cuenta para la liquidación de la pensión, está señalando una restricción no prevista en la Ley que dice reglamentar

¿Pueden las Universidades Públicas, expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en Acuerdos internos o extralegales?

La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se aplica a quienes no cumplan el mínimo de semanas exigidas antes o después de la vigencia del sistema de seguridad social integral en aplicación del principio de favorabilidad

¿Se pierde el régimen de transición, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si el empleador debe recurrir al mecanismo señalado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993?

¿Se debe aplicar la restricción establecida en el artículo 5 del Decreto 1474 de 1997, con el fin de determinar el tiempo de servicio para obtener una pensión de jubilación por aportes?

¿En qué casos no es aplicable el artículo 12 de la ley 790 de 2002?

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 1095_07 de 2011 - Régimen de prima media con prestación definida. Concepto. Condiciones. Traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida. Conservación del régimen de transición. Requisitos. Sentencia de Constitucionalidad. Demanda de nulidad. Concepto de violación. Prevalencia del derecho sustancial. Conservación del régimen de transición. Saldo de la cuenta no sea inferior al monto total del aporte de haber permanecido en él y de los rendimientos que se hubieren obtenido Facultad reglamentaria. Nulidad parcial del literal b) del artículo 3º del Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003

¿Se viola los derechos de una persona que por tener la condición de prepensionado, no le es suprimido el cargo que desempeñada en una entidad pública en liquidación en el desarrollo de un proceso de supresión de cargos?

¿La pensión de jubilación ordinaria de los docentes oficiales, goza de algún tratamiento especial?

¿Qué particularidades tiene la pensión especial vitalicia de jubilación de los magistrados de las Altas Cortes?

¿Se puede establecer una medida cautelar sobre recursos de una entidad territorial, que tengan destinación específica para la efectiva prestación del servicio de salud?

Consejo de Estado, Acción de Tutela, Expediente 11001-03-15-000-2011-00216-00(AC) de 2011

¿Cuándo no procede la revocación directa de un acto administrativo particular y concreto de carácter pensional?

¿Cuáles son los factores salariales para liquidar una pensión de jubilación a los empleados de la Contraloría General de la República?

¿Cuándo procede la revocación directa de un acto administrativo particular y concreto de carácter pensional?

¿Los factores salariales, establecidos en la Ley 33 de 1985, para liquidar una pensión de jubilación, son taxativos? ¿Qué factores constituyen salario?

¿La administración puede revocar pensiones reconocidas irregularmente, sin informar al titular del derecho?

¿En casi todas las economías modernas, el fenómeno de la inflación genera la pérdida del poder adquisitivo de la moneda? Pensión de jubilación - Reliquidación. Salario base de liquidación. Mesada pensional - Indexación. Principio de primacía del derecho sustancial. Indexación de la primera mesada pensional

¿El ingreso base de cotización de los empleados del servicio domestico puede ser inferior a un salario mínimo?

¿Cuál es el tope mínimo del ingreso base de cotización de los empleados del servicio domestico?

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente N2773-00 de 2001

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente N17878 de 2000

Régimen de transición - Edad, tiempo y monto se regulan por normas anteriores

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente N772-8763 de 1999

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente N2615-99 de 2001

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 2361 de 1999 - Prueba de calidad de compañero permanente. Suspende provisionalmente el artículo 16 (parcial) del Decreto 1889 de 1994

Declara la nulidad del artículo 1º del Decreto 1111 de 1998, "Por el cual se define el concepto de "régimen anterior", para efectos de la aplicación del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sector de comunicaciones

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente N17226 de 1998

Pensión de jubilación y sueldo de personal docente - compatibilidad

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 14634 de 1998 - Pensión de sobrevivientes. Compañera permanente. Igualdad de derechos para reconocimiento de pensión. Declara nulo el inciso segundo del artículo 7º y artículo 11 (parcial) del Decreto 1889 de 1994

Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente N13308 de 1998

Pensión de invalidez personal de las fuerzas militares-Reconocimiento

Pensión de jubilación por aportes. Declara la nulidad del inciso tercero, literales a), b) y c) del Artículo 20 del Decreto No. 1160 de 1989